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Archive for the ‘Hermenéutica’ Category

Yo soy de los que están encantados de la existencia del término “postverdad”. Nada como un nombre, un etiqueta para que un fenómeno deje de ocultar en las acciones sociales y adquiere visibilidad. Solamente así se puede ser consciente de lo que ya existía antes de ponerle el nombre en cuestión

La “postverdad” en la comprensión que yo hago no es otra cosa que la fragmentación de la verdad, esto es, será verdadero aquello que yo decido que es verdadero. Funcionamos en la vida cotidiana con un concepto universalista de verdad, de modo que si algo es verdadero lo es para todos.

En tiempos hubo muchos menos medios de comunicación y la mayoría de estos intentaban, a pesar de su línea editorial, a ofrecer una información objetiva. Podía gustar más o menos dar algunas noticias, pero no se tapaban ni se tergiversaban. Había puntos de encuentro.

La proliferación de todos los tipos de medios de comunicación y la pérdida de pretensión objetiva o veritativa por parte de estos, ha posibilitado que cada cual pueda eligir el mundo del que quiera ser informado. Y hay una gran diferencia. no es elegir la perspectiva de la información, sino una información que confirme cada uno de mis prejuicios y que nunca los ponga en cuestión.

La fragmentación de los medios ha proporcionado las condiciones para que nuestras concepciones del mundo no tengan que confrontarse con otras concepciones del mundo. Informativamente el mundo se ha roto casi en tantos individuos que puedan diseñarse sus fuentes o que se entregue a una fuente con la que se sienta complacido. ¿Qué alguien dice algo que es manifiestamente falso? Pues se dice que es verdad o se obvia. Son las tácticas clásicas de la propaganda, como aceptada voluntariamente.

La fragmentación no es pluralismo. El hecho de que haya mil medios cada uno de una tendencia más disparatada no implica la existencia de pluralismo, si dentro de cada medio no hay pluralismo independientemente de su líena editorial.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En primer lugar porque hemos cedido a la tentación de no examinar nuestros prejuicios y creencias; en segundo lugar porque la fragmentación social y sobre todo mediática nos permite vivir sin que nuestros prejuicios y creencias puedan ser contrastados; en tercer lugar porque principios tan fundamentales del conocimiento como la prohibición de la contradicción son desconocidos y en cuarto lugar porque hemos confundido lo público con lo deportivo, de forma que lo importante es que ganen los míos.

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El diseño del mapa provincial tuvo sus dosis de convencionalismo. Las provincias eran unidades territoriales nuevas, inspiradas en el modelo francés, de modo que dividir los antiguos reinos en las nuevas divisiones iba a tener algún grado de arbitrariedad.

¿Permanece desde mitad del siglo XIX esa arbitrariedad? Las identidades creadas casi de la nada, como fueron las provincias españoles, han dejado de ser percibidas como artificiales o arbitrarias. Los residentes de una provincia llevan más de ciento cincuenta años poniendo el nombre de su provincia junto a su localidad, marchando a la capital provincia a los asuntos administrativos de cierto fuste, como hasta hace poco a cualquier cosa que no fuera lo más básico en lo público y en privado.

Las identidades son creadas, pero dejan el momento en el que empiezan a sentirse como “naturales”. A muchos les parece que actual división autonómica es “artificial” en muchos aspectos, pero los millones de los nacidos en las autonomías las viven como el espacio normal.

Ninguna división política o territorial es natural. Todas son arbitrarias, convencionales, pero la costumbre, el olvido y la identidad aprendida hace que nos olvidemos de su primigenia condición. La conciencia provincial es fuerte, incluso mucho más que las diputaciones.

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Cuando en nuestro lenguaje coloquial se utiliza la expresión “de sentido común” quiere decirse que algo es como se indica de una forma diáfana, comprensible por cualquiera y que forma parte de los principios más elementales de la lógica y de la realidad.”De sentido común” son una serie de conocimientos que se piensa que comparten las características antes enunciadas y en muchas ocasiones “de sentido común” es sinónimo de verdadero.

