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Archive for the ‘Diseño de Jugadas’ Category

Durante días en FiveThirtyEight estimaba en un 1% las posibilidades del empate entre Trump y Biden (ahora no), de modo que me pareció interesante ver qué hubiera pasado en caso de no haber habido mayoría en el Colegio Electoral en las últimas cinco elecciones.

La XII Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nacida tras la tremenda crisis constitucional ocasionada por las Elecciones Presidenciales de 1800, establece que si ninguno de los candidatos votados por el Colegio Electoral pudiera conseguir la mayoría absoluta de los votos, 270 votos, la elección del Presidente de los Estados Unidos pasa a ser responsabilidad de la Cámara de Representantes y la del Vicepresidente del Senado.

Como es de general conocimiento, el mismo día en el que se elige a los miembros del Colegio Electoral, se hace lo propio con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, de modo que los representantes y senadores electos con los senadores que permanecen en su puesto forman un nuevo Congreso. El próximo 3 de noviembre será electo el 117º Congreso.

Dado que el Congreso ha de reunirse el día 3 de enero (sección 2 de la XX Enmienda) y que el escrutinio por parte del Congreso en sesión conjunta ha de realizar el día 6 de enero (3 US Code 15), está claro que es el Congreso renovado el encargado de realizar la elección del Presidente y del Vicepresidente, y no el saliente.

En estas elecciones se vota por estados, es decir, el voto de cada uno de los estados es el mismo, uno, y desaparece la capacidad electoral de Distrito de Columbia. De este modo el voto de cada estado dependerá de qué partido sean los representantes o senadores que forman su delegación congresual. Es de suponer que en una situación como ésta nos encontraríamos ante un “party-line vote”, es decir, cada cual vota al candidato de su partido.

¿Qué hubiera sucedido en las últimas cinco elecciones presidenciales en el supuesto de que no hubiera habido mayoría en el Colegio Electoral pero no hubiera habido variación en la elección del Congreso?

Como puede comprobase en las cinco elecciones los candidatos que fueron presidentes, tenían la mayoría necesaria (26 estados) a la hora de conseguir los votos suficientes para ser elegido presidente.

Pero la elección vicepresidencial se torna más compleja. En el Senado cada estado solamente tiene dos senadores, de forma que no es difícil que uno sea de un partido y el otro del partido contrario, produciendo un empate y la imposibilidad de determinar el voto del estado en la elección vicepresidencial. Muchos estados estarían indeterminados.

En ninguno de los congresos elegidos a la vez que los electores del Presidente, ningún candidato vicepresidencial hubiera logrado la mayoría necesaria, de modo que habría tenido que haber algún tipo de negociación o la cesión a favor de quien formaba ticket con el que iba a ser elegido en la Cámara de Representantes.

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En el caso de los independientes, no hemos guiado para atribuirles un voto por el partido con el que hacían “caucus” en el Congreso.

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Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no fue un proceso con dos bandos perfectamente definidos, los partidarios de la independencia y los partidarios de continuar bajo la Corona británica. Había personas y grupos que se pasaron de ambos alguna vez, así como un conjunto no pequeño que le traía sin cuidado la independencia o no de las colonias.

Durante la Guerra, los gobernadores de los nuevos estados tuvieron que hacer frente a situaciones insurreccionales dentro del territorio por ellos controlado. Thomas Jefferson, durante su mandato como gobernador de Virginia, que era el más grande y poblado de los estados, tuvo que hacer frente a toda la variedad posibles de actos de desobediencia, motín o revuelta, además del conflicto bélico contra los británicos.

A uno de los coroneles de la milicia del estado le escribió en abril de 1781 lo siguiente:

“La mejor manera para ellos tal vez sea no ir contra los amotinados cuando estén todos juntos, lo que quizás provocaría una rebelión abierta o, con toda seguridad, un derramamiento de sangre. Hay que hacerlo cuando se hayan dispersado: ir y sacarlos de sus camas, uno a uno y sin ruido. Si no se les encuentra la primera vez, ir una y otra vez para que nunca puedan permanecer tranquilos en casa.”

El recuerdo de las Elecciones Presidenciales en Bielorrusia se diluye. Hay masivas manifestaciones dominicales que van perdiendo novedad. No pasa nada nuevo y eso te hace perder tiempo en los informativos extranjeros. Parecía que Lukashenko iba a actuar como hacen habitualmente los autócratas, disolviendo violentamente las manifestaciones y creando una situación socialmente insostenible que iba tensionar a las fuerzas del orden y al ejército pero básicamente ha dejado discurrir las manifestaciones.

