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Archive for the ‘Historia’ Category

Los electores del Presidente de los Estados Unidos deben reunirse, en el lugar y la hora que determine la legislación de su estado, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre de acuerdo con la legislación federal (3 US Code § 7). Este año es el 14 de diciembre.

Habrá cincuenta y una reuniones parciales de los electores que conforman el Colegio Electoral, pero ninguna de todos ellos. No es un error, sino una decisión deliberada de los autores de la Constitución. ¿Por qué?

La principal magistratura electiva en los tiempos natilicios de los Estados Unidos era la del Rey de Polonia. La historia de las intervenciones extranjeras e internas en el proceso de elección de los reyes polacos era una sucesión de lo peor que podía sucederle a un país: intrigas, sobornos, candidatos cuya principal virtud era haber sido el amante de la Zarina, reyes que se marchaban si conseguían otra corona y un largo etcétera de infamias.

A los fundadores de los Estados Unidos les aterraba la idea de que el Presidente de su nuevo país pudiera convertirse en una versión trasatlántica del rey polaco y quisieron poner medios institucionales para evitar que ello fuera así. Eran conscientes que, siendo como eran un país con recursos limitados y pocas grandes fortunas, sobornar a los electores podía salirle realmente barato a cualquier potencia de la época y tener un simpático aliado en aquella parte del mundo.

Alexander Hamilton explica en el capítulo LXVIII de The Federalit Papers señala que esta elección descentralizada impide las presiones sobre el cuerpo elector (más sencillas si está reunido en un solo lugar) y, además siendo un órgano “ad hoc” resulta más difícil preparar el terreno para su corrupción y las tentaciones a la influencia extranjera.

En la reelección sin límites veía Hamilton una acumulación de ventajas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que las grandes potencias extranjeras solamente tendría que pujar una sola vez para conseguir que su candidato fuera Presidente, ya que consideraba que echar del puesto a un Presidente en ejercicio era prácticamente imposible (algo que él mismo comprobó falso cuando le ganó las Elecciones al Presidente Adams tras un solo mandato).

Hasta 2016 no hay una seria injerencia extranjera en las Elecciones.

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La nominación y confirmación de Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después que los republicanos se desdijeran de la doctrina que habían empleado para no llevar a votación la nominación de Merrick Garland como nuevo juez para cubrir la plaza del repentinamente fallecido Antonin Scalia, llevó a los demócratas a anunciar que ampliarían el número de jueces del Tribunal, una amenaza que le resultó muy efectiva a Roosevelt para conseguir que los jueces modulasen su interpretación constitucional del New Deal. Ni Roosevelt, ni el Presidente electo Joe Biden inventaron este mecanismo, sino que sus orígenes podemos encontrarlos en la Early Republic.

El historiador estadounidense Gordon S. Wood fija temporalmente el primer periodo de la Historia de los Estados Unidos, la Early Republic, entre los años 1789 (la Constitución entró en vigor) y 1815 (final de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña).

Durante este periodo la instituciones que la Constitución diseñó fueron cogiendo estableciéndose y comenzaron a desarrollarse dinámicas que concretaron y especificaron las escasas disposiciones judiciales. No podemos pensar que lo que ahora es importante y significado lo fuera entonces.

Una de las instituciones federales que más ha cambiado en su consideración desde 1789 ha sido la Judicatura. El poder judicial fue rápidamente organizado por el Primer Congreso, concretamente a través de la Judiciary Act of 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States, 1 Stat. 73) y dispuso tres niveles de tribunales federales.

El  único tribunal establecido constitucionalmente, era el Tribunal Supremo, que esta ley dispuso que estuviera compuesto por su presidente y cinco jueces (sección 1). Su compentencia estaba fijada en la Constitución y la sección 13 de esta ley la detalló, una sección que sería el centro normativo del mítico caso Marbury v. Madison de 1803.

La base del sistema judicial eran los tribunales de distrito, uno por cada estado que había ratificado la Constitución en ese momento (faltaban Rhode Island y Carolina del Norte) y dos distritos adicionales, uno para Kentucky, que por entonces formaba parte de Virginia, y otro para Maine que era parte del estado de Massachusets (sección 2). Los tribunales de distrito tenían la competencia que le asignaba expresamente la ley (sección 8).

