Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Existe proyecto de Ley para expropiar la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la empresa española REPSOL que en principio contempla la indemnización a la compañía propietaria, que si se adecua al precio de YPF no incumpliría ninguna norma de Derecho Internacional. El proyecto filtrado, pese a que no es oficial, nadie duda que proceda de la Presidencia.

Este tipo de acciones, como la expropiación de bienes extranjeros por ser extranjeros, hace que la inversión en países que las realizan se convierta en mero riesgo. Una inversión con alto riesgo busca únicamente una alta rentabilidad inmediata que compense la pérdida por una decisión gubernamental. No es sensato lo que ha decidido el Gobierno de Argentina, por más que deseen recuperar el control de sus recursos petrolíferos y solventar el déficit energético del país.

El Gobierno de España, por otro lado, se encuentra en una situación difícil. Una reacción desproporcionada puede poner en peligro a otros inversores en Argentina, mientras que la credibilidad como ‘gobernante fuerte’ de Mariano Rajoy desaparece incluso para su audiencia política. Ni Rajoy ni Soria saben muy bien qué hacer, de manera que esperan que la Unión Europea haga algo realmente decisivo.

La Presidenta argentina no ha obrado de una forma irreversible. Ha movido sus piezas en las provincias en forma de retirada de licencias por baja producción y ha filtrado un proyecto de Ley para poder dar marcha atrás y conseguir que REPSOL se siente en la mesa con quien la Presidenta diga y no con quien el presidente de REPSOL decida.

Es posible una negociación y que Brufau pueda convencer a sus accionistas que es mejor invertir más en Argentina antes de perder la mitad de la explotación y de las reservas de la compañía petrolera.

Nota nada marginal. El PSOE ha obrado muy correctamente, estando con el Gobierno sin fisuras, tanto como incorrectamente lo hubiera hecho el PP y sus respaldos mediáticos de estar en la oposición.

A oscuras

Ya sé que a solamente a los no residentes de Ceuta no les importa lo que en nuestra ciudad ha sucedido esta noche, pero no renuncio a contarlo por repetido y por signo de desidia y abandono.

Pasamos toda la noche a oscuras. Dado el calor y la humedad la ausencia de electricidad hizo difícil conciliar el sueño, preparar la cena a todos los que poco antes habían roto el ayuno de Ramadán y ver como la comida se echa a perder en frigoríficos o los electrodomésticos se rompen nuevamente.

Nuestra red eléctrica, como tantas cosas en Ceuta, es peculiar. Es una red en isla, es decir, es una red cerrada donde se produce por un central de Diesel de ENDESA la electricidad y ésta es distribuida por una empresa privada local (Empresa del Alumbrado). Esta última empresa tiene un monopolio absoluta y únicamente dicen gastar dinero para salir del paso de las averías y no para invertir ya que tener un monopolio tiene esas cosas.

Los apagones son habituales, independientemente de la estación del año. Las explicaciones que se han dado han sido de todo tipo hasta el punto que las excusas se han terminado y los responsables de la Empresa del Alumbrado, una especie de hombres invisibles, han tenido que dar una rueda de prensa.

La Ciudad Autónoma, que es la administración que absurdamente tiene las competencias en esta materia, con cuenta con los recursos humanos ni los conocimientos técnicos para que sus sanciones tengan el suficiente fundamento para que no se levanten fácilmente en el primer recurso que contra ellas se interponga.

Este verano no ha habido semana sin corte largo y penoso. Pero es algo habitual en una ciudad que falla en las estructuras básicas, donde la chapuza y el despilfarro son la regla y donde se considera  que los ciudadanos somos cautivos de la situación geográfica.

La hipocresía del ciudadano medio

Muchas personas y medios de comunicación se indignan con el apoyo tradicional que los países occidentales le hemos prestado a todas las dictaduras árabes. Sacan fotos de los dirigentes europeos y norteamericanos junto a los dictadores caídos o por caer. Mucha gente se indigna con esto y de esta indignación es la de que querría hablar.

Nuestra economía depende y seguirá dependiendo por mucho tiempo del petróleo y del gas natural, que son recursos naturales abundantísimos en esos países. Dice el refrán que ‘nadie paga duros a cuatro pesetas’, pero nosotros los estamos pagando a tres e incluso a dos pesetas.

