Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Derecho Penal’ Category

En España la corrupción es un concepto jurídico, sino político, social e incluso periodístico. Nuestro Código Penal no da ninguna caracterización de lo que es la corrupción. Se suele asumir que son delitos de corrupción los delitos “contra la Administración Pública” y los delios “contra la Ordenación del Territorio” cometidos por una autoridad y no solamente por funcionarios, aunque las investigaciones judiciales nos han enseñado que la falsedad documental se ha convertido en un tipo que está presente en muchas ocasiones.

Era lógico que Ciudadanos y el Partido Popular tuvieran que acordar qué entendían por corrupción. Lo que no es normal es que hayan aceptado que solamente hay corrupción cuando hay enriquecimiento personal o financiación ilegal del partido, los dos supuestos más difíciles de probar.

La prevaricación es el eje de la corrupción y es el delito que tienen una prueba más sencilla. El Código Penal define la prevaricación como dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en un asunto administrativo (artículo 404).

El Tribunal Supremo, que tienen un establecida jurisprudencia en esta materia, dice que el baremo de justicia es la legalidad y que no es una mera ilegalidad, que sería competencia del contencioso-administrativo, sino una resolución fuera de toda lógica, siendo la violación del procedimiento administrativo una manifestación de ello.

La prueba es sencilla. Es necesario casi únicamente estudiar el expediente administrativo que llevó a esa resolución (si lo hubo). Sin prevaricación no hay corrupción o no hay la mayor parte de la corrupción. Demostrar el cohecho (prevaricación a cambio de algo) es muy difícil porque tienes que probar la dádiva, recompensa o promesa y las huellas de esto desaparecen con suma celeridad.

Llegar a la prevaricación no es fácil. Normalmente viene acompañada por la destrucción o el ostracismo de la mayoría de los funcionarios de carrera, por la creación de una administración paralela y por el establecimiento de una serie de prebendas que sin ser ilegales, llaman la atención. Hay sectores que se llenan de irregularidades que se convierten en norma. Luego vienen los delitos más importantes, con el cohecho a la cabeza y todas las prevaricaciones cualificadas por su temática.

El Partido Popular parece que le está imponiendo a los de Albert Rivera la idea de que solamente hay corrupción cuando tenemos un beneficio personal o financiación ilegal para el partido.

Si alguien prevarica para beneficiar a un familiar pero no a sí mismo ni a su partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para beneficiar a un empresario por coincidir en la ideología, por tener amistad o por pertenecer al mismo club de petanca pero sin beneficio propio ni del partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para “enchufar” a un descendiente de su compañero de pupite ¿debe o no debe dimitir? Si alguien transmite información de la Administración para que su primo gane mucho dinero ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para mantener una red clientelar pero sin financiar ilegalmente al partido ¿debe o no debe dimitir?

Junto a los actores activos están los que pasaban por allí, que todo lo firman y lo votan, sin leerse un papel, por “lealtad” o para asegurarse seguir en la lista. Porque la corrupción no es cosa de un señor retorcido, sino que normalmente es una trama, una organización, en la que no todos realizan actos ilegales, pero sí necesarios, y que se extiende por la sociedad. Necesitaríamos una profunda reforma penal que sí incorpore la corrupción dentro de nuestro Derecho Penal, que generalice las penas privativas de libertad y que sea adecuada para tratar con la corrupción organizada.

La propuesta del Partido Popular es la táctica de un abogado defensor que procura que su representado sea acusado solamente de aquello que es más difícil de probar. Ciudadanos debería dejar ya unas negociaciones que no le hacen ningún bien ni a ellos, ni a España y dejar en evidencia que para el PP los intereses de España se circunscriben únicamente a que Mariano Rajoy continue como Presidente del Gobierno.

 

Read Full Post »

El fraude de Ley es el uso de una norma para conseguir fines diferentes a los previstos por la norma empleada.

