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Archive for the ‘Historia’ Category

Los validos eran enormemente útiles para los reyes, no porque hicieran todo el trabajo que a ellos le competía, que lo hacían, sino porque les dejaban inmune a toda crítica. Los buenos resultados de las decisiones podían ser otorgados al rey y los malos, como señala Elliot, pueden ser atribuidos a un mal consejo del valido o que el valido engaña a un rey bueno, pero al que este malvado personajo no le deja conocer.

Todos los políticos hábiles se rodean de escudos y los más hábiles destacan a uno sobre ellos para que sea el centro de todos los ataques. Es fácil caer en un trampa tan antigua, porque generalmente estos validos suelen ser personas que emplean la palabra para exasperar al adversario, altivas y con ganas continuas de pelea. Hacen todo esto conscientemente y lo hacen para atraer a los adversarios sobre él.

Lo peor que le puede pasar a una oposición es vencer al valido, porque pensará que ha dejado tocado al líder y no, el líder está intacto porque no ha recibido el mínimo ataque. En caso necesario, un líder absolutamente cínico, se refiere al sujeto caído como “ese señor del que usted me habla” y sigue adelante.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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Hoy La Vanguardia publica una pieza en la que dice que a Pablo Casado no le preocupa Vox porque entiende que llegados a las urnas, ante la posibilidad de gobernar, los votantes de derecha preferirán apoyar a los popular unificando el voto (voto útil), frente a dividirlo introduciendo la papeleta de Vox.

Esta estrategia es la adecuada si eres el partido mayoritario del sector del espectro político llamado a ejercer el voto útil. En el caso de que los indicios políticos indicaran que Vox podría superar al PP en las urnas, entonces el voto útil podría tornarse, porque el votante útil le interesa ante todo la victoria, no quien gana.

Si el PP se juega en las próximas elecciones su papel hegemónico en la derecha, en lo que serán unas elecciones vitales, las elecciones más importantes del PSOE, desde 1977, no fueron las de 1982, o las de 2004, sino unas elecciones que se perdieron, las de 2016.

Tras los resultados de 2015 fue imposible que Podemos apoyara el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Además de las diferencias ideológicas con los de Rivera, Había un serio cálculo electoral. Pablo Iglesias ya había negociado con Alberto Garzón la coalición entre Podemos e IU, la cual inevitablemente iba a suponer que en la repetición de las elecciones por no investir a un Presidente, la coalición de IU y Podemos iba a superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.

La abstención de medio millón de votos de IU hizo imposible el “sorpasso” y por poco, el PSOE siguió siendo la fuerza con más votos y escaños en la izquierda. Si el plan de Iglesias y Garzón hubiera sido coronado con éxito la referencia políica y mediática d ela izquierda hubiera quedado en sus manos y todos les hubieran reconocido como la fuerza destinada a formar gobierno en el caso de una mayoría de izquierda.

Naturalmente la coalición entre Podemos e IU oba a poder reclamar el voto útil, que tantas veces ha pedido el PSOE, y llevarse esa importante porción del electorado que vota a las posibilidades de gobernar. El PSOE habría quedado como socio menor y es posible que el proceso se hubiera reproducido en muchas de las regiones.

Durante la larguísima campaña electoral que fue desde las elecciones de 2015 a las de 2016, los de Podemos se quejaban que desde el PSOE se hacía campaña contra ellos y no contra el PP, que era el partido en el gobierno y que era la táctica seguida por los socialistas en 2015. Podemos había desarrollado la idea del “Régimen del 78” que servía para atacar al PP, pero sobre todo al PSOE como cómplica del PP.

En esa ocasión el PSOE decidió no enfrentarse tanto a los populares, como a guardar su retaguardia. No iban a ganar esas elecciones, pero no podían quedar terceros. Quedar terceros podíoa producir una crisis interna mayor que la que llegaría el 1 de octubre de 2016.

Las elecciones son caprichosas y muchas veces el triunfo o la derrota no es solamente ser el que tiene mejor resultados y/o capacidad para gobernar.