La oposición se manifiesta los fines de semana y Lukashenko reprime los días laborables. Decenas de opositores son detenidos e interrogados sin cámaras, ni manifestantes, ni nada ningún oposición. Es de suponer que estos regímenes han encontrado en las redes sociales y en la telefonía móvil una forma excepcional para trazar los contactos de la oposición y los detenidos no tienen ni que desvelar sus compañeros. Solamente los opositores más destacados, como la Nobel Svetlana Alexiévich, cuentan con la “escolta” de embajadores y la atención de los medios.

Es posible que las sanciones que se tomen no sean las clásicas consistentes en larguísimos periodos de detención, con todo tipo de maltrato. Los opositores de mayor significación se irán del país y el resto verá que su relación con el Estado se complica a la hora de realizar cualquier trámite, conseguir un trabajo o ascender, en una economía altamente estatalizada como la bielorrusa.

El mundo está dejando de mirar a Bielorrusia, como ha hecho durante muchos años, sencillamente porque no pasa nada, al no caer Lukashenko en la tentación de una represión clásica. Los movimientos fundados en la no violencia se están encontrando con un obstáculo, que no es otro que se sabe perfectamente que la no violencia funciona únicamente cuando hay un enemigo violento y unos espectadores determinados a intervenir. Si la no violencia es respondida con no violencia (lo que no quiere decir que no haya represión), sus posibilidades de éxito se esfuman. No es nada nuevo: ya lo decía Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII.

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“Yo era un diputado de mierda por una sórdida, vacía y aburrida provincia”, así me ha sonado la explicación de Pablo Casado respecto de su posición dentro del Partido Popular cuando ocurrían los hechos que están dentro de la investigación denominada “Kitchen”. Casado ha dicho que él sólo era “un simple diputado por Ávila”, lo que mi cerebro ha traducido por lo anterior.

No tengo elementos para decir que Casado estaba o no estaba dentro de los círculos que presuntamente decidieron utilizar medios policiales para espiar a Bárcenas. Si él lo niega, he de creerle, pero no debe mentir y decir lo que ha dicho.

En primer lugar porque no hay simples diputados, porque un diputado representa a una provincia y al país al completo y él debería ser conciente de ellos. En segundo lugar porque Pablo Casado era algo más que un diputado, ya que ocupaba una alta jerarquía dentro del Partido Popular.

¿Quiere esto decir que lo sabía? No necesariamente. Pero él podía haber dicho que estaba fuera de esos grupos de decisión si los ha habido, que nunca se habló en su presencia de esos presuntos delitos, que sus funciones eran tan distante que nunca se relacionada, más allá de la cortesía, con las personas involucradas. Podía haber dicho muchas cosas, pero eligió una forma grosera que levanta más sospechas que dudas disuelve.

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Nicolás Maduro ha excarcelado a varias decenas de opositores y, al poco, hay una fuerte confrontación interna entre el grupo liderado por los excarcelados y el grupo de la oposición que no ha estado en prisión. Unos creen oportuno participar en las elecciones legislativas y los otros consideran que esa participación no hace más que legitimar al sistema imperante. No voy a entrar en el proceloso y siempre peligroso mundo de la política venezolana, sino que me interesa este ejemplo para observar un patrón, que por conocido no deja de merecer una reflexión.

Cuando quien tiene el gobierno efectivo, tiene en prisión a un grupo de opositores, posee una arma para desestabilizar a la oposición (si no está en las catacumbas) en el momento que desee. Aquéllos que gastan años de su vida en prisión por una causa se consideran merecedores de una posición privilegiada en la toma de decisiones cuando salen del encarcelamiento. Y cuando recobran la libertad quieren hacer valer sus méritos frente a los que, con mejor o peor vida, han conservado su libertad, el trato con su familia y, en definitva, han podido seguir con sus vidas.

El sentido de la política de los excercelados puede orientarse a una línea dura o a una línea blanda, pero encontrará la forma de colisionar con la dirección opositora, porque en el fondo se trata de determinar quién se ha ganado el liderazgo con el sufrimiento de la cárcel y quién lo ejerce sin esos méritos.

