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Archive for the ‘Derecho Local’ Category

La afirmación que da título a esta entrada es uno de los grandes lemas políticos y victimistas del Partido Popular.

La elección del alcalde o alcaldesa se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 196). Como sabéis una Ley Orgánica solamente requiere la posesión o el logro de la mayoría absoluta para poder ser aprobada, circunstancia con la que el PP ha contado en dos ocasiones.

¿Por qué no ha reformado el Partido Popular el sistema de elección de los alcaldes?

Sencillamente porque no le conviene. Los populares buscan que haya un acuerdo entre todos los partidos, pero no una obligación legal, dado que esto podría perjudicarle en un plazo relativamente breve.

La razón es sencilla. Hasta ahora la derecha ha conseguido numerosos éxitos electorales por concurrir unida a las elecciones. La posibilidad de que la Alcaldía se le asigne directamente a la fuerza más votada, puede llevar a la división y fragmentación de la candidatura del Partido Popular y en especial en aquellos municipios donde la sociología del votante del conviene, ya que una candidatura de derecha fuerte gana con un solo voto más.

Veamos lo mismo con el siguiente ejemplo:

Municipio 1
Un municipio entre 20.000 y 50.000 habitantes que elige veintiún concejales. Aunque el PP no ha conseguido la mayoría absoluta y una hipotética unión de los cuatro partidos restantes es muy improbable, es cierto que la disparidad entre ellos y las posturas asumidas por cada partido hacen que el alcalde sea el popular.

Pero imaginemos que en este municipio es elegido alcalde automáticamente el cabeza de lista de la candidatura más votada. Un grupo de descontentos con entidad suficiente dentro del PP puede organizar una lista alternativa a la oficial y hacerse con la Alcaldía consiguiendo poco más de la mitad de los votos populares. Y teniendo en cuenta las singulares características de las Elecciones Municipales y el personalismo de los alcaldes populares, esto no es descartable. Veamos esto reflejado en la siguiente tabla:

Municipio 2
Una modificación tan sustancial del modo de elegir alcalde (el que gana aunque sea por un voto se lleva la Alcaldía) también produciría un cambio radical en el sistema de partidos a nivel local, donde lo importante sería solamente es la minoría más votada, por pequeña que fuese, e intentar capear el temporal en los plenos con una oposición absolutamente mayoritaria en contra.

El Partido Popular no ha reformado la Ley, ni siquiera lo ha propuesto seriamente, porque destrozaría la cohesión municipal de su formación, y también del resto. Es puro conveniencia política, sin principios, porque si la circunstancia fuera diferente tendrían otro criterio que les beneficiase.

Si realmente les interesase que el alcalde fuera el más votado, hace tiempo hubieran apoyado la elección directa del primer edil a dos vueltas o con voto preferencial.

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La legislación en materia de Haciendas Locales divide el gasto de las corporaciones locales en seis áreas de gasto, que luego se subdividen en las “políticas de gasto” para luego comenzar las divisiones en programas. Vamos a repasar el gastos que cada diputación dedica a cada una de estas áreas, marcando la media del área en la suma del presupuestos de las treinta y ocho diputaciones de Derecho Común.

01 Deuda Pública
02 Servicios Públicos Básicos
03 Protección social

04 Bienes carácter preferente
05 Actuaciones económicas
06 Actuaciones generales

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Presupuesto Barcelona

Presupuesto Valencia

Presupuesto Sevilla

Presupuesto Alicante

Presupuesto Málaga

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Tweet Division Provincial
El diseño del mapa provincial tuvo sus dosis de convencionalismo. Las provincias eran unidades territoriales nuevas, inspiradas en el modelo francés, de modo que dividir los antiguos reinos en las nuevas divisiones iba a tener algún grado de arbitrariedad.

¿Permanece desde mitad del siglo XIX esa arbitrariedad? Las identidades creadas casi de la nada, como fueron las provincias españoles, han dejado de ser percibidas como artificiales o arbitrarias. Los residentes de una provincia llevan más de ciento cincuenta años poniendo el nombre de su provincia junto a su localidad, marchando a la capital provincia a los asuntos administrativos de cierto fuste, como hasta hace poco a cualquier cosa que no fuera lo más básico en lo público y en privado.

Las identidades son creadas, pero dejan el momento en el que empiezan a sentirse como “naturales”. A muchos les parece que actual división autonómica es “artificial” en muchos aspectos, pero los millones de los nacidos en las autonomías las viven como el espacio normal.

Ninguna división política o territorial es natural. Todas son arbitrarias, convencionales, pero la costumbre, el olvido y la identidad aprendida hace que nos olvidemos de su primigenia condición. La conciencia provincial es fuerte, incluso mucho más que las diputaciones.

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Por primera vez en muchos años se pone en un programa de Gobierno, que todavía está en el aire, la eliminación de las diputaciones provinciales. En este blog llevamos muchos tiempo pronunciándonos a favor, pero hay que matizar alguna cosa.

