Analogías erróneas del famoso 155


por Kiril Lakota

Hace relativamente poco, y como consecuencia de la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (CE78), Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencia Política de la UNED estableció una falsa analogía en una entrevista en TV3, peligrosamente repetida por sus muchos seguidores en las redes sociales.

La analogía nos llevaba al peligroso camino de la famosa de Ley de Godwin: el 155 de la CE78 es un reflejo del 37 de la Ley Fundamental de Bonn ( BGG) y a su vez del 48 de la Constitución de la República de Weimar (WRVF) que permitió la llegada de Hitler al poder. Siguiendo esta lógica, la aprobación del 155 conllevaba la llegada pronta del fascismo institucionalizado a España. Pura y burda propaganda, por cuanto la BGG actual de Alemania se parece como un huevo a una castaña a la Constitución de Weimar y concretamente los artículos mencionados, 37 y 48, porque ambas obedecen a escuelas jurídico constitucionales bien diferentes en tiempos políticos distintos. Dos postguerras mundiales con enfoques políticos y jurídicos completamente diferentes.

Es necesario, aclarar todo esto para desmentir la ligazón weimariana con la constitución alemana actual y la nuestra de 1978, al menos en cuanto a la coacción federal.

La Constitución de Weimar tiene, como uno de sus grandes inspiradores al gran jurista alemán Carl Schmitt, el postulante del decisionismo jurídico. En la cúspide del modelo de Weimar está el Presidente del Reich, “Der Hutter der Verfassung”, el Defensor de la Constitución, título del explícito artículo de Schmitt. En ese mismo artículo, se denomina a la República de Weimar como una democracia plebiscitaria frente a la democracia parlamentaria que su gran rival jurídico, Kelsen, había establecido en Austria con la Constitución de 1920.

Esa definición de democracia plebiscitaria con la cúspide del Presidente del Reich como defensor de la Constitución se explica por el traumático paso de un imperio derrotado, atravesando la revolución de los obreros espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y su salvaguarda del líder democrático y carismático de Fritz Ebert. Sin el socialdemócrata Ebert, es muy posible que la revolución comunista hubiera podido triunfar en Alemania. Edhasa ha editado magníficamente la trilogía de Alfred Dóblin “Noviembre 1918” en que novela ese turbulento periodo que desemboca en la Constitución de 1919 y el liderazgo de Ebert.

Puede decirse que Weimar se hizo para Ebert y hombres como Ebert y no como Hindemburg, (el siguiente y último Reichspräsident), eran quienes debían haber aplicado el artículo. Ebert lo hizo en varias ocasiones y disolvió dos dietas de dos Länder. Sin embargo, fue Hindemburg obligado por Brünning y el imposible Von Papen quienes utilizando burda y miserablemente los poderes del presidente, deterioraron de tal modo la institucionalidad alemana y la vida política que la llegada democrática del NSDAP a la Cancillería fue un hecho incontestable.

Citado este breve contexto, veamos el famoso artículo 48:

Si un Land no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada.

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Reich, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.

El Presidente del Reich habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1o y 2. ° de este artículo. A requerimiento del este dichas medidas quedarán sin efecto.

El Gobierno de un Land podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2. ° de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Reich o el Reichstag.

Una ley del Reich regulará los detalles.

Establece la posibilidad de una magistratura dictatorial ilimitada en el caso de que los Estados federados del Reich violen las normas constitucionales o legales o limitada y controlada ex post en el caso de amenaza a la seguridad del Reich. Es decir en el mismo artículo se autoriza una “coacción federal” por las bravas, un sistema de decreto ley en caso de urgencia y necesidad, y una suspensión de derechos y garantías. Un tres en uno, que la Ley Fundamental de Bonn y la española de 1978 no contemplan sino en artículos separados y con regulaciones completamente diferentes.

Es más, si existe algún reflejo en el derecho comparado al famoso artículo 48 se ve perfectamente reflejado en el 42 de la Constitución Española, (CE31) pero de la II República:

Artículo 42.

Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

En este caso, la CE31, pone en el Gobierno la potestad de suspender los derechos y al remitirla a una amenaza a la seguridad del Estado queda incluida la “coacción federal” en ese artículo ya que a su albur se desarrollará mediante la ley de Orden Público de 1933. Esa misma ley permitió la suspensión del gobierno de la Generalitat invocando el artículo 52 de la LOP después de los sucesos del 6 de octubre de 1934.

La diferencia estriba entre otras cosas en que nuestra Segunda República, huirá de la magistratura providente, y hará bascular el centro de la vida política el Parlamento y tendrá un difuso protector de la Constitución, el Tribunal de Garantías auxiliado por el gobierno. En Alemania el peso de la defensa constitucional por vía del artículo 48 recae inevitablemente en el Reichspräsident.

Siguiendo el rastro del famoso artículo 48 del a WRV nos lleva al artículo 16 de la Constitución francesa de la V República, como indica Olivier Beaud en Los Últimos Días de Weimar. Y es que la constitución “gaullista” deposita inequívocamente en el Presidente de la República la defensa del orden constitucional por su posición privilegiada, reforzada por el sufragio directo en su elección,

Artículo 5

El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

Artículo 16

Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.

Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho.

No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

Todo esto nos permite concluir, que el artículo 48 de la WRV no tiene parangón en constituciones de corte federal, autonomista o regional en la Europa contemporánea. Entre otras cosas porque, pocos Jefes de Estado gozan la preeminencia jurídica y como guardianes de la Constitución como en el caso del Reichspräsident o del Presidente de la República francesa.

El caso del artículo 37 de la Constitución alemana actual (BGG), se fundamenta en principios kelsenianos de defensor constitucional situado en un tribunal no inserto dentro de la jurisdicción ordinaria. Kelsen inspira, como ya se dijo aquí, por primera vez la jurisdicción constitucional concentrada y un modelo de coacción federal que refleja cómo se componen los poderes en la Austria de 1920.

Frente al modelo de elección directa del jefe del Estado alemán de Weimar, el austriaco es elegido por una asamblea federal, modelo copiado por la BGG en 1949. Eso implica un ejercicio de equilibrio en la aplicación de los poderes excepcionales, y en lo que nos atañe de la coacción federal. El Artículo 100 de la Constitución de Austria 1920 establece la disolución de un parlamento de un estado federado por parte del Presidente Federal, con aquiescencia del gobierno federal y si los dos tercios de la cámara alta lo aprueban. No indica si existen o no razones para ello, pero sí un procedimiento bastante equilibrado frente al decisionismo de Weimar. Este modelo de suspensión explícita de un gobierno regional es el que adoptará la Constitución italiana de 1947 en su artículo 126, por las mismas razones de fondo de filosofía jurídica.

Tanto la constitución austriaca de 1920 como la italiana de 1947 son enormemente cautas con la aplicación del decisionismo político; es más son garantistas y kelsenianas con un desprecio por los ejecutivos fuertes en favor de unos legislativos empoderados y unos judiciales radicalmente independientes.

Sobre esas bases, la BGG estaba limitada por el constituyente del post-nazismo y de las fuerzas ocupantes. En ningún caso se iba admitir, ni la atomización del legislativo, ni un guardián de la constitución que no fuera un tribunal constitucional kelseniano, ni un ejecutivo que pudiera actuar al margen del legislativo con los decretos de necesidad y urgencia del periodo de Weimar, y por supuesto con una jefatura del estado meramente simbólica y sin ningún poder ejecutivo. Además en un estado fuertemente federalizado, la coacción federal tendría que estar controlada ex ante como garantía frente a un posible decisionismo del ejecutivo.

Aunque la figura del Canciller en Alemania, goza de una primacía excepcional con respecto a los jefes de gobierno en el resto de Europa, con la excepción del Presidente del Gobierno en España, el sistema electoral alemán impide que esa primacía de un gobierno con un líder fuerte, sea a su vez un gobierno fuerte. Son gobiernos estables siempre, desde 1949, en coalición de partidos.

