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Archive for the ‘Aborto’ Category

En vísperas de las Elecciones Generales de 1993 Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla aunque todavía no era cardenal, declaró a la prensa que el aborto no eran el único criterio que un católico debería tener en mente a la hora de decidir su voto. Una afirmación tan ambigua que fue asumida como un apoyo a los partidos que apoyaban la legislación entonces vigente del aborto como aquellos que decían que lo iban a ilegalizar pero que todo el mundo sabía que nunca lo iban a hacer.

La Iglesia Católica ha mantenido que el aborto afecta a un principio moral supremo que es la vida. En consecuencia la Iglesia debería estar rechazando la decisión de Rajoy y movilizando a sus bases y a sus medios de comunicación a favor de otras opciones políticas. Pero no lo hace porque, como dice Escolar, si rechazasen al PP grandes temas como la inmunidad fiscal y los conciertos educativos quedarían casi huérfanos de apoyo en el Parlamento.

Y es ahora donde cobra sentido pleno y pierde ambigüedad la frase del ahora cardenal Amigo Vallejo: hay que votar al Partido Popular porque si bien el aborto es importante, no es lo único en juego para la Iglesia Católica. La consecuencia de todo ello es que la praxis muestra que la defensa de la vida no es un principio supremo para la Iglesia Católica en España, sino a lo más uno de sus temas fundamentales, pero que tiene que encontrar acomodo con otros.

La próxima vez que saquen el tema del aborto hay que preguntarle a los obispos por las causas de no pedir un voto de castigo contra el Partido Popular y manifestar que ellos juegan al mismo relativismo moral que el que en sus documentos critican.

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Si el análisis que hace El País tiene algo de verdad quiere decir que los analistas del Partido Popular están sintiendo venir una de las debacles electorales más fuertes de las últimas décadas.

El hecho de que el PP tenga que tomar medidas para mantener fiel al electorado más conservador, más de derecha de toda la vida, es una señal de que estaban registrándose deserciones entre aquellos que eran votos seguros independientemente de cualquier circunstancia.

El Partido Popular, siguiendo el titular de El País, ha tirado de ideología y quiere que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la recuperación de la Ley del Aborto sean el banderín de reenganche de sus muy decepcionados conservadores.

El problema es que esos conservadores decepcionados no lo están por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones económicas. Recordemos que un conservador español es una persona que adora la intervención del Estado en la economía y que existan servicios como la sanidad pública y que los medicamentos sean gratis para los pensionistas (verdadero granero popular).

Ser conservador o de derecha de toda la vida no es ser una persona con un nivel económico fuerte a la que nos recortes no le afectan. En este espectro ideológico hay todo tipo de personas y muchas de ellas son víctimas de los recortes del partido al que siempre votan y que les dijo que esto de la crisis era culpa de que Zapatero era el Presidente, que cuando se fuera todo volvería al esplendor perdido.

Cientos de miles de pensionistas, si no millones, que si bien no van a votar a otro que no sea el PP, puede que se queden en casa en 2015. Y cuando a un pensionista se le ha tocado el bolsillo, que es seguridad cuando no tiene la posibilidad de tener otros recursos, no hay piojoso multado o clínica abortista cerrada que le haga volver.

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Si yo fuese un activista Pro-Vida, o antiabortista, de los que se ha hecho muchos kilómetros para manifestarse contra la Ley del Aborto de la ministro Aido, de los que escribe en foros y blogs de política defendiendo su postura o, incluso, de los que han repartido o exhiben un feto de plástico, sentiría que el ministro Gallardón y con él todo el Partido Popular se ha reído en mi cara y me han utilizado, como otras tantas veces.

Esos miles de antiabortistas, que fueron un ingrediente más de la estrategia opositora del PP en calle, no podían una vuelta a la situación anterior. Pedían la derogación del aborto legal y que abortar fuera un delito pleno, sin supuestos ni nada.

Los que se congregaron para las manifestaciones a favor de la familia, que consideraban atacada por el gobierno de Zapatero y que no la ven por los recortes de Rajoy, no iban a votar al Partido Popular para que hubiera aborto libre de hecho aunque con una serie de requisitos que hace mucho que han dejado de tener contenido normativo.