Recuerdo una ocasión en la que un tertuliano de esos que defendían siempre a Esperanza Aguirre afirmando que la propuesta de la entonces Presidenta de la C. de Madrid de que se cobrase peaje en todas las autovías a los usuarios no transportistas era “de sentido común” porque Aguirre siempre propone cosas “de sentido común”. Como la ideita de la lideresa duró menos de un día, el tertuliano se olvidó de ella y ya no era algo imprescindible ni “de sentido común”.

Ahora los amigos de Podemos se empeñan en hacer propuestas “de sentido común”, como denominaron a sus draconianas condiciones para la investidura de Susana Díaz o la proposición de Ley que quieren presentar sobre el aborto.

Algo es “de sentido común” cuando se adecua a nuestros prejuicios y los prejuicios son individuales, familiares, de un grupo social determinado o de una región completa. Los prejuicios pueden ser diferentes en virtud del trabajo, de la formación, de la capacidad económica, de los programas de televisión que se vean o de los compañeros de café mañanero.

Construir una política “de sentido común”, como hemos indicado, es casi imposible porque eso tan común es realmente singular. Pero también es algo peligroso, porque si algo tiene lo que es “de sentido común” es que es intuitiva y desde la Revolución Científica sabemos lo verdadero y lo que nos lo parece intuitivamente muchas veces no concuerdan.

Hablar de medidas o de políticas “de sentido común” en el fondo no es más que decir que si alguien no está de acuerdo es porque es tonto o loco, porque eso tiene el “de sentido común” que entre otras cosas establece la línea de demarcación social/popular de la salud mental.

Una política que diga que sus medidas son “de sentido común” no dice más que no proponen otra cosa que la que a cualquiera, sin conocimientos del asunto del que se trata, hubiera podido hacer. Es curioso que en una época en la que somos conscientes de la especial complejidad de cada una de las facetas de la realidad, las propuestas políticas se enorgullezcan de su simpleza que no simplicidad.

Hay que huir de estas llamadas a decisiones “de sentido común” porque si son verdad es mejor no tenerlas en cuenta porque no harán que conservar y acrisolar los prejuicios de la sociedad y porque si son mentira están intentando cobrarse la aquiescencia a favor de una posición determinada sin discutirla, valiéndose de una argucia retórica.

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Fernando Ónega le hizo un gran favor a la causa de la República durante sus comentarios en la retransmisión de TVE de los actos de proclamación de Felipe VI: sus perlas, sus insinuaciones, su sumisión combinada con desdén clasista y su desconexión con la realidad han hechos más republicanos en un día que muchas semanas del caso Nóos.

El gran teórico contemporáneo de los autoritarismos fue el jurista alemán Carl Schmitt. Él mantenía que el pueblo podía expresar su voluntad no sólo mediante un sistema de voto individual y secreto (donde dejaba de ser pueblo para convertirse en suma de individuos) sino con igual y mayor validez también en actos de aclamación donde era el pueblo como un todo el que se expresa y no los individuos.

La doctrina de Schmitt fue acogida, conservada y desarrollada en España por un discípulo directo, Francisco Javier Conde, y transmitida a profesores y estudiantes tanto a través del Instituto de Estudios Políticos como en buena parte de las cátedras universitarias, como también en las organizaciones del movimiento y el sectores políticos católicos. No es extraño encontrar personas que hayan asumido, muchas veces sin darse cuenta, esa teoría de la expresión de la voluntad popular por medio del clamor como algo normal, no percibiendo que es un cuestionamiento radical de los fundamentos de las democracias liberales.

En el fondo la tentación de Ónega, reprimida a la vista de la escasa concurrencia, es necesaria para instituciones como la Monarquía, especialmente la de Felipe VI.

La narrativa de Juan Carlos I, conocida como Juancarlismo”, se fundaba en las siguientes ideas, que únicamente vamos a enunciar, pero no a enjuiciar.

