Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘España’ Category

La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

Read Full Post »

Aguado y Ayuso saben que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es mala y la perspectiva es además negativa. Piden la ayuda del Gobierno de España. Parece que es la necesidad de confinamientos es Madrid es indiscutible y que los instrumentos jurídicos del gobierno regional no son los suficientes, por más que antes hubieran dicho que sí.

Ayuso y Aguado necesitan un estado de alarma pero no pueden pedirlo. El estado de alarma fue una de los caballos de batalla de la derecha contra el Gobierno de España y fue tildado de dictadura constitucional. Ayuso jaleó en sede parlamentaria las concentraciones contra el estado de alarma y se gustó al decir que éstas irían a más. Después de todas esas concentraciones, excesos retóricos y torticeras maniobras políticas que buscaban únicamente buscaban la derrota del Gobierno en una prórroga del estado de alarma, pedirlo resulta vergonzoso. Podría acarrear pérdida de apoyo en los sectores de la derecha mediática más exaltada, una pérdida de apoyo que sabemos que tiene un destino.

El segundo motivo es que Casado y todo el PP ha puesto como bandera de su formación la gestión de Ayuso. Pedir el estado de alarma es reconocer el desastre y pedirle al “dictador” que les resuelva la papeleta que ellos no son capaces. Saben además que ahora Sánchez no va a cargar con toda la responsabilidad, sino que la Presidenta de la CAM será la responsable de dirigir el estado de alarma en su territorio, de forma que poder culpar al Presidente del Gobierno es igualmente difícil.

Espero que Ayuso y Aguado tengan más en cuenta los intereses de los ciudadanos que los cálculos políticos arriba expuestos.

Read Full Post »

Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.

Read Full Post »

La Familia Real es un concepto que define ahora mismo a un grupo de seis personas: el Rey, la Reina, la Princesa, la infanta y los anteriores reyes. La Familia del Rey es más amplia. Ahora mismo las dos familias, la real y la del Rey, son fuentes de conflicto para la Corona.

Juan Felipe Froilán, hijo de la infanta Elena, ha conseguido que todos sepamos que tiene un coche nuevo, de muchas decenas de miles de euros y que sigue sin compromiso laboral conocido, que le permita financiar tales adquisiciones. Parece que ese coche le ha caído del cielo en su condición de Grande de España, no en su condición de trabajador o empresario.

¿Estoy haciendo demagogia barata? A algunos o a muchos les parecerá que sí, pero no es así. Mientras hemos pasado semanas escuchando que establecer un Ingreso Mínimo Vital que no llega a los quinientos euros al mes de incentivo para no trabajar, vemos como ese mismo sector considera normal que a un joven sin oficio ni merecimiento se le regale un coche. Para ellos ser de la Familia del Rey debe ser un esfuerzo más que suficiente.

Y esto toca un punto principal: la narrativa. En España tenemos una estructura política, la Monarquía, que pone en primer plano y ensalza a personas que no han tenido que hacer nada para estar allí, sean de la Familia Real como de la Familia del Rey. Hay una corte de pelotas en los medios de comunicación que lo mismos escriben una hagiografía a partir de hechos inexistentes o vienen a decir que, quitando todo lo demás, son seres humanos normales (la cuestión es el “todo lo demás”).

A la sociedad española se le propone como modelo de vida y de ejemplaridad pública personas que se lo han encontrado todo hecho. Es cierto que hay mucha telebasura que hace lo mismo, pero todos estaremos de acuerdo que no tiene la misma relevancia un pecado cometido (o muchos) en la programación de Telecinco que uno que tiene su propio título en la Constitución.

Nuestra primera norma nos enseña que para ser Jefe del Estado no hay que hacer nada, sino nacer. La práctica de la Monarquía nos enseña que esas familias tienen derechos muy superiores a los demás por su nacimiento. Con este princeps analogatum no necesitamos a Telecinco para introducir la semilla de que lo que se tiene no hay que ganárselo. Lo tenemos hasta en la Constitución.

Read Full Post »

Tras las prohibiciones castellanomanchegas y catalanas, fue la Junta de Extremadura la siguiente comunidad en anunciar que se disponía a cerrar los establecimientos dedicados a la prostitución. Dijeron que el Consejo de Gobierno del día 26 de agosto aprobó la decisión política de cerrar estos establecimientos. El día 3 se aprobó el instrumento jurídico que ha seguido, como era de esperar, la vía castellanomanchega, consistente no en definir qué se considera prostitución, ni definir el lugar (vía catalana), sino referirse al sentido normal de las palabras, sin detenerse en la licencia con la que operan. Cantabria también ha publicado la norma prohibitiva y lo ha hecho igualmente a través de la “vía castellanomanchega”.

Ayer un número extraordinario del Boletín Oficial de las Islas Baleares publicaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno que habilita a la persona titular de Sanidad a un amplio elenco de potestades, entre las que se encuentra el cierre de cualquier local abierto al público. Los baleares abrirían una nueva vía, que sería subsumir la actividad dentro de la una categoría mayor, la de establecimiento abierto al público. Habrá que ver si la decisión de la personal titular de Sanidad concreta más o no.

