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Archive for the ‘Educación’ Category

En España se valora mucho que algo dure “para toda la vida”. La fiabilidad es vista como positiva, pero esta afirmación encubre un reverso tenebroso: la falta de cuidado para eso que es “para toda la vida”.

Un estado social, como es definido en la Constitución (sí, dice eso, además en el artículo 1) tiene varios pilares fundamentales. La educación y la sanidad son dos de ellos y la epidemia ha llevado a la extenuación a los dos grandes servicios del Estado. Los sanitarios y los docentes llevan años denunciando la progresiva precarización, pero nadie les escuchaba. No hemos cuidado.

En marzo pudimos comprobar que la epidemia hacía saltar por los aires un sistema sanitario del que nos sentía orgulloso cuando tenía determinada incidencia. Se colapsaron plantas, se triplicó la demanda de UCI sobre camas disponibles, no había personal, se carecía de los materiales de protección y hasta comenzaron a escasear determinados medicamentos. Nuestros laboratorios no tenían capacidad para hacer los tests necesario y por no tener no había ni reserva de los reactivos necesarios. Descubrimos que nos faltaban respiradores y que la producción nacional de mascarillas era anecdótica.

A finales de agosto y principios de septiembre la sociedad española descubre que la mayoría de los colegios tienen aulas ridículas, mal ventiladas y que no se pueden de ampliar. Igualmente se han dado cuenta de que si hubiese ese espacio, no hay profesores y a pesar que llevar décadas oyendo quejas del paro universitario, las administraciones no se sienten capaces de encontrar a nuevos docentes (si no es otra cosa). Se ha comprobado que los medios informáticos de los centros educativos son escasos, que los servidores se caen con una clase conectada, que muchos alumnos no tienen modo de acceder a una formación telemática y en seis meses nadie ha buscado una solución real.

Cuando se habla de aumentar la inversión en educación y en sanidad, se contesta que hay que optimizar. Es una mentira. La experiencia de la pandemia lo que nos muestra no es más que estos dos grandes servicios han hecho mucho con menos de lo necesario, han mantenido vivos los servicios siendo financiados en defecto. No podemos tener centros de salud que se caen, servicios que no funcionan, inseguridad en el suministro de material, colegios sin espacio y con niños estabulados.

Nada de esto es nuevo, existía, pero no se veía. Además otras cuestiones, hace falta dinero, más dinero.

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La captura anterior es una noticia de hoy de El País. Dice la redactora que el sistema de contratación es un galimatías y en el reportaje lo es, porque parece que la periodista no se ha enterado de mucho y que las distintas administraciones educativas le han vendido todas las burras. Tener periodistas especializados, por ejemplo en Educación, en un medio que pide 10€/mes por una suscripción digital, debería ser un imperativo. Y claro la redactora habla con las administraciones educativas y otros actores del sistema y cada cual le vende su burra, que acaba reflejaba en el texto.

Las plazas que no se han obtenido a través del concurso-oposición se cubrenpor medio de un procedimiento conocido como “bolsas de trabajo”. Es un procedimiento reglado que primero criba que los candidatos reúnan los requisitos y luego los ordena en función de sus méritos. Lo habitual es que haya una bolsa por especialidad, o incluso sub-especialidad, y cada una de ella tenga miles de integrantes. Puede suceder que en una especialidad haya pocos candidatos, pero no deja de ser una excepción. Cuando hay plazas vacantes para cubrir, se llama a los candidatos de la bolsa por orden.

¿Por qué si las administraciones tienen en casi todas las especialidades más candidatos que plazas vacantes a ofertar hay esa desesperación? La única respuesta que se ocurre es que quieran ahorrarse el sueldo del 1 de septiembre al 15 de septiembre y que esos profesores se incorporen el primer día de clase. En Andalucía está prevista una adjudicación masiva para los candidatos de las bolsas el día 14 y estos llegarán a los centros el primer día de clase.

Están haciendo lo que las administraciones educativas hacen siempre: racanear. Un racaneo consistente en no sustituir a profesores hasta que han pasado varias semanas (pese a que la normativa ya no lo exige) en nombrar a los profesores de las bolsas el día de antes o en esperar que una clase supere la máxima “ratio” legal para dotar una nueva unidad.