1) El Rey abrió un proceso democratizador desde el Tardofranquismo renunciando al poder que le daban las Leyes Fundamentales para convertirse en un Rey ceremonial. Lo hizo porque consideraba que era lo mejor para la reconciliación entre los españoles, el progreso del país y la posibilidad de un Estado equiparable al resto de los de Europa Occidental.

2) Como Jefe del Estado tomó decisiones fundamentales para hacer posible una Transición ordenada que fuera asumible tanto para el aparato del régimen, especialmente para las Fuerzas Armadas, como para las fuerzas de oposición.

3) Pese a no necesitarlo, el Rey recibió la legitimidad democrática al aprobar los españoles de la Constitución de 1978 en referendum. Pasaba Juan Carlos I de ser nombrado por Franco a ser aceptado en las urnas por los españoles.

4) Haber sabido manejar los resortes políticos y militares necesarios para que en el momento en el que el nuevos sistema político entró en ruptura (23-F), se impidiese la involución a un sistema anterior o se intentara una hibridación de lo anterior con lo nuevo.

5) El Rey no es un personaje distante ni estirado: rompe continuamente el protocolo, le gusta el fútbol y vive la vida como lo haría la mayoría de los españoles si estuvieran en su lugar. Vamos, el Rey es campechano.

Esta narrativa ha funcionado hasta hace bien poco. Los dos hechos que han provocado la desintegración de ésta han sido la corrupción y el tiempo.

El caso Nóos, la imputación de la hija y del yerno del Rey y la sensación de avidez sin límites han cuestionado que la Monarquía sea mejor que esos políticos sobre los que teóricamente está. Pero de estas cosas se ha hablado siempre y la ciudadanía nunca ha sido ajena, aunque haya salido poco en los medios de comunicación, de que se comentaban cosas de negocios en el entorno regio.

Todo eso se ha perdonado por la fuerza de la narrativa. Lo que ha destrozado esta magistral justificación ha sido algo sencillo e inexorable: el paso del tiempo. Medio país no vivió la Transición o la vivió durante su infancia y han dicho que si los méritos contraídos en los años setenta y principios de los ochenta no caducan nunca, que si no hay que renovarlos de vez en cuando.

La Transición es algo muy lejano, pese a que TVE se ha esforzado en producir numerosas series y reportajes para que a nadie se le olvide nada que deba recordar. Los libros de Historia que estudian en la ESO y Bachillerato también la repiten, pero es eso, mera Historia.

La narrativa que se le ha ido deshaciendo entre las manos a Juan Carlos I no puede ser la de Felipe VI, sencillamente porque una cosa es heredar la corona y otras los méritos del padre. Nuestra época es diferente y la épica de nuestros días no es institucional, sino económica, que es poco lucida y que normalmente escapa a la esfera de acción normal de un monarca.

Evidentemente recuperar de la narrativa la aprobación en las urnas ni forma parte de lo que es una Monarquía hereditaria y si en el referendum de 1978 no se hubiese aprobado la Constitución la Monarquía habría continuado y se habría presentado otro proyecto de Constitución.

Lo único que le queda a Felipe VI es ganar el clamor popular, sacar masas a la calle para verlo y así reclamar para sí el favor del pueblo aunque sea a lo schmittiano. El entusiasmo es difícil inocularlo cuando todo el mundo es consciente de que sobre ti no recibe información sino propaganda, pero ahí tiene trabajo el Rey y sus asesores, trabajo amplio y costoso porque la demografía la tiene en contra: cada año que pasa hay más republicanos y menos personas que asocian al Rey a la democracia, más bien lo asocian a lo contrario.

El Juancarlismo fue un apuesta de la Monarquía y de muchas de las fuerzas que convergieron en la Transición para mantener y fortalecer al Rey en una sociedad que a priori podía perderle rápidamente el afecto.

El Juancarlismo tenía fecha de caducidad y todos los sabían y lo saben, y esa fecha ha llegado. El hecho de que la sucesión haya sido causada por la abdicación, además de por el desgaste sufrido estos años, se debe a que el rey Juan Carlos podrá sostener a los juancarlistas supervivientes como cierre del sistema, en vez de que el Rey se tenga que enfrentar a un escenario sin apoyos propios y sin tener respaldo alguno.

