Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

Clasismo

Cuando digo que Susana Díaz (que tardó diez años en hacer Derecho) o que Verónica Pérez (dejó Económicas para dedicar a la política a los veinte) muestran la escasísima formación intelectual de la élite del PSOE de Andalucía. Una ausencia de formación intelectual, básica, que traspasa desgraciadamente la frontera de la ignoracia hasta llegar al cateterío.

Al decir esto se le acusa de clasista. No entiendo la acusación, porque lo que digo solamente sería clasista si estas personas no sacaron más provecho de sus estudios por problemas sociales. Y no fue el caso. Si Susana Díaz tardó diez años en terminar Derecho es porque prefería estar dando puñaladas en el interno de Juventudes Socialistas y en el del PSOE-A. Si a los veinte años Verónica Pérez dejó Económicas y a los veintiuno estaba cobrando un sueldo político, no es porque la pobreza la sacara de los estudios.

Desde sus inicios el movimiento obrero luchó contra la ignorancia. Los sindicatos y los partidos obreros fundaron universidades populares, bibliotecas en sus sedes, crearon agrupaciones musicales, becas y un millar de iniciativas para que los obreros y sus hijos pudieran salir de la ignorancia a las que la injusticia les había condenado.

Cuando la igualdad de oportunidades permite llegar a la Universidad independientemente de los recursos familiares, y más a mujeres como ellas que vivían en un área geográfica con una oferta universitaria grandísima, estar diez años para un título de cinco es tirar el dinero de los contribuyentes y abandonar los estudios para cobrar de la política es una diáfana declaración de intención vital.

Decirlo no es clasismo, porque la ignorancia voluntaria es patrimonio solamente de niños mimados, de los niñatos y de las niñatas.

La Educación en los Presupuestos Generales del Estado

Para saber cuánto va a gastar España en Educación fijarse en los Presupuestos Generales del Estado es una mala idea. ¿Por qué? Porque los gastos que están dentro de la política de gasto 32 (Educación) solamente son los que competen directamente al Gobierno de España (que solamente gestiona Ceuta, Melilla, servicio exterior y una parte de las becas).

La Educación es una de las políticas más descentralizadas que tenemos hay que observar qué gastan comunidades autónomas y corporaciones locales, especialmente las segundas. Las transferencias del Estado a comunidades y corporaciones locales no son finalistas, normalmente, de modo que será la decisión de éstas en sus respectivos presupuestos las que cierren el gasto educativo de España.

España no gasta algo más de dos mil millones de euros en Educación. Es una afirmación de ignorancia presupuestaria.

El infantilazo de Susana Díaz

El 28 de marzo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un Decreto-Ley en el que, entre otras cosas, se establecía una nuevo baremo para el acceso a las bonificaciones del servicio de guardería. Susana Díaz y su consejera de Educación mantienen que el nuevo baremo llega a más niños, lo que resulta sorprendente y se analiza el baremo.

En la anterior regulación existían seis tramos de renta: por debajo del 0,5 IPREM/per capita que implicaba la gratuidad, del 0,5 al 1 IPREM/per capita que implicaba una bonificación del 75%, del 1 al 1,5 IPREM/per capita que conllevaba un 50%, del 1,5 al 2 IPREM/per capita que daba derecho a un 25% y a partir de 2 IPREM/per capita que no daba derecho a bonificación.

Ahora hay más tramos. Se mantiene la gratuidad por debajo de 0,5 IPREM/per capita, de 0,5 a 0,6 IPREM/per capita se bonifica el 80% y va bajando un 10% conforme sume una décima el IPREM/per capita.

El resultado de todos estos cambios es que, con la excepción del primer tramo, todos los tramos de renta pagan más con este sistema, de hecho el incremento en el rango medio es el más grandes, porque hay personas que antes tenían el 50% de bonificación que ahora no tendrán nada, de modo que a un año (calculado como once mensualidades) una familia que gane entre 1,3 y 1,5 IPREM/per capita pasará a pagar 1.227,07€ y 1.533,84€.

Acaban de hacer oficialmente “ricos” a una parte importante de la población, una parte de la población que querrá pagar menos impuestos ya que un servicio señero lo han perdido.

Implicar a la mayoría

Los mecanismos del Estado del Bienestar requieren una gran financiación. Este dinero se obtiene normalmente a través de los impuestos. Los servicios recibidos por los ciudadanos, que debieran ser mayores y mejores que si cada cual tuviera que pagárselos, justifican el pago de esos impuestos más allá de la obligatoriedad legal. Que el Estado del Bienestar sea una cosa de todos o al menos de la inmensa mayoría posibilidad la propia subsistencia del sistema, ya que esa inmensa mayoría deseará mantener un sistema contributivo del que se beneficia.