Todas estas explicaciones son necesarias hacerlas para indicar que el artículo 48 de la WRV no puede conducir ni en el fondo ni en la forma a la coacción federal establecida en el 37 de la BBG ni en el 155 de la CE78.

El 37 de la BBG a diferencia del 48 de la WRV, se circunscribe a la coacción federal solamente y establece que se debe incumplir por un Land la Constitución o las leyes federales y que ese incumplimiento debe ser apreciado por el gobierno federal, pero, y esto es importante, cualquier actuación debe contar con la aprobación del Bundesrat. Es decir, un control ex ante de la actuación de la coacción y no ex post y sin control posible jurisdiccional o constitucional.

La hipotética actuación del gobierno federal alemán actual, en caso de aplicar la coacción federal, está sujeta en todo momento al control, primero político, que determina el marco de actuación y luego al control judicial de la normativa que desarrolle la autorización del Bundesrat y en último término del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Nada de eso ocurría en el sistema de Weimar que permitía el envío directamente de la fuerza armada contra un Land si así lo dispone el Presidente del Reich sin control posterior judicial, sólo político y con la única posibilidad de revocar el decreto presidencial si políticamente fuera oportuno. (La cuestión de las leyes fiscales de 1930 de Brünning y la crisis posterior es un ejemplo de ello en el menos extremo de los supuestos y atentos sólo al párrafo segundo del artículo 48 de la WRV).

A diferencia del modo de coacción kelseniano de la Constitución austriaca de 1920 que permitía al Bundesrat la disolución del órgano legislativo del Land por una mayoría de dos tercios, el Bundesrat alemán puede ejecutar la coacción federal con mayoría absoluta, es decir con 40 de los 68 votos que componen el Consejo federal alemán (El Tribunal Constitucional alemán en un fallo de 1974 establece que jurídicamente el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa como el Senado, otra cosa es que políticamente funcione como tal).

Pues bien, todas las garantías que prevé el 37 de la BBG antes mencionado, se incorporan a nuestro 155, que a diferencia del modelo republicano español de 1931, requiere un control previo de las actuaciones que el gobierno español quiera llevar a cabo frente a una actuación contra la Constitución y las leyes de un poder autonómico. Además, el Tribunal Constitucional, recentísimamente acaba de decir que el acuerdo del 155 aprobado por el Senado es susceptible de ser controlado por nuestro defensor constitucional (otra cosa es que se presentara el recurso antes de que este fuera aprobado y publicado en el BOE como torpemente se hizo y se rechazara su admisión a trámite).

En ese sentido, nuestro gobierno al desarrollar el acuerdo del Senado del 27 de octubre mediante Reales Decretos, claramente alineado con el espíritu del 37 de la BGG, se somete al control no sólo político sino jurisdiccional de su actuación. Además, en el plano político ha tomado una medida que en nuestro entorno jurídico existe y que el 155 habilita en su interpretación : la destitución del órgano ejecutivo, la disolución del legislativo y el control de la Administración dando instrucciones, nada menos que el ya mencionado y kelseniano artículo 100 de la Constitución de Austria.

La doctrina y la jurisprudencia, en todo caso más sabia que este modesto autor, perfeccionarán un procedimiento excepcional por su característica de coacción federal y por lo inédito, hasta ahora, de su aplicación.

Por todo ello, la comparación de Ramón Cotarelo que mencionaba en el comienzo de mi artículo, esa analogía pedestre y errónea, esa asimilación del artículo 48 con las leyes habilitantes del Reich en 1933 y el artículo 37 de la BGG y del 155 de la CE78 son peligrosas. Un 155 en España o un 37 en la Alemania de hoy harían imposible cargarse la democracia por mucho que a algunos les gustara ese cuanto peor mejor. España tiene muchos problemas y defectos, pero la aplicación del 155 no es uno de ellos. Más bien el mecanismo para corregir una perturbación jurídica y política en una parte de nuestro territorio que ha transgredido las normas de manera flagrante.