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Ha muerto Adolfo Suárez. Una muerte prevista, incluso avisada, que va a permitir que todos los medios saquen sus especiales necrológicos en el instante. Suárez ha muerto hoy pero el silencio se lo llevó hace mucho tiempo. Ese silencio se lo llevo con dos décadas de antelación, pero lo preservó para la Historia, para el mito, por cínico que pueda resultar decirlo hoy y ahora.

Desde que Suárez se retiró de la vida pública, justo después de la pérdida irreparable de representación territorial del CDS, se comenzó a construir un mito. Un mito que como todos los que toca la política es un mito legitimador y a la vez un mito deslegitimador.

Legitimador de lo que se considera que es la principal obra de Suárez: el actual sistema político y sobre todo del proceso de engendramiento de este sistema. El mito nos dice que la Transición fue una edad de oro de la política española y que en medio de maldades, Suárez supo capitanear, bajo la sabia presencia del Rey, a un grupo excelente de líderes políticos que supieron dejarlo todo a un lado por el “bien común”.

La Historia fue diferente. Hubo generosidad política de todos y a veces a pesar de todos, pero también abundaron decisiones vergonzosas. Hubo sacrificios políticos y personales, pero pocos por parte de los miembros del régimen y muchos por los todavía desmemoriados.

La Historia de la Transición fue convulsa y la vida cotidiana en aquellos años dependía de la suerte de cada cual, pero no fue una fiesta y por algo Suárez tuvo que dimitir y comenzar de nuevo con un puñado de fieles. Por algo la UCD desapareció.

Nací en 1974 y para mí todo ese periodo es el de mi infancia y los primeros años de colegio. Sí recuerdo la dimisión televisada de Suárez, el intento de golpe, pero nada más. Para mí y para las generaciones posteriores a la mía es Historia, pero están intentando que sea mito impoluto.

Suárez, como lo pinta magistralmente Cercas, fue el icono de todo un régimen (que sumaba muchos millones de españoles) que querían modernidad atemperada, que quería bienestar pero sin riesgos y que quería seguridad en todos los aspectos de la vida. Todo ello frente a otra parte de la sociedad que quería cambios más profundos. Ganaron los primeros porque, con la perspectiva de los años, ya podemos afirmar que sí hubo ganadores y perdedores en la Transición.

La obra de Suárez fue enorme, porque contener a los trogloditas del régimen bien podría haber sido uno de los trabajos de Hércules (o ser convalidado por tres de ellos). La derecha española encontró en Suárez su principal dificultad para que nada realmente cambiase, para que el régimen se perpetuase en una alguna forma grotesca, para que muchos se siguieran callando cuatro décadas más.

Nadie como él, conocedor de los resortes del poder tardofranquista, así como de los pocos que daban la importancia que tenía a la televisión (fue director de RTVE seis años) para generar imaginarios, para frenar a todo tipo de fauna jurásica que habitaba y habita el Ejército, la Iglesia y la Administración. Sabía donde tocarles, generalmente en los privilegios que no se modificaron, para contentarles en lo inconfesable para contenerlos en lo público.

Suárez supo manejarse con esos márgenes, avanzando y conservando hasta que una sociedad y la economía lo vieron como un lastre. El mito soslaya un hecho evidente: perdió cinco millones seiscientos mil de votos en tres años, el 90% de los votos recibidos por él en 1979.

Pero todo ello se obviará como incómodo e incluso como insultante en el momento de su muerte. Los que hicieron caer a Suárez (todos salvo Gutiérrez Mellado y él) no fueron marionetas de un “fatum” malévolo; lo hicieron también en conciencia, unos por considerar que solamente la derecha podía salvarse sin Suárez y otros porque deseaban poder llevar a cabo su programa de izquierda: todas posiciones legítimas.

