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Archive for the ‘Corporativismo’ Category

Cada cierto tiempo salen en los medios los tremendos sueldos y jubilaciones de la élite empresarial de las grandes corporaciones y sobre todo de la banca. Los que justifican estos sueldos inimaginables dicen que se paga un talento, unos conocimientos y unos resultados acordes con la cuantía.

El otro día en El País se publicaba un reportaje sobre la gestión de la “hucha de las pensiones” que desde que fue creada ha conseguido 26.000.000.000 € con las inversiones que han realizado y que ganaban más que los grandes fondos. El equipo de inversiones no llegaba a la decena de funcionarios pagados como funcionarios (un buen sueldo pero nada del otro mundo).

Si un fondo como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera estado gestionado por la banca, los costes de las retribuciones de los directivos, los incentivos y los mil conceptos retributivos, así como una jubilación sustanciosa (y no eso de MUFACE) se hubieran llevado un buen pellizco de lo que hubieran podido sacar, si lo hubieran logrado.

Vistos los beneficios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y vista la remuneración de sus gestores, cabe preguntarse si otras remuneraciones están justificadas o se autojustifican por parte de un grupo privilegiado que coopta a sus miembros y que hace su trabajo muchas veces sin tener que responder por sus resultados, ya que son contratados una y otra vez después de arruinar a sus empresas.

 

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El pasado martes nos desayunamos en el BOE un Real Decreto-Ley que me parece sorprendente: el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Me parece sorprendente porque lo regulado en ese Real Decreto-ley, aún siendo una materia muy importante, no parece que de lejos a la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige a este tipo de normas.

Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha rebajado bastante las exigencias del texto pero ni por esas se salvaría, ya que regula una institución por plazo indeterminado, lo cual no pasa el ‘estándar jurisprudencial’ que exige la temporalidad esencial de la norma conforme a algo que aconseja no seguir el procedimiento legislativo ordinario.

La excusa que encontramos en la exposición de motivos del transcurso del plazo de trasposición de la normativa comunitaria es un tanto irrisorio, cuando hay tanta normativa pasada de plazo sin transponer, y porque este tipo de normas puramente técnicas tienen un paso acelerado por las Cortes.

Un analista político del segundo mandato de Aznar decía que el gobierno de aquellos años había cogido la costumbre de tener permanentemente en las Cortes algunas leyes ‘de guardia’ para que el grupo popular les pudiera introducir enmiendas en respuesta inmediata a cualquier acontecimiento en el que quisieran dar la impresión de estar haciendo algo.

Y la pena es que como parece que no tienen demasiadas cosas en un estado avanzado de trámite parlamentario, han tenido que tomar el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (elaborado y remitido a las Cortes por el gobierno socialista), darles unos cuantos toques contundentes conservadores (de los que hablaremos) y colocarle el verdadero objeto de este Real Decreto-Ley: la disposición adicional tercera para dar más plazo a los ahora estudiantes de Derecho a la hora de colegiarse como abogados o procuradores cuando la Ley 34/2006 entre en vigor.

Lo importante que es elaborar una buena ley en esta medida, con el mayor acuerdo técnico y reflexión, con los dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos, es relegado para poder satisfacer al lobby jurídico, uno de los fuertes en los gobiernos conservadores españoles (esto y no otra cosa es Gallardón.

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El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

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Cuando en España se habla de los trámites para crear una empresa se habla demasiado de los plazos (muy largos) y casi nada de los costes. Esto es así porque los costes de abrir una empresa van a parar a las arcas de dos de los grupos de presión más potentes de nuestro país: registradores y notarios.

Habrá cientos de excusas para justificar tanto su intervención como lo que cobran. Si se aprobasen una serie de modelos de constitución de sociedades y de estatutos, de legalidad garantizada normativamente (como ya hacen las editoriales para los abogados y otros actores jurídicos) podría solventarse la intervención de estos fedatarios haciéndola puramente mecánica, de hecho, el notario podría ser eliminado y el registrador daría asiento a unos documentos establecidos por posibles anexos a las leyes mercantiles reguladoras de cada sociedad.

Esto sería una gran ayuda a las empresas que empiezan. Es lógico que esos documentos no servirían a otras sociedades más complejas, para las cuales se podría continuar perfectamente con el actual sistema.