A las administraciones educativas se le están viendo todas las vergüenzas. Al menos la prensa no debiera encubrírselas.

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El ex director de El Mundo, David Jiménez, publicó el día 27 de agosto en la edición española de The New York Times un articulado de opinión titulado “El país donde las discotecas son más importantes que las escuelas”. El artículo ha aparecido hoy, 3 de septiembre, en la edición en inglés con el título “In Spain, Nightlife Is More Important Than Schools”.

La tesis del artículo se encuentra perfectamente enunciada por el título. ¿Es así? ¿Hay relación?

La hostelería en España ha presionado todo lo posible para poder abrir sus establecimientos lo antes posible. De hecho las primeras modificaciones del estado de alarma incluían relajaciones en el cierre de estos establecimientos. El motivo principal es que millones de españoles viven de la hostelería. El modelo económico que tenemos y no hemos hecho casi nada por cambiar (todavía se ríen cuando se habla de reindustrialización) se funda en un sector de servicios compuesto de pequeños y pequeñísimos empresarios y una gran cantidad de trabajadores precarios. Empresarios y trabajadores padecen las peores consecuencias de cualquier movimiento económico negativo.

Para bien o para mal (yo pienso que para mal), ésta es la estructura económica y es la que hay que atender ahora. No es que los españoles estuvieran gritando a las puertas de los bares (que alguno habría), sino que los dueños y los trabajadores estaban deseando abrir para poder sobrevivir.

¿Ha afectado en algo la apertura de la hostelería a la planificación de la reanudación de la actividad en Educación? No, no tienen nada que ver. La falta de planificación de la mayoría de las administraciones educativas regionales se hubiera dado tanto si la hostelería hubiera estado abierta, como cerrada, porque la hostelería no detrae recursos de las administraciones educativas. David Jiménez nos presenta un falso dilema, una falacia.

El problema no es que importen más los bares o las discotecas que la Educación, el problema es que la Educación no le importa a nadie.

David Jiménez ha sido director de El Mundo y no de la hoja parroquial de mi pueblo. Supongo que alguna vez sacaría un suplemento de Educación y alguna cuestión educativa, pero en primera plana de su medio solamente ha estado lo que ahora viene a criticarnos: el status de la asignatura de Religión. En este artículo dice que es un tema banal, pero incluso diciéndolo no renuncia a entrar en él y dar su opinión.

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto problemas que los docentes llevan años diciendo, pero que nadie atendía porque tienen muchas vacaciones.

El primer problema es la existencia de ratio en muchas aulas delirantes y ya no sólo de ratio alta, sino de acumulación de alumnos por metro cuadrado digno de un metro en hora punta. La solución a la ratio alta tiene dos vías: más espacios y más profesores que atiendan esos nuevos espacios.

Es una vergüenza que se haya racaneado hasta el extremo los solares dotacionales destinados a usos comunitarios que habían de dedicarse a centros de enseñanza. Tenemos muchos colegios encajonados, pequeños, con las clases justas al inaugurarse, porque o se ha preferido dar metros cuadrados a otros servicios que dan más prestancia a la administración de turno (mejor un gimnasio municipal que seis aulas más).

Otras veces sencillamente se ha ahorrado hasta el extremo en la edificación y hay centros que podían ser más grandes y no lo son porque los proyectos van al límite de las previsiones demográficas.

Pero eso nunca ha ocupado día tras día las portadas de El Mundo cuando David Jiménez lo dirigía. La han ocupados muchos asuntos urgentes, pero cuya caducidad da razón de la poca importancia que tenían.

Hay centros educativos donde hace mucho frío, otros donde hace mucho calor y no hay ninguna instalación. Eso no mereció portadas de El Mundo y quizá algún comentario de algún columnista diciendo lo débiles que son las nuevas generaciones y lo sensibles que son los docentes, que tienen muchas vacaciones.

En una afirmación de Jiménez parece querer congraciarse con los docentes, pero realmente es un modo de ataque. Dice que los docentes españoles están mal pagados. Es cierto que los docentes españoles, respecto a hace dos décadas, han perdido buena parte de su nivel de vida, pero nada que no hayan sufrido otros empleados públicos y menos que muchísimos trabajadores.

