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Archive for the ‘Filosofía’ Category

Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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El hecho de que haya que manejar fuentes anónimas en la actividad periodística no quiere decir que no haya calidad en la forma de hacerlo. Se puede escribir una mala información con fuentes anónimas, publicando una prensa más propia de los rumores que de las noticias, o se puede llevar al público una información consistente, de calidad y creíble.

Sobre las dificultades del proceso para elaborar los proyectos de las ayudas europeas podéis consulta la información con fuentes anónimas del digital español Vóz Populi y la de la agencia Reuters.

Comparad su lo deseái y encuadrad a cada una en una de las categorías antes propuestas.

 

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Hoy en Maldita.es intenta hacer reflexionar a sus lectores sobre la diferencia entre que un periódico diga algo y que los diga un colaborador en una columna. Un periódico expresa su opinión en la editorial, y sólo la debería expresar allí, y lo que diga una colaborador en su columna no señala nada de la posición del medio, sino de la suya. Durante los tiempos álgidos del “procés” medios extranjeros publicaban colaboraciones de autores nacionalistas y ello era “vendido” como “tal periódico dice tenemos razón”.

La cuestión es que eso no se limita a la prensa, sino a centenares de atribuciones que vemos todos los días. Cotidianamente aparecen en los medios titulares que rezan “Europa considera/dice/señala/etc que”, pero en demasiadas ocasiones se precisa qué es Europa y, si se concreta, se hace en la parte de la noticia a la que no llegan la inmensa mayoría de lectora.

Europa no habla porque es una región geográfica. Europa podría ser la Unión Europa o el Consejo de Europa (que normalmente se confunden) y dentro de estas dos organizaciones internacionales se ha de señalar específicamente que institución u órgano de éstas se ha pronunciado. Y algo dicho por un órgano de tercer nivel no puede ser atribuido alegremente a la totalidad de la organización. Lo mismo pasa con la ONU y con cualquier institución, partido o gobierno extranjero.

Naturalmente esto se hace con una finalidad manipuladora, pues no es lo mismo decir que una apreciación sale de una gris oficina que de la OCDE, o que The New York Times rechaza determinada cosa en España cuando realmente es el ex director de El Mundo el que lo hace en la edición en español.

Internamente pasa esto también. Muchísimas organizaciones o empresas tienen esos sujetos colectivos que son los responsables de todo, pero que no son nadie: “arriba”, “los jefes”, “Madrid” o “la dirección general”. Estas denominaciones impersonalizan, exoneran y hacen imposible exgiri responsabilidades.

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Kiko Llaneras, en un tweet decía: ” Una de las ventajas de pactar reglas A PRIORI es que en ese momento no sabes quién las cumple/incumple”. Enuncia las indudables ventajas del velo de ignorancia, esto es, determinar las reglas a seguir sin saber qué lugar se va a ocupar.

Independientemente de las observaciones que se puedan hacer a las posibilidades de un establecimiento verdaderamente “a priori”, la cuestión que nos ocupa en esa situación no es tener o tener criterios homogéneos, o el momento en el que esos criterios se elaboran, ni siquiera el contenido de estos.

Todo lo que se diga es una pura excusa. Bien podría haberse tenidos los criterios elaborados desde hace tres años, ser los indicados y escritos por la Comunidad de Madrid, que si hubieran servido para la confrontación política, entonces hubieran sido rechazados.

La Comunidad de Madrid quiere culpar de las muertes al Gobierno de España y para ello está haciendo todo lo posible para forzar un estado de alarma que solicitud desde el gobierno regional, para que el Ministro de Sanidad tenga que tomar un control que no puede tomar, porque su departamento no tiene los medios humanos ni materiales para hacerse con la gestión directa de un servicio sanitario.

El plan de Casado a través de Ayuso es seguir dicidiendo qué se hace y qué no, pero pudiendo culpar al Ministro que no ha tenido más remedio que recurrir a un estado de alarma.