La Constitución establece que los diputados y los senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria, el aforamiento en caso de enjuiciamiento penal y de inviolabilidad por las opiniones vertidas en sede parlamentaria. La finalidad de estas tres previsiones es proteger a los diputados y senadores y que pueden ejercer en libertad la representación de los ciudadanos para la que han sido elegidos.

Aforamiento, inmunidad e inviolabilidad son instituciones al servicio del ejercicio de la representación política de los diputados y senadores, esto es, guardan una relación de accesoria. Si no se ejerce la representación ni la inmunidad, ni el aforamiento, ni la inviolabilidad tienen sentido jurídico.

Un senador, una senadora, como Rita Barberá, que se blinde en aforamiento, inmunidad e inviolabilidad pero no ejerza  la representación para la que ha sido elegida, está incurriendo en fraude legal y debería aplicarse el principio general del Derecho, que refleja el artículo 6.4 del Código Civil: la aplicación de la norma eludida que no es otra que la regulación común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Read Full Post »

En la anterior entrada con este título nos preguntábamos por qué pruebas periciales eran admitidas con sus valoraciones jurídicos-penales por parte de determinados jueces, como si la pericia no debiera limitarse únicamente a ayudar al juez a fijar los hechos en conocimientos que el enjuiciar no debe tener.

Estamos asistiendo al nacimiento de la pericia jurídica en el proceso penal español. Algunos jueces llaman a peritos que le digan que algo es delito o no. Pero al menos estos jueces que los que hablábamos antes suelen llamar a inspectores de finanzas del Estado, inspectores de la Agencia Tributaria y otros altos funcionarios con una alta cualificación técnica y jurídica.

Se me escapaba decir que hay jueces que entregan su jurisdicción a una pericia de estos funcionarios, sino que confían ciegamente en la interpretación normativa contenida en un atestado redactado por un policía o un guardia civil del que no se conoce el grado de conocimiento jurídico que tiene.

Actualmente un juzgado de Sevilla [no el que era de Alaya y ella dejó porque prefirió irse para no irse] ve un caso en el que el “quid iuris” versa sobre la potestad reglamentaria “praeter legem” de la Comunidad Autónoma en el caso de desarrollar la legislación básica del Estado, que es competencia estatutaria, en el caso que el legislador estatal no haya realizado esa legislación básica.

Sobre este asunto hay bastante pronunciamientos de especialistas en Derecho Constitucional, todos fundamentados pero muchos de ellos discordantes en todo o en parte. Y resulta que un atestado de un agente policial decide que realizar una adjudicación según ese reglamento “praeter legem” que desarrolla la legislación básica del Estado, que es competencia estatutaria, en el caso que el legislador estatal no haya realizado esa legislación básica es un delito de prevaricación.

La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía ha hecho un comunicado, tras la “presunta detención ilegal” de una de las letradas a pesar de no estar imputada, que recomendamos, en especial el punto 3:

3.- […] la asociación manifiesta su más absoluto rechazo a aquellas conductas, acutaciones y opiniones que, para sostener discrepancias surgidas de la interpretación del ordenamiento jurídico, menoscaben gratuitamente la labor de los Letrados de la Junta de Andalucía, hasta el punto de criminalizarla; más aún cuando las discrepancias respecto del criterio de especialistas acreditados en el mundo del Derecho proceden de personas que carecen de la más elemental cualificación técnica.

Read Full Post »

El latinajo que da título a esta entraba no significa otra que “el tribunal conoce el Derecho”. En nuestro ordenamiento, salvo algunas excepciones del Derecho Internacional Privado, las normas aplicables al caso no tienen que ser aportadas ni probadas por las partes porque se entiende que el juez o los magistrados conocen todo el Derecho y ellos aplicarán la norma correcta aunque a las partes no se les haya ocurrido emplearla en su argumentación [Comentario: aporten e incluso prueben todo el Derecho que les convenga, por si acaso].