¿Por qué lo dice David Jiménez entonces? Porque apunta al argumento de que con sueldos mejores vendrían a la enseñanza mejores docentes y que los que estamos básicamente estamos aquí porque no valemos para otra cosa. Es un argumento erróneo desde su propio planteamiento porque la docencia termina llamando a muchas personas brillantes que quieres un sueldo decente y estabilidad profesional y que solamente encuentran trabajos basura. Un profesor de instituto es muy probable que gane bastante más dinero que un redactor de El Mundo de la misma edad: ¿según su criterio dónde estarían los mejores en un IES o en la redacción de El Mundo?

David Jiménez sabe de Educación lo mismo de cualquier tertuliano de nivel bajo. Es lógico porque lo educativo es complejo, intervienen muchos factores y actores y hay que dedicarle mucho tiempo y dedicación. A pesar de su desconocimiento, él no se ahorra su irrelevante opinión.

Es irrelevante porque después de este artículo en The New York Times no se ocupará de la Educación salvo que se sirva para escribir nuevamente en un medio como el neoyorquino. Porque aquí discotecas, hostelería o Educación solamente están al servicio de un titular que describa a una España de charanga y pandereta, que permita a David Jiménez ser publicado en la versión en español y en inglés de un medio prestigioso.

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Comencemos con este maravilloso tweet del vicepresidente madrileño:

Algunos comentarios:

1) El partido con que el Aguado gobierna, es decir el PP, y el partido que es sostén último de su gobierno, esto es Vox, votaron en contra de la prórroga del estado de alarma, que es el instrumento político perfecto que la Constitución establece para situaciones como la que vivimos de pan de Covid-19. Luego los problemas jurídicos no son ni estructurales, del diseño constitucional, ni responsabilidad del Gobierno de España, sino consecuencia y responsabilidad directa de las decisiones de dos importantes grupos parlamentarios. Curiosamente a ellos no les hace ningún reproche.

2) La existencia de lo que él denomina “17 legislaciones distintas” y yo preferiría denominar “normativas” es una consecuencia de lo anterior. La retórica del “1 contra 17” intenta esconder el debate sobre la cualidad dentro del debate sobre la cantidad. En lo que Kant llamada la “Filosofía ambiental” se considera que lo simple, lo unitario, es mejor que lo disgregado, lo múltiple o lo diferente, de forma que muchos se suben al carro de esta idea que proviene de Grecia y está en nuestro mentalidad, para afirmar que siempre 1 es mejor que 17.

3) El debate que debería tenerse es si las normativas son buenas o no lo son. Se presupone que la variedad implica maldad por sí y que la unicidad bondad. No se habla de cuáles de las normativas han probado ser más efectivas, qué practicas mejores y cuáles peores y así, evaluando la multiplicidad de enfoques mejorar. No, dogmáticamente se afirma que una sola normativa es mejor porque sí.

4) En cuestiones como la Educación no tiene ningún efecto la existencia de diecisiete normativas, porque no hay ningún profesor, ni ningún alumno que simultáneamente dependa de dos administraciones educativas. Lo importante es que la regulación de su región sea buena, efectiva y se aplique correctamente.

5) Si Aguado quiere dejar de tener “temas jurídicos” solamente tiene que pedirle al Gobierno de España que establezca el estado de alarma en la totalidad o en parte de la Comunidad de Madrid. Entonces el control será doble: el del Congreso en las eventuales prórrogas y el de los tribunales en la posibles impugnación de la normativa dictada en aplicación del estado de alarma. Si por “temas jurídicos” entiende Aguado la eliminación de controles, como pidió su colega castellano-leonés, entonces debe saber que propugna actuaciones muy alejadas del espíritu y la norma de nuestra Constitución.

6) Y en las medidas contra la pandemia el problema no es cuántas medidas tomamos y quién es el emisor de esas medidas, sino la calidad de las mismas. Para nada sirve un protocolo nacional para Educación, cuando lo que se necesitan son treinta mil buenos protocolos, uno por cada centro y es lo que lamentablemente los dirigentes autonómicos no han sabido hacer.