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Ya quisiera saber yo lo que va a hacer Puigdemont, pero estoy seguro de una cosa que no debiera hacer: considerarse el Presidente legítimo tras las elecciones del 21D y la investidura del nuevo Presidente. Resulta que el independentismo considera ilegítimas las elecciones, pero todos ellos van a participar y, tras los resultados, sin dudas intentarán formar gobierno.

Si se inviste un Presidente diferente a él y él se sigue considerando el único legítimo, podemos comenzar a ver una reedición de la soledad de Benedicto XIII no en Peñíscola, sino en Bruselas en el mejor de los casos, si no en una prisión, donde Puigdemont podrá nombrar consellers a su antojo y tomar las decisiones que quiera sobre la base de la legitimidad que pretende encarnar, sin asidero ninguno en la realidad.

Podemos asistir a la existencia de un Presidente de la Generalitat en Bélgica o cualquier lugar del mundo y de otro instalado en el Palau de la Generalitat. Esta posibilidad será remota si el próximo Presidente es nacionalista y se acercará si el Presidente no es nacionalista. Sería verdaderamente ridículo.

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por Kiril Lakota

Hace relativamente poco, y como consecuencia de la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (CE78), Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencia Política de la UNED estableció una falsa analogía en una entrevista en TV3, peligrosamente repetida por sus muchos seguidores en las redes sociales.

La analogía nos llevaba al peligroso camino de la famosa de Ley de Godwin: el 155 de la CE78 es un reflejo del 37 de la Ley Fundamental de Bonn ( BGG) y a su vez del 48 de la Constitución de la República de Weimar (WRVF) que permitió la llegada de Hitler al poder. Siguiendo esta lógica, la aprobación del 155 conllevaba la llegada pronta del fascismo institucionalizado a España. Pura y burda propaganda, por cuanto la BGG actual de Alemania se parece como un huevo a una castaña a la Constitución de Weimar y concretamente los artículos mencionados, 37 y 48, porque ambas obedecen a escuelas jurídico constitucionales bien diferentes en tiempos políticos distintos. Dos postguerras mundiales con enfoques políticos y jurídicos completamente diferentes.

Es necesario, aclarar todo esto para desmentir la ligazón weimariana con la constitución alemana actual y la nuestra de 1978, al menos en cuanto a la coacción federal.

La Constitución de Weimar tiene, como uno de sus grandes inspiradores al gran jurista alemán Carl Schmitt, el postulante del decisionismo jurídico. En la cúspide del modelo de Weimar está el Presidente del Reich, “Der Hutter der Verfassung”, el Defensor de la Constitución, título del explícito artículo de Schmitt. En ese mismo artículo, se denomina a la República de Weimar como una democracia plebiscitaria frente a la democracia parlamentaria que su gran rival jurídico, Kelsen, había establecido en Austria con la Constitución de 1920.

Esa definición de democracia plebiscitaria con la cúspide del Presidente del Reich como defensor de la Constitución se explica por el traumático paso de un imperio derrotado, atravesando la revolución de los obreros espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y su salvaguarda del líder democrático y carismático de Fritz Ebert. Sin el socialdemócrata Ebert, es muy posible que la revolución comunista hubiera podido triunfar en Alemania. Edhasa ha editado magníficamente la trilogía de Alfred Dóblin “Noviembre 1918” en que novela ese turbulento periodo que desemboca en la Constitución de 1919 y el liderazgo de Ebert.

Puede decirse que Weimar se hizo para Ebert y hombres como Ebert y no como Hindemburg, (el siguiente y último Reichspräsident), eran quienes debían haber aplicado el artículo. Ebert lo hizo en varias ocasiones y disolvió dos dietas de dos Länder. Sin embargo, fue Hindemburg obligado por Brünning y el imposible Von Papen quienes utilizando burda y miserablemente los poderes del presidente, deterioraron de tal modo la institucionalidad alemana y la vida política que la llegada democrática del NSDAP a la Cancillería fue un hecho incontestable.

Citado este breve contexto, veamos el famoso artículo 48:

Si un Land no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada.

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Reich, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.

El Presidente del Reich habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1o y 2. ° de este artículo. A requerimiento del este dichas medidas quedarán sin efecto.

El Gobierno de un Land podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2. ° de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Reich o el Reichstag.

