Analogías erróneas del famoso 155


por Kiril Lakota

Hace relativamente poco, y como consecuencia de la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (CE78), Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencia Política de la UNED estableció una falsa analogía en una entrevista en TV3, peligrosamente repetida por sus muchos seguidores en las redes sociales.

La analogía nos llevaba al peligroso camino de la famosa de Ley de Godwin: el 155 de la CE78 es un reflejo del 37 de la Ley Fundamental de Bonn ( BGG) y a su vez del 48 de la Constitución de la República de Weimar (WRVF) que permitió la llegada de Hitler al poder. Siguiendo esta lógica, la aprobación del 155 conllevaba la llegada pronta del fascismo institucionalizado a España. Pura y burda propaganda, por cuanto la BGG actual de Alemania se parece como un huevo a una castaña a la Constitución de Weimar y concretamente los artículos mencionados, 37 y 48, porque ambas obedecen a escuelas jurídico constitucionales bien diferentes en tiempos políticos distintos. Dos postguerras mundiales con enfoques políticos y jurídicos completamente diferentes.

Es necesario, aclarar todo esto para desmentir la ligazón weimariana con la constitución alemana actual y la nuestra de 1978, al menos en cuanto a la coacción federal.

La Constitución de Weimar tiene, como uno de sus grandes inspiradores al gran jurista alemán Carl Schmitt, el postulante del decisionismo jurídico. En la cúspide del modelo de Weimar está el Presidente del Reich, “Der Hutter der Verfassung”, el Defensor de la Constitución, título del explícito artículo de Schmitt. En ese mismo artículo, se denomina a la República de Weimar como una democracia plebiscitaria frente a la democracia parlamentaria que su gran rival jurídico, Kelsen, había establecido en Austria con la Constitución de 1920.

Esa definición de democracia plebiscitaria con la cúspide del Presidente del Reich como defensor de la Constitución se explica por el traumático paso de un imperio derrotado, atravesando la revolución de los obreros espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y su salvaguarda del líder democrático y carismático de Fritz Ebert. Sin el socialdemócrata Ebert, es muy posible que la revolución comunista hubiera podido triunfar en Alemania. Edhasa ha editado magníficamente la trilogía de Alfred Dóblin “Noviembre 1918” en que novela ese turbulento periodo que desemboca en la Constitución de 1919 y el liderazgo de Ebert.

Puede decirse que Weimar se hizo para Ebert y hombres como Ebert y no como Hindemburg, (el siguiente y último Reichspräsident), eran quienes debían haber aplicado el artículo. Ebert lo hizo en varias ocasiones y disolvió dos dietas de dos Länder. Sin embargo, fue Hindemburg obligado por Brünning y el imposible Von Papen quienes utilizando burda y miserablemente los poderes del presidente, deterioraron de tal modo la institucionalidad alemana y la vida política que la llegada democrática del NSDAP a la Cancillería fue un hecho incontestable.

Citado este breve contexto, veamos el famoso artículo 48:

Si un Land no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada.

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Reich, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.

El Presidente del Reich habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1o y 2. ° de este artículo. A requerimiento del este dichas medidas quedarán sin efecto.

El Gobierno de un Land podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2. ° de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Reich o el Reichstag.

Una ley del Reich regulará los detalles.

Establece la posibilidad de una magistratura dictatorial ilimitada en el caso de que los Estados federados del Reich violen las normas constitucionales o legales o limitada y controlada ex post en el caso de amenaza a la seguridad del Reich. Es decir en el mismo artículo se autoriza una “coacción federal” por las bravas, un sistema de decreto ley en caso de urgencia y necesidad, y una suspensión de derechos y garantías. Un tres en uno, que la Ley Fundamental de Bonn y la española de 1978 no contemplan sino en artículos separados y con regulaciones completamente diferentes.

Es más, si existe algún reflejo en el derecho comparado al famoso artículo 48 se ve perfectamente reflejado en el 42 de la Constitución Española, (CE31) pero de la II República:

Artículo 42.

Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

En este caso, la CE31, pone en el Gobierno la potestad de suspender los derechos y al remitirla a una amenaza a la seguridad del Estado queda incluida la “coacción federal” en ese artículo ya que a su albur se desarrollará mediante la ley de Orden Público de 1933. Esa misma ley permitió la suspensión del gobierno de la Generalitat invocando el artículo 52 de la LOP después de los sucesos del 6 de octubre de 1934.

