Disolviendo la STC sobre la amnistía fiscal

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto-Ley 12/2012 que etableció los requisitos y el procedimiento de la “amnistía fiscal”. La sentencia tiene dos tipos de argumentos para declarar la inconstitucionalidad: los formales sobre la habilitación para emplear el Decreto-Ley para este tipo de menesteres y los materiales sobre la adecuación de esta decisión a nuestro ordenamiento constitucional.

El otro día leí un artículo en el que se afirmaba que el fundamento jurídico que declarada la inconstitucionalidad material realmente no lo era, sino que eran consideraciones complementarias sin valor jurídico, lo que en el argot se denomina “obiter dicta”.

Un “obiter dicta” es un comentario incidental, un paralelismo, un ejemplo que el tribunal emplea para ilustrar su razonamiento, pero no se puede considerar un “obiter dicta” a la contestación que en este caso hace el Tribunal Constitucional a las alegaciones jurídicas planteadas por la Abogacía del Estado en defensa de la constitucionalidad de la norma recurrida.

El Tribunal Constitucional discute una a una las alegaciones del abogado del Estado y, aunque la respuesta es sintética, la conclusión no puede ser otra que la materialidad de la norma, esta “amnistía fiscal”, hubiera sido también inconstitucional aunque no se hubiera empleado el Real Decreto-Ley como instrumento normativo.

Hay un interés claro en decir que la “amnistía fiscal” es inconstitucional solamente por la forma y no por su materia, cuando del texto de la sentencia no se puede inferir esa conclusión.

Estado de Derecho Laboral

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El Estado de Derecho esencialmente no es otra cosa que todos, poderes y ciudadanos, cumplan con el ordenamiento jurídico y que en caso de incumplimiento se haga que la realidad se acomode a lo dispuesto por las normas. Que el Derecho sea ignorado es causa de la descomposición de un Estado y de los valores que dicen albergar y promover.

El Estado de Derecho no se consigue con su propia formulación. Debe haber instituciones que elaboren normas, instituciones que vigilen su cumplimiento y que las hagan cumplir por la fuerza en caso de ser necesario e instituciones que castiguen el incumplimiento. Si todo esto no pasa habrá un Derecho en el papel, un Derecho nominal y abstracto sin relación con la realidad a la que se dirige.

El Estado de Derecho tiene muchas facetas y en algunas puede ser fuerte y en otras débil. En España el Estado de Derecho en su faceta de Derecho Laboral va camino a ser papel mojado. Las instituciones encargadas de hacer normas las hacen (las Cortes y los ministerios) y los tribunales resuelven (con más celeridad que otros órdenes jurisdiccionales) los casos que se les presentan.

¿Qué sucede entonces para que hayamos llegado a que en materia laboral España sea un “estado fallido”?

Las normas se pueden cumplir de una forma espontánea, porque se perciben como correctas y todos o la mayoría pensamos que es mejor seguirla (circular con el coche por el lado indicado). También se pueden cumplir por miedo a las consecuencias negativas que se tendrán, siempre que superen a las positivas que posee no cumplir las normas.

La Inspección de Trabajo va camino de convertirse en una leyenda urbana o más bien en una leyenda laboral. El número de inspectores y subinspectores es reducidísimo para un país con la más de veinte millones de trabajadores y tienen unas competencias tan amplias que nada más el papeleo colapsa el servicio.

Da igual las normas que se dicten, tengan la orientación económica que tengan, porque vivimos en un mercado laboral tan asimétrico que los trabajadores tienen que aceptar como bueno prácticamente lo que sea. Que haya una buena porción de los trabajadores cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se cotice por menos horas de las que realmente se trabaja, que la remuneración no tenga que ver con las funciones que realmente se desempeñan o que el horario sea virtual es consecuencia de la absoluta dejadez en el cumplimiento del Derecho Laboral que caracteriza al poder ejecutivo.

El hecho de que haya tanto parados hace que se deprecie el valor del trabajo, sus condiciones y con estos el conjunto del Derecho Laboral. En estas condiciones solamente el poder coactivo del Estado puede conseguir que los mandatos de las normas sean efectivos. El Estado tiene que justificar su propia existencia haciendo cumplir, con todos los medios legítimos a su alcance, sus propias leyes y reglamentos, incluso los laborales.

