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Archive for the ‘España’ Category

Cuando Vox entró en el Parlamento de Andalucía, a la hora de investir a Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se escenificó un proceso de negociación, unos puntos de acuerdo y hasta algunos momentos de ruptura. Parecía que se estaba tensando la cuerda, pero era puro teatro porque ninguno de los participantes en el acuerdo de investidura iba a dejar a pasar la primera oportunidad real de desplazar al PSOE del gobierno andaluz. El que no quisiera el acuerdo iba a ser señalado y, en caso de repetir las elecciones, la alta abstención en las filas socialistas iba a desaparecer.

Al principio los populares y los de Ciudadanos comenzaron a cumplir los puntos del acuerdo con Vox religiosamente, pero alguien les debió abrir los ojos y decirles que Vox no tenía más remedio que apoyarles en las votaciones fundamentales, al igual que realmente no tenían ninguna opción en la investidura. Incluso la vez que presentaron una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, tuvieron que retirarla porque iban en contra de determinados puntos propios que se alcanzaban y eran coincidentes con el programa del gobierno.

Ayer en el Parlamento de Andalucía, el portavoz de la extrema derecha lo reconoció abiertamente: no tienen más remedio que apoyar a Moreno Bonilla, porque no tienen otra opción, por ahora. El PP puede prescindir del Vox y sus cosas y acusarle de preparar el camino a la izquierda si no votan con ellos, porque la estrategia de Vox es apoyar, siempre apoyar, haciendo creer que el voto dado a ellos y no a los populares mantiene el camino correcto.

Este camino es el que se sigue en Madrid y tiene como principal finalidad el “sorpasso”. Vox ofrece lo mismo y más y un liderazgo, que siendo malo, no es el despropósito de Díaz Ayuso. En Andalucía no tienen líder y lo de avanzar sin líderes solamente se puede hacer al inicio, pero ello no quiere decir que no presenten a un cantante o a un conocido presentador de la televisión y resuelvan el problema rápidamente.

Vox no tiene más remedio que apoyar. Si por su postura las medidas no se aprueban, serán los responsables de debilitar a la derecha. Entrar en sus juegos para que aparenten tener un poder, que ni poseen ni desean por ahora (para no sufrir desgaste), es remar de acuerdo con la estrategia del partido de extrema derecha.

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2016. España necesitaba evitar a toda costa unas terceras elecciones. Los medios decían que era necesario, imperioso, que Mariano Rajoy fuera investido Presidente del Gobierno por segunda vez. Un sector de dirigentes socialistas, blandiendo el sentido de Estado, consiguió la dimisión del entonces secretario general del PSOE y obtuvieron a las pocas semanas las abstenciones necesarias para que Rajoy fuera investido por mayoría simple en la segunda vuelta.

2019. España estaba nuevamente al borde de unas terceras elecciones. Los medios publican cálculos sobre a quién le ira mejor en las siguientes elecciones. Ninguno de los partidos de la derecha se ve impelido a facilitar la investidura en virtud del sentido de Estado, todo lo contrario critican todos los intentos de evitar las terceras elecciones. A nadie se le ocurre sacar los cuchillos internos para hacer presidente a alguien del otro lado del espectro.

En España el llamado “sentido de Estado”, que sería algo así como hacer sacrificios particulares por un bien común, solo se predica cuando esos sacrificios tiene que hacerlo la izquierda. La derecha nunca debe sacrificarse. Es exasperante oír llamadas a vender la polarización o la crispación basadas únicamente en el sacrificio de una parte del espectro político y de sus electores, incluso cuando son mayoritarios, a favor del otro sector y sus electores pese a que son minoritarios. Sentido de Estado es que únicamente se pueden renovar los órganos constitucionales cuando la derecha tenga la mayoría suficiente para trasladarla a esos órganos.

Sentido de Estado es el nombre de la frontera de ese territorio en el que la izquierda puede habitar en paz; un territorio cada día más pequeño. Sentido de Estado es no ir no contra el Estado, sino contra esos que se creen encarnación del Estado. Sentido de Estado es que un gobierno o un legislativo tiene más o menos poder dependiendo de cuál sea la mayoría.

Ese sentido de Estado es una perversión antidemocrática y no, como debería, respetar unos valores compartidos, porque una parte se ha abrogado la interpretación exclusiva y excluyente de esos valores que debieran ser de todo, incluso admitiendo dentro a quienes sin disimulo los desprecian. Sentido de Estado sólo es obligatorio para la izquierda.