El escalón intermedio era el más curioso. Todos los distritos, salvo Kentucky y Maine, estaban dentro de uno de los tres circuitos, cuyo tribunal estaba compuesto por un juez de distrito, normalmente el del distrito donde tenían lugar las sesiones, y dos jueces del Tribunal Supremo (sección 4). Los jueces del Tribunal Supremo dedicaban la mayor parte de sus jornadas a recorrer el circuito que les había correspondido impartiendo justicia en estos tribunales intermedios. Era algo muy oneroso para ellos, de lo que siempre quisieron ser relevados y no lo consiguieron definitivamente hasta 1891. Los tribunales de distritos tenían la totalidad de la competencia, salvo las expresamente reservadas al Tribunal Supremo o a los tribunales de distrito (sección 11).

Ser juez no era algo especialmente prestigioso en aquella época. De hecho pocos de los abogados habían pisado una facultad de Derecho y normalmente se formaban en el despacho de un abogado, hasta que se consideraban preparados para ser examinados por el juez estatal y admitido a litigar en su tribunal. Ser juez era un paso más en la carrera pública y los jueces desempañaban en muchas ocasiones funciones que no eran estrictamente judiciales.

De hecho en el primer Tribunal Supremo se dio el caso, hoy inimaginable, de que uno de los jueces renunciase para presidir un tribunal estatal. En efecto John Rutledge renunció al Tribunal Supremo para encabezar el máximo tribunal civil de Carolina del Sur.

John Jay, uno de los autores de The Federalist Papers, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo estuvo al frente de los negociadores de un nuevo tratado con Gran Bretaña y lejos de sus funciones judiciales. De hecho dejó la presidencia del Tribunal para presentarse a las elecciones a gobernador de Nueva York y en 1801 renunció a la nominación para volver a ocupar la presidencia del Supremo. Oliver Ellsworth, siendo presidente del Supremo, fue enviado a Francia por el Presidente John Adams para negociar los términos del fin de la Quasi-War.

Todo cambió en 1801. El Partido Federalista, partidario de un gobierno federal fuerte y de una interpretación nacionalizadora (centralizadora) de la Constitución, perdió las elecciones celebradas en 1800 tanto la Presidencia como el Congreso y vieron pronto que el poder les iba a ser esquivo en adelante. Decidieron hacer de los tribunales una fortaleza gobernada por los federalistas desde donde controlar y limitar las decisiones de los partidarios de la descentralización, los demócratas-republicanos de Jefferson y Madison. Los federalistas también tenían una tendencia más aristocratizante que Madison, un aristócrata moderado, o que Jefferson, más cercano a posiciones democráticas.

Oliver Ellsworth había renunciado, al volver a París, a su puesto de presidente del Tribunal Supremo. Como dijimos John Jay no quiso volver a recorrer el circuito. Entonces el Presidente Adams puso al frente del Tribunal Supremoa su secretario de Estado, John Marshall, que fue confirmado por un Senado con una mayoría que había perdido las elecciones en 1800 y se mantenía en el cargo hasta el 4 marzo de 1801.

Eso era solamente el primer paso. De acuerdo con la ley de 1789 toda la judicatura federal estaba compuesta por veintitres jueces, lo cual se antojaba escaso para consolidar una oposición judicial. Los federalistas, once días después del nombramiento de Marshall y diecinueve antes de que el Presidente y el Congreso terminaran su mandato, aprobar la Judiciary Act of 1801 (An Act to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States, 2 Stat. 89), que aportaba las siguientes novedades:

1) Creaba unos nuevos tribunales permanentes de circuito, con jueces con nombramiento para ellos, de forma que se hizo preciso el nombramiento de dieciocho jueces nuevos, tres por ciurcuito, los cuales habían pasado de tres a seis. Quince de estos jueces fueron nominados y confirmados en pocos días (uno el día antes de terminar la Presidencia de Adams).

