Pueblo, ayuntamiento y parroquia

Inmatriculaciones

En hoja parroquial, versión digital, de la diócesis de Segovia encontramos ya en el año 2012 el texto anteriormente, utilizando el argumento construido por la Conferencia Episcopal y sus asesores de comunicación contra las peticiones para eliminar el privilegio de inmatriculación en la Ley Hipotecaria y revisar las ya realizadas.

El argumento es hábil. Parte de la diferenciación entre “pueblo” entendido como la totalidad de los habitantes de un municipio, cuya forma política sería el Ayuntamiento y el “pueblo” entendido comunidad religiosa concreta, en este caso la católico-romana.

Es una pena que esta diferenciación no la hagan más a menudo, especialmente cuando intentan en convertir en ley obligatoria para todos sus creencias morales de índole religiosa, así como imponer sus símbolos a todos, creyentes de su confesión, de otra o no creyentes.

El Ayuntamiento es regido por los representantes elegidos por los ciudadanos. La comunidad de creyentes es regida por un sacerdote nombrado por el obispo como párroco sin que los miembros de esas comunidad parroquial tenga la mínima intervención antes, durante o después de la elección y mucho menos en relación con cualquier decisión, de la más nimia a la más importante.

Son mudos y la Iglesia Católica, al menos en la mayor parte de España y la inmensa mayoría de sus parroquias no proporciona a sus fieles ninguna forma de expresión. Luego el “pueblo” entendido como comunidad cristiana no tiene presencia, no existe, porque todo es dirigido por los funcionarios. En este argumento se usurpa el término “pueblo” para que los funcionarios eclesiásticos puedan esconderse detrás de él y así realizar sus operaciones inmobiliarias.

Un argumento aparentemente impoluto, diferenciación entre la comunidad civil y la comunidad religiosa, es utilizado únicamente para decir que como el “pueblo” entendido como comunidad religiosa está representado por personas impuestas, las decisiones de estos han de ser tenidas como decisiones del “pueblo” entendido como comunidad religiosa.

El caso de la Catedral-Mezquita de Córdoba es célebre pero creo que oscurece la problemática. Hay casos como la cesión sin más papeles de terrenos por parte de propietarios de tierras para hacer un cementerio y esos terrenos, no todos convertidos en cementerio, están ahora inmatriculados y pueden ser dispuestos para cualquier fin. Las casas de los curas que inmemorialmente los pueblos han tenido para los sacerdotes muestran otro caso. Se habla de inmuebles del “pueblo” y no del cura y del obispo.

El recurso de inconstitucionalidad imposible

Un conjunto de diversas asociaciones laicistas quieren conseguir que cincuenta diputados o cincuenta senadores firmen un recurso de inconstitucionalidad contra el primer párrafo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada por el Decreto de 8 de febrero de 1946, esto es, quieren que se someta a juicio de constitucionalidad la facultad de la Iglesia Católica de inmatricular bienes inmuebles de los que no tenga título de dominio escrito y no estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

Es irrelevante que consigan la firma de los diputados o de los senadores y por eso esta iniciativa parece más propaganda que una verdadera campaña jurídica contra esta absurda facultad jurídica de la Iglesia Católica.

¿Por qué digo lo anterior? Porque el recurso de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesto hasta tres meses de su publicación oficial o nueve meses en caso que se acuda previamente al procedimiento de comisión bilateral entre Gobierno y CCAA.

Teniendo en cuenta que esta norma fue publicada oficialmente el día 19 de marzo de 1946 no cabe recurso de inconstitucionalidad. Es más, y todos estaréis pensando eso, es una norma preconstitucional que obviamente nunca pudo ser sometida a un Tribunal Constitucional nacido tres décadas después de su promulgación.

El control de constitucionalidad de las normas preconstitucionales, como hemos indicado anteriormente, no se puede hacer por medio del recurso de constitucionalidad por lo que solamente cabe el examen judicial a partir de un caso concreto y el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia constitucionalidad ha sido oscilante a la hora de considerar si en las leyes preconstitucionales hay un control difuso por todos los órganos jurisdiccionales, control basado en la Disposición Derogatoria de la Constitución, o bien procedía la presentación de una cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de leyes preconstitucionales a efectos de control de constitucional por cuestión: las leyes asumidas por el legislador postconstitucional y las leyes no asumidas.