7) Y llegamos al otro punto cardinal. A Aguado y al gobierno que vicepreside todo esto le da igual, porque sabotean siempre toda iniciativa del Gobierno de España. Ellos solamente quieren que el Gobierno de España retome el mal llamado “mando único” para poder responsabilizarlo de su incapacidad y desidia. Es por eso retórica y no llega a ser ni una idea política.

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Desde hace mucho tiempo se extiende por el mundo educativo que los centros docentes no son centros sociales, ni sustitutivos de otros servicios. La Educación tiene un valor intrínseco y no es un lugar donde aparcar niños, porque no sabemos dónde o no tenemos con quién dejarlos.

Siendo esto cierto, conviene no exagerarlo, porque podemos llegar a conclusiones indeseables. Las sociedades contemporáneas son enormemente complejas, donde las interrelaciones sociales son necesarias para la marcha del sistema en su conjunto y para que sus partes, los individuos, puedan vivir con dignidad.

La Educación no es un aparcadero de niños, pero no es un ente que haya de vivir fuera de la realidad circundante. Los centros de enseñanza, guste o no, son instrumentos para la conciliación y no los hace peores, sino que posibilita que muchas personas se pueden incorporar al mercado laboral (especialmente las mujeres) y que las familias puedan tener mejores ingresos (especialmente las desfavorecidas).

El discurso que dice que la educación es un proceso de conocimiento o de sabiduría que se sitúa más allá de los condicionantes sociales e institucionales.

Es una especie de neosocratismo, en el que la edución del conocimiento se da y nada más tiene que ver. Un neosocratismo que ignora precisamente el contexto de Sócrates, que si bien no cobraba por su enseñanza (como los pérfidos sofistas y los docentes desde entonces), solamente tenía alumnos de las clases altas, los únicos que podían permitirse pasar el día con su maestro dialogando. Los esclavos obviamente no importaban, los metecos no eran ni ciudadanos y los jornaleros no iban a perder un día de trabajo para escuchar a alguien (por eso ir a la asamblea del pueblo era algo remunerado).

Método mayéutico, diálogo, búsqueda del conocimiento en los conocimientos anteriores, conciencia de la propia ignorancia o sentido crítico, pero solamente para los que se lo pueden permitir. Así fue la enseñanza de Sócrates.

Quien quiera defender el ideal socrático de la educación como camino hacia la sabiduría y nada más, está en su perfecto derecho, pero si esa persona es docente ha de ser consciente que ese ideal excluye a la mayoría de sus alumnos, que no son nobles atenienses, sino hijos de padres que necesitan poder ir a trabajar.

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En Andalucía, como en otras regiones, hay un movimiento de padres dispuestos a no enviar a sus hijos en edad de escolaridad obligatoria a las clases en caso de que no se les garantice niveles altos de seguridad contra el Covid-19.

La Consejería de Educación amenazó, desde el principio, a esos padres con aplicar el Protocolo de Absentismo (que mencionaremos más adelante). El vicepresidente Marín, de Ciudadanos como los de Educación, dijo inicialmente que serían comprensivos y hoy mismo se ha unido a la línea de la Consejería remitiéndose al Protocolo de Absentismo (fundamentalmente la Orden de 19 de septiembre de 2005).

El artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Educación establece como obligación la escolarización de los seis años dieciséis años, concretando la disposición constitucional del artículo 27.4. No hay dudas en este punto.

El Protocolo (artículo 9 de la Orden) prevé una serie de medidas que si fracasan se ha de trasladar “información a la Fiscalía de Menores y a la Administración con competencia en materia de menores”.

El Protocolo de Absentismo se suele aplicar a situaciones como dejadez, desarrollo de actividades laborales o prelaborales, necesidad de ocuparse de hermanos por trabajo de los padres o situaciones que impiden o dificulta la asistencia como es la toxicomanía de los padres o la desestructuración familiar (tomado del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de noviembre de 2003). Este absentismo no es el previsto por el Plan Integral y mucho menos al que intenta dar respuesta la Orden de 19 de septiembre que lo aplica, de modo que podría haber dudas sobre si el absentismo por motivo “epidemiológico” se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Orden.

