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Archive for the ‘Derecho Presupuestario’ Category

En el debate entre la Vicepresidenta y la portavoz del PSOE, la primera le echó en cara al Gobierno anterior que no enviase los Presupuestos a las Cortes y que ni siquiera enviase a las cámaras la prórroga de los Presupuestos.

Los Gobiernos, en virtud de la Ley General Presupuestaria, tienen que presentar antes del 1 de octubre el Proyecto. El Real Decreto de disolución de las Cortes Generales fue publicado en el BOE el 27 de septiembre de 2011, de modo que eran imposible presentar un Proyecto de Ley a unas cámaras de no tenían posibilidad constitucional de debatirlo y someterlo a aprobación. Unos Presupuestos Generales del Estado están fuera de las competencias de la Diputación Permanente de forma que disueltas las Cortes es imposible remitir un Proyecto de Ley de Presupuestos.

La Vicepresidenta también reprochó al anterior Gobierno que tampoco hubiera mandado la prórroga de los Presupuestos a las Cortes. Este reproche es el que más me ha sorprendido, toda vez que tanto la Constitución como la Ley General Presupuestaria prevén las prórroga automática de los Presupuestos, de modo, hasta donde llega mi conocimiento, no es necesaria la remisión de ninguna prórroga presupuestaria y menos que deba ser votada (no hay lugar a una situación como la que intermitentemente sucede en los Estados Unidos). Llama la atención aún más cuando en la exposición de motivos del primer Decreto-Ley del Gobierno de Mariano Rajoy se expone exactamente esto y no apunta ninguna necesidad ulterior, por más que en algunas ocasiones se hayan podido dictar normas complementarias no obligatorias para el periodo de prórroga (para el Estado solamente recuerdo un Decreto-Ley en 1982).

En resumen, las acusaciones de la Vicepresidenta están fuera de lugar, porque remitir un Proyecto de Ley de Presupuestos a unas Cortes disueltas o que vas a disolver el día después y sin que se agote el plazo legal es un soberana estupidez y hubiera sido severamente criticado por la Vicepresidente. La remisión de una prórroga debe pertenecer a otro ordenamiento en el que la prórroga no es automática;es aconsejable que la Vicepresidenta sepa qué país gobierna. Y, sobre todo, más que aconsejable es deseable que envíen de una vez el Proyecto de Presupuestos y dejen de hacer electoralismo con el principal instrumento de Gobierno.

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Reuters anunció el pasado jueves que el Gobierno de España ha inflado la cifra de déficit para que el próximo año su gestión parezca cuasimilagrosa. A lo largo de la jornada hubo varios desmentidos pero al final del día, El Economista informaba que Reuters se reafirmaba en la información y en sus fuentes en las instituciones comunitarias.

Lo que sí quedó claro el jueves es que en la Comisión Europea están algo más que enfadado por la tardanza de Mariano Rajoy en presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Esta tardanza no se explica de ninguna forma.

Los estudios previos y los cálculos más o menos mecánicos que son necesarios para la preparación de los Presupuestos se van realizando durante todo el año, para que el 1 de octubre el Proyecto pueda estar listo. Habrá que hacer modificaciones en virtud de las decisiones políticas que se tomen, pero la mayor parte del trabajo presupuestario está realizado.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No tiene necesidad de llegar a ningún pacto y puede adoptar todas las decisiones precisas para acelerar la aprobación del Presupuesto. El Gobierno no sólo no ha impulsado el procedimiento parlamentario, sino ni siquiera ha presentado el Proyecto de Ley.

Nada impediría que el lunes el ministro de Hacienda se presentara en las Cortes con los Presupuestos, pero todos los españoles saben que no lo hacen para no emborronar sus buenas expectativas electorales en Andalucía y, ahora, la oportunidad de acabar con Álvarez-Cascos en Asturias. Eso lo sabemos nosotros, lo saben en las instituciones europeas y lo saben los mercados. Un electoralismo regional no le da confianza a nadie y confianza era el principal producto que vendía Rajoy.