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Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia
(Teodoro García, secretario general del PP)

Si tuviera que recomendarle a alguien una selección de lecturas, una de las que estarían en esa lista, sería las páginas que Max Weber dedica a los tres tipos puros de dominación o legitimación. Proporcionan una capacidad de análisis increíble sobre el poder y sus justificaciones.

Decía este autor alemán, cuando trata de la rutinización del carisma, que desaparecido el líder carismático se crean formas de transmitir el carisma a los nuevos dirigentes y pone como ejemplo la ordenación sacerdotal. Las insignes palabra de Teodoro García, secretario general del PP, confunde lo que es nombrar a unos jueces con lo que es ordenar a unos sacerdotes. El Rey no les transfiere a los nuevos jueces ningún poder sobrenatural o natural de impartir Justicia, porque su selección y sus funciones están señaladas en el ordenamiento jurídico. En ninguna norma se señala que la presencia del Rey en un acto protocolario sea necesaria.

Podríamos conjeturar que Teodoro García piensa que eso de “en nombre del Rey” hace que toda la administración de la Justicia sea un acto vicario del monarca, y no es mál que un resto también protocolario de otra forma de dominación, la tradicional, en la que ningún funcionario lo era del Estado, sino del monarca.

No creo que Teodoro García tenga concepción alguna de lo que es la Monarquía Parlamentaria, ni siquiera sobre el Estado o la Democracia. Lo suyo es mantener alta la crispación, aunque haga el ridículo como ahora. Pese a ello debería saber el número dos del segundo partido de España que el ideal de los Estados contemporáneos no es lo carismático, ni lo tradicional, sino lo que Weber llamaba “legal con administración burocrática”, esto es, normas abstractas aplicadas por funcionarios profesionales. Y en el Poder Judicial esos funcionarios son los jueces.

¿Es lo anterior una pedantería de un bloguero? Es probable, pero ello no quita para que alguien que escala a un puesto relevante en la política de nuestro país conozca lo básico y no confunda al Rey de la Constitución de 1978 con un brujo que transmite su poder de hacer justicia a sus discípulo o con un monarca que gobierna el Reino como si fuera de su propiedad y hace que sus criados resuelvan los conflictos que surjan. Ése no es el Rey de la Constitución de 1978.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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El otro día hablaba de que la retórica del “1 contra 17” encerraba una concepción bastante ridícula de la realidad. Que ello sea así no quiere decir que no sea efectivo y ello explica que se use tanto.

Hubo una época en las que los candidatos iban a la televisión a contestar preguntas de ciudadanos. Recuerdo que a un presidente autonómico que se presentaba nuevamente le preguntaron que si la obra de la calle de al lado de su casa iba a tardar mucho en terminar. Una obvia actuación municipal. Era una encerrona porque, por ser presidente regional, la persona le atribuía un poder absoluto sobre cualquier acción pública en su territorio y si él decía que no era su competencia, parecería que estaba intentado esquivar el problema.

Y ya Bagehot en su The English Constitution ve en la simplificación del proceso político una de la funciones de la Corona. Un sistema político lleno de comités y acciones complejas, es resumido como voluntad de la Corona o del Primer Ministro de la Corona. Así se explican concatenaciones de acciones de muy difícil comprensión por la atribución a uno.

Es más fácil entender el ejercicio de la política como un ente unitario con un solo actor responsable de él, que explicar la realidad tal y como es y ver que hay actores que normalmente comparten funciones, que se ponen límites, que necesitan colaborar, que hay actos con vetos relativos y en ocasiones absolutos, que hay grupos de interés, ciudadanos afectados, ciudadanos cuyos intereses son los contrarios a los de otros y un sin fin de variables que hacen muy complejo el sistema político.

Siendo la simplicidad lo sencillo cognoscitivamente, no es lo verdadero en la mayor parte de las ocasiones. Desde fuera todos saben hacer mejor que nosotros nuestro trabajo, pero cada cual en su faceta profesional percibe complejidades que el externo no imagina.