La pérdida de sentido constitucional por parte de las autoridades que han renunciado, por la vía de la omisión, a la imposición imperativa y a que en el mercado de trabajo se retroceda a un estado de naturaleza más hobbesiano que rouseauniano.

El Estado Social de Derecho existe para que las normas equilibren las asimetrías que el normal desarrollo de las fuerzas sociales y económicas producen, existe para garantizar que en circunstancias como las que vivimos no se den los sucesos y abusos que se padecen habitualmente. El Estado Social de Derecho está en la definición que la Constitución da en España en su primer artículo, debiendo ser uno de los anclajes de nuestro país.

Televisión Española y la Marca España

La idea de la “Marca España” nunca me ha gustado, porque me suena a invento para dar unos cuantos sueldos grandiosos, vender publicidad a los medios de derecha y realizar algunas actividades a conveniencia de algún aliado. Cuando un país es marca en algo es porque sus productos o servicios en determinado sector o sectores son reputados como de alta calidad.

La imagen que un país dé al mundo es esencial y nuestra imagen no son otra cosa que nuestra producciones audiovisuales. La mayor empresa audiovisual española es RTVE y da una imagen muy mala de nuestro país.

Hace varias semanas asistimos al intento de golpe de Estado en Turquía. En el canal de 24 horas del RTVE estaba la misma tertulia que la noche los atentados en Madrid y allí permanecieron incólumes diciendo cada uno lo que se le ocurría. No se pudo o no se quiso llamar a periodistas especializados, historiadores, politólogos, economistas, juristas o especialistas militares que RTVE debería tener para cada tema en particular que pudiera surgir.

Tenemos la suerte de pertenecer a una comunidad idiomática de cientos de millones de persona y lo mejor que tienen España que ofrecer en su televisión estatal es a Alfonso Rojo.

Una buena cobertura de las cuestiones internacionales da prestigio a la cadena y al país que la sostiene. Una percepción de la calidad de los contenidos facilita presentar nuestra visión de los asuntos y también construir la imagen que se tiene de nosotros en el mundo, especialmente en nuestro mundo culturalmente más cercano. El principal instrumento para hacer “Marca España” es RTVE y allí está, abandonado.

El sueño democrático y la ruptura del bienestar

José Ignacio Torreblanca publicó hace varias semanas una interesante y sintética exposición sobre las tendencias populistas.

Ahora le ha tocado a Alemania sentir como una formación de este tipo, con la especificidad de ser de extrema derecha, ha dado un campanazo en las elecciones de tres de los estados federados. Que en Alemania haya partidos de extrema derecha subiendo da más miedo que en otros lugares, por “prejuicios históricos”.

Mi profesor de Ética en la Licenciatura en Filosofía en un comentario marginal, que eran los realmente jugosos, expresó que la pasión democrática de Europa no se mantendría en el caso de perderse el bienestar alcanzado, de modo que si se perdía volverían los modos autoritarios del pasado.

Circularon por twitter, la noche del pasado domingo, estos dos gráficos que daban qué pensar sobre la relación entre la percepción de la situación económica general y la situación económica personal con el voto en las elecciones alemanas de ese día.

Situación general

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Situación personal

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Igualdad de oportunidades y empleo universitario

La entrada de ayer en contestación a la posición de Pérez Tapias, decano granadino y ex diputado del PSOE, sobre la empleabilidad como elemento a tener en cuenta a la hora de financiar las universidades ha tenido una interesante repercusión.

Fruto de ella me ha surgido una reflexión en el punto donde terminaba la entrada. La izquierda ha asumido desde hace décadas que la Educación es un instrumento de la igualdad de oportunidades y cuando hablamos de igualdad de oportunidades hablamos de cosas concretas como de tener un mejor puesto de trabajo que permita mejores ingresos y mayor nivel de vida.

El hecho de que la instituciones universitarias, o un dirigente universitario como Pérez Tapias, abomine públicamente del interés que debían tener las Universidades públicas por el empleo de sus alumnos y de que se establezcan incentivos en este sentido, dice muy poco de que realmente se crea que la Educación sea un instrumento de igualdad de oportunidades. Si ser de izquierda fuera su cierta ideología, haría algo a favor y no centraría sus esfuerzos en mantener la indemnidad de grupos cerrados, cooptativos y algo predadores.

