Desahucios, dación en pago y servicios sociales

Hoy el Congreso rechazará la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la reforma de la Ley Hipotecaria. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y quisiera compartir el estado actual de mi reflexión.

No considero que haya que prohibir las ejecuciones hipotecarias ni impedir que la fuerza pública la lleve a cabo. Si la prohibición fuera general (como lo fue en Italia con los alquileres), se perjudicaría el derecho de propiedad y sería virtualmente imposible conseguir un préstamo hipotecario sin garantías muy superiores a las actuales (que no son pocas), así como el coste en intereses por el riesgo que implicaría.

Por el contrario sí creo que la dación en pago es un medida en el buen camino, pero no tiene nada que ver con los desahucios, como muchos piensan. Nuestro Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas, cuya consecuencia práctica en lo que ahora nos ocupa consiste en que sí después de la ejecución no se cubre la deuda, ésta sigue existiendo y te persigue toda tu vida.

Otros muchos países consideran que la hipoteca limita la responsabilidad al valor del bien, de modo que realizada la ejecución, desaparece la deuda. Es evidente que encarecería las hipotecas, pero no las imposibilitaría, como la prohibición anterior, pues hay préstamos hipotecarios en los países en los que se limita la responsabilidad al bien gravado y el mercado inmobiliario está más vivo que el nuestro. Eso sí, la retroactividad es una barbaridad

Muchas propuestas, incluida la ILP, pretenden paliar la tragedia de los desahucios, el paro y la miseria por vía legislativa, reformando el mercado inmobiliario. Creo que la solución no es prohibir ejecuciones, sino que se hacen necesarios unos servicios sociales, de los que carecemos, que ayuden a las familias que viven esta desgracia a no verse en la calle. Falta vivienda social (y la que hay tiene unos detentadores al parecer vitalicios); faltan ayudas a la compra de alimentos y ropa (dejado a la más pura beneficencia); faltan becas de comedor, de libros y de transporte. Faltan muchas medidas para evitar dejar a nuestros conciudadanos tirados. Medidas que no requieren trastocar el mercado inmobiliario e hipotecario con consecuencias difícilmente previsibles.

¿Quiere decir esto que esté de acuerdo con la negativa el PP de no tomar en consideración la ILP de la Ley Hipotecaria? No, porque tengo la convicción de que este trámite parlamentario no debiera existir en el caso de las ILP que ya superan muchos obstáculos para reunir las firmas.

Sesgo argumentativo

El otro día en El Blog Salmón hacían una buena exposición de la jurisprudencia constitucional que dejaba fuera de juego la peregrina idea de Esperanza Aguirre de que la Huelga General del 29-M. Después el autor, cerrada la exposición jurídica, se pone a lanzar insidias contra los convocantes de la Huelga General diciendo, en la misma línea que la ministra Báñez, que la Huelga era un pulso a la soberanía parlamentaria y que lo que se intentaba con ésta era apostar por vía poco democráticas para cambiar la agenda del Gobierno.

El autor, bajo el pseudónimo de IC, no cae en la cuenta de que tanto la huelga como la manifestación, otra forma de intentar alterar la agenda de un gobierno, se encuentran dentro del catálogo de derechos subjetivos que forman parte de lo que es una democracia en Occidente (lo digo porque quizá el modelo de IC sea la democracia rusa de V. Putin donde ganar como sea unas elecciones da el poder absoluto e ilimitado).

Presionar la agenda del gobierno con acciones públicas es legítimo y bueno, indican una sociedad viva e independiente de los dictados de un gobierno. Cientos de agentes políticos tienen oficinas, gastan sustanciosas cantidades de dinero y de recursos humanos para presionar cada línea de su interés en la agenda de todo gobierno y todavía no se le ha leído a IC quejarse amargamente de esa amenaza a la soberanía parlamentaria.

Como IC sabe, pero no la ministra Báñez, la soberanía es popular y no parlamentaria, aunque tanto él como yo hemos adoptado de denominación británica por no complicarle demasiado la vida a la ministra Báñez porque salir de golpe del desconocimiento es complicado y traumático.