La realidad es compleja y la política, como parte de la realidad también. Siempre habría especialistas, como en todas las áreas que abarquen amplias zonas de problemas, pero eso no debería ser excusa para que los ciudadanos no sean introducidos al menos básicamente en lo complejo. ¿Por qué? Porque la política nos gobierna y en un sistema democrático participamos de ellas. Un mínimo bajo la superficie sería muy útil socialmente porque, al menos, nos permitiría exigir responsabilidades a los responsables y no al uno.

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Desde hace mucho tiempo se extiende por el mundo educativo que los centros docentes no son centros sociales, ni sustitutivos de otros servicios. La Educación tiene un valor intrínseco y no es un lugar donde aparcar niños, porque no sabemos dónde o no tenemos con quién dejarlos.

Siendo esto cierto, conviene no exagerarlo, porque podemos llegar a conclusiones indeseables. Las sociedades contemporáneas son enormemente complejas, donde las interrelaciones sociales son necesarias para la marcha del sistema en su conjunto y para que sus partes, los individuos, puedan vivir con dignidad.

La Educación no es un aparcadero de niños, pero no es un ente que haya de vivir fuera de la realidad circundante. Los centros de enseñanza, guste o no, son instrumentos para la conciliación y no los hace peores, sino que posibilita que muchas personas se pueden incorporar al mercado laboral (especialmente las mujeres) y que las familias puedan tener mejores ingresos (especialmente las desfavorecidas).

El discurso que dice que la educación es un proceso de conocimiento o de sabiduría que se sitúa más allá de los condicionantes sociales e institucionales.

Es una especie de neosocratismo, en el que la edución del conocimiento se da y nada más tiene que ver. Un neosocratismo que ignora precisamente el contexto de Sócrates, que si bien no cobraba por su enseñanza (como los pérfidos sofistas y los docentes desde entonces), solamente tenía alumnos de las clases altas, los únicos que podían permitirse pasar el día con su maestro dialogando. Los esclavos obviamente no importaban, los metecos no eran ni ciudadanos y los jornaleros no iban a perder un día de trabajo para escuchar a alguien (por eso ir a la asamblea del pueblo era algo remunerado).

Método mayéutico, diálogo, búsqueda del conocimiento en los conocimientos anteriores, conciencia de la propia ignorancia o sentido crítico, pero solamente para los que se lo pueden permitir. Así fue la enseñanza de Sócrates.

Quien quiera defender el ideal socrático de la educación como camino hacia la sabiduría y nada más, está en su perfecto derecho, pero si esa persona es docente ha de ser consciente que ese ideal excluye a la mayoría de sus alumnos, que no son nobles atenienses, sino hijos de padres que necesitan poder ir a trabajar.

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Decía Umberto Eco que cuando quería tener una guía recta en una materia para comenzar a pensar sobre ella leía lo que Tomás de Aquino había escrito sobre el asunto en cuestión. A mí en materias conexas al Derecho me gusta consultar a Hans Kelsen y por eso a la hora de establecer qué es una “declaración de independencia” desde el punto de vista jurídica recurrí al pensador austriaco.

Repasando esa obra maestra titulada Teoría Pura del Derecho indica Kelsen que la “norma fundamental” es la norma fundante del Derecho, del que emana todo y que en sí misma no es jurídica. Esta hipótesis kelseniana se parece, salvando las distancia, al motor inmóvil de Aristóteles que produce cambio sin cambiar, ya que produce Derecho sin ser Derecho.

Aunque Kelsen le da un status de hipótesis a la “norma fundamental” no por ello hemos de negarle la posible existencia histórica. Una “declaración de independencia” bien podría ser una “norma fundamental” y por tanto no tener que ser una norma jurídica.

En un interesante hilo en Twitter, Oriol Güell indicaba que lo que se había aprobado no era más que la parte resolutiva, esto es, una serie de medidas en las que se instaba al Govern a tomar medidas de la Ley de Transitoriedad. En definitiva, aprobaron algo parecido a una PNL (proposición no de Ley) que por muchos fue tomada como una declaración de independencia.

Si seguimos a Kelsen una declaración de independencia, como norma fundamental, tiene que provocar efectos en el mundo jurídico y tener cierta efectividad. Y es aquí donde la declaración de independencia deja de ser norma fundamental, porque en los instantes y días subsiguientes hubo fotos, una pequeña barrilada en Sant Jaume, un paseo y tapas por Girona y una espantada en dirección a Bélgica. Ni un solo acto normativo introduce a la “República Catalana” en lo normativo.