Salvo excepciones esta situación de absentismo se da ordinariamente en entornos sociales con poca capacidad social y económica de respuesta ante la actuación de la Administración.

La Junta actúa sin un oponente real, pero éste no es el caso que nos ocupa. Los padres que se están planteando esta posibilidad son padres que tienen los medios económicos para hacerla posible, o bien porque pueden pagar a alguien que se quede con sus hijos mientras ellos trabajan, o bien pueden permitirse no trabajar para ocuparse de sus hijos. Los que no pueden ni pagar, ni dejar de trabajar no ven factible esa posibilidad.

Es decir, son familias con recursos sociales y económicos para hacer frente a la Administración desde el primer momento. Si eso le unimos la definición de absentismo del Protocolo (artículo 5) tenemos abierto el melón. Dice este artículo:

1. […] se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique.

Las justificaciones de la asistencia es necesariamente una relación abierta y hay que debatir caso a caso si es justificada o no la inasistencia. Abogados con informes de médicos sobre las deficiencias del centro en cuestión pueden fundar sólidamente la falta de seguridad como causa justificada de asistencia.

Además, y ahora llega lo interesante, pueden comenzar a utilizar medios jurídicos de toda naturaleza para que se exijan responsabilidades disciplinarias a quiénes tienen abierto el centro con esa deficiencia. Y cuando se dice todo es todo. Pongamos el caso que unos padres le aplican el Protocolo y a las dos semanas hay que cerrar el centro por un brote: ¿quién ha actuado responsablemente?

El temor a verse involucrados en procesos penales puede llevar a muchos funcionarios a pedir que sean sus superiores los que tomen y firmen hasta la más pequeña de las decisiones y no sé si ellos a la hora de la verdad tendrían la misma gallardía que ante los medios de comunicación. Ojo, además esos padres son los que tienen el perfil de los votantes del gobierno andaluz.

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La autonomía de los centros educativos es uno de los grandes conceptos de la legislación educativa. Nadie sabe muy bien qué es, pero todo el mundo sabe lo que sucede cuando la Administración la invoca.

La autonomía de los centros se encuentra regulada en el Capítulo II del Título de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE). No os voy a aburrir con un análisis pormenorizado de cada uno de los preceptos, pero sí os diré que está lleno de límites, de supervisiones para lo nimio, de autorizaciones para cualquier decisión que se salga de lo establecido generalmente, de órdenes, instrucciones, mandatos y prohibiciones.

Cuando el intérprete intenta descubrir qué entiende la norma legal por “autonomía de los centros” puede llegar a la conclusión de que consiste en decidir el color de las paredes. Si el intérprete es docente sabe que ni eso y que recibirán instrucciones señalando qué fuente y tamaño de letra se debe emplear en las programaciones, el formato del hipervínculo o incluso, como alguien me comentó en Twitter, ordenar bajo implícita amenaza que la programación debía presentarse en dos columnas.

La Ley insiste en el Proyecto educativo, pero su contenido está absolutamente definido por medio de normas reglamentarias. Es prácticamente imposible encontrar algo que no esté definido previamente y, si alguien lo encuentra, aparecen las “Instrucciones de inicio de curso” para tapar todos los huecos, tomar las decisiones posibles, dejando a los equipos directivos no ya elección del color de las paredes, sino el tono, siempre de acuerdo con el inspector y autorización final del delegado.

¿A qué viene toda esta perorata? A señalar algo muy sencillo: la autonomía de los centros establecida por Ley es irreal y de esa irrealidad es autora la misma Ley que la establece, los reglamentos que la desarrollan y la práctica administrativa. Ha quedado como un concepto muy bonito y sin contenido real.

Que sea un concepto no vacuo no quiere decir que no sea un concepto útil. Es sumamente útil, porque cuando hay problemas, la Administración se desentiende del problema y lo dejan en manos del equipo directivo para que si no encuentran solución, sean ellos los responsables.

El ejemplo paradigmático lo estamos viviendo estos días. En virtud de la autonomía de los centros (recuerden que la Administración decide hasta la fuente de letra que se utiliza) han descargado en los centros la elaboración de los planes para la pandemia en sus centros, donde normalmente no hay ningún sanitario entre el claustro. Dicen que los organismos sanitarios asesorarán a los centros.