El apoyo de Occidente a las dictaduras árabes es conocido de sobra no sólo por los medios políticos, por los de comunicación, sino también por la ciudadanía en general. Ésta ha aceptado como válido dos argumentos. El primero dice que la defensa de intereses vitales como la energía justifica sostener a regímenes represores pero buenos con nosotros. El otro argumento es pluriforme y justifica al primero, que dice que los árabes no son capaces de gobernarse democráticamente, que les gusta los regímenes fuertes con líderes carismáticos, que son o apáticos o una especie de estoicos ambientales, o que son un peligro debido a su religión

En 1973 los países de la OPEP provocaron otra gran crisis económica al subir conjuntamente el precio del petróleo. Desde entonces se les tiene políticamente controlados y hay una especie de entente cordial respecto al precio del petróleo vendido directamente por los diversos países. Esa autolimitación no proviene de una opción de los gobiernos árabes, sino en la necesidad que tienen los dirigentes de tener apoyo técnico y político occidental, dando a cambio su petróleo a un precio razonable e invirtiendo parte de sus beneficios en los países occidentales.

Y es que lo que hacen nuestros gobiernos es conocido por todos. Continuamente algunos medios publican los viajes y acuerdos de los diversos países occidentales con estas dictaduras, recibimos las visitas de sus dictadores y les agasajamos, compartimos los prejuicios hacia los árabes y también algún medio publica las ventas internacionales de armamento de nuestro país y de otros países occidentales a estos regímenes. Lo sabemos desde hace tiempo y es más, lo consentimos y lo aprobamos.

La indignación del que ahora cobra conciencia o se vuelve un bien pensante ante las consecuencias de la ‘Realpolitik’ hecha para él y por él. Me recuerda a aquellos que quieren que no haya accidentes en carretera pero que, a la vez, están en contra de las limitaciones de velocidad, de las multas y de las tasas máximas de alcohol para conducir.

Casi lo peor es que la medida tenga éxito

Sin duda la noticia que se convertirá en tema de conversación de la sociedad española es la nueva limitación de la velocidad en autovías y autopistas a los 110 km/h. La principal justificación de esta reducción del límite de velocidad en determinadas vías es la necesidad de ahorrar dinero y más ahora cuando la inestabilidad política en el Mundo Árabe, principal zona productora de petróleo, puede provocar una subida alocada del precio del crudo.

La pregunta es si es una medida efectiva para cumplir con el objetivo que se plantea. Según los cálculos del Ministerio de Industria el ahorra será de 1.400 millones de euros en un año, lo cual aliviará un poco nuestra desastrosa balanza de pago y evitará que aún más dinero salga de nuestro país. Si Industria ha tomado esta medida entiendo que lo hace con buenos datos aunque ya hay estimaciones de ahorro de combustible y de gasto por mayor tiempo de desplazamiento que son interesantes.

También es cierto que el Gobierno ha aprobado un conjunto de reducciones en los precios de RENFE para los servicios de cercanías y de media distancia. El problema es que la red ferroviaria para lo que podemos llamar un ‘transporte cotidiano’ solamente está madura en áreas muy pequeñas del país, siendo simbólica y poco útil en la mayoría de las ciudades españolas (Sevilla, Málaga, Murcia por sólo citar las que mejor conozco).

Después viene otro inconveniente. Si la medida tiene éxito y baja el consumo de combustible, también bajará la recaudación fiscal del Estado por los impuestos que gravan a la gasolina y al gasóleo (entre 700 y 1.000 millones de euros), que implicará necesariamente un mayor déficit, cuando no nos podemos permitir disminuir nuestros ingresos y a la vez estamos recortando los gastos.

La contaminación no es un problema político en Madrid

Hoy hemos comentado en Twitter, fugazmente, el asunto de la contaminación en Madrid, ahora que la ‘boina de mierda’ se encuentra en su máximo apogeo. Junto a ello la Fiscalía ha calificado muy negativamente el cambio de ubicación de las estaciones medidoras de la contaminación que realizó hace un tiempo el Ayuntamiento dirigido por Ruiz-Gallardón.

Por alucinante que pueda parecer la contaminación en Madrid no tiene trascendencia política ninguna porque no tiene trascendencia social. A nadie le gusta esa contaminación pero nadie quiere que nada cambie para que desaparezca la celebérrima ‘boina de mierda’.