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No soy demasiado entusiasta del programa ‘Salvados’, no obstante lo veo ocasionalmente. Creo que el programa y su presentador rinden mucho más cuando tienen a un ‘friki’ delante de la cámara que a alguien que está acostumbrado al medio, a los periodista y que se ha visto en situaciones más comprometidas, de forma que termina hablando de lo que quiere y el periodista y sus espectadores pensando que habla de lo que ellos pretendía que hablaran.

El otro día Gregorio Peces-Barbas dio varios de esos buenos pases y todo el mundo terminó hablando de la ex novia noruega del Príncipe de Asturias y no del tema de la financiación y patrimonio de la Monarquía.

Una de las falacias que utilizó era que no era del interés de nadie cuánto costaba la limpieza de las dependencias del Palacio de la Zarzuela. Este argumento, falaz, es un clásico para los defensores de la opacidad de cualquier organización pública: la transparencia alimenta el cotilleo. La siguiente pregunta es por qué saber los gastos de limpieza del Congreso o de la Universidad en la que él trabaja, y las empresas que se encargan de ello y eso no es malo ni genera un cotilleo aterrador.

Es evidente que la curiosidad que despierta la Familia Real no la despierta la Universidad Carlos III, ni el Congreso de los Diputados, ni mi centro de trabajo. Pero aquí nos encontramos con una cuestión de principios que también afecta a la Monarquía.

El dinero con el que se financian las instituciones del Estado es un dinero que es quitado coactivamente a los ciudadanos y que, por tanto, debe poder ser fiscalizado por estos ciudadanos, por entidades que los representen o por algún aburrido, que los aburridos también pagan. El problema de descalificar la transparencia o la fiscalización por parte de ciudadanos interesados o entidades es que en un presupuesto se pueden ocultar ingresos y gastos dudosos, y también destinos dudosos.

La transparencia es una actitud y un valor que solamente se entienden con la práctica, con la repetición de actos que generan un hábito o héxis. La transparencia nos ayuda a todos y, después de lo que ha pasado con el Urbanismo en nuestro país, sería conveniente no dudar que el ocultismo no es bueno, ni para las cosas que a Peces-Barbas le puedan parecer irrelevantes.

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Parece que el ministro Montoro se ha montado a los hombros de la demagogia y de las soluciones fáciles. Ampliar el plazo de devolución de la desviación de los ingresos cedidos a las Comunidades, con un coste para los maltrechos PGE, y tipificar penalmente los incumplimientos del Presupuesto son magníficos ejemplo de esto.

Lo segundo es un anuncio poco creíble en primer lugar porque el PP gobierna casi todas las administraciones importantes de nuestro país, por lo que esa penalización sería poner una espada de Damocles a sus propios compañeros de partido que si bien individualmente no pintan nada, tanto presidente autonómico, de diputación y alcalde de ciudad de más de 50.000 habitantes juntos y a una pueden convertirte en el primer cónsul de España en Paro (Reino de Bután).

En segundo lugar este anuncio no es serio porque buena parte del déficit no se debe a una subida en los gastos anteriores, sino principalmente a una bajada en los ingresos sobre los que se calculan los gastos.

Los presupuestos de ingresos nunca pueden estar cerrados, salvo con algunas excepciones, de forma que lo que se dice que se va a ingresar es una estimación de lo que va a suceder. Hay administraciones, con bastantes medios y mejor voluntad, que realizan los cálculos la situación económica de su ámbito territorial, la incidencia en la tributación, así como la probabilidad de que se sigan produciendo o se generen nuevas fuentes de ingresos o varíe su cuantía.

Pero lo que muchas administraciones hacen, mayoritariamente municipales, es decidir los gastos y ponerse a imaginarse ingresos para llevar al equilibrio presupuestario, por ejemplo introduciendo una buena partida de ingresos por sanciones administrativas (algo imposible de prever) o suponiendo que otra administración les transferirá un dinero que esa otra administración no tiene ni pensado transferir, así como computar enajenaciones poco probables (y solamente son ejemplos).