Una ley del Reich regulará los detalles.

Establece la posibilidad de una magistratura dictatorial ilimitada en el caso de que los Estados federados del Reich violen las normas constitucionales o legales o limitada y controlada ex post en el caso de amenaza a la seguridad del Reich. Es decir en el mismo artículo se autoriza una “coacción federal” por las bravas, un sistema de decreto ley en caso de urgencia y necesidad, y una suspensión de derechos y garantías. Un tres en uno, que la Ley Fundamental de Bonn y la española de 1978 no contemplan sino en artículos separados y con regulaciones completamente diferentes.

Es más, si existe algún reflejo en el derecho comparado al famoso artículo 48 se ve perfectamente reflejado en el 42 de la Constitución Española, (CE31) pero de la II República:

Artículo 42.

Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

En este caso, la CE31, pone en el Gobierno la potestad de suspender los derechos y al remitirla a una amenaza a la seguridad del Estado queda incluida la “coacción federal” en ese artículo ya que a su albur se desarrollará mediante la ley de Orden Público de 1933. Esa misma ley permitió la suspensión del gobierno de la Generalitat invocando el artículo 52 de la LOP después de los sucesos del 6 de octubre de 1934.

La diferencia estriba entre otras cosas en que nuestra Segunda República, huirá de la magistratura providente, y hará bascular el centro de la vida política el Parlamento y tendrá un difuso protector de la Constitución, el Tribunal de Garantías auxiliado por el gobierno. En Alemania el peso de la defensa constitucional por vía del artículo 48 recae inevitablemente en el Reichspräsident.

Siguiendo el rastro del famoso artículo 48 del a WRV nos lleva al artículo 16 de la Constitución francesa de la V República, como indica Olivier Beaud en Los Últimos Días de Weimar. Y es que la constitución “gaullista” deposita inequívocamente en el Presidente de la República la defensa del orden constitucional por su posición privilegiada, reforzada por el sufragio directo en su elección,

Artículo 5

El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

Artículo 16

Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.

Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho.

No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

Todo esto nos permite concluir, que el artículo 48 de la WRV no tiene parangón en constituciones de corte federal, autonomista o regional en la Europa contemporánea. Entre otras cosas porque, pocos Jefes de Estado gozan la preeminencia jurídica y como guardianes de la Constitución como en el caso del Reichspräsident o del Presidente de la República francesa.

El caso del artículo 37 de la Constitución alemana actual (BGG), se fundamenta en principios kelsenianos de defensor constitucional situado en un tribunal no inserto dentro de la jurisdicción ordinaria. Kelsen inspira, como ya se dijo aquí, por primera vez la jurisdicción constitucional concentrada y un modelo de coacción federal que refleja cómo se componen los poderes en la Austria de 1920.

Frente al modelo de elección directa del jefe del Estado alemán de Weimar, el austriaco es elegido por una asamblea federal, modelo copiado por la BGG en 1949. Eso implica un ejercicio de equilibrio en la aplicación de los poderes excepcionales, y en lo que nos atañe de la coacción federal. El Artículo 100 de la Constitución de Austria 1920 establece la disolución de un parlamento de un estado federado por parte del Presidente Federal, con aquiescencia del gobierno federal y si los dos tercios de la cámara alta lo aprueban. No indica si existen o no razones para ello, pero sí un procedimiento bastante equilibrado frente al decisionismo de Weimar. Este modelo de suspensión explícita de un gobierno regional es el que adoptará la Constitución italiana de 1947 en su artículo 126, por las mismas razones de fondo de filosofía jurídica.

Tanto la constitución austriaca de 1920 como la italiana de 1947 son enormemente cautas con la aplicación del decisionismo político; es más son garantistas y kelsenianas con un desprecio por los ejecutivos fuertes en favor de unos legislativos empoderados y unos judiciales radicalmente independientes.