Descartar los méritos no debe ser excusa para barnizar unos años importantísimos y realizar un cierre canónico que imposibilite el acercamiento crítico y científico a ese periodo. Conceder no es ceder.

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El Banco de Inglaterra ha anunciado que va a tomar medidas que propicien el crecimiento aunque éstas tengan como consecuencia el aumento de la inflación. Algo que ahora es totalmente impensable por parte de la sucursal del Bundesbank que es el Banco Central Europeo.

Los alemanes tienen un miedo tremendo a la inflación. Un miedo del que han conseguido contagiar a las opiniones públicas de otros países. A la inflación hay que tenerle respeto, no hay que jugar con ella pero tampoco debería ser un tabú.

Esta relación de los alemanes con la inflación proviene no de los dominios económicos, sino de los morales, sociológicos e históricos. Hubo una vez un pueblo que hizo ganar tres veces las elecciones a un partido de indeseables, vestidos con uniformes pardos, que en el poder eliminaron a sus adversarios políticos, organizaron una política expansionista en Europa, prepararon y ejecutaron un terrible Genocidio y comenzaron la guerra más terrible de la Historia.

Como eliminaron las elecciones, gracias a las elecciones y a los partidos del centro y de la derecha del Parlamento, los alemanes no pudieron pronunciarse políticamente hasta después de la Guerra, y sólo en la zona Occidental. Los alemanes (salvo cuatro militares prusianos, tres estudiantes bávaros, dos pastores evangélicos y un obispo católico) no se pronunciaron de ninguna forma y es más, dieron toda la adhesión al régimen construido hasta el último minuto.

Los alemanes, sin duda, son un pueblo con grandes aportaciones científicas y culturales y tiene, como pueblo, admiradores y partidarios en todas las élites europeas y americanas. Estos germanófilos no podían creerse que sus idolatrados germanos desarrollaran las agresiones que desarrollaron, las matanzas que llevaron a cabo y fueron los culpables de la destrucción de Europa.

Comenzó dentro y fuera de Alemania una campaña de exoneración de los alemanes de sus responsabilidades. El primer paso fue la diferenciación entre alemanes y nazis, una diferenciación obvia pero parcial que se explotó hasta hacerla la guerra general. Era evidente que no todos los alemanes eran nazis y mucho menos miembros de su partido, pero el grupo de los nazis fue reduciéndose tanto (se excluía hasta a los que voluntariamente se habían afiliado) que daba la impresión que siete personas eran los que se habían hecho con el poder absoluto en Alemania y que los nazis habían llegado en una nave espacial para hacerse con el poder.

El segundo mecanismo, que realmente fue simultáneo, consistió en afirmar que realmente los alemanes no se enteraron de nada, más allá de las consecuencias del conflicto bélico. De repente ningún alemán, ni ascendiente, había estado siquiera en las Fuerzas Armadas y todos habían cumplido su servicio en unidades auxiliares, en la Cruz Roja o en el metro de Berlín (como se retrata magistralmente en la película de 1961 ‘Uno, dos, tres’ de Billy Wilder).

Este segundo mecanismo tuvo éxito, por más que una breve visita a Dachau desmonte esta idea. Pero persistía la necesidad de justificar del ascenso al poder de Hitler y sus secuaces una vez fracasada el argumento del desembarco de marcianos antes expuesto.

¿Por qué los alemanes votaron a ese personal? Una buena parte de los que trataron este tema atacaron directamente a la República de Weimar y a sus instituciones por no ser capaces de parar a los nazis.

Rápidamente coincidieron en sus argumentos con todos esos junkers y conservadores que, capitaneados intelectualmente por autores como Carl Schmitt y políticamente por personajes como von Papen y von Hindenburg, planteaban que la situación política era una consecuencia inherente del régimen democrático y parlamentario. Estos y los apoyos parlamentarios fueron los que entregaron todo el poder a Hitler en una infame Ley de Plenos Poderes. Lo hicieron porque culpaban a la democracia parlamentaria de la inestabilidad política que ellos y los grupos extremistas provocaban. Culpaban a la democracia de los males que ellos mismos causaban, como Chaves Nogales dijo de la dura derecha francesa antes de la caída, pocos años después.

