Las consecuencias de la firma de Wert

Todavía no voy a decir nada sobre el Anteproyecto de la LOMCE, porque no he podido leerlo y solamente sé de éste por medio de mi ‘timeline’ tuitero. Tampoco sobre Esperanza Aguirre, y ganas tengo, porque no tengo demasiado tiempo y ella se merece una entrada de las buenas.

Realmente escribo para hablar de Wert. No sé si la LOMCE será buena o mala, lo que sí intuyo es que Wert no ha puesto una sola coma y dudo que se haya leído más de una página. El otro día escuché unas declaraciones en la que instaba a que los libros de los alumnos fueran prestados de unos a otros, cosa que se hace inmemorialmente sin necesidad de los consejos del ministro-tertuliano. Lo que el ministro-tertuliano no dice o, más bien, no sabe es que sus propias decisiones impiden seguir la práctica inmemorial ahora convertida en consejo ministerial.

La aprobación de la modificación de los contenidos de Educación para la Ciudadanía (que parece ser que era uno de los verdaderos problemas de los españoles) ha conseguido que todas las editoriales, siguiendo la normativa vigente, cambien los libros y todos tengan que ser nuevos. Y lo que no era más que una necesidad psicopatológica-ideológica de la derecha española se transforma en un gasto casi necesario para un buen puñado de conciudadanos. Creo que Wert debería comenzar a estudiar las consecuencias de su firma.

Aprobado general en Educación para la Ciudadanía


Los primeros exámenes de “Educación para la Ciudadanía” en la Comunitat Valenciana, donde hay que impartir esta asignatura en inglés, son desastrosos. El 99% de los alumnos han suspendido.

Ahora la “Consellería”, visto el desastre y que los padres van a comenzar a quejarse, arremete contra los profesores diciendo que más que han puesto un examen donde era más necesario saber inglés que los conocimientos de la materia.

No sé si en la “Consellería” son tontos o solamente se lo hacen. No es posible examinar de una asignatura sin que el examen sea también de la lengua que se emplea para la enseñanza. Sabemos que buena parte del fracaso escolar procede del insuficiente dominio de la lengua vehicular que impide tanto la comprensión de los conocimientos como la expresión de estos, si se tienen.

Si cupiese la posibilidad de examinar de “Educación para la Ciudadanía” o de cualquier otra asignatura que requiere expresión escrita sin conocer la lengua vehicular, yo podría irme a Rusia y sacarme nuevamente allí la licenciatura en Filosofía sin tener la más mínima idea de ruso.

Los de la “Consellería” no son tontos, se lo están haciendo. Realmente lo que están es planteando una salida a la situación que ellos mismos han creado. Están abonando la teoría de que son los profesores y no la peregrina decisión de la “Consellería” los responsables de esta lamentable situación, de forma que les resulte factible exigir responsabilidades disciplinarias a los profesores, a los que ellos acusan de ser los causantes de este desastre.

También están preparando un aprobado masivo por medio de reclamaciones al Servicio de Inspección argumentando la inadecuación de los instrumentos de evaluación con los contenidos. La “Consellería” les dirá a los inspectores (la mayoría nombrados provisionalmente y por tanto pendientes de una renovación) que sean sensibles a esas reclamaciones. Y en junio un mágico aprobado general.

Dar religión en inglés (o en francés)

Leí ayer una carta al director, en “El País”, en la cual un profesor de Educación para la Ciudadanía se quejaba amargamente de la situación que están viviendo en la Comunidad Valenciana.

Allí el PP ha decidido peregrinamente obligar a que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés y mandan a los inspectores para comprobar que se cumple esta orden. Hasta se están gastando un buen dinero público en poner a otros profesores como traductores al castellano o del valenciano al inglés. Pedía el profesor que el Ministerio de Educación (MEPSYD) tome cartas en el asunto.

Mientras la ministra Mercedes Cabrera decide qué hacer, si es que hace algo (dado que la noticia se conocía desde marzo), yo voy a proponer una idea. ¿Por qué no obliga a impartir la asignatura de religión en inglés o francés, dependiendo del idioma en el que estén matriculados los alumnos? Si es bueno que Educación para la Ciudadanía se enseñe en inglés, no hay que discriminar a la enseñanza religiosa.

Tres observaciones finales:

1) Tan malo es el nivel de inglés de los alumnos de la Comunidad Valenciana que el gobierno regional pone Educación para la Ciudadanía en ese idioma con la finalidad de que no se enteren de nada.