Una ley preconstitucional asumida por el legislador postconstitucional cuando la ley preconstitucional ha sido objeto de modificaciones parciales, permaneciendo vigentes las normas preconstitucionales no modificadas en lo que se entiende que puede ser visto como una “aprobación implícita”. Las normas preconstitucionales de estas leyes asumidas habrían de ser en términos generales objeto de cuestión de inconstitucionalidad si se duda sobre su adecuación a la Constitución. Éste sería el caso de la Ley Hipotecaria, incluso del artículo 206, que ha sido modificado con posterioridad a la Constitución, en 1996, y la norma cuestionada no ha sido ni modificada ni derogada. De hecho, desde 1978, La Ley Hipotecaria ha sido modificada en diecisiete ocasiones y el párrafo primero del artículo 206 sigue en vigor.

En el caso de las normas no asumidas se abren una doble posibilidad. La primera es que la disconformidad sea tan evidente que lo que realmente proceda sea la inaplicación por considerar que la Ley está derogada ex Constitutione; la segunda posibilidad es que el juez ordinario tenga dudas sobre su constitucionalidad y entonces sea deseable el planteamiento de la cuestión.

En conclusión: un recurso de inconstitucionalidad no es la vía jurídica adecuada para atacar el párrafo primero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, siéndolo la cuestión de constitucionalidad que habría de presentar un juez o tribunal ordinario dentro de un procedimiento donde ese artículo sea determinante para la decisión. Lo de “habría que ir, entonces, uno por uno, presentando recursos de inconstitucionalidad por cada bien inmatriculado” es para que le quiten a alguien la carrera de Derecho.

Lo que han hecho las asociaciones promotoras no es sino un acto de propaganda a favor de Izquierda Unida y de algunos diputados del Grupo Mixto y con una clara intención de atacar a los diputados y senadores que no firmen un recurso que va a ser rechazado nada más llegar al Tribunal Constitucional.

El movimiento laicista en España sigue haciendo movimientos efectistas, algunos con demasiadas connotaciones partidistas, más buscando el apoyo de los propios que unos resultados. Lo sensato es buscar apoyos en todos los partidos, incluso en el PP, para que esa norma sea derogada y se abra una investigación parlamentaria de esas inmatriculaciones.

Claro, que para eso hay que trabajar más.

Mal están viendo la cosa

El PP ha rectificado dos de sus decisiones más polémicas en solamente veinticuatro horas. La primera ha sido votar a favor de la consideración del ILP sobre la LH que, aunque no se esté de acuerdo, y tras casi un millón y medio de firmas, merecían al menos debatirse.

La segunda rectificación ha sido la del ministro de Justicia en lo referente a las tasas judiciales, después de que la evidente injusticia de la norma se le manifestase solamente a través de la Defensora del Pueblo y no antes, atendiendo las observaciones de órganos tan ajenos a la Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales o el Consejo General de la Abogacía que decían que las tasas eran injustas materialmente e inconstitucionales formalmente.

Muy mal lo ha tenido que estar viendo el Partido Popular cuando antes del escándalo Bárcenas perdía 40 escaños según la proyección de GS a partir de la estimación del CIS. Los datos y las estimaciones actuales tienen que ser entre tremendas y dantescas para los populares, porque han renunciado a dos señas de entidad: restringir la Justicia a quien pueda pagarla y despreciar a los firmantes de la ILP.

Es evidente que estas dos ‘rectificaciones’ tienen su aquel. Pueden votar en contra o descafeinar completamente la ILP y parece que la Defensora del Pueblo no se ha acordado de tasas importantes como la de la segunda instancia social. Pantallazos y gestos hacia la galería, pero muy mal tienen que ver su futuro político- electoral para tener que ceder cuando han tomado una decisión tan bien vendida a sus bases o a lo que eran sus bases.

Desahucios, dación en pago y servicios sociales

Hoy el Congreso rechazará la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la reforma de la Ley Hipotecaria. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y quisiera compartir el estado actual de mi reflexión.