El documento de acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE prevé la creación de un órgano, el Consejo Provincial de Alcaldes, para atender a la prestación de servicios y a las inversiones en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

Las diputaciones tienen un sesgo que beneficia a las zonas menos pobladas de las provincias, porque precisamente  esos territorios son su principal objetivo. La eliminación de las diputaciones sin más y la entrega de sus servicios, inversiones y presupuestos a las comunidades autónomas, implicaría que buena parte de la España rural desaparecería de la agenda política de los gobiernos autonómicos. Debe establecerse un mecanismo para compensar la debilidad poblacional-electoral , una vez eliminado el aparato administrativo que se dedicaba a estas partes del país, demasiado costoso.

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Poco después del 20-D, entre las cientos de cosas, ideas y propuestas que se hacen cada día y que parecen a los tres minutos, los de Podemos propusieron un gobierno de izquierda liderado por un “Presidente independiente”. Algo parecido se había estado oyendo en los espacios que se muestran claramente partidarios de la GroKo.

Cristina Cifuentes se confundió al decir que no esto no era posible, ya que ni la Constitución, ni el Reglamento del Congreso exigen que el Presidente del Gobierno sea diputado o senador. De hecho, no serlo no le impide hablar en las Cortes porque el turno de palabra al Presidente le corresponde en su calidad de Jefe del Gobierno y no de miembro del legislativo.

Esto que está así dispuesto y no por descuido (y que alimentó las aspiraciones del general Armada de ser elegido por el Congreso) para el Presidente del Gobierno de España, no se replica como tantas cosas en el ámbito autonómico. Todos los Estatutos de Autonomía de las comunidades exigen que el Presidente autonómico sea elegido entre los miembros del legislativo, lo cual cierra la posibilidad de que haya un Presidente autonómico independiente (que no pertenezca a ningún partido).

En las ciudades con Estatuto, siguiendo más la legislación municipal, la exigencia es la de ser miembro de la Asamblea y en el caso de Melilla se exige que el Presidente haya encabezado alguna de las candidaturas que concurriera a las Elecciones.

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No me gusta que los alcaldes sean elegidos independientemente de los concejales, porque los consistorios municipales, sin ser parlamentos, sí tienen que sostener las decisiones de los alcaldes y sus equipos de gobierno y un alcalde con una mayoría absoluta de concejales en contra tendrá severas dificultades.

Como este tema es cíclico los populares lo han vuelto a sacar. Proponen nuevamente la elección directa de los alcaldes como una medida de regeneración democrático (lo de Bárcenas y la financiación ilegal no tiene nada que ver con eso y por ello no hablan del tema).

Los populares defienden este sistema, que también tuvo sus defensores entre los socialistas, no porque lo consideren mejor ni más democrático, sino porque es más conveniente para sus intereses electorales. En muchos municipios siempre gana y ganará el PP porque representa políticamente todo lo que va desde el centro a la extrema derecha y los votos de izquierda, aunque sean más, se dividen entre dos, tres o cuatro formaciones, sin contar las que no logra superar la barrera.

Solamente dificilísimos acuerdos entre estas numerosas formaciones y siempre que el PP no haya optimizado sus votos hasta la mayoría absoluta, permite que los populares no gobiernen. La idea que los populares retoman es que el alcalde se elijan directamente, de manera que al ser elegido el más votado, entonces el candidato del PP ganará siempre y no tendrá que enfrentarse a un acuerdo entre los concejales de la mayoría fragmentada.

Llegados a este punto la idea no me parece del todo mal, pero con una condición: que la elección sea a dos vueltas. Esto es que se presente todo el que quiera y si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de votos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta donde es elegido el más votado. Así podríamos evitar que alguien al que no han votado la mayoría de los ciudadanos, sea su alcalde.

Ya me imagino la objeción: hacer dos rondas electorales es caro. Cierto. Pero se puede conseguir un efecto similar en una segunda ronda a través de la segunda vuelta instantánea o alguna forma de voto transferible, que sería algo así: yo ordeno a todos los candidatos según mi orden de preferencia; recontamos los primeros votos, luego los segundos y así sucesivamente hasta que algún candidato llega a la mayoría absoluta.

¿A qué ya no mola estimados estrategas del Partido Popular?

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Cuando la Vicepresidenta del Gobierno presentó el Real Decreto-Ley que daba sede normativa la subida impositiva insistía una y otra vez en que ésa era una subida progresiva. Dicho en bruto ‘progresivo’ es que el que más tiene paga más, pero no más porque paga más al tener más y aplicársele el mismo tipo impositivo, sino porque se le aplica un tipo impositivo mayor.

Pero más allá de las posibles interpretaciones sobre el concepto de ‘progresividad’ lo que nadie puede afirmar que sea progresivo es que quien tenga más pague menos en circunstancias similares.