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por Kiril Lakota

Hace relativamente poco, y como consecuencia de la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (CE78), Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencia Política de la UNED estableció una falsa analogía en una entrevista en TV3, peligrosamente repetida por sus muchos seguidores en las redes sociales.

La analogía nos llevaba al peligroso camino de la famosa de Ley de Godwin: el 155 de la CE78 es un reflejo del 37 de la Ley Fundamental de Bonn ( BGG) y a su vez del 48 de la Constitución de la República de Weimar (WRVF) que permitió la llegada de Hitler al poder. Siguiendo esta lógica, la aprobación del 155 conllevaba la llegada pronta del fascismo institucionalizado a España. Pura y burda propaganda, por cuanto la BGG actual de Alemania se parece como un huevo a una castaña a la Constitución de Weimar y concretamente los artículos mencionados, 37 y 48, porque ambas obedecen a escuelas jurídico constitucionales bien diferentes en tiempos políticos distintos. Dos postguerras mundiales con enfoques políticos y jurídicos completamente diferentes.

Es necesario, aclarar todo esto para desmentir la ligazón weimariana con la constitución alemana actual y la nuestra de 1978, al menos en cuanto a la coacción federal.

La Constitución de Weimar tiene, como uno de sus grandes inspiradores al gran jurista alemán Carl Schmitt, el postulante del decisionismo jurídico. En la cúspide del modelo de Weimar está el Presidente del Reich, “Der Hutter der Verfassung”, el Defensor de la Constitución, título del explícito artículo de Schmitt. En ese mismo artículo, se denomina a la República de Weimar como una democracia plebiscitaria frente a la democracia parlamentaria que su gran rival jurídico, Kelsen, había establecido en Austria con la Constitución de 1920.

Esa definición de democracia plebiscitaria con la cúspide del Presidente del Reich como defensor de la Constitución se explica por el traumático paso de un imperio derrotado, atravesando la revolución de los obreros espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y su salvaguarda del líder democrático y carismático de Fritz Ebert. Sin el socialdemócrata Ebert, es muy posible que la revolución comunista hubiera podido triunfar en Alemania. Edhasa ha editado magníficamente la trilogía de Alfred Dóblin “Noviembre 1918” en que novela ese turbulento periodo que desemboca en la Constitución de 1919 y el liderazgo de Ebert.

Puede decirse que Weimar se hizo para Ebert y hombres como Ebert y no como Hindemburg, (el siguiente y último Reichspräsident), eran quienes debían haber aplicado el artículo. Ebert lo hizo en varias ocasiones y disolvió dos dietas de dos Länder. Sin embargo, fue Hindemburg obligado por Brünning y el imposible Von Papen quienes utilizando burda y miserablemente los poderes del presidente, deterioraron de tal modo la institucionalidad alemana y la vida política que la llegada democrática del NSDAP a la Cancillería fue un hecho incontestable.

Citado este breve contexto, veamos el famoso artículo 48:

Si un Land no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada.

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Reich, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.

El Presidente del Reich habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1o y 2. ° de este artículo. A requerimiento del este dichas medidas quedarán sin efecto.

El Gobierno de un Land podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2. ° de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Reich o el Reichstag.

Una ley del Reich regulará los detalles.

Establece la posibilidad de una magistratura dictatorial ilimitada en el caso de que los Estados federados del Reich violen las normas constitucionales o legales o limitada y controlada ex post en el caso de amenaza a la seguridad del Reich. Es decir en el mismo artículo se autoriza una “coacción federal” por las bravas, un sistema de decreto ley en caso de urgencia y necesidad, y una suspensión de derechos y garantías. Un tres en uno, que la Ley Fundamental de Bonn y la española de 1978 no contemplan sino en artículos separados y con regulaciones completamente diferentes.