Madrid tiene una red de transporte público que, sin lugar a dudas, es la mejor de España (aunque tenga puntos negros). Millones de viajeros la utilizan todos los días porque funciona correctamente. Pero a la vez hay demasiados coches porque la red de transporte público no llega a todos los lugares precisos y, en ocasiones, implica un tiempo de espera que en el coche puede que se reduzca. Los peajes son una buena idea, pero son muy regresivos.

Junto a ello en Madrid está el asunto de las calefacciones. Muchas de estas calefacciones pertenecen a las comunidades de propietarios y queman fuel-oil del baratito a altamente contaminante. La clave se encuentra allí, en las calderas a máximo rendimiento todo el día y sin ningún incentivo que haga que cambiarlas no sea una ruina para la comunidad de propietarios y que el combustible alternativo (o la fuente alternativa) sea igualmente efectiva y más económica.

¿Por qué Gallardón no hace nada para reducir la contaminación? Porque las medidas que podría tomar para ello serían muy impopulares y tendrían costes electorales y, además, la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños no le dan importancia dentro de sus preocupaciones al problema de la contaminación.

Decisiones no aptas para buenistas

Cualquier decisión política es una decisión con muchísimos matices, en la que invariablemente habrá beneficiados y perjudicados. Llevamos varias semanas con noticias relativas a las ayudas para la minería española y los problemas que, dentro del Derecho Comunitario, encuentran éstas ayudas a una producción ruinosa pero que genera empleo y arraigo sin numerosas comarcas asturianas, palentinas y leonesas.

Por el contrario están los gallegos. Allí las exportaciones de carbón generan varios miles de puestos de trabajo, porque importar también da su riqueza. Sus posturas son antagónicas respecto de las de asturianos, leoneses y palentinos. La aprobación de las ayudas les conduce a la ruina. Tienen dos desventajas: viven de importar (que siempre está mal visto) y no les acompaña la mística minera, por más que sus puestos de trabajo y su arraigo también estén en el aire.

El verdadero ejercicio de la política se halla en tomar decisiones de este tipo, decisiones en las que no hay un bien o un mal, sino bienes e intereses legítimamente atendibles pero que no son compatibles. Aquí es donde se muestra lo que uno vale políticamente, aunque particularmente creo que los importadores y trabajadores de la importación en Galicia lo tienen duro, ya que ni hacen películas sobre sus luchas ni su arraigo vale.

¿Quién representa a los municipios limítrofes?

La existencia de residuos nucleares no depende solamente de la existencia o no de energía producida en centrales nucleares. La medicina emplea técnicas radioactivas desde hace décadas y, por tanto, residuos que hay que almacenar. La medicina es solamente un ejemplo.

Ayer califiqué de jugada maestra la idea del Ministerio de Industria de convertir en una competición por las ayudas lo que hasta ahora era un problema mayúsculo y de hondo sufrimiento político: la instalación de un nuevo ‘cementerio nuclear’.

Ahora una corporación local pueda adoptar una decisión con importantes consecuencias para los municipios limítrofes como es la implantación de instalación de este tipo. No conozco a nadie, por muy defensor que sea de la energía de generación nuclear, que prefiera tener un cementerio nuclear en su municipio antes de que se encuentre a doscientos kilómetros de distancia.

Con razón o sin ella (no pienso entrar en ese debate eterno), la cercanía de una instalación de esta naturaleza puede tener algunas consecuencias económicas como son la devaluación del patrimonio inmobiliario, la pérdida de población o la dificultad para vender productos agrícolas de esa zona (por algo hay ayudas).

Que mi ayuntamiento, elegido con mis votos, decida presentar su candidatura a ‘cementerio nuclear’ entra dentro de las opciones políticas que tiene una corporación local, pero el problema viene cuando lo hace el municipio de al lado, donde nadie me representa. Además los municipios limítrofes, que no han presentado su candidatura, no perciben ayudas y sí pueden recibir los perjuicios.

Entiendo que haya alcaldes que presenten la candidatura, comprendo a quienes defienden esta opción, así como a los que la rechazan y, sobre todo, estoy contento porque a ningún munícipe de las cercanías se le ha ocurrido presentar a su término municipal, a quien no podría ni castigar o premiar con mi voto en las próximas elecciones municipales.