Read Full Post »

En España se valora mucho que algo dure “para toda la vida”. La fiabilidad es vista como positiva, pero esta afirmación encubre un reverso tenebroso: la falta de cuidado para eso que es “para toda la vida”.

Un estado social, como es definido en la Constitución (sí, dice eso, además en el artículo 1) tiene varios pilares fundamentales. La educación y la sanidad son dos de ellos y la epidemia ha llevado a la extenuación a los dos grandes servicios del Estado. Los sanitarios y los docentes llevan años denunciando la progresiva precarización, pero nadie les escuchaba. No hemos cuidado.

En marzo pudimos comprobar que la epidemia hacía saltar por los aires un sistema sanitario del que nos sentía orgulloso cuando tenía determinada incidencia. Se colapsaron plantas, se triplicó la demanda de UCI sobre camas disponibles, no había personal, se carecía de los materiales de protección y hasta comenzaron a escasear determinados medicamentos. Nuestros laboratorios no tenían capacidad para hacer los tests necesario y por no tener no había ni reserva de los reactivos necesarios. Descubrimos que nos faltaban respiradores y que la producción nacional de mascarillas era anecdótica.

A finales de agosto y principios de septiembre la sociedad española descubre que la mayoría de los colegios tienen aulas ridículas, mal ventiladas y que no se pueden de ampliar. Igualmente se han dado cuenta de que si hubiese ese espacio, no hay profesores y a pesar que llevar décadas oyendo quejas del paro universitario, las administraciones no se sienten capaces de encontrar a nuevos docentes (si no es otra cosa). Se ha comprobado que los medios informáticos de los centros educativos son escasos, que los servidores se caen con una clase conectada, que muchos alumnos no tienen modo de acceder a una formación telemática y en seis meses nadie ha buscado una solución real.

Cuando se habla de aumentar la inversión en educación y en sanidad, se contesta que hay que optimizar. Es una mentira. La experiencia de la pandemia lo que nos muestra no es más que estos dos grandes servicios han hecho mucho con menos de lo necesario, han mantenido vivos los servicios siendo financiados en defecto. No podemos tener centros de salud que se caen, servicios que no funcionan, inseguridad en el suministro de material, colegios sin espacio y con niños estabulados.

Nada de esto es nuevo, existía, pero no se veía. Además otras cuestiones, hace falta dinero, más dinero.

Read Full Post »

El ex director de El Mundo, David Jiménez, publicó el día 27 de agosto en la edición española de The New York Times un articulado de opinión titulado “El país donde las discotecas son más importantes que las escuelas”. El artículo ha aparecido hoy, 3 de septiembre, en la edición en inglés con el título “In Spain, Nightlife Is More Important Than Schools”.

La tesis del artículo se encuentra perfectamente enunciada por el título. ¿Es así? ¿Hay relación?

La hostelería en España ha presionado todo lo posible para poder abrir sus establecimientos lo antes posible. De hecho las primeras modificaciones del estado de alarma incluían relajaciones en el cierre de estos establecimientos. El motivo principal es que millones de españoles viven de la hostelería. El modelo económico que tenemos y no hemos hecho casi nada por cambiar (todavía se ríen cuando se habla de reindustrialización) se funda en un sector de servicios compuesto de pequeños y pequeñísimos empresarios y una gran cantidad de trabajadores precarios. Empresarios y trabajadores padecen las peores consecuencias de cualquier movimiento económico negativo.

Para bien o para mal (yo pienso que para mal), ésta es la estructura económica y es la que hay que atender ahora. No es que los españoles estuvieran gritando a las puertas de los bares (que alguno habría), sino que los dueños y los trabajadores estaban deseando abrir para poder sobrevivir.

¿Ha afectado en algo la apertura de la hostelería a la planificación de la reanudación de la actividad en Educación? No, no tienen nada que ver. La falta de planificación de la mayoría de las administraciones educativas regionales se hubiera dado tanto si la hostelería hubiera estado abierta, como cerrada, porque la hostelería no detrae recursos de las administraciones educativas. David Jiménez nos presenta un falso dilema, una falacia.

El problema no es que importen más los bares o las discotecas que la Educación, el problema es que la Educación no le importa a nadie.

David Jiménez ha sido director de El Mundo y no de la hoja parroquial de mi pueblo. Supongo que alguna vez sacaría un suplemento de Educación y alguna cuestión educativa, pero en primera plana de su medio solamente ha estado lo que ahora viene a criticarnos: el status de la asignatura de Religión. En este artículo dice que es un tema banal, pero incluso diciéndolo no renuncia a entrar en él y dar su opinión.

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto problemas que los docentes llevan años diciendo, pero que nadie atendía porque tienen muchas vacaciones.

El primer problema es la existencia de ratio en muchas aulas delirantes y ya no sólo de ratio alta, sino de acumulación de alumnos por metro cuadrado digno de un metro en hora punta. La solución a la ratio alta tiene dos vías: más espacios y más profesores que atiendan esos nuevos espacios.