Es más, si existe algún reflejo en el derecho comparado al famoso artículo 48 se ve perfectamente reflejado en el 42 de la Constitución Española, (CE31) pero de la II República:

Artículo 42.

Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

En este caso, la CE31, pone en el Gobierno la potestad de suspender los derechos y al remitirla a una amenaza a la seguridad del Estado queda incluida la “coacción federal” en ese artículo ya que a su albur se desarrollará mediante la ley de Orden Público de 1933. Esa misma ley permitió la suspensión del gobierno de la Generalitat invocando el artículo 52 de la LOP después de los sucesos del 6 de octubre de 1934.

La diferencia estriba entre otras cosas en que nuestra Segunda República, huirá de la magistratura providente, y hará bascular el centro de la vida política el Parlamento y tendrá un difuso protector de la Constitución, el Tribunal de Garantías auxiliado por el gobierno. En Alemania el peso de la defensa constitucional por vía del artículo 48 recae inevitablemente en el Reichspräsident.

Siguiendo el rastro del famoso artículo 48 del a WRV nos lleva al artículo 16 de la Constitución francesa de la V República, como indica Olivier Beaud en Los Últimos Días de Weimar. Y es que la constitución “gaullista” deposita inequívocamente en el Presidente de la República la defensa del orden constitucional por su posición privilegiada, reforzada por el sufragio directo en su elección,

Artículo 5

El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

Artículo 16

Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.

Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho.

No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

Todo esto nos permite concluir, que el artículo 48 de la WRV no tiene parangón en constituciones de corte federal, autonomista o regional en la Europa contemporánea. Entre otras cosas porque, pocos Jefes de Estado gozan la preeminencia jurídica y como guardianes de la Constitución como en el caso del Reichspräsident o del Presidente de la República francesa.

El caso del artículo 37 de la Constitución alemana actual (BGG), se fundamenta en principios kelsenianos de defensor constitucional situado en un tribunal no inserto dentro de la jurisdicción ordinaria. Kelsen inspira, como ya se dijo aquí, por primera vez la jurisdicción constitucional concentrada y un modelo de coacción federal que refleja cómo se componen los poderes en la Austria de 1920.

Frente al modelo de elección directa del jefe del Estado alemán de Weimar, el austriaco es elegido por una asamblea federal, modelo copiado por la BGG en 1949. Eso implica un ejercicio de equilibrio en la aplicación de los poderes excepcionales, y en lo que nos atañe de la coacción federal. El Artículo 100 de la Constitución de Austria 1920 establece la disolución de un parlamento de un estado federado por parte del Presidente Federal, con aquiescencia del gobierno federal y si los dos tercios de la cámara alta lo aprueban. No indica si existen o no razones para ello, pero sí un procedimiento bastante equilibrado frente al decisionismo de Weimar. Este modelo de suspensión explícita de un gobierno regional es el que adoptará la Constitución italiana de 1947 en su artículo 126, por las mismas razones de fondo de filosofía jurídica.

Tanto la constitución austriaca de 1920 como la italiana de 1947 son enormemente cautas con la aplicación del decisionismo político; es más son garantistas y kelsenianas con un desprecio por los ejecutivos fuertes en favor de unos legislativos empoderados y unos judiciales radicalmente independientes.

Sobre esas bases, la BGG estaba limitada por el constituyente del post-nazismo y de las fuerzas ocupantes. En ningún caso se iba admitir, ni la atomización del legislativo, ni un guardián de la constitución que no fuera un tribunal constitucional kelseniano, ni un ejecutivo que pudiera actuar al margen del legislativo con los decretos de necesidad y urgencia del periodo de Weimar, y por supuesto con una jefatura del estado meramente simbólica y sin ningún poder ejecutivo. Además en un estado fuertemente federalizado, la coacción federal tendría que estar controlada ex ante como garantía frente a un posible decisionismo del ejecutivo.

Aunque la figura del Canciller en Alemania, goza de una primacía excepcional con respecto a los jefes de gobierno en el resto de Europa, con la excepción del Presidente del Gobierno en España, el sistema electoral alemán impide que esa primacía de un gobierno con un líder fuerte, sea a su vez un gobierno fuerte. Son gobiernos estables siempre, desde 1949, en coalición de partidos.