Lo de Cataluña (XIII): La Europa de los microestados

En los debates en torno a la integración europea se han acuñado términos como la “Europa de los mercaderes” o la “Europa social”, hoy asistimos al intento de hacer nacer la “Europa de los microestados”. Una Europa cada vez integrada, a pesar del Brexit, donde las decisiones se hacen en común, donde hay voluntad de desarrollar una política exterior y de defensa integrada no es del gusto del gran actor geopolítico europeo que está donde nace el sol.

Las independencias de las regiones más ricas tiene enormes ventajas para Rusia. Aumenta el número de actores cada cual con una nueva agenda, con sus peculiaridades y nuevos asuntos que para algo uno es independiente. Se debilitan los Estados actuales. Las sociedades ricas solamente están dispuestas a invertir en su propia riqueza y cosa como el gasto en Defensa está mal visto y es poco pijo-guay, de modo que cada rublo ruso destinado a lo militar, tendrá menos euros para contrarrestarlos. En ese gallinero siempre habrá un Estado o varios dispuestos a ser el abanderado de Rusia porque son tan pequeños y poca cosa que necesitan apoyo externo para sobrevivir.

La hipotética independencia de Cataluña, Euskadi, Saboya, Silesia, Provenza, Bretaña, Córcega, Flandes. Valonia, Lombardía, el Véneto, Baviera, Renania, Escocia, Gales y Moravia (por citar algunos casos) es el sueño de la política exterior europea, que en vez delante a unos futuros Estados Unidos de Europa puede encontrarse con los Microestados de Europa, una cutre reedición en el siglo XXI del Sacro Imperio.

Equilibrios territoriales en un sistema federal

En los momentos constituyentes de los Estados Unidos uno de los debates fundamentales consistió como conseguir darle garantías y pesos a los estados más pequeños frente a los estados mayores, más poblados, con mayor representación en virtud de ésta.

La solución que se alcanzó fue el denominado “Compromiso de Connecticut”, de acuerdo con el cual el Congreso tendría dos cámaras legislativas, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes sería elegida de acuerdo con el peso poblacional de cada estado, mientras que cada estado tendría dos senadores, independientemente de su población.

El Senado, con un poder muy amplio, era no solamente la garantía de la presencia de los estados en el gobierno federal (hasta la décimo séptima enmienda los senadores eran normalmente designados por las legislaturas estatales), sino que permitían el equilibrio entre los estados más pequeños y los estados más grandes.

Estados Unidos tiene cincuenta estados con un población muy desigual, desde los más de veinticinco millones de habitantes de California, el más poblado, hasta el poco menos de medio millón de Wyoming. Esto ha generado una barrera protectora de los pequeños hacia los grandes, de modo que el mero peso poblacional no elimine la voluntad de cada uno de los estados, aunque hay quien opina que ha generado el pecado contrario.

Los cinco estados más poblados de los EUA (California, Texas, Nueva York, Florida y Illinois) representan al 36,25% de la población (Censo de 2010) y el 10% del Senado. Los diez más poblados (los anteriores junto a Pensilvania, Ohio, Michigan, Georgia y Carolina del Norte) son el 53.31% de los habitantes de los Estados Unidos y tiene el 20% de los senadores.

Por el contrario los cinco estados menos poblados (Wyoming, Vermont, Dakota del Norte, Alaska y Dakota del Sur suman el 1,08% de los habitantes y tienen el 10% de los senadores. Los diez menos poblados (los anteriores junto a Delaware, Montana, Rhode Island, New Hampshire y Maine) representan al 2,87% de los residentes y tienen el 20% de los votos en el Senado.

La mitad de los estados más poblados contienen al 82,4% de los habitantes, mientras que los veinticinco menos poblados al 14,7% (no suman 10% porque el Censo incluye a los teritorios que no son estados como el Distrito de Columbia, Puerto Rico o Guam).