Las direcciones opositores, cuando reciben a los excarcerlados, tienen una ventaja determinante sobre ellos, que no es otra que la de haber tenido tiempo para establecer una red de apoyos sobre el terreno que los presos no han podido mantener o establecer. Así pueden conseguir, si el encarcelamiento ha sido largo, que los excarcelados parezcan fósiles políticos vivientes, desconectados de las personas a las quieren representar y liderar (y será así). Esta circunstancia varía si una facción importante ha sido liderada desde la prisión o al menos sus vicarios han sido eficientes y leales.

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Hoy La Vanguardia publica una pieza en la que dice que a Pablo Casado no le preocupa Vox porque entiende que llegados a las urnas, ante la posibilidad de gobernar, los votantes de derecha preferirán apoyar a los popular unificando el voto (voto útil), frente a dividirlo introduciendo la papeleta de Vox.

Esta estrategia es la adecuada si eres el partido mayoritario del sector del espectro político llamado a ejercer el voto útil. En el caso de que los indicios políticos indicaran que Vox podría superar al PP en las urnas, entonces el voto útil podría tornarse, porque el votante útil le interesa ante todo la victoria, no quien gana.

Si el PP se juega en las próximas elecciones su papel hegemónico en la derecha, en lo que serán unas elecciones vitales, las elecciones más importantes del PSOE, desde 1977, no fueron las de 1982, o las de 2004, sino unas elecciones que se perdieron, las de 2016.

Tras los resultados de 2015 fue imposible que Podemos apoyara el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Además de las diferencias ideológicas con los de Rivera, Había un serio cálculo electoral. Pablo Iglesias ya había negociado con Alberto Garzón la coalición entre Podemos e IU, la cual inevitablemente iba a suponer que en la repetición de las elecciones por no investir a un Presidente, la coalición de IU y Podemos iba a superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.

La abstención de medio millón de votos de IU hizo imposible el “sorpasso” y por poco, el PSOE siguió siendo la fuerza con más votos y escaños en la izquierda. Si el plan de Iglesias y Garzón hubiera sido coronado con éxito la referencia políica y mediática d ela izquierda hubiera quedado en sus manos y todos les hubieran reconocido como la fuerza destinada a formar gobierno en el caso de una mayoría de izquierda.

Naturalmente la coalición entre Podemos e IU oba a poder reclamar el voto útil, que tantas veces ha pedido el PSOE, y llevarse esa importante porción del electorado que vota a las posibilidades de gobernar. El PSOE habría quedado como socio menor y es posible que el proceso se hubiera reproducido en muchas de las regiones.

Durante la larguísima campaña electoral que fue desde las elecciones de 2015 a las de 2016, los de Podemos se quejaban que desde el PSOE se hacía campaña contra ellos y no contra el PP, que era el partido en el gobierno y que era la táctica seguida por los socialistas en 2015. Podemos había desarrollado la idea del “Régimen del 78” que servía para atacar al PP, pero sobre todo al PSOE como cómplica del PP.

En esa ocasión el PSOE decidió no enfrentarse tanto a los populares, como a guardar su retaguardia. No iban a ganar esas elecciones, pero no podían quedar terceros. Quedar terceros podíoa producir una crisis interna mayor que la que llegaría el 1 de octubre de 2016.

Las elecciones son caprichosas y muchas veces el triunfo o la derrota no es solamente ser el que tiene mejor resultados y/o capacidad para gobernar.

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Cuando España ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 le correspondía designar dos comisarios. El entonces presidente, Felipe González, designó a Manuel Marín (PSOE) y a Abel Matutes, a propuesta de Alianza Popular. Hasta que las sucesivas ampliación no redujeron el número de comisarios a uno por Estado-miembros, los dos grandes partidos se repartieron los dos puestos.

El esquema con el que se perfiló la Constitución de 1978 preveía que iba a haber dos grandes partidos, que se apoyarían en fuerzas regionalistas o nacionalistas para alcanzar la mayoría en el Congreso, cuando por sí mismos no lograran una mayoría absoluta. El otro partido haría de oposición hasta llegar al gobierno. Lo que se llamó bipartidismo imperfecto.

Pero el bipartidismo imperfecto era para la gestión cotidiana y las leyes ordinarias y orgánicas. Cuando había de tocarse uno de los puntos fundamentales del diseño institucional, nuestra Constitución comienza a exigir unas mayorías parecidas o iguales a las necesarias para la reforma constitucional. La designación de los vocales de extracción parlamentaria del CGPJ o los magistrados del Tribunal Constitucional requieren el acuerdo entre las que se preveían ser las dos grandes fuerzas y que juntas siempre llegarían a reunir cualquier mayoría cualificada. Existía esa conciencia, con alguna cosa para los nacionalistas, de que había temas donde se repartían las posiciones con una pequeña prima para el que estuviera en el gobierno.