El IBI se calcula sobre el valor catastral, que normalmente es inferior al valor de mercado, y que se calcula según una serie amplia de variables. Lo que alguien paga de IBI depende, fundamentalmente, del tipo impositivo que su Ayuntamiento establezca dentro de la horquilla de la Ley estatal sobre el valor catastral (con algunos matices).

La subida del IBI para las viviendas en los municipios con valores catastrales revisados desde 2002 mediante ponencia, la mayoría, se hará sobre los bienes que pertenezca a la mitad de más valor. Simulemos la siguiente situación, que puede darse en múltiples casos.

Digamos que soy propietario de un bien residencial con un valor catastral de 120.000€ en un municipio donde el valor que determina la mitad del municipio es 100.000€; en ese municipio tendré que soportar la subida del IBI. En cambio si soy propietario de una vivienda con valor catastral de 140.000 en un municipio cuyo valor determinante de la mitad es 150.000€ no me será de aplicación la subida.

El problema es obvio: quien tiene algo de menos valor puede que termine viéndose afectado por la subida mientras que el que tiene un valor mayor puede encontrarse con el mismo ‘sello de la contribución’.

La subida del IBI la pagarán los propietarios en municipios con menor nivel de valor frente a propietarios en municipios con mayor mitad. El PP ha querido ser ‘progresivo’ a nivel municipal, sin darse cuenta que la exigencia constitucional de progresividad para el sistema tributario no tiene como medida la distribución del valor o de la renta en un municipio, sino en todo el país.

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El nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez como ministro de Justicia deja vacante la Alcaldía de Madrid, que será ocupada por la Primera Teniente de Alcalde, Ana Botella, y no por el cargo ese que Gallardón inventó de Vicealcalde.

En Twitter ha surgido el hashtag #queremoseleccionesenmadrid diciendo que, dado lo decisivo que fue Gallardón para que el PP ganara en mayo en la capital, su marcha del Ayuntamiento requiere que los ciudadanos se puedan volver a pronunciar.

Técnicamente los ciudadanos elegidos concejales, aunque la estructura de nuestra política hace pensar, y muchos piensan, que se elijan alcaldes o presidentes. No se puede decir que los populares, técnicamente, engañaron al presentar a Ruiz-Gallardón Jiménez como candidato, sabiendo que iba a ser ministro. En cierto sentido hay un engaño moral, porque Ruiz-Gallardón Jiménez fue el único protagonista en la campaña del PP al Ayuntamiento y se comprometió a terminar el mandato, pero como moral que es no tiene trascendencia jurídica.

No se piensen que la mayoría de los ciudadanos saben qué votan exactamente: el personalismo y el presidencialismo han calado tanto que la mayoría de los españoles desconocen que nuestro sistema es representativo-parlamentario y, a veces, piensan que el funcionamiento de este sistema es un fraude y no lo que dicen las normas.

La petición de nuevas Elecciones Municipales en Madrid es absurda porque nada cambiaría. Ruiz-Gallardón Jiménez no le ganó las elecciones a un alcalde socialista, sino que fue el pacífico sucesor de un alcalde popular en horas bajas pero con una sólida mayoría absoluta.

Es cierto que los resultados del PP en el municipio capitalino mejoraron lo suficiente para mantener la mayoría absoluta, pero no es menos cierto que los resultados del PP en el municipio de Madrid, en todas las elecciones, no dejan lugar a dudas de que volverían a ganar las elecciones, por lo que la petición de nuevas elecciones municipales es aún más incomprensible.

Lo curioso de todo esto es que, hace unos pocos años, fue el PP quien sí pidió elecciones anticipadas por el nombramiento de un candidato electo a un cargo para otro. Cuando Manuel Chaves fue nombrado Vicepresidente, dimitió como Presidente de la Junta, y entonces Javier Arenas comenzó una campaña diciendo que los andaluces no habían vota a Griñán (ya Vicepresidente de la Junta) y que la democracia estaba en juego si no celebraban elecciones autonómicas.

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Llevo bastante tiempo, quizá demasiado, echándole un buen vistazo a los presupuestos de la ciudad en la que vivo. Siempre el gobierno de Ceuta, abrumadoramente del PP, presenta un presupuesto equilibrado, en los que no hay cabida el déficit y siempre quedan unos eurillos libres cuando el aprueba la cuenta general para anunciar que ha habido superávit.

La deuda de la Ciudad de Ceuta se ha elevado hasta los trescientos millones de euros (para 82.000 habitantes) y se repiten las escenas habituales de proveedores no pagados a los que se les lleva a una situación difícil, a empresas que tienen que recurrir a los tribunales para cobrar o simplemente para que se les reconozca la deuda (una de las argucias contables).

La reforma constitucional obliga a los entes municipales a tener un presupuesto equilibrado (algo que muchos ya hacían mecánicamente), pero es insuficiente si no hay una legislación nueva y sumamente dura en materia de Hacienda Locales y de organización de las corporaciones locales a todos los niveles. Habrá Ley Orgánica que fije el déficit total, pero si no hay controles de nada servirá ni ésta ni ninguna reforma.

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