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Cada día se publican cientos de artículos e informaciones que no tienen otra finalidad que crear ruido, entendiendo por ruido en este contexto una sensación negativa respecto del gobierno que no se basa en una serie de criterios construidos correctamente, sino de medias verdades, mentiras completas y eslóganes. Muchos periodistas y colaboradores toman de aquí y allí, especialmente de los argumentarios que reciben de otras entidades, sus opiniones y cada día el tono va subiendo porque todos necesitan descartar entre los gritos de miles de grillos.

No importa nada, lo importante es ser capaz de mantener el ruido constantemente para que los propios no se relajen, que se sientan constantemente amenazados incluso por las decisiones que los tuyos tomarían en el caso de estar en el poder. Y si no hay decisiones, se habla o inventan proyectos, o se establecen intenciones como verdades absolutas. Todo da igual con tal de mantener el nivel de ruido.

Ese nivel requiere de mucha financiación, porque son necesarios medios de toda naturaleza y numerosos escribanos para generar tantas páginas, impresas y/o digitales, tantos minutos “políticamente incorrectos” de radio o de televisión. Es necesario que el dinero fluya y para ello se defiende con todas las armas la piedra angular de la derecha mediática, que es la CAM de Aguirre, González, Cifuentes, Garrido y Ayuso.

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Determinados sectores políticos y jurídicos han recordado la existencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 para oponerla como un dique a la idea de reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de romper con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que la actual redacción posibilita e incentiva.

El Tribunal Constitucional consideró que la elección de los vocales de extracción judicial por parte de las Cortes sería conforme a la Constitución siempre y cuando se tomasen “ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara” para conseguir una finalidad, que no era otra que “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial” (FJ 13º).

Del texto de la sentencia se extrae claramente la existencia de una finalidad legítimamente constitucional (diversidad social y en el seno del Poder Judicial) y la existencia de “ciertas cautelas” y cita, como ejemplo de esas “ciertas cautelas” la exigencia de una mayoría de tres quintos.

La clave en la interpretación del Tribunal Constitucional no son los tres quintos. El Constitucional no tiene poder normativo, no es un poder constituyente, sino un garante de la primacía de la Constitución y su máximo intérprete y, aunque en ocasiones interpretar y normar puedan confundirse, tenemos aquí un ejemplo magnífico de la diferencia.

Indicar la necesidad de “ciertas cautelas” es establecer una criterio interpretativo para examinar la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985, que era la que se enjuició en esa sentencia y lógicamente es un criterio con proyección pro futuro como toda jurisprudencia.

La “mayoría cualificada de tres quintos” es citada como ejemplo o caso de esas “ciertas cautelas”, pero en ningún momento se dice que sea la única posible o que otras mayorías cualificadas u otros procedimientos electorales no puedan satisfacer el requisito hermenéutico de “ciertas cautelas”. Si el Tribunal Constitucional hubiera fijado la mayoría de tres quintos para los vocales de extracción judicial habría creado una norma constitucional, que es algo para lo que no tiene poderes.

La mayoría absoluta, que parece que va a ser el criterio establecido en la nueva norma, es también una mayoría cualificada y que se emplea en la Constitución para actos de suma importancia como es la aprobación de Leyes Orgánicas (muchas de las cuales regulan nuestros derechos fundamentales), la autorización para ratificar tratados que transfieren el ejercicio de facultades soberanas (así ingresamos en las Comunidades Europeas) o la censura y cese del Presidente del Gobierno.

Más de la mitad de los miembros del Congreso y del Senado para ratificar una elección no es pedir poco y más cuando para el elegir a una parte de los vocales (ocho de los veinte) sí requieren los tres quintos para ser elegidos. Esta reforma incorpora la experiencia del bloqueo y la búsqueda de remedios a éste que es un elemento nuevo en el juicio de constitucionalidad que el Tribunal habrá sin duda que acometer.

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A muchos nos ha resultado sorprendente que el Tribunal Superior de Justicia no haya ratificado las medidas de la Comunidad de Madrid que aplicaba las aprobadas por el Consejo Interterritorial porque la Comunidad no haya invocado una determinada ley en la exposición de motivos de la orden del consejero y que, al no haber sido invocada, no haya “título legal habilitante” para las referidas medidas.

El Derecho no está sujeto a prueba, salvo la norma consuetudinaria y el Derecho extranjero en casos de Derecho Internacional Privado. Son los tribunales los que conocen el Derecho y han de aplicarlo, lo que sintetiza en las palabras latinas iura novit curia. Si bien los letrados de las partes argumentan jurídicamente sus pretensiones, los jueces y magistrados solamente están vinculados a las pretensiones, no a sus razonamientos jurídicos y menos a las normas aducidas (da mihi factum, dabo tibi ius).