La conclusión de que la responsabilidad moral era culpa de la Constitución de 1919 (un texto inspirador para todo el constitucionalismo de todo el siglo XX) y del propio régimen democrático, salvaba a los alemanes, pero condenaba a la Democracia y justificaba en cierto sentido a los criminales y legitimada el golpismo como medida.

Había que descartar esta nueva eximente del pueblo alemán. Alguien cayó en que la economía en el periodo de después de la Primera Guerra Mundial había sido muy mala y se fijaron en la hiperinflación de principio de los años veinte, debida al descontrol en la emisión de moneda entre otras causas. Tras un periodo de estabilización llegó el Crack de 1929 y sus consecuencias en todo el mundo.

Obviado curiosamente el “Crack”, todo el periodo de Weimar fue puesto bajo el prisma de la inflación. Los alemanes, acuciados por una situación económica penosa, se lanzaron en manos de un redentor por culpa de algo tan anónimo e impersonal como es la inflación. Fue la inflación o la hiperinflación quien votó a los nazis en los años treinta y no millones de alemanes, que fueron solamente meras marionetas en manos de este demiurgo económico.

La inflación debe ser controlada no únicamente porque se desprendan normalmente consecuencias positivas para la economía, sino, sobre todo, para que la inflación no cree en Alemania y por ende en toda Europa regímenes como el nazi. Mantener una política coyuntural de moderada inflación supone abrirle la puerta al totalitarismo nuevamente en Europa porque es la inflación y no las personas quien votan ya que fue la inflación y no los alemanes quienes le dieron millones de votos a Hitler.

Una moderada política inflacionaria que restableciera el crecimiento económico, desmentiría la exoneración histórica de los alemanes.

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Unas de las convicciones fundamentales de las diversas confesiones religiosas basadas en una revelación de la Divinidad es que esta revelación, normalmente cerrada y canonizada, sigue teniendo algo que decirnos a las personas de hoy, sigue siendo tan pertinente como para las costumbres, normas y vidas se adecuen a los prescritos en esos textos o a lo interpretado a partir de ellos.

Es evidente que cualquier texto, por antiguo que sea, puede ser reinterpretado desde el momento presente, pero ello no quiere decir necesariamente que esa operación sea necesariamente relevante o factible.

Uno de los criterios para la factibilidad y relevancia de esta operación interpretativa es el tipo del texto y entre los diversos los jurídicos son de la categoría de los más intratables. Evidentemente todo lo dicho anteriormente viene a colación de los discursos e interpretaciones partidistas que, con ocasión de su Bicentenario, se han hecho de la Constitución Española de 1812.

Una Constitución intenta regular una serie de esferas fundamentales de la vida social. En la época de ‘La Pepa’ la consideración de que las normas constitucionales fuesen normas jurídicas de aplicación directa no estaba clara, salvo para la parte estrictamente ‘orgánica’. Es más, ‘La Pepa’ fue redactada en una ciudad situada, sin contar ni con el apoyo implícito de la Corona ni de una buena parte de la sociedad que rechazaba cualquier expresión liberal y, sobre todo, hablaba en un lenguaje que poco tiene que ver con el nuestro y de un país que ya no existe (¿o es que nadie se la ha leído?).

La Constitución Española de 1812 no tiene mucho que decirnos más allá de los datos históricos que contiene. Los hitos que se marcaron estos constituyentes hispanoamericanos los hemos superado con creces y se han abierto sendas en nuestro país con las que ellos ni soñaban, todo lo cual no es extraordinario sino lo lógico después de dos siglos de sangrienta lucha por la libertad en España.

‘La Pepa’ tiene un valor histórico innegable, pero su valor utópico es más que dudoso. Las constituciones son textos jurídicos y no expresiones escritas del saber divino, de manera que valorarlas en su justa medida les hace más honor que una ridícula sobreinterpretación como la que se ha dado en Cádiz el pasado día 19.

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