2) Establecía un tribunal de circuito en el Distrito de Columbia y daba una amplia facultad al Presidente para nombrar jueces de paz para éste, la cual fue usada por Adams para nombrar cuarenta y dos jueces dos días antes de la expiración de su mandato y que fueron confirmados inmediatamente.

3) Reducía el número de miembros del Tribunal Supremo. La sección 3 preveía que cuando se produjera una vacante no se pudiera cubrir, reduciéndose el Tribunal Supremo a cinco miembros. Dada la afiliación federalista de los jueces, se le quitaba a los Presidentes jeffersonianos la posibilidad de influir en el Tribunal Supremo.

Los republicanos-demócratas decidieron aprovechar su mayoría en la Cámara, tener la Presidencia y haber conseguido la mayoría en el Senado gracias al abandono de dos senadores federalistas para ser jueces de un circuito, para revocar la ley de 1801, volver a dejar en seis los miembros del Supremo y liquidar los tribunales de circuito, dejando sus jueces de ser tales en lo que ha sido el único caso federal de remociones by operation of Law de jueces según el Artículo III y no cambio de puesto por efecto de una reorganización. Para ello aprobaron la Judiciary Act of 1802 (An Act to amend the Judicial System of the United States, 2 Stat. 156), que fue un terremoto político y constitucional. De esta época y sobre los asuntos mencionados anteriormente son dos grandes sentencias: la ya citada Marbury v. Madison y Stuart v. Laird.

John Marshall se había convertido en la gran figura del Tribunal Supremo y éste había dejado de ser un poco prestigioso órgano judicial del que se salía lo antes posible para conseguir mejores puestos. Siguiendo la estela de Ellsworth había conseguido que el Tribunal se pronunciase con una sola voz sobre los casos, de forma que en las sentencia solamente constaba la opinión mayoritaria del Tribunal y no el seriatim, es decir, la serie de opiniones de los distintos jueces que antecedían al fallo. Unos lo atribuían al liderazgo de Marshall y otros, junto al liderazgo, a cierta pereza de los otros magistrados que veían como Marshall hacía solo todo el trabajo y no se notaba su pasividad al no tener que escribir su opinión personal sobre el caso que se resolvía.

Tras la dimisión de Alfred Moore, Jefferson pudo nominar a su primer juez y estuvo sumamente acertado. Su elección fue Williamk Johnson que se convertiría en el gran oponente a Marshall en el Tribunal. Intentó recuperar el seriatim, pero consiguió la posibilidad de hacer pronunciamientos propios, los votos particulares (dissenting opinions). Ha sido el juez que más votos particulares ha firmado.

Después de la muerte de William Paterson, Jefferson nombró a Henry Brockholst Livingston. Fue un fracaso porque se unió normalmente a las opiniones de Marshall. Visto el fracaso Jefferson al crear en 1807 un séptimo circuito amplía en uno los puestos del Tribunal Supremo que pasan a ser siete y nomina para el nuevo puesto a Thomas Todd, que supone una nueva traición porque no sólo se une a Marshall, sino que no hace practicamente nada en el Supremo. Las nominaciones de James Madison fracason igualmente, pues Duvall adoptó una actitud parecida a Todd y Joseph Story fue el sintetizador del Derecho Constitucional de inspiración federalista de Marshall que quedó sistematizado en sus Commentaries on the Constitution of the United States.

Visto al fracaso de la ampliación del Tribunal Supremo los republicanos-demócratas se olvidaron de nuevas modificaciones y esperaron a que el tiempo pasara. Y tuvo que pasar mucho para que John Marshall abandonara el Tribunal tras más de treinta y cuatro años de servicio.

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Todas las semanas hay artículos y comentarios en los medios de comunicación sobre las dificultades parlamentarias del gobierno, el cual al no poseer mayoría absoluta se ve precisado de pactar todas sus iniciativas con grupos ajenos al ejecutivo. Naturalmente hay un no pequeño grupo de opinadores que mantienen que este gobierno es el más débil de la democracia, uniéndose al eslogan tipo “este gobierno es el más/menos [elíjase lo que se quiera] de [elíjase el periodo temporal que se desee]”.