A mitad de los noventa, con una renovación del Tribunal Constitucional, el sistema implícito se rompió totalmente t, desde entonces, cada renovación de órganos constitucionales se vive un largo periodo de bloqueo. Es cierto que existe un mandato, pero también lo es que no tiene sanción su incumplimiento y que las previsiones constitucionales prevén el ejercicio del bloqueo.

El cambio de sistema de partidos, al menos en la actualidad, hace mucho más difícil el acuerdo y más cuando los dos grandes no llegan por sí mismos a las mayorías. Hay cientos de incentivos para no negociar, para no transigir, y todos los partidos tienen retaguardias que proteger, que antes no existían.

¿Qué soluciones se pueden encontrar? Dentro del actual esquema constitucional no hay ninguna, pues el sistema incorpora numerosos vetos en determinadas partes del sistema político. O se vuelve al acuerdo, algo difícil, o bien se plantea una reforma constitucional que desincentive los bloqueos, a cambio de una pérdida de poder.

En vez de exigir grandes mayorías se pueden pedir menores mayorías, pero con mandatos más cortos. Prohibir el voto en contra de una investidura, admitiendo la pluralidad de candidatos y que sea elegido el que más apoyos tenga. En definitiva la idea es que el que pueda romper el bloqueo del otro, tiene que perder algo por el camino.

Pero desgraciadamente en España hay una gran cantidad de cuestiones, algunas de menor calado, que están presas de un bloqueo mayor, el de la reforma constitucional, que hace que nuestra Constitución poco a poco responda menos a las necesidades presentes y aporta más soluciones que los problemas que crea.

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El ejercicio de la política al máximo nivel nunca es fácil, pero hay políticos que lo tienen más difícil que otros. Uno de ellos es Pablo Casado, presidente del Partido Popular.

Desde el desastre electoral de 1986, la estrategia de la antigua Alianza Popular fue, sin dejar su espacio de derecha y extrema derecha, ampliarlo hasta todo el que ocupó la UCD, eliminando numerosas fuerzas regionalistas, provincialistas y localistas de derecha que le restaban utilidad a su voto.

Desde 1986 los dirigentes de los que rebautizaría como Partido Popular han tenido las espaldas de la derecha absolutamente cubiertas, garantizándose el voto más de derecha y el voto ultra simplemente porque no había otra opción con las mínimas posibilidades de llegar al Congreso y menos con ser decisiva. Por ello la cúpula del PP ha comenzado innumerables “viajes al centro político” sin ningún tipo de desgaste en su retaguardia más radical.

Desde la entrada de Vox en la escena política, el Partido Popular tiene que mantener a su retaguardia y se encuentra entre dos fuegos, como tradicionalmente le ha sucedido al PSOE. Por ello Casado no puede hacer la clásica oposición de los populares dura en la gestión y vacía de contenido ideológico, para no espantar a los votantes de centros, con los que ganaba escaños. Ahora si hace eso, perderá a los más situados a la derecha, a quienes la gestión les importa bien poco y se mueven con parámetros básicamente ideológicos. Si Casado opta por “achicarle” el espacio a Vox, le da resuello a Ciudadanos y al PSOE.

Los estrategas del PP tienen que valorar dónde las ganancias potenciales superan a las pérdidas en término de votos, porque los antiguos movimientos donde no había nada que perder han dejado de ser factibles.

Además tienen que preocuparse por las disidencias territoriales. Hasta 2016 quienes abandonaba por las bravas el PP, dejaba la política, pero ahora existe en peligro, dado el pluripartidismo imperante en todos los ámbitos territoriales, que un grupo de airados puedan poner en marcha un proyecto (nacional o regional) viable, creando otra vía de agua y otra fuente de desequilibrio para el PP.

Casado lo tiene mucho más difícil y buena parte de sus decisiones, encaminadas al bloqueo institucional, se explican desde un agarrotamiento político de quien teme cualquier paso debido a la incertidumbre de las consecuencias.

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Convergencia Democrática de Cataluña siempre gustó ir a las elecciones en compañía de alguien y no exponer la totalidad de sus siglas a los resultados electoral. La única vez que se presentó con su denominación a unas elecciones fue a las Generales de 2016. El partido sigue existiendo hasta el punto que se presentó en coalición a las últimas elecciones catalanas con su sucesor, el Partido Democrático de Cataluña (PDeCat).