La diferencia estriba entre otras cosas en que nuestra Segunda República, huirá de la magistratura providente, y hará bascular el centro de la vida política el Parlamento y tendrá un difuso protector de la Constitución, el Tribunal de Garantías auxiliado por el gobierno. En Alemania el peso de la defensa constitucional por vía del artículo 48 recae inevitablemente en el Reichspräsident.

Siguiendo el rastro del famoso artículo 48 del a WRV nos lleva al artículo 16 de la Constitución francesa de la V República, como indica Olivier Beaud en Los Últimos Días de Weimar. Y es que la constitución “gaullista” deposita inequívocamente en el Presidente de la República la defensa del orden constitucional por su posición privilegiada, reforzada por el sufragio directo en su elección,

Artículo 5

El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

Artículo 16

Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.

Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho.

No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

Todo esto nos permite concluir, que el artículo 48 de la WRV no tiene parangón en constituciones de corte federal, autonomista o regional en la Europa contemporánea. Entre otras cosas porque, pocos Jefes de Estado gozan la preeminencia jurídica y como guardianes de la Constitución como en el caso del Reichspräsident o del Presidente de la República francesa.

El caso del artículo 37 de la Constitución alemana actual (BGG), se fundamenta en principios kelsenianos de defensor constitucional situado en un tribunal no inserto dentro de la jurisdicción ordinaria. Kelsen inspira, como ya se dijo aquí, por primera vez la jurisdicción constitucional concentrada y un modelo de coacción federal que refleja cómo se componen los poderes en la Austria de 1920.

Frente al modelo de elección directa del jefe del Estado alemán de Weimar, el austriaco es elegido por una asamblea federal, modelo copiado por la BGG en 1949. Eso implica un ejercicio de equilibrio en la aplicación de los poderes excepcionales, y en lo que nos atañe de la coacción federal. El Artículo 100 de la Constitución de Austria 1920 establece la disolución de un parlamento de un estado federado por parte del Presidente Federal, con aquiescencia del gobierno federal y si los dos tercios de la cámara alta lo aprueban. No indica si existen o no razones para ello, pero sí un procedimiento bastante equilibrado frente al decisionismo de Weimar. Este modelo de suspensión explícita de un gobierno regional es el que adoptará la Constitución italiana de 1947 en su artículo 126, por las mismas razones de fondo de filosofía jurídica.

Tanto la constitución austriaca de 1920 como la italiana de 1947 son enormemente cautas con la aplicación del decisionismo político; es más son garantistas y kelsenianas con un desprecio por los ejecutivos fuertes en favor de unos legislativos empoderados y unos judiciales radicalmente independientes.

Sobre esas bases, la BGG estaba limitada por el constituyente del post-nazismo y de las fuerzas ocupantes. En ningún caso se iba admitir, ni la atomización del legislativo, ni un guardián de la constitución que no fuera un tribunal constitucional kelseniano, ni un ejecutivo que pudiera actuar al margen del legislativo con los decretos de necesidad y urgencia del periodo de Weimar, y por supuesto con una jefatura del estado meramente simbólica y sin ningún poder ejecutivo. Además en un estado fuertemente federalizado, la coacción federal tendría que estar controlada ex ante como garantía frente a un posible decisionismo del ejecutivo.

Aunque la figura del Canciller en Alemania, goza de una primacía excepcional con respecto a los jefes de gobierno en el resto de Europa, con la excepción del Presidente del Gobierno en España, el sistema electoral alemán impide que esa primacía de un gobierno con un líder fuerte, sea a su vez un gobierno fuerte. Son gobiernos estables siempre, desde 1949, en coalición de partidos.

Todas estas explicaciones son necesarias hacerlas para indicar que el artículo 48 de la WRV no puede conducir ni en el fondo ni en la forma a la coacción federal establecida en el 37 de la BBG ni en el 155 de la CE78.

El 37 de la BBG a diferencia del 48 de la WRV, se circunscribe a la coacción federal solamente y establece que se debe incumplir por un Land la Constitución o las leyes federales y que ese incumplimiento debe ser apreciado por el gobierno federal, pero, y esto es importante, cualquier actuación debe contar con la aprobación del Bundesrat. Es decir, un control ex ante de la actuación de la coacción y no ex post y sin control posible jurisdiccional o constitucional.