¿Qué consecuencia tiene esto? Que si alguien solicita al juez algo y funda su petición en una norma que no le confiere lo que pide, pero el juez conoce otra que sí, puede el juez perfectamente otorgarle su pretensión (y también en sentido negativo).

La aplicación es evidente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid conoce la norma que la Comunidad de Madrid no aduce como “título legal habilitante” para las medidas que solicita y además ha sido invocada por el Minisiterio Fiscal y así consta en la sentencia.

La pretensión del procedimiento de ratificación es confirmar o no la adeucación de las medidas al ordenamiento jurídico. El juez debe resolver sobre el sistema de fuentes y aquí el TSJ de Madrid no lo hecho, porque ha omitido una norma, por no ser invocada en la orden pero sí por el Ministerio Fiscal, para considerar la ausencia de “título legal habilitante”. El conocimiento judicial podía haber suplido esta carencia.

He repasado las últimas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (del orden contencioso-administrativo que es el que está entendiendo las ratificaciones) sobre el principio “iura novit curia” y una de las que profundiza en la cuestión (STS 18/12/2019, FJ 6º) dice:

Conforme a los principios de iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, el órgano jurisdiccional puede —y debe— fundar el fallo en el derecho adecuado a la solución del caso, pudiendo así emplear argumentaciones jurídicas propias y distintas de las invocadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas, […]

Hace unos meses, la STS 3/6/2020 FJ3º señala:

Desde el Derecho romano, rige también al caso el principio general procesal condensado en el aforismo ” da mihi factum dabo tibi ius” (dame los hechos, yo te daré el Derecho), muy vinculado al principio iura novit curia.

Tal principio de aportación de parte o de rogación, que continúa vigente -con matizaciones en el proceso contencioso-administrativo, pero justamente para reforzar los poderes y atribuciones del juzgador en orden a la prueba y a las pretensiones-, esencial en el ámbito procesal civil (también en el contencioso-administrativo y el social), indica la facultad de las partes -y la carga- de suministrar al Tribunal, en sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen preciso para apoyar sus pretensiones y la obligación del juez de resolver el litigio conforme a la norma aplicable al caso.

Y podemos recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: SSTC 111/1991, 144/1991 , 59/1992 , 88/1992, 90/1993, 258/1993, 112/1994, 222/1994, 165/1996 y 136/1998. De la STC 29/1999, fundamento jurídico 2º, merece la pena reproducir el siguientepárrafo:

“el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum- y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo iura novit curia, los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal”.

¿Por qué no aplicó el TSJ de Madrid una norma pertinente? ¿Por qué no la aplicó conociéndola y habiendo sido invocada por el Ministerio Fiscal? ¿No sería ya un problema de incongruencia y no en la no aplicación del Iura novit curia?

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Carmen Juan, subdirectora del programa “Julia en la Onda”, ironizaba ayer en twitter sobre las previsiones de aumento de empleo contenidas en los programas que van a ser financiados por la Unión Europea. Se prevén 800.000 nuevos empleos, lo que le hizo recordar a esta periodista los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González en 1982.

Como estos 800.000 puestos de trabajo forman parte del imaginario de la derecha entrada en años, aceptan acríticamente que fue una promesa no cumplida.

Si se miran los datos de la gestión de Felipe González parece el incumplimiento no fue tan mal. En 1982, año en que González ganó las elecciones, había en España 11.481.340 personas ocupadas. En 1996, cuando perdió las elecciones, había 12.871.350 ocupados. Es decir, el aumento de ocupados es de 1.390.010 personas, muy por encima de los 800.000 famosos.

Una cosa es no hacer periodismo de datos y otra es hacer periodismo sin datos.

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La Constitución confiere el ejercicio de la potestad legislativa a las Cortes Generales, con la salvedad de las circunstancias en las que el Gobierno puede dictar un Decreto-Ley o un Decreto-Legislativo. Las Cortes son las que hacen las leyes, que como todos sabemos son las normas superiores del ordenamiento.

El poder judicial es regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que como dice su nombre es una ley y, por tanto, debe ser aprobada por las Cortes Generales. El poder legislativo es el responsable de llenar de contenido la LOPJ que, al ser orgánica, escapa a una eventual modificación por parte del poder ejecutivo.

