¿Hará algo el Ministerio de Fomento con las subvenciones a las líneas aéreas?

Todos sabemos que buena parte de los aeropuertos españoles tiene como principal operador a la aerolínea irlandesa ‘Ryanair’. Ésta tiene por tanto una posición fuerte en nuestro país a la hora de negociar sus condiciones de permanencia o no en un aeropuerto secundario o regional, en los que las aerolíneas no se matan por operar.

En España tenemos una gran oferta aeroortuaria, poca demanda de esos servicios y un miedo más que justiciado de los responsables políticos de tener en su territorio otro ‘aeropuerto para las personas’.

La escasa demanda de aeropuertos, el miedo de los gestores de los aeropuertos y la inexistencia de una posición acordada en esta materia hace que ‘Ryanair’ tenga todo el poder para imponer sus posiciones o hundir al aeropuerto que no quiera.

En un momento para que el Ministerio de Fomento se deje de retórica y se dedique a gobernar. Es el momento para que Ministerio de Fomento, AENA, otros gestores aeroportuarios y administraciones autonómicas pacten unas bases mínimas para las subvenciones a todas las aerolíneas y se estipulen aspectos, servicios y tasas innegociables con cualquier aerolínea.

‘Ryanair’ ha recibido subvenciones por 302.000.000€ (2001-2011) y 90.000.000€ en 2012. Es una parte de su facturación en España, pero es una cantidad que es beneficio. Además, la mitad de lo facturado por ‘Ryanair’ lo hace en España de tal forma que a la aerolínea le interesa tener expeditos los aeropuertos españoles. Son dos buenos argumentos para tener una posición negociadora fuerte: dinero y la mitad de la facturación de la compañía. ¿Será la ministra capaz de hacer algo para racionalizar las subvenciones a la aerolíneas?

AENA y la delegación de funciones

AENA recuerda que cobrar por llevar bultos adquiridos en la tienda del aeropuerto es ilegal. Lo hacen Ryaniar y otras companías de bajo coste es ilegal. AENA solicita algo profundamente español: que los ciudadanos denuncien.

Todos salvemos, salvo AENA según parece, que aerolíneas realizan estas prácticas. Más que pedir la denuncia ciudadana podrían poner inspector en cada embarque de estas compañías, que supervise si se cumple con la ley o no, levante acta y deduzca las consecuencias pertinentes.

AENA no puede derivar la responsabilidad de vigilar a las aerolíneas a los ciudadanos, porque a ellos le compete y son ellos los que tienen que poner medios para saber si la ley se cumple o no en los aeropuertos que gestiona.

El ciudadano es cliente, obligado, de AENA y como cliente que es, aunque sea obligado, espera que sea la empresa gestora de los aeropuertos la que vigile.

Casi lo peor es que la medida tenga éxito

Sin duda la noticia que se convertirá en tema de conversación de la sociedad española es la nueva limitación de la velocidad en autovías y autopistas a los 110 km/h. La principal justificación de esta reducción del límite de velocidad en determinadas vías es la necesidad de ahorrar dinero y más ahora cuando la inestabilidad política en el Mundo Árabe, principal zona productora de petróleo, puede provocar una subida alocada del precio del crudo.

La pregunta es si es una medida efectiva para cumplir con el objetivo que se plantea. Según los cálculos del Ministerio de Industria el ahorra será de 1.400 millones de euros en un año, lo cual aliviará un poco nuestra desastrosa balanza de pago y evitará que aún más dinero salga de nuestro país. Si Industria ha tomado esta medida entiendo que lo hace con buenos datos aunque ya hay estimaciones de ahorro de combustible y de gasto por mayor tiempo de desplazamiento que son interesantes.

También es cierto que el Gobierno ha aprobado un conjunto de reducciones en los precios de RENFE para los servicios de cercanías y de media distancia. El problema es que la red ferroviaria para lo que podemos llamar un ‘transporte cotidiano’ solamente está madura en áreas muy pequeñas del país, siendo simbólica y poco útil en la mayoría de las ciudades españolas (Sevilla, Málaga, Murcia por sólo citar las que mejor conozco).

Después viene otro inconveniente. Si la medida tiene éxito y baja el consumo de combustible, también bajará la recaudación fiscal del Estado por los impuestos que gravan a la gasolina y al gasóleo (entre 700 y 1.000 millones de euros), que implicará necesariamente un mayor déficit, cuando no nos podemos permitir disminuir nuestros ingresos y a la vez estamos recortando los gastos.