Es gobierno tiene una innegable debilidad parlamentaria, pero ¿es el más débil? Sin lugar a dudas no lo es. E gobierno más débil de la democracia fue el presidido por Mariano Rajoy desde 2016 a 2018.

Fue un presidente que obtuvo la investidura en unas circunstancias que, como poco, deben ser calificadas de especiales. Parecía que iba a poder prosperar con el tiempo, manejando una aritmética variable, aunque comenzó no cumpliendo el acuerdo de investidura con Rivera (a él no le importó nada).

Consiguió aprobar los Presupuestos, un hito, pero el problema surgió cuando tuvo que renovar la confianza de la cámara, aquella que le había llegado de modo sospechoso. Con unas nuevas circunstancias

sencillamente no pudo hacerlo.

La mayor debilidad es perder el poder en una votación y eso únicamente ha sucedido una vez.

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Carmen Juan, subdirectora del programa “Julia en la Onda”, ironizaba ayer en twitter sobre las previsiones de aumento de empleo contenidas en los programas que van a ser financiados por la Unión Europea. Se prevén 800.000 nuevos empleos, lo que le hizo recordar a esta periodista los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González en 1982.

Como estos 800.000 puestos de trabajo forman parte del imaginario de la derecha entrada en años, aceptan acríticamente que fue una promesa no cumplida.

Si se miran los datos de la gestión de Felipe González parece el incumplimiento no fue tan mal. En 1982, año en que González ganó las elecciones, había en España 11.481.340 personas ocupadas. En 1996, cuando perdió las elecciones, había 12.871.350 ocupados. Es decir, el aumento de ocupados es de 1.390.010 personas, muy por encima de los 800.000 famosos.

Una cosa es no hacer periodismo de datos y otra es hacer periodismo sin datos.

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El pasado miércoles el Ayuntamiento de Barcelona decidió retirarle la medalla de oro de la ciudad al ex Presidente del Parlamento de Cataluña por sus múltiples declaraciones racistas, de las que nunca se retractó. La propuesta de Manuel Valls y los dos concejales que le apoyan fue apoyada por los comunes, los socialistas, Ciudadanos y el Partido Popular.

Sí, el Partido Popular que ha votado mil veces en contra de la Memoria Histórica, que se ha negado a cambiar nombres, a retirarle honores municipales a Franco y a los suyos, siguiendo el argumento de que nada se gana removiendo el pasado, vota a favor de quitarle una medalla, que no tiene efectos prácticos sobre la vida de los barceloneses, a alguien que ya está muerto.

Motivos para votar a favor hay tantos como las múltiples declaraciones que ha fundado la propuesta. Pero los mismos motivos que ha llevado al PP a votar a favor, podría aplicarlo en el caso del Franquismo. Esta votación sí ha sido remover el pasado, la cuestión no es ésa, sino si merece la pena que una ciudad honre a personas que no le merecen sean Barrera (el PP ha votado sí) o Franco (el PP se abstuvo vergonzosamente).

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Los validos eran enormemente útiles para los reyes, no porque hicieran todo el trabajo que a ellos le competía, que lo hacían, sino porque les dejaban inmune a toda crítica. Los buenos resultados de las decisiones podían ser otorgados al rey y los malos, como señala Elliot, pueden ser atribuidos a un mal consejo del valido o que el valido engaña a un rey bueno, pero al que este malvado personajo no le deja conocer.

Todos los políticos hábiles se rodean de escudos y los más hábiles destacan a uno sobre ellos para que sea el centro de todos los ataques. Es fácil caer en un trampa tan antigua, porque generalmente estos validos suelen ser personas que emplean la palabra para exasperar al adversario, altivas y con ganas continuas de pelea. Hacen todo esto conscientemente y lo hacen para atraer a los adversarios sobre él.