Si miramos otros modelo federal podemos contemplar el de Alemania y su Bundesrat. Los estados federados (Länder) no tienen la misma representación y ésta depende de la población, aunque las diferencias entre los más poblados y los menos poblados no son enormes. En el Bundesrat hay 69 votos posibles, y el estado con menos población, que es Bremen, tiene 3 votos y el que más, Renania del Norte-Westfalia tiene seis.

El artículo 51.2 de la Ley Fundamental establece que cada Land tiene, por lo menos, tres votos. Los Länder de más de dos millones de habitantes tienen cuatro; los de más de seis millones, cinco y los de más de siete millones, seis. De esta forma se mantiene equilibrio tal que para llegar a los 35 votos necesarios para tener mayoría absoluta sería necesario unir a los siete estados más poblados (con el 77.40% de la población), de los dieciséis de la Federación. Representando el 27.49% de los habitantes, los estados menos poblados pueden crear tanto una minoría de bloqueo, como una mayoría alternativa.

En dos entradas nos hemos preguntas si el federalismo organizativo del PSOE era verdadero o solamente nominal y si realmente en la actualidad, con el gobierno de los barones, realmente era una confederación.

La organización territorial del PSOE da preeminencia al número de militantes (aquí sí valen para algo aunque sea para ser números) sobre consideraciones territoriales. Las principales federaciones regionales suman solamente tienen que ponerse de acuerdo y pescar a algún disidente de otras federaciones para tener el control pleno de la organización. Se ha visto muy claramente como andaluces, castellano-manchegos y extremeños así lo han hecho durante la megacrisis del PSOE.

El PSOE no tiene mecanismos de protección de las minorías, ni de las federaciones con menos militantes, de hecho de existir, que no existe, es un federalismo tan asimétrico que parece más una sumisión a las regiones meridionales por parte de las septentrionales.

En el PSOE no hay federalismo, sino el dominio de las regiones más fuertes sobre las menos fuertes. No hay ningún mecanismo ni minoría de bloqueo de la “Fuerza del Sur”, ya que una mayoría simple confiere el poder absoluto. Es un ordeno y mando de una minoría grande que controla toda la organización como si realmente lo demás no fueran entidades diferentes, sino filiales. La inexistencia de garantías estatutarias han hecho realidad un peligro que hoy se concreta para Euskadi, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia o La Rioja.

Y sí, los equilibrios territoriales son democráticos, como las garantías de las minorías y las votaciones en las que se requieren mayoría cualificadas. Tan sometidos están a lo central, que es lo andaluz, que la propiedad de todos los inmuebles del PSOE es de la organización nacional, así como los depósitos bancarios (y las deudas). La única forma de mantener una unidad es garantizar la indemnidad del más pequeño, porque en caso contrario no encontrará motivos para permanecer.

El sueño democrático y la ruptura del bienestar

José Ignacio Torreblanca publicó hace varias semanas una interesante y sintética exposición sobre las tendencias populistas.

Ahora le ha tocado a Alemania sentir como una formación de este tipo, con la especificidad de ser de extrema derecha, ha dado un campanazo en las elecciones de tres de los estados federados. Que en Alemania haya partidos de extrema derecha subiendo da más miedo que en otros lugares, por “prejuicios históricos”.

Mi profesor de Ética en la Licenciatura en Filosofía en un comentario marginal, que eran los realmente jugosos, expresó que la pasión democrática de Europa no se mantendría en el caso de perderse el bienestar alcanzado, de modo que si se perdía volverían los modos autoritarios del pasado.

Circularon por twitter, la noche del pasado domingo, estos dos gráficos que daban qué pensar sobre la relación entre la percepción de la situación económica general y la situación económica personal con el voto en las elecciones alemanas de ese día.