Ningún otro poder del Estado tiene la capacidad para parar una tramitación de una reforma de la LOPJ si así la aprueban las Cortes Generales. El único límite es el de constitucionalidad, que tendrá que ser determinado por el Tribunal Constitucional si se recurre a él.

El actual procedimiento de elección de vocales iguales a los judiciales de los de extracción parlamentaria, pero nada obliga a que sea así. De acuerdo con la doctrina de la STC 108/1986, fundamento jurídico 13º, pueden ser elegidos en sede parlamentaria o dentro de la carrera judicial y considera que la mayoría de tres quintos es una cautela. También es cierto que una mayoría absoluta es también una cautela, cierto que de menos intensidad, y una mayoría cualificada, siendo además la única forma de superar una situación de bloqueo que, constitucional en sus términos, no es querida en la norma suprema. La exigencia de una cautela no quiere decir que ésa sea la únicaq posible.

Nunca se debe olvidar que la norma es exigencia de cada momento y debe ser interpretadada de acuerdo al momento en el que se aplica, y muchos menos se debe considerar que un pronunciamiento sobre un caso determine todos los casos futuros tras treinta y cuatro años. La renovación parcial fue avalada recientemente, eso sí como posibilidad, en la STC 191/2016, 7º fundamento jurídico.

Las asociaciones judiciales, los partidos que vayan a votar en contra y todo ciudadano tiene el derecho a pronunciarse en contra del contenido de esta norma que todavía estar por definir, pero el derecho a definir lo que es la Ley le compete a las Cortes Generales. Dentro de la Constitución. No existe ninguna área del Derecho encomendada a las Cortes que requieran, para ser modificadas, mayorías facilitadoras de bloqueos fáciles y sin costes, salvo que lo exija la norma constitucional. Tampoco consta que las Cortes deban contar con el consentimiento de parte de los destinatarios de la norma.

La pretensión de crear una especie informe de Derecho constitucional consuetudinario está fuera de la arquitectura de la Constitución de 1978. Pero además es Derecho constitucional consuetudinario como tal es conservador y solamente es esgrimido cuando los proyectos de modificación legislativa, de modo que sería por añadidura un Derecho de ocasión.

Materialmente vivimos una situación en la que determinados órganos constitucionales se pueden renovar únicamente cuando la derecha tiene la representación mayoritaria que transfiere a estos, pero quedan bloqueados cuando es la izquierda la que tiene esa representación mayoritaria.

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En el debate de investidura el portavoz del PNV en el Congreso aconsejó a la Corona no dejarse instrumentalizar políticamente. La pasada semana volvió a recordar su desatendido consejo al señalarle al Rey que no decir nada cuando es utilizado por una parte del espectro político para criticar una decisión del Gobierno, es una forma de consentir esa instrumentalización y es igualmente una forma de participar. El presidente del gobierno vasco, Urkullu, manifestó en el parlamento que era necesario “republicanizar” la Monarquía, en el sentido de que la institución fuera ratificada en cada generación.

Un medio digital de derecha, Vóz Populi, ha atribuido esta posición de los nacionalistas vascos de derecha a la lucha política con Bildu y a la posición antimonárquica de este último partido. Es curioso cómo se construye un relato falso.

Falso porque el PNV avisó de un problema y aconsejó una postura, ha reiterado a la Corona la necesidad de distanciarse netamente de la instrumentalización y, además, acaba de ganar con soltura las elecciones vascas y lidera un gobierno de coalición con mayoría absoluta.

Si algún partido está siendo leal con la Corona es el PNV, porque es el único que señala los comportamientos nocivos y ofrece remedios, mientras los otros callan los problemas o alientan los comportamientos perjudiciales.

Alguien podría decir que lo de “republicanizar” queda poco leal. No es así por en primer lugar porque el término tiene varias acepciones y, en segundo lugar, la “republicanización” de la que habló Urkullu ha sido la legitimación que se ha usado durante los casi cuarenta años de reinado constitucional de Juan Carlos II: la Monarquía fue aceptada al aprobarse en referéndum la Constitución.

Al igual que nuestra desactualizada e irreformable Constitución se está volviendo un fósil viviente, la Monarquía contenida en ella ha perdido legitimación al pasar más de una generación sin posibilidad de pronunciarse ni sobre una ni sobre otra. La idea de generación constituyente, de sabores jeffersonianos, es una exigencia política y moral en torno a la soberanía de un pueblo respecto a sí mismo y una garantía de que las instituciones del Estado responden a la voluntad popular.