Todas estas explicaciones son necesarias hacerlas para indicar que el artículo 48 de la WRV no puede conducir ni en el fondo ni en la forma a la coacción federal establecida en el 37 de la BBG ni en el 155 de la CE78.

El 37 de la BBG a diferencia del 48 de la WRV, se circunscribe a la coacción federal solamente y establece que se debe incumplir por un Land la Constitución o las leyes federales y que ese incumplimiento debe ser apreciado por el gobierno federal, pero, y esto es importante, cualquier actuación debe contar con la aprobación del Bundesrat. Es decir, un control ex ante de la actuación de la coacción y no ex post y sin control posible jurisdiccional o constitucional.

La hipotética actuación del gobierno federal alemán actual, en caso de aplicar la coacción federal, está sujeta en todo momento al control, primero político, que determina el marco de actuación y luego al control judicial de la normativa que desarrolle la autorización del Bundesrat y en último término del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Nada de eso ocurría en el sistema de Weimar que permitía el envío directamente de la fuerza armada contra un Land si así lo dispone el Presidente del Reich sin control posterior judicial, sólo político y con la única posibilidad de revocar el decreto presidencial si políticamente fuera oportuno. (La cuestión de las leyes fiscales de 1930 de Brünning y la crisis posterior es un ejemplo de ello en el menos extremo de los supuestos y atentos sólo al párrafo segundo del artículo 48 de la WRV).

A diferencia del modo de coacción kelseniano de la Constitución austriaca de 1920 que permitía al Bundesrat la disolución del órgano legislativo del Land por una mayoría de dos tercios, el Bundesrat alemán puede ejecutar la coacción federal con mayoría absoluta, es decir con 40 de los 68 votos que componen el Consejo federal alemán (El Tribunal Constitucional alemán en un fallo de 1974 establece que jurídicamente el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa como el Senado, otra cosa es que políticamente funcione como tal).

Pues bien, todas las garantías que prevé el 37 de la BBG antes mencionado, se incorporan a nuestro 155, que a diferencia del modelo republicano español de 1931, requiere un control previo de las actuaciones que el gobierno español quiera llevar a cabo frente a una actuación contra la Constitución y las leyes de un poder autonómico. Además, el Tribunal Constitucional, recentísimamente acaba de decir que el acuerdo del 155 aprobado por el Senado es susceptible de ser controlado por nuestro defensor constitucional (otra cosa es que se presentara el recurso antes de que este fuera aprobado y publicado en el BOE como torpemente se hizo y se rechazara su admisión a trámite).

En ese sentido, nuestro gobierno al desarrollar el acuerdo del Senado del 27 de octubre mediante Reales Decretos, claramente alineado con el espíritu del 37 de la BGG, se somete al control no sólo político sino jurisdiccional de su actuación. Además, en el plano político ha tomado una medida que en nuestro entorno jurídico existe y que el 155 habilita en su interpretación : la destitución del órgano ejecutivo, la disolución del legislativo y el control de la Administración dando instrucciones, nada menos que el ya mencionado y kelseniano artículo 100 de la Constitución de Austria.

La doctrina y la jurisprudencia, en todo caso más sabia que este modesto autor, perfeccionarán un procedimiento excepcional por su característica de coacción federal y por lo inédito, hasta ahora, de su aplicación.

Por todo ello, la comparación de Ramón Cotarelo que mencionaba en el comienzo de mi artículo, esa analogía pedestre y errónea, esa asimilación del artículo 48 con las leyes habilitantes del Reich en 1933 y el artículo 37 de la BGG y del 155 de la CE78 son peligrosas. Un 155 en España o un 37 en la Alemania de hoy harían imposible cargarse la democracia por mucho que a algunos les gustara ese cuanto peor mejor. España tiene muchos problemas y defectos, pero la aplicación del 155 no es uno de ellos. Más bien el mecanismo para corregir una perturbación jurídica y política en una parte de nuestro territorio que ha transgredido las normas de manera flagrante.

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