2) ¿Dónde están los que firmaron el “Manifiesto por la Defensa de la Lengua Común”? Que yo sepa el inglés no es “la lengua común” (como el castellano), ni de lejos una lengua española (como el valenciano). ¿Por qué no han dicho nada?

3) Si se decidiese que Religión hay que impartirla en inglés o en francés, todos los argumentos dados oficialmente por defender la opción del PP de Valencia serían aplicables.

Puestos a objetar

Dicen que miles de padres quieren presentar una “objeción de conciencia” contra la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”. A la hora de la verdad, por lo visto, los objetores caben en un taxi. No me voy a referir en este momento a una cuestión de cantidad sino de cualidad, a hablar sobre la objeción de conciencia a los contenidos curriculares.

Argumentan estos señores que ellos tienen un derecho omnímodo para decidir qué pueden escuchar sus hijos y qué no, qué parte de la razón les parece conveniente y cuál no. Después de esto podrán llegar objeciones de conciencia a la enseñanza de la teoría de la evolución, la explicación de Marx o la reforma protestante.

Los padres tienen derecho a formar a sus hijos según sus principios y este derecho están consagrado constitucionalmente. Pero éste o otros derechos no son absolutos, porque la comunidad tiene algo que decir en cómo se forman sus ciudadanos, en cómo la personalidad de los que van a formar su voluntad se hacen personas.

Si aceptamos la facultad omnímoda de los padres, cuando alguno lo solicite en conciencia, deberíamos incluir en nuestros programas escolares la superioridad de una raza sobre otra, la discriminación de la mujer o la destrucción del medio ambiente.

Representación y Educación para la Ciudadanía

El otro día una organización que dice representar a más ciento cincuenta mil familias y que propugna la mal llamada objeción de conciencia contra “Educación para la Ciudadanía” dio una patética rueda de prensa en una cafetería, posiblemente en la que tengan sus sesudas reuniones. Fue patético y evidenció que posiblemente los que hablaban solamente lo hacían en su nombre.

Dicen tener una representación que a todas las luces, en la materia de la mal llamada objeción, tienen pero creen tenerla por los propios engaños de contabilidad representativa que se dan en estas organizaciones de padres y madres.

El asunto es muy sencillo, aunque parezca complejo y lleva inventado mucho: se llama “comunicación de la representatividad”. Supongamos que unos padres tienen matriculado a sus hijos en un centro determinado, entonces quedan integrados casi automáticamente en la pertinente asociación de padres y de madres. Nadie sabe el porqué pero esa asociación pertenece a una federación provincial que a su vez se integra en una nacional.

Esos padres nada saben de que son contados como representados por una federación nacional de asociaciones, pero técnicamente lo son. El truco contable funciona normalmente a efectos propagandísticos, que es lo único que le importa generalmente a estas federaciones nacionales, pero el turco deviene en problema cuando hay una desproporción considerable, como la que hay, entre el número que se dice representar y el número de personas que van a las movilizaciones y que concurren a las acciones que convocan, siempre ínfimo respecto a la teórica representación.

La apariencia siempre se denuncia como falsa cuando es llevada a la acción, cuando tiene que demostrar sus verdaderas posibilidades. La representación se supone, por eso los representantes gustan tan poco de que sus representados les respalden públicamente, porque en ese momento se evidencia las muchas flaquezas que una representación supuesta tiene.

El mecanismo de la “comunicación de la representatividad” puede ser legítimo en ocasiones, aunque no es el más deseable, pero si se utiliza hay que ser conscientes de la evidente limitación que tiene este sistema, en especial porque los representados no sólo no conocen a sus representantes, sino que desconocen absolutamente que son representados ni por estas ni por otras personas.

EpC y la división del Catolicismo

La artificial polémica que han montado los obispos en torno a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” está empezando a tener efectos inesperados entre las filas del Catolicismo español. El episcopado ha instado a los padres a realizar una tontería (a la que se atreven a llamar “objeción de conciencia”).

Había un sector silencioso, que son las congregaciones y órdenes religiosas que son propietarias de los colegios y que tienen una larga experiencia en salir airosas de varias reformas educativas y de las orientaciones políticas más diversas. La FERE, que agrupan a casi toda la patronal de la enseñanza religiosa, ha indicado que dado que ellos son indudablemente católicos y que la asignatura permite es flexible (una favor de decir que no es ideológica, sin decirlo) ellos van a ofertar esta materia obligatoria a sus alumnos. Teniendo más experiencia en la vida cotidiana que los señores obispos, indican que todo ese conjunto de argumentos episcopales contra EpC puede ser empleado para objetar contra la “Religión católica”, incluso dentro de centros confesionales.