Sobre esas bases, la BGG estaba limitada por el constituyente del post-nazismo y de las fuerzas ocupantes. En ningún caso se iba admitir, ni la atomización del legislativo, ni un guardián de la constitución que no fuera un tribunal constitucional kelseniano, ni un ejecutivo que pudiera actuar al margen del legislativo con los decretos de necesidad y urgencia del periodo de Weimar, y por supuesto con una jefatura del estado meramente simbólica y sin ningún poder ejecutivo. Además en un estado fuertemente federalizado, la coacción federal tendría que estar controlada ex ante como garantía frente a un posible decisionismo del ejecutivo.

Aunque la figura del Canciller en Alemania, goza de una primacía excepcional con respecto a los jefes de gobierno en el resto de Europa, con la excepción del Presidente del Gobierno en España, el sistema electoral alemán impide que esa primacía de un gobierno con un líder fuerte, sea a su vez un gobierno fuerte. Son gobiernos estables siempre, desde 1949, en coalición de partidos.

Todas estas explicaciones son necesarias hacerlas para indicar que el artículo 48 de la WRV no puede conducir ni en el fondo ni en la forma a la coacción federal establecida en el 37 de la BBG ni en el 155 de la CE78.

El 37 de la BBG a diferencia del 48 de la WRV, se circunscribe a la coacción federal solamente y establece que se debe incumplir por un Land la Constitución o las leyes federales y que ese incumplimiento debe ser apreciado por el gobierno federal, pero, y esto es importante, cualquier actuación debe contar con la aprobación del Bundesrat. Es decir, un control ex ante de la actuación de la coacción y no ex post y sin control posible jurisdiccional o constitucional.

La hipotética actuación del gobierno federal alemán actual, en caso de aplicar la coacción federal, está sujeta en todo momento al control, primero político, que determina el marco de actuación y luego al control judicial de la normativa que desarrolle la autorización del Bundesrat y en último término del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Nada de eso ocurría en el sistema de Weimar que permitía el envío directamente de la fuerza armada contra un Land si así lo dispone el Presidente del Reich sin control posterior judicial, sólo político y con la única posibilidad de revocar el decreto presidencial si políticamente fuera oportuno. (La cuestión de las leyes fiscales de 1930 de Brünning y la crisis posterior es un ejemplo de ello en el menos extremo de los supuestos y atentos sólo al párrafo segundo del artículo 48 de la WRV).

A diferencia del modo de coacción kelseniano de la Constitución austriaca de 1920 que permitía al Bundesrat la disolución del órgano legislativo del Land por una mayoría de dos tercios, el Bundesrat alemán puede ejecutar la coacción federal con mayoría absoluta, es decir con 40 de los 68 votos que componen el Consejo federal alemán (El Tribunal Constitucional alemán en un fallo de 1974 establece que jurídicamente el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa como el Senado, otra cosa es que políticamente funcione como tal).

Pues bien, todas las garantías que prevé el 37 de la BBG antes mencionado, se incorporan a nuestro 155, que a diferencia del modelo republicano español de 1931, requiere un control previo de las actuaciones que el gobierno español quiera llevar a cabo frente a una actuación contra la Constitución y las leyes de un poder autonómico. Además, el Tribunal Constitucional, recentísimamente acaba de decir que el acuerdo del 155 aprobado por el Senado es susceptible de ser controlado por nuestro defensor constitucional (otra cosa es que se presentara el recurso antes de que este fuera aprobado y publicado en el BOE como torpemente se hizo y se rechazara su admisión a trámite).

En ese sentido, nuestro gobierno al desarrollar el acuerdo del Senado del 27 de octubre mediante Reales Decretos, claramente alineado con el espíritu del 37 de la BGG, se somete al control no sólo político sino jurisdiccional de su actuación. Además, en el plano político ha tomado una medida que en nuestro entorno jurídico existe y que el 155 habilita en su interpretación : la destitución del órgano ejecutivo, la disolución del legislativo y el control de la Administración dando instrucciones, nada menos que el ya mencionado y kelseniano artículo 100 de la Constitución de Austria.

La doctrina y la jurisprudencia, en todo caso más sabia que este modesto autor, perfeccionarán un procedimiento excepcional por su característica de coacción federal y por lo inédito, hasta ahora, de su aplicación.