Los activistas antiabortistas más comprometidos sabían perfectamente que el PP les iba a engañar, como ya lo hizo al no derogar la Ley de los 80 y aprobar la píldora abortiva, pero parece que se dejaron instrumentalizar más por el odio que tenían al gobierno de aquel entonces que por las posibilidades reales de éxito de sus posiciones.

Lo mismo sucede con la jerarquía católica que vuelve a hacer lo que hizo en los años noventa: guardar el aborto debajo de las sotanas. El aborto retoma su posición de ‘enfermedad de la sociedad contemporánea’ pero el gobierno deja de ser el responsable directo en esa ‘enfermedad’, que por obra de unas elecciones vuelve a trascender las responsabilidades personales y políticas.

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Si perteneciese a una organización pro-vida, de las que lo creen, no de las que son marionetas del PP o de la Conferencia Episcopal, estaría muy cabreado con las declaraciones de Mariano Rajoy. La única opción para que en España el aborto perdiese toda legalidad se habría esfumado.

Si además de pro-vida fuese del sector ingenuo, me sentiría profundamente engañado, después de haberme manifestado, insultado a ZP con todas mis fuerzas y aplaudido en Madrid a los dirigentes del PP.

Los sectores más duros de los pro-vida saben que Aznar y el PP en su conjunto no cumplieron su promesa de abolir la ley del aborto de Felipe González y que fueron más allá aprobando la píldora abortiva.

Ahora que la crisis económica le ha dado el centro electoral y político que el PP había perdido, Rajoy se está dando prisa por desvincularse de la derecha más religiosa y más conservadora que le han estado llenando de caspa su perfil durante un lustro y le han apartado de La Moncloa. Ahora vuelve el ‘centrorreformismo’ y los conservadores y toda la gente de orden empiezan a ser los juguetes rotos de los peores tiempos de Mariano Rajoy. Así es la política.

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No sabía si escribir esta entrada sobre la deliciosa web majestadnofirme.com, porque es una forma de hacerle publicidad y dar un paso más para el triunfo del “trolleo” en la red. Pero esto no era más que un gesto de presunción ya que éste realmente es un blog humilde y de los que se escriben en pijama.

Esta página es una especie de pliego de firmas 2.0 para pedirle al Rey Juan Carlos que no sancione la nueva Ley del Aborto. Los promotores (Religión en Libertad) empiezan mal y además no tienen ninguna memoria política.

Empiezan mal porque en su presentación dicen lo siguiente sobre la sanción regia de las leyes:

Dejando al margen cuestiones sobre las que no hay unanimidad de interpretación entre los constitucionalistas, sí existe un acuerdo sin excepción sobre la imprescindible rúbrica real para que una ley entre en vigor (art. 62.a y 91 de la CE). Por lo tanto, si una ley no ha sido firmada por el Rey, las firmas refrendatarias del Presidente del Gobierno o el Ministro de turno no tienen ninguna validez por sí mismas, por lo que esa ley no puede entrar en vigor en ningún caso.

No sé yo los constitucionalistas que estos señores conocen y leen, pero hablar de que no hay unanimidad de interpretación es una falacia retórica que quiere hacer de una posibilidad (que haya dos o tres que no piensen como el resto) una pauta de descrédito respecto a la opinión casi unánime (si no unánime) de la obligación “ex Constitutione” que tiene el Rey de formar las leyes.

El tema no si el texto constitucional dice o no que el Rey tiene la obligación de firmar, la cuestión es si el Rey tiene o no tiene derecho de veto sobre la las leyes aprobadas por las Cortes. Nada más alejado del texto constitucional de 1978 que otorgarle al Rey el derecho de veto sobre las leyes aprobadas, especialmente porque la Constitución proclama la soberanía popular, de la que emanan los demás poderes, y las leyes son expresión de esa soberanía popular.

Pero el hipotético derecho regio de veto llegaría al absurdo al colocar a las leyes estatales en una situación de mayor vulnerabilidad que las leyes autonómicas, las cuales no requieren de la sanción del Rey para ser promulgadas.