La hipotética actuación del gobierno federal alemán actual, en caso de aplicar la coacción federal, está sujeta en todo momento al control, primero político, que determina el marco de actuación y luego al control judicial de la normativa que desarrolle la autorización del Bundesrat y en último término del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Nada de eso ocurría en el sistema de Weimar que permitía el envío directamente de la fuerza armada contra un Land si así lo dispone el Presidente del Reich sin control posterior judicial, sólo político y con la única posibilidad de revocar el decreto presidencial si políticamente fuera oportuno. (La cuestión de las leyes fiscales de 1930 de Brünning y la crisis posterior es un ejemplo de ello en el menos extremo de los supuestos y atentos sólo al párrafo segundo del artículo 48 de la WRV).

A diferencia del modo de coacción kelseniano de la Constitución austriaca de 1920 que permitía al Bundesrat la disolución del órgano legislativo del Land por una mayoría de dos tercios, el Bundesrat alemán puede ejecutar la coacción federal con mayoría absoluta, es decir con 40 de los 68 votos que componen el Consejo federal alemán (El Tribunal Constitucional alemán en un fallo de 1974 establece que jurídicamente el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa como el Senado, otra cosa es que políticamente funcione como tal).

Pues bien, todas las garantías que prevé el 37 de la BBG antes mencionado, se incorporan a nuestro 155, que a diferencia del modelo republicano español de 1931, requiere un control previo de las actuaciones que el gobierno español quiera llevar a cabo frente a una actuación contra la Constitución y las leyes de un poder autonómico. Además, el Tribunal Constitucional, recentísimamente acaba de decir que el acuerdo del 155 aprobado por el Senado es susceptible de ser controlado por nuestro defensor constitucional (otra cosa es que se presentara el recurso antes de que este fuera aprobado y publicado en el BOE como torpemente se hizo y se rechazara su admisión a trámite).

En ese sentido, nuestro gobierno al desarrollar el acuerdo del Senado del 27 de octubre mediante Reales Decretos, claramente alineado con el espíritu del 37 de la BGG, se somete al control no sólo político sino jurisdiccional de su actuación. Además, en el plano político ha tomado una medida que en nuestro entorno jurídico existe y que el 155 habilita en su interpretación : la destitución del órgano ejecutivo, la disolución del legislativo y el control de la Administración dando instrucciones, nada menos que el ya mencionado y kelseniano artículo 100 de la Constitución de Austria.

La doctrina y la jurisprudencia, en todo caso más sabia que este modesto autor, perfeccionarán un procedimiento excepcional por su característica de coacción federal y por lo inédito, hasta ahora, de su aplicación.

Por todo ello, la comparación de Ramón Cotarelo que mencionaba en el comienzo de mi artículo, esa analogía pedestre y errónea, esa asimilación del artículo 48 con las leyes habilitantes del Reich en 1933 y el artículo 37 de la BGG y del 155 de la CE78 son peligrosas. Un 155 en España o un 37 en la Alemania de hoy harían imposible cargarse la democracia por mucho que a algunos les gustara ese cuanto peor mejor. España tiene muchos problemas y defectos, pero la aplicación del 155 no es uno de ellos. Más bien el mecanismo para corregir una perturbación jurídica y política en una parte de nuestro territorio que ha transgredido las normas de manera flagrante.

Voto presencial según el tamaño de la población

El Ministerio Federal del Interior de Austria ya ha facilitado los datos por municipio, distrito y estado en hoja de cálculo (aquí aún esperamos los del 20-D). Esto nos ha permitido confirmar como el voto a las Elecciones tiene un fuerte escoramiento dependiendo del tamaño del municipio, aunque los resultados no son monolíticos sí podemos decir que en los municipios más pequeños ha ganado el candidato populista y en los más grandes el ecologista.

Resultados por tamaño de municipios

Exportando cabezas coronadas

Con ocasión de la muerte de la reina Fabiola, ex reina de los belgas, me he preguntado qué españoles o españolas han sido monarcas o consortes de monarcas en otras monarquías. Sin ánimo de ser exhaustivo he comenzado la andadura en los Reyes Católicos.

Los varones, son monarcas por título propio, mientras que todas las mujeres son consortes de monarcas varones. Solamente señalamos en el caso de los monarcas por título propio los principales territorios extranjeros que estuvieron bajo su corona y ni aquellos, como los muchas posesiones italianas, que formaban parte de la Corona y se heredaban normalmente.