Es una vergüenza que se haya racaneado hasta el extremo los solares dotacionales destinados a usos comunitarios que habían de dedicarse a centros de enseñanza. Tenemos muchos colegios encajonados, pequeños, con las clases justas al inaugurarse, porque o se ha preferido dar metros cuadrados a otros servicios que dan más prestancia a la administración de turno (mejor un gimnasio municipal que seis aulas más).

Otras veces sencillamente se ha ahorrado hasta el extremo en la edificación y hay centros que podían ser más grandes y no lo son porque los proyectos van al límite de las previsiones demográficas.

Pero eso nunca ha ocupado día tras día las portadas de El Mundo cuando David Jiménez lo dirigía. La han ocupados muchos asuntos urgentes, pero cuya caducidad da razón de la poca importancia que tenían.

Hay centros educativos donde hace mucho frío, otros donde hace mucho calor y no hay ninguna instalación. Eso no mereció portadas de El Mundo y quizá algún comentario de algún columnista diciendo lo débiles que son las nuevas generaciones y lo sensibles que son los docentes, que tienen muchas vacaciones.

En una afirmación de Jiménez parece querer congraciarse con los docentes, pero realmente es un modo de ataque. Dice que los docentes españoles están mal pagados. Es cierto que los docentes españoles, respecto a hace dos décadas, han perdido buena parte de su nivel de vida, pero nada que no hayan sufrido otros empleados públicos y menos que muchísimos trabajadores.

¿Por qué lo dice David Jiménez entonces? Porque apunta al argumento de que con sueldos mejores vendrían a la enseñanza mejores docentes y que los que estamos básicamente estamos aquí porque no valemos para otra cosa. Es un argumento erróneo desde su propio planteamiento porque la docencia termina llamando a muchas personas brillantes que quieres un sueldo decente y estabilidad profesional y que solamente encuentran trabajos basura. Un profesor de instituto es muy probable que gane bastante más dinero que un redactor de El Mundo de la misma edad: ¿según su criterio dónde estarían los mejores en un IES o en la redacción de El Mundo?

David Jiménez sabe de Educación lo mismo de cualquier tertuliano de nivel bajo. Es lógico porque lo educativo es complejo, intervienen muchos factores y actores y hay que dedicarle mucho tiempo y dedicación. A pesar de su desconocimiento, él no se ahorra su irrelevante opinión.

Es irrelevante porque después de este artículo en The New York Times no se ocupará de la Educación salvo que se sirva para escribir nuevamente en un medio como el neoyorquino. Porque aquí discotecas, hostelería o Educación solamente están al servicio de un titular que describa a una España de charanga y pandereta, que permita a David Jiménez ser publicado en la versión en español y en inglés de un medio prestigioso.

Read Full Post »

El pasado 31 de agosto el escritor Vila-Matas publicó en El País una pequeña y desconcertante pieza de opinión en la que relacionaba los bajos índices de lectura en nuestro país, con la apertura y el uso de los bares (poco según los responsables del sector) y el consiguiente aumento de casos de Covid-19. Señala que los amantes de la lectura no tienen necesidad de salir, que pueden aguantarse a sí mismos en soledad.

Los pobres argumentos de esta pieza de opinión, que no literaria, se caen cuando cualquier con una formación literaria de Bachillerato es capaz de señalar numerosos casos de escritores, que normalmente son grandes lectores, que han pasado de los libros a las mayores juergas sin ningún problema.

Nunca se ha visto contradicción entre el amor a las letras y el amor a la juerga (Generación del 27). La idea de Vila-Matas, sin saber cuál es su experiencia vital ni importarme lo más mínimo, transpira una concepción monacal del letrado, una tradición que ha existido y existe, pero que desde luego no es ni la única, ni la mayor, ni tiene ninguna preferencia sobre las demás.

Read Full Post »

Read Full Post »

Nuestro ordenamiento suele diferenciar entre “funcionarios o empleados públicos” y “autoridades”. En un proceso de toma de decisiones el funcionariado técnico emite informe fundado en sus conocimientos sobre la materia (de ahí lo de “técnico”), para que la autoridad competente tome la decisión. Pero la decisión no es el informe.

Ayer la ex presidenta Susana Díaz se quejaba que la Junta de Andalucía no hubiera pedido la intervención de la UME en el incendio de Almonaster la Real (Huelva) hasta que el incendio no ha sido colosal. Varios representantes del gobierno de coalición andaluz le respondieron que eran los técnicos lo que lo decidían si intervenía la UME o no.

El problema es que la respuesta es falsa. Los técnicos no pueden solicitar la intervención de la UME, sino las autoridades competentes. El Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia, aprobado por el Real Decreto 1097/2011, dice en su punto 4:

En las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave, relacionadas en el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

Nadie sabe los informes que tenían las autoridades de la Junta. Una autoridad puede decir que los informes técnicos no lo recomiendan, pero no puede decir que los técnicos son los que lo deciden porque en primer lugar está mintiendo y en segundo lugar denuncia su propia existencia superflua, dado que si los que deciden en última instancia son los técnicos ¿para qué sirve la autoridad de turno?

Read Full Post »

Older Posts »