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Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia
(Teodoro García, secretario general del PP)

Si tuviera que recomendarle a alguien una selección de lecturas, una de las que estarían en esa lista, sería las páginas que Max Weber dedica a los tres tipos puros de dominación o legitimación. Proporcionan una capacidad de análisis increíble sobre el poder y sus justificaciones.

Decía este autor alemán, cuando trata de la rutinización del carisma, que desaparecido el líder carismático se crean formas de transmitir el carisma a los nuevos dirigentes y pone como ejemplo la ordenación sacerdotal. Las insignes palabra de Teodoro García, secretario general del PP, confunde lo que es nombrar a unos jueces con lo que es ordenar a unos sacerdotes. El Rey no les transfiere a los nuevos jueces ningún poder sobrenatural o natural de impartir Justicia, porque su selección y sus funciones están señaladas en el ordenamiento jurídico. En ninguna norma se señala que la presencia del Rey en un acto protocolario sea necesaria.

Podríamos conjeturar que Teodoro García piensa que eso de “en nombre del Rey” hace que toda la administración de la Justicia sea un acto vicario del monarca, y no es mál que un resto también protocolario de otra forma de dominación, la tradicional, en la que ningún funcionario lo era del Estado, sino del monarca.

No creo que Teodoro García tenga concepción alguna de lo que es la Monarquía Parlamentaria, ni siquiera sobre el Estado o la Democracia. Lo suyo es mantener alta la crispación, aunque haga el ridículo como ahora. Pese a ello debería saber el número dos del segundo partido de España que el ideal de los Estados contemporáneos no es lo carismático, ni lo tradicional, sino lo que Weber llamaba “legal con administración burocrática”, esto es, normas abstractas aplicadas por funcionarios profesionales. Y en el Poder Judicial esos funcionarios son los jueces.

¿Es lo anterior una pedantería de un bloguero? Es probable, pero ello no quita para que alguien que escala a un puesto relevante en la política de nuestro país conozca lo básico y no confunda al Rey de la Constitución de 1978 con un brujo que transmite su poder de hacer justicia a sus discípulo o con un monarca que gobierna el Reino como si fuera de su propiedad y hace que sus criados resuelvan los conflictos que surjan. Ése no es el Rey de la Constitución de 1978.

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Albert Rivera ha manifestado que su carrera política se hundió el día que levantó el veto al PSOE para formar gobierno. Ese veto fue un error, porque hoy podría ser Vicepresidente del Gobierno, con una coalición sostenida en una mayoría absoluta en el Congreso y, aunque el electorado suele castigar a los socios menores de las coaliciones, el partido hubiera estado en mejor posición que la que le dejó como herencia tras las Elecciones Generales de noviembre de 2019.

Como indican en El País, Rivera obvia por incómodas para su versión determinadas circunstancias, especialmente que el partido caía como un plomo en todas las encuestas, cuando se decidió a levantar el veto. La segunda circunstancia era que sus condiciones eran una trampa mortal para el PSOE días antes de las Elecciones, porque estaban llenas de posibles conflictos sociales que afectarían al núcleo de votantes socialistas, así como una serie de propuestas que requerirían la reforma constitucional.

La tercera circunstancia, relacionada con la primera, es que una parte de los votantes de Ciudadanos no eran reformistas, ni liberales, ni querían tocar nada del sistema económico o social. Rivera había estado alimentando un discurso identitario español, fundado en la oposición básicamente al nacionalismo catalán, y ahora toda esa masa de votantes había encontrado a alguien que era lo que ellos esperaban: identidad sin pagar peajes progres como el matrimonio homosexual o el aborto. Y los pactos madrileños y andaluces los avalaron, algo de lo que Rivero no se ha dado nunca cuenta.

Esos electores los había perdido antes de levantar el veto, aunque fuera de esa forma que a nadie le dio la impresión de que lo hiciera. Rivera ha sido un funesto estratega que siempre hacía lo contrario que decía, porque en vez de superar la polarización, hizo todo lo posible por intensificarla al máximo posible, hasta que los verdaderos expertos en polarización se llevaron a su público.

Es cierto que Ciudadanos, como partido, tiene muchas propuestas con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que aportan ideas al debate político. De eso no cabe duda. Pero es igualmente cierto que el liderazgo de Ciudadanos se ha dedicado a hacer una política a la contra y ese tipo de política se hace mejor desde los extremos del espectro político, con personajes como De Quintos o Girauta.

Nadie se ha creído tanto, sin haber sido nada, pero casi haberlo sido todo. Otro cadáver político más que deja Pedro Sánchez cuando parece que está acorralado.

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