Descendencia de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón
Catalina (1485-1536), reina de Inglaterra
Juana I (1479-1555), duquesa de Borgoña y condesa de Flandes
María (1482-1517), reina de Portugal
Isabel (1470-1498), reina de Portugal

Descendencia de Felipe I y Juana I
Leonor (1498-1558), reina de Portugal
Carlos (1550-1558), emperador del Sacro Imperio
Isabel (1501-1526), reina de Dinamarca
Fernando (1503-1564), emperador del Sacro Imperio, rey de Hungría, rey de Bohemia
María (1505-1558), reina de Hungría y Bohemia
Catalina (1507-1578), reina de Portugal

Descendencia de Carlos I
María (1528-1603), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe II
Catalina Micaela (1567-1597), duquesa de Saboya

Descendencia de Felipe III
Ana María Mauricia (1601-1666), reina de Francia
María Ana (1606-1646), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe IV
María Teresa (1638-1683), reina de Francia
Margarita (1651-1673), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe V
Mariana Victoria (1718-1781), reina de Portugal
Felipe (1720-1765), duque de Parma
María Antonieta Fernanda (1729-1785), reina de Cerdeña

Descendencia de Carlos III
María Luisa (1745-1792), emperatriz del Sacro Imperio
Fernando I (1751-1825), rey de las Dos Sicilias

Descendencia de Carlos IV
Carlota Joaquina (1775-1830), reina de Portugal
María Luisa Josefina (1782-1824), reina de Etruria y duquesa de Parma
María Isabel (1789-1848), reina de las Dos Sicilias

No pertenecientes a la dinastía reinante
Eugenia de Montijo (1826-1920), emperatriz de los franceses
Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014), reina de los belgas

Madrid, distrito federal

El otro día un comentarista del blog planteaba una cuestión que, muchas veces, se plantea y que me gustaría reflexionar sobre ella: el desmantelamiento de la Comunidad de Madrid y el establecimiento sobre esta provincia de la administración directa por parte del Gobierno de España. Y cuando se habla de reformar el modelo territorial para establecer un Estado Federal esta idea sobre Madrid cobra cierta relevancia.

Para muchos la Comunidad de Madrid es un engendro hecho con los retazos del estado autonómico. Y hace treinta años tenían razón, pero ahora es difícil dársela porque tres décadas de historia no pasan en valde. La Comunidad de Madrid es un espacio geográfico con el que se identifican sus habitantes y una estructura institucional importante dentro de España. Además de ello, el principal motivo para que Madrid no entrase en ninguna de las dos Castillas, especialmente en Castilla-La Mancha (a donde parecía predestinada) era que iba a desequilibrar demográficamente la región y esa razón hoy en día es tan válida y vigente como antes.

Pero hay una pregunta más: ¿por qué los madrileños no pueden tener derecho al autogobierno y más si se estableciera un régimen más federal? ¿por qué tienen que ser gobernados por otros? ¿qué razón hay para quitarles esa posibilidad de elegir sus gobernantes regionales?

En Estados Unidos la capital se encuentra en un territorio cedido por dos estados y bajo la dirección directa del Gobierno Federal, aunque con cierta autonomía local. Hay un movimiento que exige su “normalización” y de hecho el Congreso Federal ha ido concediendo al Distrito de Columbia algunas instituciones semejantes a las de un pequeño estado, a pesar de no serlo y hasta una enmienda constitucional le dio tres votos en el Colegio Electoral que elige al Presidente.

En México el Distrito Federal, el conurbación más poblada del país, comenzó a finales de los años noventa a adquirir un serio autogobierno aunque no totalmente equiparable al de los estados. Buenos Aires fue desgajada de la Provincia homónima y le ha sido dado un estatuto cercano al de las provincias federadas pero no se puede decir que sea gobernada directamente desde la Casa Rosada. Camberra, Brasilia, y Nueva Dheli mantienen ese mismo perfil, mientras que Caracas tiene un autonomía más municipal.

Berlin, Viena o Bruselas no son distritos federales, pese a ser capitales de federaciones, de hecho son partes de sus respectivas federaciones aunque de manoe tamaño y con alguna particularidad. No es necesario crear un distrito capitalino federal para ser un Estado Federal.

Por el contrario en Nigeria, Pakistán o Malasia son de los pocos casos en los que el gobierno federal ejerce la totalidad del poder, aunque haya una mínima descentralización en los distritos. De hecho el último caso fue utilizado como instrumento político para mantener a Kuala Lumpur, cuando se le estableció la federalización, fuera de la política de su estado de origen.

El Ayuntamiento de Madrid tiene ciertos poderes que no tienen otros municipios justificados tanto por su tamaña e, importancia económica como por ser la capital de España. Los madrileños capitalinos ni los de las localidades de la Comunidad echan de más a la capital y, de hecho, las localidad más pequeñas se benefician de una Administración regional más fuerte que si pertenecieran a otra comunidad o la Comunidad de Madrid no contuviera a Madrid.