Por todo ello, la comparación de Ramón Cotarelo que mencionaba en el comienzo de mi artículo, esa analogía pedestre y errónea, esa asimilación del artículo 48 con las leyes habilitantes del Reich en 1933 y el artículo 37 de la BGG y del 155 de la CE78 son peligrosas. Un 155 en España o un 37 en la Alemania de hoy harían imposible cargarse la democracia por mucho que a algunos les gustara ese cuanto peor mejor. España tiene muchos problemas y defectos, pero la aplicación del 155 no es uno de ellos. Más bien el mecanismo para corregir una perturbación jurídica y política en una parte de nuestro territorio que ha transgredido las normas de manera flagrante.

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Los monárquicos no valoran a los reyes como individuos, sino a la Corona como institución. Son monárquicos porque piensan que en términos generales la Corona es buena para España.

Durante la Transición apareció un tipo intermedio entre monárquico y republicano: el juancarlista. El juancarlista no considera que la Corona sea por sí misma buena para España, pero ha apoyado al rey Juan Carlos por su valor a lo largo de la Transición y en estos años de democracia. Por ello se hablaba de Juan Carlos como un “rey para los republicanos”.

Hace unos días se celebró en las Cortes el cuadragésimo aniversario de los primeras elecciones democráticas desde 1939. Se echó de menos que estuviera presente el rey Juan Carlos y luego se ha sabido que el anterior Jefe del Estado se ha enfadado por su no invitación a esa solemnidad, presidida por Felipe VI.

Los monárquicos, no los juancarlistas, buscan que se reconozca el papel de la Corona durante la Transición y la Corona estaba presente en el acto con la presencia del Rey. Lo que sorprende es que quien ha sido Rey de España considere que no se reconoce a la Corona si no se le reconoce en su persona; sorprende que el anterior Rey de España haya dejado de ser monárquico para hacerse juancarlista al buscar su reconocimiento personal y no el de la Corona.

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El PSOE de la Gestora sigue en su línea de machacar al Gobierno con proposiciones no de Ley, esto es, propuestas no vinculantes para el Gobierno y que no tienen ningún efecto jurídico. Ahora ha tocado instar al gobierno a la exhumación de los resto del General Franco.


Antes de seguir quisiera hacer mención de un libro que encantó cuando lo leí. Su título es Tumba y poder y su autor es Olaf Raeder. Su subtítulo El culto político a los muertos desde Alejandro Magno hasta Lenin aclara su contenido. Es un recorrido histórico, con algunas pretensiones sistemáticas, sobre la utilización de las tumbas de líderes políticos, sociales o religiosos como fuente de legitimidad política. Recuerdo cómo explica el interés de Stalin en hacer desaparecer cualquier resto, por mínimo que fuera, de Adolf Hitler para evitar que sobre la tumba de cualquier fragmento ósea se constituyeron una reivindicación de su figura y un culto a ésta.

El Valle de los Caídos es lo que es. Nadie lo puede negar. La pregunta no es si sacar o no a Franco del Valle de los Caídos, la pregunta correcta es qué sucederá después. Entiendo que es la familia del ex Jefe del Estado la que tiene que decidir donde enterrarlo tras su exhumación y entonces pueden llegar los problemas. Habrá cientos de ofertas de lugares para construir un mausoleo, un monumento, en definitiva, un templo del Franquismo con su fundador en el centro.

El Valle de los Caídos está dentro de la gestión de Patrimonio Nacional. Esto hace que esté gestionado por la Administración del Estado. En la última década se ha terminado con los actos de exaltación sobre todo gracias a la aplicación de las nuevas normas. Puede no gustar, pero el culto a Franco en el Valle de los Caídos no quiere decir que esté eliminado, pero sí está suficientemente controlado.

Si el cuerpo de Franco dejara el Valle de los Caídos el ídolo central del neofascismo (y no sería solamente del español porque no hay otro cadáver de tal entidad) estaría libre para ser usado. ¿Qué preferimos?

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Adolfo Suárez no es el primer Presidente elegido de acuerdo con la Constitución de 1978, ni uno de sus impulsores, ni alguien que ha tenido un papel preeminente en la gestación de la España tal y como la conocemos. Adolfo Suárez es un mito y solamente un mito.