El PDeCat parece que se deshace entre seguidores de Puigdemont y aquellos que piensan que el tiempo de Puigdemont está acabado. La pregunta ahora es qué resultará de estos movimientos.

Aunque muchos piensen que eso no es importante, un partido se construye desde sus bases municipales. Ése es el verdadero colchón y no otro. Que de esta crisis, si culmina, emerjan dos partidos viables dependerá sobre todo de qué bases municipales van a cada lugar.

La segunda variable es el liderazgo regional. Está claro que los de Puigdemont tienen un liderazgo porque las bases de su proyecto son personalistas y que puede resultar que el PDeCat tenga menos proyección, pero también es cierto que la permanencia de Artur Mas en el PDeCat permite atisbar una cierta proyección más allá del conglomerado de alcaldes y concejales . Esto es una condición necesaria, pero no suficiente.

La tercera es saber explicar qué ha producido la ruptura y qué hace a una parte mejor que la otra. Esto dependerá de qué sector del público objetivo se considere mayoritario y también de cuál se considere accesible. Los partidarios de Puigdemont tienen bazas fuertes para convencer al electorado común y los del PDeCat poseen en el personalismo de Puigdemont un arma interesante.

Quien reúna más bases municipales con sus representantes, tenga una liderazgo claro y explique bien cómo se ha llegado allí, tendrá una ventaja de partida. Luego vendrá lo siguiente, que es el buen hacer de cada cual, pero puede que el punto de partida no sea el mismo.

Mientras escribía esto recordaba las mil divisiones del Andalucismo y creo que ejemplifica muy bien lo que quería decir. Cada una de las partes (los de Pacheco o los de Rojas-Marcos) atrajo a estructuras municipales y tenían sus nutridos grupos de concejales y municipios de cierta entidad, pero en las dos veces que esto sucedió (PAP y PA; PSA y PA) quedó claro que la división entre los andalucistas se debían solamente al ego de cada cual y, además, ninguno de ellos fue capaz de articular un liderazgo regional. Y esto fue un pecado en el PA reunificado, pues no supo tener líderes conocidos y votó su disolución teniendo trescientos diecinueve concejales.

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Ciudadanos pasó de 4155665 votos en la Generales de abril de 2019 a 1637540 votos en las que celebraron solamente siete meses después, en noviembre. Las encuestas postelectorales apuntaron que aproximadamente un millón de votos se fue a la abstención y el resto al PP y a Vox, especialmente a los ultraderechistas.

cEl traspaso de votos de Ciudadanos a Vox puede sorprenderle a alguien que crea que los votantes conocen los principios de los partidos y no lo que los partidos quieren enseñar.

Pese a propuestas programáticas de centro y liberales, la escenografía por la que se optó fue por Albert Rivera rodeado de banderas españolas al grito de ¡Vamos! Ciudadanos. El despliegue de rojas y gualdas cautivó al voto banderita, que vio en Rivera y en su partido la línea dura que el PP no mostraba a la hora de la verdad. En noviembre se dieron cuenta que el producto original no era naranja, sino verde moco y se fueron con Abascal. Para cualquier partido político es malo perder votantes, pero si realmente no son tus votantes, tarde o temprano los terminarás perdiendo y el revés electoral será inevitable.

El voto al PP puede deberse tanto a que se fueron por el voto útil o era voto conservador. Sobre el voto útil ya hablaremos, pero el voto conservador será siempre una de las posibles salidas de Ciudadanos y dependerá de las circunstancias y, sobre todo, de cómo se encuentre el PP.

Pero lo más interesante, a mi modo de ver, es el millón de votos que se le fueron a la abstención. Estos votos sí son recuperables, porque no prefirieron otra opción. A estos votantes y a los que siguieron confiando en ellos les tiene que mostrar Ciudadanos que es una opción útil, que es un voto útil, no en el sentido de un voto agrupado para ganar, sino en el sentido de que es un voto que sirve para aprobar y aplicar políticas.

Este tipo de utilidad es difícil de ser transmitida en tiempos de polarización y por ello es una estrategia muy arriesgada. Puede hacer que el partido se quede en tierra de nadie y por tanto resultar irrelevante, pero un proyecto político no debe ser referencial, sino autorreferencial.

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