Ignoracia presupuestaria

El otro día en MG se hacían de una encuesta según la cual la tercera parte de los beneficiarios de la sanidad universal para jubilados en EEUU, que se lleva mucho más que sus fuerzas armadas (véase este estupendo gráfico) y que se llama ‘Medicare’, pensaba que no recibía nada de ayuda del gobierno federal.

Este tipo de encuestas no se hacen en España, pero no me extrañaría que el resultado fuera aún más tremendo. Seguramente muchos universitarios pensarían que su carrera cuesta incluso menos que las tasas que paga en la matrícula anual; otros tendrán la idea de que el precio de los medicamentos es el que efectivamente paga en la farmacia cuando va con una receta de la Seguridad Social; algunos no se dan cuenta que una autovía o autopista sin peaje no es exactamente algo gratis; puede que se pregunten a qué se dedican sus impuestos después de recoger a sus hijos de un colegio público o concertado; el colmo sería el funcionario, que quejándose de su recorte salarial, pide una tremenda disminución del gasto público.

Miedo me da una encuesta de esta en España. Buena parte de la mucha demagogia que se está haciendo con el gasto público proviene del desconocimiento de que hay muchas cosas que o son pagados a través de los impuestos, que tienen un precio subvencionado o son prestaciones directas.

Zoido y la ontología platónica

Juan Ignacio Zoido es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla. Tiene el enorme mérito de haberse quedado como ‘jefe de la oposición’ desde las pasadas elecciones municipales, aunque la política municipal sevillana tiene un escaso tirón informativo y los plenos nunca han sido emitidos, hasta ahora que creo que los difunde la emisora local.

El ‘carril bici’ ha sido una de las grandes apuestas del gobierno municipal (PSOE e IU) dirigido por Sánchez-Monteseirín. Siempre he apoyado esta idea y creo que en buena parte de la ciudad, donde se ha llevado a cabo, ha aportado una posibilidad de transporte barata e interesante para los miles de ciudadanos que emplean la bicicleta a diario. Esto no quiere decir que la ejecución haya sido perfecta ni que el trazado sea perfecto, pero la inmensa mayoría de los muchos kilómetros tiene sentido y son utilizados.

Juan Ignacio Zoido se ha destacado, durante los dos últimos años, por el ataque constante a la instalación del ‘carril bici’ en Sevilla en cada uno de sus tramos, como siendo el altavoz de cualquier circunstancia que pudiera atacar esta opción sin reparar en todo tipo de sensacionalismo.

Ahora, en plena precampaña, Zoido declara en Twitter lo siguiente:

Nunca me he opuesto al carril bici, pero sí a la improvisación, a la falta de diálogo y a las obras mal hechas

Uno que está abierto a confrontar lo expresado, se ha metido en Google (zoido+carril+bici) para encontrar algunas declaraciones de Juan Ignacio Zoido en la que se apoye el ‘carril bici’. La verdad es que en esta búsqueda, después de mirarme las diez primeras páginas, no he encontrado ningún enlace que diga que Zoido apoya el ‘carril bici’.

Juan Ignacio Zoido tiene una concepción demasiado platónica de la realidad. Es la única persona que apoya una idea pero no apoya ninguna de sus concreciones fácticas; es la única persona que conozco que dice estar de acuerdo con hacer algo pero que no propone ese algo para ningún sitio. Juan Ignacio Zoido es un platónico y en pleno siglo XXI es penoso ser platónico.

La contaminación no es un problema político en Madrid

Hoy hemos comentado en Twitter, fugazmente, el asunto de la contaminación en Madrid, ahora que la ‘boina de mierda’ se encuentra en su máximo apogeo. Junto a ello la Fiscalía ha calificado muy negativamente el cambio de ubicación de las estaciones medidoras de la contaminación que realizó hace un tiempo el Ayuntamiento dirigido por Ruiz-Gallardón.

Por alucinante que pueda parecer la contaminación en Madrid no tiene trascendencia política ninguna porque no tiene trascendencia social. A nadie le gusta esa contaminación pero nadie quiere que nada cambie para que desaparezca la celebérrima ‘boina de mierda’.