Solamente así puede explicarse que una mayoría de españoles le quisieran ahora como Presidente. Solamente así se explica que nunca se hable de la otra cara de Adolfo Suárez. El mito se ha edificado sobre el Suárez-Constituyente, obviando, silenciando y negando al Suárez-Presidente.

Y es que en la Transición no solamente importaba la Constitución. Importaban muchas cosas, al menos a los ciudadanos: la gestión económica, el desempleo, el gastos público, la insubordinación militar y la inseguridad ciudadana eran asuntos que estaban descontrolados. Los famosos “Pactos de La Moncloa” habían garantizados “paz social” pero no habían hecho bueno lo malo.

Los líderes regionales de la UCD orquestaron el fin de Adolfo Suárez porque consideraban que era un Presidente más que agotado y que les quitaba toda posibilidad de hacer frente a los socialistas en las siguientes elecciones. Suárez se agarró al sillón y solamente la posibilidad de que parte de su grupo parlamentario apoyara una segunda moción de censura de los socialistas consiguió que dimitiera. Y sí, los socialistas presentaron una moción de censura contra este mito.

Basta abrir las hemerotecas que los periódicos tienen en la red. Puede cogerse de varios medios de diferentes tendencias políticas. Y se comprobará cómo era la España real y qué opinión se tenía de su Presidente.

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implosion


por José Rodríguez
(1)

Tirar atrás la visión de la política al 2006 es un viaje que parece ir a otro mundo. Entonces los catalanes estrenábamos un Estatut que a pesar del “cepillo” del Guerra lo habíamos votado a favor, en la Moncloa estaba Zapatero y la socialdemocracia parecía ser el nuevo statu quo al que nos dirigíamos, vivíamos en un momento de crecimiento económico y de creación de empleo (se hablaba de paro técnico). En la comunicación política en la red, twitter acababa de nacer, no sabíamos que era eso de whatssap y Telégram y flipábamos con las redes de blogs.

La foto posterior es totalmente distinta. La crisis económica ha roto en mil pedazos el sueño de crecimiento español, el paro de larga duración vuelve a ser un problema social, tenemos problemas que creíamos erradicados como le de pobreza energética y alimentaria. La socialdemocracia nadie sabe que es, nació una nueva izquierda, primero en la calle, luego se institucionalizó y en pocos años también ha sido devorada por el propio sistema. Los sindicatos han sido golpeados con saña por parte del poder a lo largo y ancho del mundo, incluida España. Hoy hacer huelga puede ser delito y ser piquete es equivalente a ser un terrorista.

El modelo de partidos español ha implosionado, pero aún así, el PP sigue siendo hegemónico. El modelo territorial ha hecho aguas, los catalanes estamos a un tris de independizarnos, prácticamente la mayoría de “federalistas” nos hemos vuelto indepes, mientras el poder establecido fuerza más a la centralización, el control y la judicialización de la política.

El PSOE hegemónico en el 2006 es ahora un zombie descabezado que no sabe que ha muerto. En Catalunya la mayoría que oscilaba desde un autonomismo federalista (PSC) a un autonomismo nacionalista (CiU) se ha roto, y con ella la bisagra que facilitaba la gobernabilidad en España. Hoy CiU no existe, el PSC es una sombra, la hegemonía en Catalunya según como sea las elecciones se combate entre ERC y algo llamado “Comunes” o entre una coalición independentista (Junts pel Si) y un partido que el 2006 era marginal (Ciutadans).

Y aún así, con todos estos cambios, si hay algo inamovible es el modelo de España de 1978. Parece hecho de titanio, inflexible, inalterable. Y precisamente por esa inflexibilidad e inalterabilidad, de aquí a diez años, no estaremos hablando de España tal y como la conocemos. Las costuras se han roto tanto que por mucho que se pongan parches el sistema ya no funciona.

——

He invitado a algunos blogueros, que son referencia para mí desde los inicios de este blog, a publicar una entrada en Geografía Subjetiva para celebrar el décimo aniversario.

(1) José Rodríguez edita el blog Observatorio de Ciberpolítica. Capitaneó la página de blogueros Socialdemocracia.org y trabaja en Comunicación de la UGT de Catalunya. Fue federalista y ahora es acitvista independentista.

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