En muchos casos de corrupción que estamos viendo tengo la impresión, posiblemente errada, de que el papel de los jueces lo están desarrollando los peritos de algunos organismos de la Administración Pública. Los peritos deben establecer los hechos según su conocimiento y es el juez quien tiene que determinar si esos hechos son subsumibles o no bajo algunos de los tipos penales vigentes.

Habrá quién argumente que en ocasiones los hechos no son absolutamente deslindables de su consideración jurídica como cuando hay una pericia sobre contabilidad pública, pero no estamos asistiendo a eso, sino a veces a calificaciones jurídicas que trascienden la pericia contable. No es un interventor de la AGE, un inspector de Hacienda o un guardia civil la persona que debe determinar los indicios racionales; es el juez. Si lo determinan algunos de ellos y el juez no sólo lo consiente sino que acríticamente lo sigue habría que pensar dos o tres cosas.

Read Full Post »

Carlos Fabra presidió la Diputación Provincial de Castellón de 1995 a 2011. El número de causas abiertas en los juzgados de Castellón era ingente, porque correspondía la instrucción a los juzgados de primera instancia del lugar donde presuntamente se habían cometido los delitos. Esto era así porque Carlos Fabra no estaba aforado pues ningún aforamiento corresponde a los presidentes de las diputaciones.

Las instrucciones se eternizaron y algunas investigaciones abiertas, que no se habían convertido en imputación contra él, prescribieron. La dilación de las instrucciones no solamente se debía al colapso generalizado de la Justicia española, sino a que los jueces que servían esos juzgados, solicitaban traslado. Había quien decía que hubieran pasado nueve jueces y cuatro fiscales no era debido al azar.

Si Carlos Fabra hubiera estado aforado las instrucciones y las enjuiciamientos hubieran sido más rápidos.

Read Full Post »

Andrés Herzog es el abogado que representa a UPyD en el caso Bankia. Hoy publicaba este tweet:

Tweet Herzog

Y creo que Andrés Herzog tiene razón. Los ciudadanos españoles prefieren un buen grito, una frase facilona y maximalista o un binomio. El trabajo serio y paciente, como es el que este letrado está llevando en los casos en los que UPyD está personado, no sirve para nada, nadie lo reconoce y UPyD está al borde de convertirse en una fuerza extraparlamentaria.

De todas formas hay que señalar que UPyD tiene un pequeño problema de comunicación en el caso Bankia que le ha impedido apuntarse un tanto que se merece.

No ha controlado la narrativa o la interpretación de las postdecisiones, de forma que han quedado en manos de tertulianos de otras formaciones que se expresan tan correctamente que parece que ellos son los que están personados en el caso.

Si uno no hace el seguimiento del caso, termina perdiendo la interpretación e incluso la autoría.

Read Full Post »

El juzgado de instrucción que investiga los abusos cometidos por un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada solamente mantiene la imputación para el líder de los “Romanones”, mientras que no la mantiene para el resto de los miembros del clan no porque crea que no hay indicios racionales, sino porque considera que ha pasado el plazo de prescripción. No voy a entrar en valorar la decisión del magistrado y será la Audiencia quien lo haya de hacer.

Dado que los indicios racionales de comportamiento delictivo sí están allí y que ninguna prescripción los borra, es el momento en el que tiene que actuar el Papa Francisco de actuar con todos los medios y su alcance y aplicarles las máximas sanciones canónicas a este grupo.

La suspensión “a divinis” para los sacerdotes por toda su vida sería una buena sanción. Así tendría que entretenerse al menos en buscarse el sustento en otra dedicación que no les deje tanto tiempo libre.

El Papa Francisco ha liderado este asunto. Ahora le toca cerrarlo para la mayoría de los incursos. Y respecto del inefable arzobispo de Granada no tengo más que decir que un retiro indefinido con los jerónimos sería tremendamente beneficioso para su alma.

Read Full Post »

Older Posts »