Los escasos efectos de la subida del SMI

smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

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El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

La Justicia y Justicia. A propósito de un niño llamado Lobo

Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

Fraude de representación

El fraude de Ley es el uso de una norma para conseguir fines diferentes a los previstos por la norma empleada.

La Constitución establece que los diputados y los senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria, el aforamiento en caso de enjuiciamiento penal y de inviolabilidad por las opiniones vertidas en sede parlamentaria. La finalidad de estas tres previsiones es proteger a los diputados y senadores y que pueden ejercer en libertad la representación de los ciudadanos para la que han sido elegidos.

Aforamiento, inmunidad e inviolabilidad son instituciones al servicio del ejercicio de la representación política de los diputados y senadores, esto es, guardan una relación de accesoria. Si no se ejerce la representación ni la inmunidad, ni el aforamiento, ni la inviolabilidad tienen sentido jurídico.

Un senador, una senadora, como Rita Barberá, que se blinde en aforamiento, inmunidad e inviolabilidad pero no ejerza  la representación para la que ha sido elegida, está incurriendo en fraude legal y debería aplicarse el principio general del Derecho, que refleja el artículo 6.4 del Código Civil: la aplicación de la norma eludida que no es otra que la regulación común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Audiencia Nacional y persecución de la corrupción

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Éste es el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Primero en 2008, luego 2009 y también en 2011 desde este blog pedimos que la corrupción dejará de ser competencia de los juzgados y tribunales del lugar donde se comete el delito, para serlo de la Audiencia Nacional.

A lo largo de su historia, este órgano jurisdiccional ha mostrado su capacidad para luchar con éxito contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Ahora hay cierta euforia judicial en la instrucción de casos de corrupción, una intensidad que contrasta con la inactividad cuando se presentaron las denuncias, de donde devienen los casos de hoy y cuando realmente se estaba dando la gran corrupción.

La corrupción es complicada y la cercanía del juez a la situación no ayuda, antes bien entorpece. Es por ello que la Audiencia Nacional permite una distancia conveniente y el hecho de que su jurisdicción sea nacional no divide las tramas corruptos que superan el estrecho margen del partido judicial.

Un motivo más para que Pedro Sánchez alcance la investidura.

Pequeño apunte sobre el aforamiento

Carlos Fabra presidió la Diputación Provincial de Castellón de 1995 a 2011. El número de causas abiertas en los juzgados de Castellón era ingente, porque correspondía la instrucción a los juzgados de primera instancia del lugar donde presuntamente se habían cometido los delitos. Esto era así porque Carlos Fabra no estaba aforado pues ningún aforamiento corresponde a los presidentes de las diputaciones.

Las instrucciones se eternizaron y algunas investigaciones abiertas, que no se habían convertido en imputación contra él, prescribieron. La dilación de las instrucciones no solamente se debía al colapso generalizado de la Justicia española, sino a que los jueces que servían esos juzgados, solicitaban traslado. Había quien decía que hubieran pasado nueve jueces y cuatro fiscales no era debido al azar.

Si Carlos Fabra hubiera estado aforado las instrucciones y las enjuiciamientos hubieran sido más rápidos.

El País en Twitter crea un nuevo tribunal

Audiencia de CAT
Este tweet me sorprendió. No me sonaba la existencia de ninguna Audiencia de Cataluña. En aquella comunidad hay cuatro audiencias provinciales y un Tribunal Superior de Justicia, pero una audiencia para todo el territorio catalán, la verdad era que no me sonaba. Me miré la Ley Orgánica del Poder Judicial y tampoco.

El misterio se resuelve leyendo la noticia. Resulta que el misterioso tribunal era la Audiencia Nacional (con sede en Madrid por cierto).

En medio de una actualidad que parece toda una sección de tribunales, llama la atención que la organización judicial, cuyos órganos son noticia continuamente, sea tan desconocida que se ponga este tweet y que el mismo no haya sido rectificado tres horas después por un medio importante.

La hora del Papa Francisco

El juzgado de instrucción que investiga los abusos cometidos por un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada solamente mantiene la imputación para el líder de los “Romanones”, mientras que no la mantiene para el resto de los miembros del clan no porque crea que no hay indicios racionales, sino porque considera que ha pasado el plazo de prescripción. No voy a entrar en valorar la decisión del magistrado y será la Audiencia quien lo haya de hacer.

Dado que los indicios racionales de comportamiento delictivo sí están allí y que ninguna prescripción los borra, es el momento en el que tiene que actuar el Papa Francisco de actuar con todos los medios y su alcance y aplicarles las máximas sanciones canónicas a este grupo.

La suspensión “a divinis” para los sacerdotes por toda su vida sería una buena sanción. Así tendría que entretenerse al menos en buscarse el sustento en otra dedicación que no les deje tanto tiempo libre.

El Papa Francisco ha liderado este asunto. Ahora le toca cerrarlo para la mayoría de los incursos. Y respecto del inefable arzobispo de Granada no tengo más que decir que un retiro indefinido con los jerónimos sería tremendamente beneficioso para su alma.