Existe una tendencia, dentro de la izquierda, que está convirtiendo los servicios públicos en servicios de beneficencia o de socorro social. La idea de que no está bien que alguien que gane x reciba el mismo servicio que alguien que gana x/4, lleva a echar de los servicios públicos a una gran cantidad de ciudadanos, de la mayoría de los trabajadores, y forzarle a financiar por sí mismos esos servicios públicos que antes recibían mediante el pago de sus impuestos.

Si alguien tiene que pagar impuestos y además le dicen que debe pagarse privadamente los servicios públicos, se preguntará por el sentido de los impuestos. Y si además antes sí recibía un servicio o parte de éste y ahora tiene que sufragárselo, lo mismo pide pagar menos impuestos porque al fin y al cabo no recibe nada de ellos. Es lógico que se plantee el voto a opciones políticas que defienden una tributación menor. Las apelaciones a la solidaridad tienen más eco cuando la mayoría, la gran mayoría, se siente beneficiada en algún grado de esa misma solidaridad.

Un ejemplo magnífico de esta pésima política social lo encontrado en el Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, que reduce significativamente el número de potenciales beneficiarios entre las clases trabajadoras y, además, le sube el precio a parte de los grupos más débiles económicamente.

Susana Díaz, como la derecha más derecha, reduce lo social a lo caritativo.

Efectos estadísticos

El Presidente en funciones y candidato a la Presidencia ha anunciado en su segundo debate de investidura que va a promover las modificaciones pertinentes para paralizar las reválidas de ESO y de Bachillerato, quedando sin efectos académicos y permaneciendo solamente a efectos estadísticos, hasta el Pacto educativo que quieren proponer.

A mí las reválidas en sí no me parecen mal, porque tiene efectos beneficiosos en el estímulo de alumnos y de profesores. Me parecía mal cómo estaban configuradas y me parece aún peor la clarísima intención de hacer clasificaciones que terminan afectando a los alumnos, lo que Rajoy a llamado “efectos estadísticos”.

Uno de los problemas que tienen las pruebas PISA es que no tiene efecto académico y los alumnos que las realizan lo saben. En muchas ocasiones se hacen sin motivación, de modo que los resultados se pueden afectar. Ahora vamos a sumar una segunda prueba que va a clasificar centros y alumnos sin valor académico, una prueba en la que los alumnos no tendrán ningún incentivo para hacerla lo mejor posible.

En cuanto a la mera disputa política, hay que indicar que es es una promesa vacía la de Rajoy, porque este año la reválida no iba a tener efectos académicos, de modo que superarla no iba a ser necesario para titular. Aquí tenemos uno de los éxitos del PSOE de la Gestora: algo que viene en la normativa de aplicación.

La Disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) dice:

2. […] La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar sólo se realizará una única convocatoria.

El segundo párrafo del apartado 3 dice:

La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.

No ha aclarado Rajoy si la suspensión de efectos académicos implica que deja de ser instrumento para el acceso a la Universidad o si piensa presentar una modificación de esta disposición de la LOMCE.

Inflando notas

Se está terminando junio y las diversas olas de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida popularmente con el nombre de “Selectividad”. El otro día terminé leyendo una noticia, de un medio valenciano, sobre los centros que “más inflaban” las notas en Bachillerato.

La clasificación se basaba en la diferencia entre la nota de Selectividad (entendemos que de la fase general). Da la impresión de que los alumnos han recibido una mejor calificación de la que han podido obtener en las pruebas de Selectividad. Pero esto no tiene que ser así.

Tomemos como referencia la ordenación del Bachillerato LOE para el “Territorio MECD” (que es el de estas Selectividad). Supongamos que las calificaciones de un alumno o alumna han sido las siguientes:

Bachillerato 1
Ese alumno o esa alumna obtiene en la fase general (Lengua, Historia de España o Historia de la Filosofía e Idioma Extranjero) las mismas calificaciones que obtuvo en el Bachillerato.

PAU 1
Lo sorprendente es que hay una diferencia de 0,97 puntos entre el Bachillerato y la Selectividad con las mismas notas. ¿De dónde procede la diferencia entre el expediente de Bachillerato y las notas de la Selectividad? La media de Bachillerato está compuesta por trece asignaturas más que las cuatro calificadas en la fase general, de modo que si estas trece asignaturas tienen una media mayor que la nota de Selectividad en cuatro asignatura dará la impresión de inflado.

Esto se corrobora con el caso contrario, esto es, una media de Bachillerato inferior a la nota de Selectividad.

Bachillerato 2
PAU 2
Los listados de centros educativo donde se comparan las notas de Selectividad con las de Bachillerato son incorrectos, porque comparan una media de diecisiete notas de diecisiete asignaturas con una media de cuatro exámenes.

Lo correcto sería comparar la media de esas cuatro asignaturas de Selectividad con el resultado en sus respectivos exámenes. La mera resta de notas no dice nada sobre si se han inflado o no las calificaciones. Y es que en lo referente a la educación hay mucha ganas de titular y clasificaciones y poca de trabajo serio con los datos.