Situación general

SituacionGeneral
Situación personal

SituacionPropia

Un nuevo retraso histórico

La derecha española es hija de dos complejos. Uno de superioridad respecto de la mayoría de los españoles, incluyendo en el desprecio a los que engaña para que les apoya pese a que se ríe de ellos. El otro complejo de la derecha española es de inferioridad, de España respecto de los países más desarrollados de Europa y claro como ellos no van a ser los responsables, por más que hayan gobernado secularmente el país, la culpa recae en los gobernados que son de determinada manera y que no se puede hacer otra cosa.

Desde que el Partido Popular ganara las Elecciones Generales en 2011 estamos asistiendo a cómo España se queda, una vez más, atrás en materia energética. Con un conjunto de excusas a cual más inverosímil se desmontó el programa de incentivos a las energías renovables (con la ayuda de un fraude puntual amplificado) y hasta se busca desincentivar por vía impositiva la producción de energía para el autoconsumo.

Alemania, tradicional ejemplo, no sólo ha declarado el fin de sus centrales nucleares, sino que ha lanzado un gran programa para abastecerse de energías renovables. España, por el contrario, busca seguir dependiendo de combustibles que no tenemos y en el mejor de los casos reabrir un programa nuclear que es prescindible. El daño que el Presidente Rajoy y el ministro Soria le están haciendo a España en esta materia se medirá en décadas.

La condonación de la deuda alemana de 1948 como precedente

El nuevo gobierno griego está intentando renegociar su deuda. Antes hablaban de no pagar, luego de una quita negociada, más tarde de refinanciación y ahora piden que vuelvan a darles dinero a sus bancos a cambio de comprar los bonos-basura helénicos.

Los defensores del nuevo gobierno griego afean la postura dura del gobierno alemán trayendo desde 1948 la condonación a la Bundesrepublik de la deuda del Deutsches Reich (las reparaciones de la PGM las terminaron de pagar hace cinco años).

Se quiere la condonación de la deuda alemana sin, desde luego, mencionar la situación de lo que quedó de Alemania.

Cuando sucedió esto hacía solamente tres años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, donde el país había quedado arrasado (un destrucción de recursos, instalaciones y viviendas del 50% al 70% dependiendo de las zonas), que habían sufrido más de cinco millones de muertos y seis millones de heridos y que tenía millones desplazados desde Prusia Oriental y desde otros territorios con población alemana. No había alimentos ni combustible para pasar el invierno por decisión de las fuerzas ocupantes.

Lo que quedaba del país no tenía ninguna autoridad común propia, sino autoridades locales y progresivamente autoridades regionales, todas ellas sometidas a las fuerzas de ocupación. Una parte había sido cedida a Polonia, otros trozos a la URSS que además ocupaba una buena proporción de la zona que ahora sería el este de Alemania.

En estas condiciones se dio la condonación. Quien quiera compararse con los alemanes de 1948 debería estar dispuesto a aceptar estar en esa situación.

Resaca helénica

Ideas sueltas sobre las elecciones griegas.

1) Syriza ha ganado las elecciones griegas con el 36,34% de los votos y ciento cuarenta y nueve diputados. Muchos califican de arrolladora la victoria pero es la primera vez que alguien arrolla en unas elecciones sin que le vote el 63,66% de los votos válidos a candidaturas y sin conseguir la mayoría absoluta pese a recibir una prima de cincuenta de diputados por ser la fuerza más votada.

2) Izquierda Unida lideró la reforma del sistema electoral español por considerarlo injusto. Supongo que el hecho de que con el 36,34% de los votos válidos a candidaturas se obtenga el 49,67% de los escaños les parecerá igual de injusto y le pedirán al nuevo Primer Ministro griego una reforma electoral.

3) Grecia necesita a Alemania; Alemania no necesita a Grecia.

4) Syriza será apoyada por la derecha a la derecha de Nueva Democracia. Algo al estilo de Vox. Para recuperar la dignidad y la exaltación patriótica no hay nada mejor que nacionalistas de derecha, que son los que lo saben hacer bien de siempre.

5) Las noches electorales ya no son lo mismo desde que existe la red 2.0