Empleo y toma de decisiones

José Antonio Pérez Tapias obtuvo un gran resultado en las elecciones para Secretario General del PSOE, un resultado gracias al cual Pedro Sánchez es quien dirige el Partido. Es el miembro más destacado en la actualidad de la corriente interna “Izquierda Socialista” (la única corriente existente) y ahora representa la voz más crítica dentro de los socialistas respecto a la actual dirección y a la política de pactos con Ciudadanos. Cabe decir que ahora representa al sector podemita que todavía está dentro del PSOE

Desde que dejó el escaño en el Congreso, es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Durante estos días ha criticado la posibilidad de pactar con Ciudadanos a partir de una propuesta programática del partido de Rivera:

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No sé qué le parece tan mal al decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

Creo que es hora de que el criterio de la empleabilidad entre en las instituciones universitarias a la hora de tomar decisiones. Evidentemente no debe ser el único, pero sí uno importante. No veo el problema en que los contenidos de los títulos estén orientados a que los alumnos puedan obtener un empleo acorde a sus estudios, a que la Universidad se interese por práctica en empresas e instituciones que los puedan contratar (y no solamente a través de una oposición o un centro educativo concertado), así como la búsqueda de sectores donde los alumnos titulados puedan encontrar un futuro laboral.

La Universidad cumple muchas funciones y una de ellas, y no la menor, es capacitar a los ciudadanos para encontrar un trabajo. ¿Cuántos documentos sobre empleabilidad fuera del sector público se puede encontrar en los expedientes para la aprobación de los grados y los postgrados? ¿O es que facultades como Filosofía y Letras deberían cambiar su denominación para ser “Facultad de Profesorado de Secundaria” ya que no hay otra opción, ni los responsables universitarios la buscan?

A los dirigentes universitarios les pagan, entre otras cosas, por pensar en el futuro y por el empleo de los alumnos, asunto que normalmente está fuera de sus agendas. Actitudes como la expresada por el decano Pérez Tapias muestra como un cuerpo de profesores con plaza vitalicia es poco sensible sobre si sus decisiones condenan o no a sus alumnos al desempleo. Y alguno pensará de sí mismo que es de izquierda.

Y el Kichi descubrió las operaciones de tesorería

Cuando se dice que un Ayuntamiento tiene un presupuesto de, digamos, cien millones de euros, hay quienes piensan que la corporación local tiene ese dinero a día 1 de enero y que va gastando a lo largo del año. Los ingresos de una Administración no se producen el primer día del ejercicio, entre otra cosa porque ese dinero hay que recaudarlo.

Un Ayuntamiento tiene una serie de ingresos, pero solamente algunos importantes. Estos ingresos no llegan homogéneamente cada mes, sino que se producen en periodos a veces poco previsibles. Esto hace que en ciertas ocasiones a lo largo del ejercicio, no haya dinero con el que hacer frente a las obligaciones cotidianas, mientras se espera que llegue el dinero transferido de otros administraciones o se ingrese a través de los tributos municipales.

Para cubrir esas necesidades se hacen las llamadas “operaciones de tesorería”. Son préstamos a corto plazo que dan al Ayuntamiento el dinero que necesita para los pagos más urgentes, normalmente las nóminas, y esperar a que llegue el dinero presupuestado.

Estos préstamos para las corporaciones locales los realizan los bancos. El Estado emite deuda a corto plazo que es comprada por los inversores para hacer sus propios operaciones de tesorería.

El Ayuntamiento de Cádiz, regido por el alcalde podemita El Kichi, ha culminado su primera operación de tesorería que salva sus problemas de liquidez. Si el Ayuntamiento de Cádiz no hubiera pagado en el pasado su deuda con los bancos, hubiera realizado la famora auditoría de la deuda y hubiera declarado una parte de ella “deuda ilegítima” y no la hubiera pagado ¿habrían podido firmar una operación de tesorería”?

Y lo que es predicable para la corporación gaditana, también lo es para España.