La cuestión en términos estrictamente política no es que el Rey de España tenga o no derecho de veto sobre las leyes, la cuestión que estos “trolles” ignoran deliberadamente y oculta el hecho irrebatible de que el Rey ya firmó una “ley del aborto” (en 1983) y que nada invita a pensar que no hará lo mismo ahora.

Habría que preguntarle a estas personas su opinión sobre una negativa regia a la sanción en el caso de que se aprobase en las Cortes una ley derogatoria de la legislación del aborto.

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La excomunión tiene una importancia relativa. Si uno es católico convencido puede que sea algo grave. Si uno no lo es, equivale a la amenaza de expulsión de la asociación de amigos de la copla española a la que no se pertenece.

Tengo la impresión de que la excomunión lanzada por Martínez Camino tiene nombre y apellidos por más que haya cierta generalidad en su formulación. La excomunión es contra la persona de José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados.

José Bono nunca ha ocultado su condición de católico. Siempre se ha mostrado orgulloso de ser un católico. Bono siempre ha sido del PSOE y católico, como muchos militantes del Partido Socialista Obrero Español.

Comprendo a Bono que se reaccione claramente contra quienes dicen que él es un asesino. Es fácilmente asumible el sentimiento que tiene el Presidente del Congreso cuando ve como le quieren excluir de la comunión y pedirle un público arrepentimiento, cuando tiene a la memoria a tantos dictadores criminales llevados bajo palio, recibiendo la comunión y siendo tratados como protectores de la fe cristiana.

Por este camino la Conferencia Episcopal va a lograr que los católicos no se muestren como tales dentro de las formaciones de izquierda, perdiendo visibilidad en este espacio del espectro electoral. Es más, la asimetría de exigencias entre lo que se le pide a un diputado católico del PSOE y a uno del PP son tan escandalosas que hace la Conferencia Episcopal se retrate.

La Conferencia Episcopal no es que tenga manga ancha con el PP, tiene unas tragaderas extremas con este partido, como lo tuvo con la Democracia Cristiana en Italia, de la que no excomulgó ni a un solo diputado cuando este partido aprobó una ley de plazos en este país. Estoy convencido que, a pesar de todo, habrá más consideración con el PNV.

Y es que la Iglesia es sumamente caprichosa con la administración de la excomunión. Si los disidentes se encuentran en la derecha política o religiosa la “finezza” es la pauta; si se está en la izquierda, no hay contemplaciones e incluso la comunión para los verdugos de los obispos católicos.

El Catolicismo está en una dinámica de reconcentración sobre sí mismo, de exaltación de la mediocridad sobre la valía y de ruptura de cualquier vínculo con una sociedad para la cual cada día es más insignificante. Ocultar durante décadas a los pederastas, sin sanción y cambiándoles de destino en el caso de escándalo público, no les coloca a los obispos en esa posición de superioridad moral de la que se creen investidos.

Es lamentable que lancen una excomunión con nombre y apellidos. Es lamentable que no utilicen el “iudicium caritatis” (empleando la terminología luterana) con más frecuencia y más amplitud de comportamientos. Posiblemente no lo hacen porque muchos de ellos tampoco no podrían acercarse a la comunión.

[Especulación final: si culminan la excomunión, estarán lanzando la candidatura presidencial de Bono.]

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La idea, de ampliar la educación obligatoria hasta los dieciocho años, contenida en el globo sonda lanzado por el ministro Gabilondo me parece profundamente desacertada.

Yerra en querer restringir el mercado laboral con una ampliación del tiempo de permanencia en los centros escolares; se equivoca al confundir el sistema de enseñanza con un aparacadero; quiere maquillar los escandalosos datos de abandono temprano por medio del “ministerio de la Ley”.

Pero lo peor de la propuesta del ministro de Educación está en que entra en profunda oposición con uno de los grandes postulados que ha mantenido el PSOE en su defensa de la reforma del aborto: la madurez y capacidad de una mujer de dieciséis años para abortar sin necesidad del consentimiento paterno.

Una mujer de dieciséis años puede decidir abortar, pero no puede decidir ir a clase o no, trabajar o estudiar. Un sinsentido: una persona no puede ser mujer o niña dependiendo del departamento ministerial del que se trate.

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