Lo peor que le puede pasar a una oposición es vencer al valido, porque pensará que ha dejado tocado al líder y no, el líder está intacto porque no ha recibido el mínimo ataque. En caso necesario, un líder absolutamente cínico, se refiere al sujeto caído como “ese señor del que usted me habla” y sigue adelante.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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Hoy La Vanguardia publica una pieza en la que dice que a Pablo Casado no le preocupa Vox porque entiende que llegados a las urnas, ante la posibilidad de gobernar, los votantes de derecha preferirán apoyar a los popular unificando el voto (voto útil), frente a dividirlo introduciendo la papeleta de Vox.

Esta estrategia es la adecuada si eres el partido mayoritario del sector del espectro político llamado a ejercer el voto útil. En el caso de que los indicios políticos indicaran que Vox podría superar al PP en las urnas, entonces el voto útil podría tornarse, porque el votante útil le interesa ante todo la victoria, no quien gana.

Si el PP se juega en las próximas elecciones su papel hegemónico en la derecha, en lo que serán unas elecciones vitales, las elecciones más importantes del PSOE, desde 1977, no fueron las de 1982, o las de 2004, sino unas elecciones que se perdieron, las de 2016.

Tras los resultados de 2015 fue imposible que Podemos apoyara el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Además de las diferencias ideológicas con los de Rivera, Había un serio cálculo electoral. Pablo Iglesias ya había negociado con Alberto Garzón la coalición entre Podemos e IU, la cual inevitablemente iba a suponer que en la repetición de las elecciones por no investir a un Presidente, la coalición de IU y Podemos iba a superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.

La abstención de medio millón de votos de IU hizo imposible el “sorpasso” y por poco, el PSOE siguió siendo la fuerza con más votos y escaños en la izquierda. Si el plan de Iglesias y Garzón hubiera sido coronado con éxito la referencia políica y mediática d ela izquierda hubiera quedado en sus manos y todos les hubieran reconocido como la fuerza destinada a formar gobierno en el caso de una mayoría de izquierda.

Naturalmente la coalición entre Podemos e IU oba a poder reclamar el voto útil, que tantas veces ha pedido el PSOE, y llevarse esa importante porción del electorado que vota a las posibilidades de gobernar. El PSOE habría quedado como socio menor y es posible que el proceso se hubiera reproducido en muchas de las regiones.

Durante la larguísima campaña electoral que fue desde las elecciones de 2015 a las de 2016, los de Podemos se quejaban que desde el PSOE se hacía campaña contra ellos y no contra el PP, que era el partido en el gobierno y que era la táctica seguida por los socialistas en 2015. Podemos había desarrollado la idea del “Régimen del 78” que servía para atacar al PP, pero sobre todo al PSOE como cómplica del PP.

En esa ocasión el PSOE decidió no enfrentarse tanto a los populares, como a guardar su retaguardia. No iban a ganar esas elecciones, pero no podían quedar terceros. Quedar terceros podíoa producir una crisis interna mayor que la que llegaría el 1 de octubre de 2016.

Las elecciones son caprichosas y muchas veces el triunfo o la derrota no es solamente ser el que tiene mejor resultados y/o capacidad para gobernar.

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Ya quisiera saber yo lo que va a hacer Puigdemont, pero estoy seguro de una cosa que no debiera hacer: considerarse el Presidente legítimo tras las elecciones del 21D y la investidura del nuevo Presidente. Resulta que el independentismo considera ilegítimas las elecciones, pero todos ellos van a participar y, tras los resultados, sin dudas intentarán formar gobierno.

Si se inviste un Presidente diferente a él y él se sigue considerando el único legítimo, podemos comenzar a ver una reedición de la soledad de Benedicto XIII no en Peñíscola, sino en Bruselas en el mejor de los casos, si no en una prisión, donde Puigdemont podrá nombrar consellers a su antojo y tomar las decisiones que quiera sobre la base de la legitimidad que pretende encarnar, sin asidero ninguno en la realidad.

Podemos asistir a la existencia de un Presidente de la Generalitat en Bélgica o cualquier lugar del mundo y de otro instalado en el Palau de la Generalitat. Esta posibilidad será remota si el próximo Presidente es nacionalista y se acercará si el Presidente no es nacionalista. Sería verdaderamente ridículo.

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