Madrid tiene una red de transporte público que, sin lugar a dudas, es la mejor de España (aunque tenga puntos negros). Millones de viajeros la utilizan todos los días porque funciona correctamente. Pero a la vez hay demasiados coches porque la red de transporte público no llega a todos los lugares precisos y, en ocasiones, implica un tiempo de espera que en el coche puede que se reduzca. Los peajes son una buena idea, pero son muy regresivos.

Junto a ello en Madrid está el asunto de las calefacciones. Muchas de estas calefacciones pertenecen a las comunidades de propietarios y queman fuel-oil del baratito a altamente contaminante. La clave se encuentra allí, en las calderas a máximo rendimiento todo el día y sin ningún incentivo que haga que cambiarlas no sea una ruina para la comunidad de propietarios y que el combustible alternativo (o la fuente alternativa) sea igualmente efectiva y más económica.

¿Por qué Gallardón no hace nada para reducir la contaminación? Porque las medidas que podría tomar para ello serían muy impopulares y tendrían costes electorales y, además, la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños no le dan importancia dentro de sus preocupaciones al problema de la contaminación.

Comentarios tardíos sobre controladores y temas afines

Defender a los controladores para atacar al Gobierno es una estrategia perdedora en todas las ocasiones, ya que los controladores son percibidos por casi toda la sociedad como una casta privilegiada que no duda en fastidiar a todo el país y al turismo, sector fundamental de nuestra economía, para defender lo que le hace diferentes a los demás, que no son derechos, sino privilegios.

La derecha, especialmente la caverna mediática, ya esta en plena batalla para culpar al Gobierno y especialmente al ministro de Fomento por el caos vivido en los aeropuertos españoles el pasado día 3 de diciembre.

Su estrategia parte de la siguiente idea: “el Gobierno lo sabía y por tanto tenía que haberlo evitado”. Una idea sugerente pero que plantea algunos problemas. No me cabe duda de que el Gobierno sabía que los controladores estaban preparando algo para el inicio del puente de diciembre, su obligación es saberlo y peor hubiera sido que les hubiera cogido absolutamente ‘in albis’.

Pero que el hecho de saber algo implique tener la capacidad de evitarlo no se sigue necesariamente. A pesar de las medidas que se tomaron el día 3, como publicar el Decreto-Ley en el BOE esa misma tarde y declarar la militarización del espacio aéreo,  no fue hasta el ‘Estado de Alarma’ y el que el control aéreo y su personal fuese puesto bajo las órdenes y disciplinas militares cuando se consiguió que los controladores dejasen de estar ‘malitos’ (porque eso no es una huelga) y volviesen a sus puestos de trabajo.

Algunos dicen que lo sucedido es fruto de la incapacidad del Gobierno para dominar la situación y haber solucionado el problema desde el Decreto-Ley de febrero. La cuestión, a mi modo de ver, es la siguiente: los controladores tienen un plataforma reivindicativa caracterizada por ‘o me lo das todo’ o ‘te creo un caos aéreo’. No hay negociación posible ya que los controladores lo que único que querían era renovar su situación. Salvo que el Gobierno estuviera dispuesto a bajarse los pantalones (como hicieron Aznar y Álvarez-Cascos en 1999), no había margen para el acuerdo.

Otros han tenido la feliz idea de indicar que aprobar un Decreto-Ley que afectaba a los controladores justo antes del puente de diciembre fue un error de cálculo. Lo primero que asumen es que el Gobierno debe condicionar el desarrollo de su agenda normativa a cuando los controladores se pueden poner casualmente enfermos a la vez, esto es, que el Gobierno debe ceder al chantaje de una epidemia espontánea. En segundo lugar, ignoran que los controladores saben esperarse y si el Decreto-Ley lo apruebas después la epidemia aparece en Navidades, Semana Santa o cuando se prevea un fuerte tráfico aéreo: no sería otra cosa que diferir el chantaje y una nueva bajada de pantalones de inspiración aznariana.

Finalmente están los que llevan semanas examinando con lupa la Ley Orgánica que regula los estados especiales y el decreto que lo declara. Chocan con algo que se hace así precisamente para dar evitar maniobras como la que ellos pretenden: la normativa está llena de conceptos jurídicos indeterminados, no hay precedentes ni jurisprudencia y, fácilmente, se puede considerar que la declaración del Estado de Alarma es un ‘acto político’ y no un mero acto administrativo a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decir que habría que haber hecho otra cosa tiene dos exigencias: que la otra cosa no fuese bajarse los pantalones y decir, ya que se es tan listo, qué habría que haberse hecho.