No considero que haya que prohibir las ejecuciones hipotecarias ni impedir que la fuerza pública la lleve a cabo. Si la prohibición fuera general (como lo fue en Italia con los alquileres), se perjudicaría el derecho de propiedad y sería virtualmente imposible conseguir un préstamo hipotecario sin garantías muy superiores a las actuales (que no son pocas), así como el coste en intereses por el riesgo que implicaría.

Por el contrario sí creo que la dación en pago es un medida en el buen camino, pero no tiene nada que ver con los desahucios, como muchos piensan. Nuestro Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas, cuya consecuencia práctica en lo que ahora nos ocupa consiste en que sí después de la ejecución no se cubre la deuda, ésta sigue existiendo y te persigue toda tu vida.

Otros muchos países consideran que la hipoteca limita la responsabilidad al valor del bien, de modo que realizada la ejecución, desaparece la deuda. Es evidente que encarecería las hipotecas, pero no las imposibilitaría, como la prohibición anterior, pues hay préstamos hipotecarios en los países en los que se limita la responsabilidad al bien gravado y el mercado inmobiliario está más vivo que el nuestro. Eso sí, la retroactividad es una barbaridad

Muchas propuestas, incluida la ILP, pretenden paliar la tragedia de los desahucios, el paro y la miseria por vía legislativa, reformando el mercado inmobiliario. Creo que la solución no es prohibir ejecuciones, sino que se hacen necesarios unos servicios sociales, de los que carecemos, que ayuden a las familias que viven esta desgracia a no verse en la calle. Falta vivienda social (y la que hay tiene unos detentadores al parecer vitalicios); faltan ayudas a la compra de alimentos y ropa (dejado a la más pura beneficencia); faltan becas de comedor, de libros y de transporte. Faltan muchas medidas para evitar dejar a nuestros conciudadanos tirados. Medidas que no requieren trastocar el mercado inmobiliario e hipotecario con consecuencias difícilmente previsibles.

¿Quiere decir esto que esté de acuerdo con la negativa el PP de no tomar en consideración la ILP de la Ley Hipotecaria? No, porque tengo la convicción de que este trámite parlamentario no debiera existir en el caso de las ILP que ya superan muchos obstáculos para reunir las firmas.

Modelos legales

Cuando en España se habla de los trámites para crear una empresa se habla demasiado de los plazos (muy largos) y casi nada de los costes. Esto es así porque los costes de abrir una empresa van a parar a las arcas de dos de los grupos de presión más potentes de nuestro país: registradores y notarios.

Habrá cientos de excusas para justificar tanto su intervención como lo que cobran. Si se aprobasen una serie de modelos de constitución de sociedades y de estatutos, de legalidad garantizada normativamente (como ya hacen las editoriales para los abogados y otros actores jurídicos) podría solventarse la intervención de estos fedatarios haciéndola puramente mecánica, de hecho, el notario podría ser eliminado y el registrador daría asiento a unos documentos establecidos por posibles anexos a las leyes mercantiles reguladoras de cada sociedad.

Esto sería una gran ayuda a las empresas que empiezan. Es lógico que esos documentos no servirían a otras sociedades más complejas, para las cuales se podría continuar perfectamente con el actual sistema.

Esto es así para muchísimas corporaciones. Si alguien quiere constituir una asociación o partido político podrá encontrar estupendos modelos de estatutos perfectamente legales en la web del Ministerio del Interior. ¿Por qué no con las sociedades mercantiles?

Reforma del Registro Civil

Una de las reformas estructurales que más se han demandado ha sido la reforma de la Justicia. Una reforma que mediáticamente se circunscribe a los órganos más altos y pomposos de nuestra organización judicial, pero que sobre todo es perentoria en los miles de juzgados y en las audiencias provinciales.

En los últimos años el Ministerio de Justicia ha estado elaborando una amplísima reforma procesal que, en los órdenes penal y civil, ya está en vigor desde el pasado mes de mayo. La idea que guía esta reforma es que los jueces se dediquen exclusivamente a su misión constitucional, esto es, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Hace varias semanas el Ministerio de Justicia presentó el Proyecto de la nueva Ley del Registro Civil. Este Proyecto, si llega a término legislativo, hará realidad una demanda inmemorial de todos los actores jurídicos: desjudicializar el Registro Civil. Hasta ahora los Registros Civiles, que son administrativos, estaban a cargo de jueces que realizaban funciones administrativas y no judiciales.

