Lo de Cataluña (XXIV): Contradecirse no es de listos

Desde la declaración de independencia suspendida se ha transmitido la idea de que decir una cosa para acto seguido decir la contraria es propio de personas de gran inteligencia. No hay que ser muy inteligente para contradecirse, realmente la existencia de contradicción es una manifestación clara de ausencia de pensamiento racional. No son palabras hábiles, argumentos audaces, sino afirmar algo para acto seguido negarlo.

el procés hemos aprendido muchas cosas, pero una de las más importantes es que el mundo está lleno de cobardes y de gente que esperan que otros les hagan el trabajo sucio. Pueden que no sean tontos todos estos que no paran de contradecirse, pues seguramente son unos cobardes que quieren embarcar a otros en lo que ellos solamente quieren para recoger el triunfo.

Vientres de alquiler. La indefinición discriminatoria

Si alguien se subroga en la hipoteca que yo he celebrado con una entidad bancaria es porque la entidad existe. Si no hay gestación previa, solamente inseminación “in vitro”, no entiendo que se pueda nadie subrogar a ninguna gestación y me parece más un eufemismo para referirnos a los “vientres de alquiler” que a otra cosa.

Y no lo tengo claro por ahora y sigo pensando y leyendo argumentos a favor y en contra de los “vientres de alquiler”. A la única conclusión que sí he llegado es que la decisión que se tome debe ser tajante: o sí con todas las consecuencias (en la linea de la proposición de Ciudadanos) o no con todas las consecuencias (que no es la situación actual).

En el presente estamos en lo que entiendo que es uno de los peores escenarios. Por un lado no se permite en España, pero sí hay un procedimiento (con sus lagunas) para reconocer a los niños y niñas nacidos gracias a un “vientre de alquiler” en países extranjeros. Esto hace que solamente quienes pueden permitirse hacer lo que en España no es legal, entonces tienen un reconocimiento legal, de forma que la actual regulación (una orden ministerial) consagra una discriminación económica.

Si se opta por no permitir alquiler vientes en España, debe cerrarse la puerta a que si los españoles lo hacen en el extranjero tengan éxito a la hora de registrar a los niños y niñas, porque supone una regulación solamente viable para quien tiene dinero.

El ventilador que exime al responsable

En una ocasión asistí a un seminario de Filosofía que versaba sobre cuestiones actuales y no sobre alguna palabrita de algún pensador muerto hace varios siglos. El ponente del seminario era un catedrático español en una universidad extranjera. Entre una sesión y otra uno de los muchos profesores que asistían indicó que no soportaba que el ponente para cualquier tema tuviera que remontarse a Tales de Mileto.

Lamentablemente este vicio no es privativo de aquel ponente, sino un mal general. El Mundo publica un editorial en el que se acusa a todo el país de “cainita” por el sencillo hecho de que un “hooligan” ha agredido al candidato del Partido Popular.

Repasa este periódico desde el clima político al sistema educativo y aprovecha obviamente para culpar de la agresión a la izquierda, a la Memoria Histórica, a los profesores, a la Ley del Menor, entre muchos implícitos que busca separar entre buenos y malos.

Entre tantos culpables El Mundo olvida decir que la agresión tiene un culpable: el agresor. Sucede como los atentados de París en los que hordas de analistas hablan desde la partición de Palestina hasta el último bombardeo en Yemen como antecedente y causa de la matanza parisina, olvidando a los seres humanos que cometen la acción.

La transparencia como eximente

La oposición municipal valenciana mostró a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, los gastos de representación del equipo de Rita Barberá. Las facturas las habían obtenido gracias a una petición que habían hecho de esa documentación de acuerdo con la normativa vigente.

La alcaldesa Barberá reprochó que se publicasen esas facturas, que les dejan en un lugar pésimo, porque ellos le habían proporcionado la documentación a los concejales de la oposición en un gesto de transparencia y que esa transparencia estaba siendo utilizado contra ellos.

Los populares no hicieron nada a lo que la normativa vigente no les obligue, por lo que el único mérito que pueden atribuirse es haber cumplido con la obligación, básica, de obedecer a las normas.

Lo más hiriente es el recurso a la transparencia como eximente. Su idea se resume en que “dado que hemos dado la documentación y somos transparentes, la documentación no puede ser empleada contra nosotros”.