Esto es así para muchísimas corporaciones. Si alguien quiere constituir una asociación o partido político podrá encontrar estupendos modelos de estatutos perfectamente legales en la web del Ministerio del Interior. ¿Por qué no con las sociedades mercantiles?

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El otro día el periódico ‘La Razón’ recogía las declaraciones de uno dirigente de una asociación conservadora de jueces que pedía la devolución de las competencias autonómicas de Justicia al Estado, pero no para que lo ejerciera el Ministerio correspondiente, sino para que todas ellas acabaran en manos del Consejo General del Poder Judicial, disolviéndose el departamento ministerial ahora existente. Dicho sea de paso que esto lo he conseguido sintetizar tras varias lecturas del tortuoso texto elaborado a partir del despacho de la Agencia EFE.

Hay que tener en cuenta que ésta es una vieja aspiración de los sectores más conservadores y corporativistas de la carrera judicial. La consecuencia sería que en manos del órgano de gobierno de los jueces estarían todos los trabajadores de la Justicia y los secretarios judicial (a los cuales me da que no les haría demasiada gracia); serían los administradores de las infraestructuras y elaborarían el Presupuesto, así como quienes establecerían retribuciones, vacaciones y miles de aspectos sumamente importante como dónde se establece un nuevo órgano judicial.

Si miramos en la Constitución cuáles son las competencias del poder judicial (‘juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado’) entran serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta corporativa de las asociaciones profesionales, ya que el autogobierno de los jueces es difícil extenderlo por el gobierno de todo lo que tenga que ver con administrar Justicia. Es más, si se mira el organigrama del actual Ministerio de Justicia, lo único que podrían asumir los jueces sería un tercio de las competencias que ejerce este departamento.

En el fondo es modelo de gestión por el que podría optarse. Un modelo en el que habría que destinar a una buena cantidad de jueces no a juzgar sino gestionar muchos papeles que las actuales reformas procesales están quitando, aunque muchos verían reconfortada sus ansias de ser el taifa de su órgano jurisdiccional. Y ése es el problema: la intención. La petición es por una cuestión de sensación de poder y no de prestar un mejor servicio a los ciudadanos

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Uno de los argumentos más serios que se oponen a la liberalización de las farmacias es que el actual sistema garantiza que en pequeñas localidades, con poca población, dado que el número de farmacias y su ubicación no depende de la voluntad de los farmacéuticos, los cuales irían por sí mismos a los lugares más rentables y normalmente con mayor población.

Es cierto que si se fuera posible establecer una farmacia en el sitio que se quiera, habría una avalancha de licenciados en farmacia que abrirían establecimientos cerca de los centros de salud de las grandes ciudades, que son los lugares ‘a priori’ más rentables. Los grandes perjudicados serían los propietarios de las farmacias ubicadas y solitas en esos lugares donde ganan ingentes cantidades de dinero.

Pero también es cierto que en cualquier localidad española hay tiendas de alimentos y otros establecimientos comerciales, incluso en lugares que no alcanzan los mil habitantes. Donde haya público, habrá una farmacia. No conozco ningún grupo de farmacias que sean ruinosas y muchas de ellas están en localidades pequeñas, por lo que, como pasan con otros sectores comerciales, habrá farmacias porque hay dinero y por tanto beneficios.

[Nota: adelante comentaristas del ‘lobby’ farmacéutico, con alertas de Google conectadas y dispuestos a comentar cuando sale este tema]

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La crisis está sirviendo, por ahora, para quitar alguna pequeña costra de nuestras instituciones económicas. El Real Decreto-Decreto 13/2010, de 3 de enero (el de los controladores pero no sólo), eliminó la obligación de la cuota cameral eliminando la obligación de pertenecer a la respectiva Cámara. Estaba en el programa del PSOE y fue una idea que, en su momento, me gustó.

Con todo el jaleo que ese 3 de diciembre se montó con la ‘espantada’ de los controladores, esta importante y absolutamente innovadora medida pasó desapercibida. Las Cámaras de Comercio (sus dirigentes que gozaban de representación virtual y de los fondos de la cuota obligatoria) les ha parecido una malísima idea. Para los autónomos una idea estupenda porque supone una rebaja fiscal. El Gobierno ha decidido, en el fondo, apostar por un modelo de asociacionismo voluntaria que el obligatorio y corporativo que las cajas representaban.

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