Euromedia parlamentaria

El otro día, cuando hacía la simulación del Congreso con 700 diputados, Franesco se preguntaba por qué no 7000 diputados. Aparte de que una cámara de varios de miles es más inoperante que un congreso de un partido, la cuestión es que nuestro número de miembros de la cámara baja, comparado con nuestro entorno de la UE, es muy bajo.

El aumento de la proporcionalidad, según esta hipótesis, tendría como propio un aumento del número de diputados (eliminando el Senado, claro). España se encuentra en el penúltimo puesto en la ratio entre parlamentario de la cámara baja y habitantes.

Consensualismo y regla de la mayoría

Jorge Galindo y Roger Senserrich han escrito dos entradas sobre la imperiosa necesidad de emprender reformas económicas después de que la EPA haya arrojado un dato que traspasa la barrera del 20% de parados.

Ambos tienen la impresión de que en nuestro país nadie se está tomando en serio la crisis y sus consecuencias, ninguno de los protagonistas políticos, los actores sociales y la mayor parte de la ciudadanía. Una crisis que parece no terminar nunca y una crisis que no para de agravarse al menos en lo relativo al mercado laboral.

Está dando vueltas una propuesta de reforma laboral que intenta importar a nuestro país el llamado modelo austriaco, aunque con modificaciones que bien podrían evitar las ventajas que este modelo tiene. Una reforma que, como muchas otras anteriormente, es probable que se quede empantanada en el sistema político español.

El mito del consenso y en el deseo de todo político de tomar decisiones sobre las que todos los afectados están de acuerdo, impide en muchas ocasiones que las decisiones terminen de adoptarse o si se adoptan que se hagan con la contundencia necesaria o con la pureza que la circunstancias requieren.

El hecho de que los más diversos actores económicos y sociales tengan una participación decisiva en la toma de decisiones, acerca nuestro sistema político nuevamente a Austria, a la Austria posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde las instituciones políticas no tenían otra función que la de ratificar y dar forma legal a las decisiones y acuerdo que se fraguaban y se cerraban fuera de sus paredes.

Al final las decisiones son tomadas por instituciones legitimadas democráticamente y otras que no lo están, al representar intereses concretos. Se le concede a estos actores económicos y sociales un derecho a veto que está fuera del diseño institucional de una democracia.

El mito del consenso arranca en la Transición y ha contaminado toda nuestra historia democrática. El mito del consenso se ha llegado a imponer sobre la norma fundamental de la Democracia, que es la regla de la mayoría, concediéndole en el imaginario social una importancia de la que parece que cualquier gobierno no puede terminar de deshacerse nunca, por miedo a las consecuencias electorales que pudiera tener el deseo de gobernar sobre la base de tener una mayoría ganada en las urnas.

Alegrarse de una muerte


A propósito de la muerte en accidente de tráfico de Jörg Haider, Jorge Barraza ha hecho una interesante observación en Twitter, que yo quisiera comentar, porque creo que tiene más calado que el que una lectura aparente nos puede mostrar.

“¿De verdad la gente se alegra porque alguien se muera en un accidente de tráfico, sea quien sea?

1) Quien se alegra considera que la muerte es un método político para terminar con los rivales. El problema es que no es capaz de emplear ese método por miedo a las consecuencias o por puro convencionalismo, no por una convicción personal.

2) Entre la alegría y la tristeza, aunque sean sentimientos opuestos, hay grados intermedios. Sentir tristeza por una muerte es un sentimiento que se basa en cierto grado de empatía. Si no hay empatía no hay tristeza, pero esto no quiere decir que haya alegría necesariamente. Solamente hay indiferencia.

3) Sentir pena por toda muerte es un sentimiento tan forzado como falso. Sentir alegría por una muerte, implica el reconocimiento de su deseo.

4) Finalmente se puedan analizar las consecuencias políticas de una muerte accidental y esas consecuencias no sean del todo desfavorables. Pero el análisis es análisis, no sentimientos o deseos. La muerte es un acontecimiento cotidiano que tienes consecuencias en la vida y negarse a analizar las consecuencias no es más que negar la misma existencia de la muerte. ¿Acaso la muerte de Alejandro Magno o el asesinato de Julio César no tuvieron consecuencias? (por no mencionar ejemplos más cercanos).