Debería ser al revés: los organismos sanitarios deberían hacer el plan con la asesoría, sobre el funcionamiento en el terreno, de los equipos directivos. Y deberían ser los delegados quiénes firmen esos planes, asumiendo toda la responsabilidad. ¿Cómo puede ser responsable del plan del Covid alguien que no puede decidir que a una optativa van juntos los de 3ºA y los 3ºB y no con los 3ºC sin que la Administración lo ratifique?

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Las Comunidades Autónomas, especialmente las que tienen un gobierno de diferente signo al Gobierno de España, reclamaron que se les dejase gestionar la desescalada. Para muchas de ellas el objetivo político estaba cumplido pues el “Mando Único” prácticamente no había podido incidir en sus ámbitos de gestión, pero sí había sido ocasión para culpar al Gobierno central de todas las imprevisiones, chapuzas, escasez de material e incapacidad de las que eran responsables.

Una vez en la “cuesta abajo” de curva no tenía sentido el “Mando Único”, no se fuera a llevar el Gobierno central el mérito del descenso. Querían llevárselo todo y lo consiguieron. El problema ha venido cuando se han dado cuenta de que las cosas no iban a discurrir como idearon. Y han comenzado a pedir al Gobierno de España que tome medidas (no puede), para poder culparle de los efectos de su desidia de estos meses.

El argumento es el de siempre: no puede haber diecisiete vueltas al cole, sino una”. Y ahí muestran su gran ignorancia. Debe haber tantos planes de vuelta al cole como centros educativos haya en España (casi 35000), porque los espacios, alumnos, horarios, particularidades, profesorado, situación urbana o rural, etc hacen que necesitemos muchas decisiones específicas.

Ante esto llegan los inútiles, como el consejero andaluz Imbroda, y dicen que bien, que eso está bien, que los equipos directivos se encarguen y así envía el marrón para abajo. Es evidente que un equipo directivo debe tener mucho que decir sobre el plan de su centro, pero también los técnicos de Educación y de Sanidad, de forma que el plan de vuelta al cole debería ser redactado entre todos y firmado por el Consejero o su delegado en la provincia que se trate, asumiendo la responsabilidad personalmente.

¿Veremos esto? No. ¿Qué veremos? Que cuando surjan problemas intentarán culpar como sea a los equipos directivos.

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Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

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Cuando digo que Susana Díaz (que tardó diez años en hacer Derecho) o que Verónica Pérez (dejó Económicas para dedicar a la política a los veinte) muestran la escasísima formación intelectual de la élite del PSOE de Andalucía. Una ausencia de formación intelectual, básica, que traspasa desgraciadamente la frontera de la ignoracia hasta llegar al cateterío.

Al decir esto se le acusa de clasista. No entiendo la acusación, porque lo que digo solamente sería clasista si estas personas no sacaron más provecho de sus estudios por problemas sociales. Y no fue el caso. Si Susana Díaz tardó diez años en terminar Derecho es porque prefería estar dando puñaladas en el interno de Juventudes Socialistas y en el del PSOE-A. Si a los veinte años Verónica Pérez dejó Económicas y a los veintiuno estaba cobrando un sueldo político, no es porque la pobreza la sacara de los estudios.

Desde sus inicios el movimiento obrero luchó contra la ignorancia. Los sindicatos y los partidos obreros fundaron universidades populares, bibliotecas en sus sedes, crearon agrupaciones musicales, becas y un millar de iniciativas para que los obreros y sus hijos pudieran salir de la ignorancia a las que la injusticia les había condenado.

Cuando la igualdad de oportunidades permite llegar a la Universidad independientemente de los recursos familiares, y más a mujeres como ellas que vivían en un área geográfica con una oferta universitaria grandísima, estar diez años para un título de cinco es tirar el dinero de los contribuyentes y abandonar los estudios para cobrar de la política es una diáfana declaración de intención vital.

Decirlo no es clasismo, porque la ignorancia voluntaria es patrimonio solamente de niños mimados, de los niñatos y de las niñatas.

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