Los obispos, que dependen de la patronal, para tener un poco de éxito en esta aventura a costa del alumnado, han interpretado esto como una puñalada por la espalda y han lanzada a la siempre servil COMCAPA para atacar a los propietarios de los centros en los que estudian sus hijos.

Cuando la polémica interna se ha profundizado, se empieza a ver claramente que la batalla por la dominación interna de la educación católica está en el fondo de esta diatriba.

La COMCAPA, con serios problemas de representatividad real, reclama la gestión del dinero de los conciertos educativos, es decir, que los “padres católicos” sean los que controlen las cuentas y con ellos a los propietarios de los centros educativos.

Los obispos dicen que realmente los centros no son ni autónomos ni primariamente educativos, sino extensiones de las vacías y desoladas parroquias que pueblan la geografía patria. Hay que adoctrinar a los alumnos en los colegios, ya que a la parroquia no va nadie.

Los propietarios de los centros docentes, casi todos congregaciones y órdenes religiosas, están acostumbrados a soportar la ambición episcopal sobre sus centros y el deseo, normalmente disimulado, que tienen los obispos de convertirse en los directores provinciales de todos los centros católicos y encargarse de lo que a ellos les importa verdaderamente: gestión de los recursos económicos de los conciertos, administración de las propiedades anejas a los centros y la contratación del profesorado.

Las órdenes y congregaciones saben que ellos tienen dos recursos que siempre temen los obispos españoles. El primer recurso es sencillo y consiste en que todas (o casi) tienen estatuto de Derecho Pontificio, lo cual, a pesar de cierta separación competencial en materias pastorales, puede ocasionar desvelos a los obispos. El segundo es obvia: cualquier obispo de una diócesis española tiene dificultades para acceder a las instancias vaticanas para quejarse de esta o aquella orden en su territorio, mientras que las órdenes y congregaciones tienen normal en Roma sus sedes centrales y personal en constante contacto con los diferentes Dicasterios romanos, si no ocupando cargos directivos en la Santa Sede.

Al final la crisis de valores morales que era EpC, está manifestando la verdadera y grave crisis de valores dentro del Catolicismo, porque ahora, con la excusa de EpC, están tratando de hacerse con cuotas de poder, acceso directo a la feligresía, propiedades y capacidad para administrar dinero, que nunca hemos de olvidar que es dinero público.

EpC y los abusos sexuales en la diócesis de Rouco

El Tribunal Supremo la ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideraba que el Arzobispado de Madrid es responsable civil subsidiario de los abusos sexuales cometidos por un sacerdote sobre un menor de edad. Dicho de esta manera puede parecer críptico, por lo que intentaré aclararlo, en la medida de lo posible y de mis capacidades.

Cuando se produce una lesión hay dos tipos de responsabilidades, la penal que se satisface generalmente con penas privativas de libertad, y la civil que se satisface con el pago de indemnizaciones ya que la restitución es normalmente poco factible.

El Tribunal Supremo ha considerado que el Arzobispado de Madrid es responsable civil porque de su acción o inacción se ha producido el daño, aunque el único causante es el delincuente. El Arzobispado madrileño ha tenido un culpa “in vigilando”, es decir, en la vigilancia que tiene que tener sobre sus miembros y sobre lo que ocurre en sus instalaciones. Podemos decir, en términos coloquiales, que el Arzobispado ha pasado totalmente de lo que hacía este sacerdote y de lo que ocurría en sus edificios, como normalmente.

El Arzobispo de Madrid, cardenal Rouco, está más preocupado por lo que ponen los libros de libros de Educación para la Ciudadanía, que donde meten las manos sus curas. Quiere hacer entender a los padres que los profesores de Educación para la Ciudadanía van a corromper y pervertir a sus hijos, mientras que no vigila a sus propios pervertidos y corruptos sacerdotes, como en este caso. Los mismo el cardenal Rouco debería dar unas clases no de moralidad, sino de autocontrol mínimo entre algunos miembros del clero, en vez de dedicarse a denigrar a los profesores que, a partir de septiembre, van a impartir Educación para la Ciudadanía.