Esto sería cierto si la transparencia fuera un valor final y no un valor instrumental. La transparencia está al servicio de la verdad, pero no es la verdad. Ni siquiera la verdad deja de ser instrumental, aunque sea un valor necesario, para alcanzar el bien.

Hacer las cosas bien y no mal es lo importante. No gastarse el dinero de contribuyente en costosos hoteles o bebidas es el bien y desde luego no se justifica, ni se anula, ni exime porque se exhiban las facturas de tamaño despiporre.

 

¿Son éticos los códigos éticos?

Muchos partidos presentan ante los medios y la ciudadanía sus flamantes códigos éticos. Estos códigos suelen ser una sucesión de normas establecidas por cada organización política que sus candidatos y cargos públicos deben cumplir y si no lo hacen serán cesado y/o expulsados del partido en cuestión.

Estas normas suelen ser una recopilación de buenas intenciones y de tareas hercúleas que difícilmente puedan cumplirse sensatamente si se consigue gobernar. En muchas ocasiones la regulación es absolutamente minuciosa, detallista y barroca.

Las normas contenidas en estos códigos éticos no son normas morales, sino normales jurídicas. En primer lugar, de encontrarnos ante una forma de moralidad, nos encontraríamos ante una moralidad heterónoma y material, donde una entidad (el partido) no solamente dice qué es el bien o el mal, sino que concreta qué acciones son buenas o malas.

Si estas normas fueran heterónomas y materiales bien podría ser morales, aunque un kantiano moderado como es servidor difícilmente la acepte como la mejor de la situación para un partido que me va a presentar a unos señores/as a mi consideración para que yo me fíe de ellos dándoles mi voto.

El partido ha demostrado que ellos no se confían en sus propios candidatos desde el momento en el que se ven impelidos a decirles qué estás bien y qué está mal en la convicción de que dejamos a su propio juicio serán incapaces o directamente se corromperán.

Pero no son normas morales porque establecen consecuencias jurídicas en forma de sanción disciplinaria del partido en caso de incumplimiento. Una norma moral en sentido estricto no tiene sanción, ni premio, aunque en ocasiones dé la impresión de tener sanción o premio por coincidir el mandato concreto con el contenido en normas jurídicas, sociales o religiosas.

Aquí la relación con la consecuencia sancionadora no deviene de la coincidencia respecto al mandato concreto de los contenidos de normas de tipos diferentes, sino que se establece directamente, de modo que todos dicen que “si no cumples con las normas del código ético, entonces dimites o te echamos (si podemos)”.

De modo que nos encontramos con normas, dirigidas a un conjunto de personas indeterminadas que prevé una sanción y que han sido dictadas por los órganos responsables de crear las disposiciones de funcionamiento de ese partido político. Esto son normas jurídicas y los códigos éticos son códigos jurídicos, aunque sus normas solamente tengan validez para los candidatos de un partido en una periodo determinado y en una convocatoria concreta.

 

Mejores que los delincuentes

La discusión clave en torno a la corrupción de los partidos es cuándo alguien debe dejar su cargo o debe ser expulsado de su partido: en la imputación, en la apertura del juicio oral, en la condena o en la condena firme.

Desde hace demasiado tiempo en España se considera que el estándard del comportamiento político es el Código Penal, de modo que alguien que no resulte inculpado penalmente, aunque sea por una prescripción de un delito, se le tiene por recto y su honra incólume.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido el primero en mucho tiempo en subir el nivel, en utilizar un estándar más rígido para medir la honradez de quienes ocupan un cargo público, en este caso en el órgano de gobierno del poder judicial.

Pidió la dimisión a Mercè Pigem y la ha conseguido. La ya ex vocal del CGPJ no había cometido ni una infracción administrativa, ni mucho menos una infracción penal, ya que la cantidad que portaba en metálico estaba por debajo de los 10000€ que señalan la obligación de declarar.

Pero Mercè Pigem venía de un paraíso fiscal, con una cantidad que no se suele llevar encima y muy cerca de los límites. Da la impresión de que hay algo que no debiera haber.

Y no es una cuestión estética, como ha dicho Duran i Lleida, es una cuestión moral. No es un error en las formas, sino en el fondo y por una vez ha habido alguien que ha exigido a un responsable de una altísima institución del Estado que el nivel que se espera de ella sea mayor que el que esperamos de los delincuentes.