De hecho todo es una excepción y se da la circunstancia que las resoluciones de los jueces encargados del Registro Civil no son en primera instancia recurribles judicialmente, sino administrativamente (ante la Dirección General de los Registros y del Notariado), al no ser esta función de naturaleza jurisdiccional, al menos en su comprensión constitucional.

No solamente se desjudicializa el Registro Civil, sino que se organiza de una forma más racional su despliegue territorial y se eliminan las tortuosas secciones, centrando todas las inscripciones en un registro individual para cada ciudadano, sobre el que se harán todas las inscripciones. También creo que merece especialmente mención el hecho de que la instrucción de los expedientes matrimoniales es encargada directamente a los municipios.

De camino, al hacerse electrónico todo el Registro, no es necesario pedir las certificaciones en el Registro donde se realizó en la inscripción sino en cualquiera de las oficinas generales, aunque serán muchas menos que los actuales registros civiles, por lo que la tramitación telemática se convertirá en una necesidad imperiosa para las zonas rurales.

¿De qué se habló en los medios sobre este Proyecto de Ley? Pues de una cuestión lateral: el cambio de criterios a la hora de establecer el orden entre los dos apellidos. Una Ley interesante reducida a la chorrada gracias a unos medios de comunicación incapaces de llevar al ciudadano una información completa y digerible por la inmensa mayoría.

¿Tiene sentido mantener la normativa sobre parejas de hecho?

Hace años se planteó la necesidad de reconoce determinado ‘status’ jurídico a las parejas de hecho. Se trataba de otorgar determinado reconocimiento a situaciones similares al matrimonio que tras décadas de una concepción católica obligatoria había dejado fuera: las parejas que se habían hecho sin casarse al no poder hacerlo uno de los dos cónyuges o personas que, sin apostatar (si es difícil ahora imaginaos como lo era durante el Franquismo), tampoco habían querido un matrimonio religioso. Se planteó también la cuestión, cada vez con más intensidad, de las parejas del mismo sexo que, ni con las reformas demócratas del Código Civil, podían contraer matrimonio.

Había un número importante de personas que conviviendo o habiendo convivido maritalmente, por diferentes circunstancias no había podido contraer matrimonio y, en consecuencia, no habían podido disfrutar de las consecuencias jurídicas del matrimonio. La reacción jurídica no vino de quien tenía competencias (el Estado), sino de los gobiernos autonómicos y de las autoridades locales, estableciendo estos determinadas equiparaciones de las parejas de hecho a los derechos de los matrimonios en las relaciones con sus respectivas administraciones.

Los ayuntamientos crearon registros municipales de parejas de hecho a efectos de una posible prueba en ulteriores procedimiento en los que se reclamasen derechos. La ley estatal fue anunciada varias veces por el gobierno del PP y no aprobada nunca.

Las situaciones que hicieron deseable la regulación de las parejas de hecho (porque muchos excluían el matrimonio para algunas de estas relaciones) han ido desapareciendo progresivamente desde que España es un estado democrático: hay divorcio, no tienes que casarte según el Derecho Canónico se has sido bautizado como católico e incluso puedes contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. A ello se une que las situaciones creadas anteriores están suficientemente cubiertas.

La consecuencia es que las personas que actualmente conviven y no quieren efectuar el negocio jurídico que regula ese tipo de convivencia lo están excluyendo implícitamente. No tiene sentido que haya normas que crean consecuencias jurídicas para situaciones equivalentes al matrimonio cuando las personas involucradas han podido contraer matrimonio y han decidido no hacerlo. Por ello lo sensato y lo deseable desde un punto de vista jurídico, moral y social es la eliminación de la normativa relativa a las parejas de hecho, ya que al no estar nadie excluido del matrimonio quien no lo contrae es porque no lo quiere y no hay que imponer a alguien las consecuencias de lo que no ha querido.