En tercer lugar, porque tanto el ministro Montoro como el ministro Soria saben una partida presupuestaria (normalmente se habla de aplicaciones) puede ser variada mediante la transferencia de crédito y que también puede haber modificaciones presupuestaria, así como otras figuras más sutiles. Es decir, es sumamente complicado que alguien, sin ser un mandril, gaste más de lo presupuestado porque puede modificar la cuantía de mil maneras.

Si Montoro, en vez de hacer demagogia, hubiera querido ser hoy un buen ministro de Hacienda, podría haber anunciado que se van a reformar las normas presupuestarias y de haciendas locales para restringir la introducción de elementos imaginativos en los presupuestos de ingresos, que las bases de ejecución del gasto sean más exigentes con las disponibilidades temporales o, si se toman en serio lo de las partidas, que modifiquen el nivel de vinculación de los créditos.

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La Casa Real ha anunciado que va a informar sobre el desglose de su Presupuesto, diciéndonos cuanto gastan en cada capítulo y otros conceptos presupuestarios. La Casa Real quiere ser transparente, pero realmente solamente está llegando con unas décadas de retraso a lo que todos los órganos constitucionales y administraciones hacen: precisar en qué piensan gastarse el dinero.

De hecho la Casa Real, con estas medidas de extraordinaria transparencia, va a llegar al nivel de transparencia financiera del Centro Nacional de Inteligencia, cuyos gastos los encontramos desglosados por Capítulos en los PGE para 2011, por ejemplo.

De camino, por eso de ponerse al nivel de los demás, la Casa Real también podría publicar la ejecución presupuestaria de 2009 y la ejecución de 2010 hasta septiembre, como hacen todos los que manejan dineros públicos.

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A través de MG llegué a este breve resumen de algunas de las intenciones que el PP, ya seguro de su victoria, empieza a sacar de lo oculto y secreto. Los populares proponen que las subvenciones sean transparentes porque los pérfidos socialistas han hecho de las subvenciones un mundo terrible, aunque sean los ayuntamientos y las autonomías populares quienes las concedan.

El problema de la propuesta popular, como otras muchas, es que no es creíble porque choca con el hacer precedente y la misma ideología de los conservadores españoles. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, tuvo la virtud de ser la primera norma de rango legal que sistematizaba la normativa sobre subvenciones que se encontraba dispersa por normas financieras, generalmente de carácter reglamentario.

La Ley General de Subvenciones rompió una norma tradicional del Derecho Público, contenida en el celebérrimo Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, que establecía un máximo de la cuantía de la subvención a la mitad de la actividad subvencionada. La Ley aprobada por los conservadores elevó esta cuantía a la totalidad de la actividad subvencionada.

De esta forma buena parte de la privatización de los servicios públicos, y específicamente de los servicios sociales, se ha construido a través de subvenciones consecuencia de convenios entre entidades y administraciones y no a través de contratos públicos en libre concurrencia que hubiera sido lo lógico y deseable. Es más esta norma posibilitó que se constituyeran entidades, sin ninguna experiencia, solamente para firmar convenios y tener una subvención que conlleva una serie de empleos y salarios, y todo ello sin tener que exponer un solo euro.

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Llevo bastante tiempo, quizá demasiado, echándole un buen vistazo a los presupuestos de la ciudad en la que vivo. Siempre el gobierno de Ceuta, abrumadoramente del PP, presenta un presupuesto equilibrado, en los que no hay cabida el déficit y siempre quedan unos eurillos libres cuando el aprueba la cuenta general para anunciar que ha habido superávit.

La deuda de la Ciudad de Ceuta se ha elevado hasta los trescientos millones de euros (para 82.000 habitantes) y se repiten las escenas habituales de proveedores no pagados a los que se les lleva a una situación difícil, a empresas que tienen que recurrir a los tribunales para cobrar o simplemente para que se les reconozca la deuda (una de las argucias contables).

La reforma constitucional obliga a los entes municipales a tener un presupuesto equilibrado (algo que muchos ya hacían mecánicamente), pero es insuficiente si no hay una legislación nueva y sumamente dura en materia de Hacienda Locales y de organización de las corporaciones locales a todos los niveles. Habrá Ley Orgánica que fije el déficit total, pero si no hay controles de nada servirá ni ésta ni ninguna reforma.

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