Reventando manifestaciones y celebraciones en Barcelona

Habrá determinados medios de comunicación que, con los incidentes de Barcelona, estén encantados de tener fotos para su portada de mañana. Así podrán decir que los sindicalistas o huelguistas son una especie de guerrilleros urbanos que lo que quieren es extender el caos y el desorden por todo el país. Dejémosles satisfechos y la portada hecha.

Lo cierto es que en Barcelona hay un grave problema con determinados grupos que aprovechan cualquier concentración multitudinaria en la calles, ya sean manifestaciones o celebraciones de los títulos del FC Barcelona, para que los informativos abran con los altercados o disturbios en la ‘Ciudad Condal’.

No es la primera vez, ni la segunda, ni la vigésima. Es una situación habitual que ni los responsables policiales del Estado ni los de la Comunidad Autónoma han sido capaces de atajar y eliminar. Es cierto que la Policía tiene que atender muchos problemas pero éste va comprometiendo el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a expresarse, porque pone en bandeja a ciertos sectores la instrumentalización de las protestas para desacreditar a los manifestantes.

El hecho de que, en determinados actos, estos destrozadores y reventadores no aparezcan cuando sus acciones tendrían una repercusión muy ampliada hace pensar mal. Da la impresión de que cuando se quiere, se consigue, y que no es que no se pueda, sino que no se quiere. Mientras se quiera o no esos medios seguirán teniendo las portadas que tanto les gusta.

La identidad fragmentada como derecho subjetivo

A través de Twitter llegué a leer esta entrada en la que se le dice a las mamás norteamericanas que los hijos adolescentes están dejando las más famosas redes sociales para encaminarse a Twitter por la sencilla razón de que allí no se encuentran vigilantes sus progenitores.

Más allá de lo interesante o no que se diga en la entrada, sí creo que tiene una intuición fundamental: frente a la vida 0.0 en la que el contexto social es habitualmente obligatorio o al menos dado, en la realidad 2.0 deseamos elegir el contexto relacional, incluso fragmentando los diferentes perfiles.

Lo que tradicionalmente se ha llamado hipocresía o tener varias caras según las circunstancias en la red lo estamos convirtiendo en una característica fundamental de la condición internáutica. Esta idea de identidad, ya preconizada por los pensadores postmodernos, ha encontrado su mejor acomodo en nuestras redes sociales virtuales y en como dar de alta o dar de baja cambia nuestra configuración en este mundo.

La pregunta me a veces sale es si estos comportamientos merecen protección, es decir, si montar o desmontar mis identidades digitales y mantenerlas separadas las unas de las otras es un comportamiento que encierra un valor digno de protección jurídica. ¿Tiene alguien derecho de dar a conocer otras identidades de un bloguero o tiene ese bloguero anónimo derecho a que esto no sucediese?

Turquía y Escocia

El otro día comentaba que un hipotético ‘veto español’ a la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea estaba siendo utilizado como un argumento contra la secesión del antiguo reino norteño de la Gran Bretaña. A partir de esa entrada @Treintanyero y servidor tuvimos un animado debate en Twitter.

No hay una institución llamada veto a un nuevo miembro, sino que éste se ejercita anunciando que nunca se firmará ni se ratificará el hipotético tratado de adhesión de un determinado estado. Realmente es más simple que hacer algo: es no hacerlo.

¿Podría España vetar sin coste político el ingreso de Escocia en la UE? El precedente más cercano es el veto por parte de Francia a la adhesión de Turquía. ¿Qué diferencias hay entre un caso y otro? ¿Lo tendría tan fácil España como Francia para vetar a Escocia?

España no es Francia.

Esto es obvio pero no conviene olvidarlo. El peso económico y, sobre todo, el peso político de Francia y su siempre dinámica política exterior no tienen nada que ver con la de España. Negarse a un tratado de adhesión implica tener una capacidad política que debería poder parar el tratado antes de gestarse, como hicieron los franceses.

Turquía no es Escocia.

Los vínculos políticos, militares y económicos de Turquía con Europa Occidental son innegables, pero hay una serie de diferencias sociales, religiosas y culturales (además de haber sido el ‘enemigo’ unos cuantos siglos) que marcan un contraste igualmente innegable: en esa diferencia se aposenta el imaginario de la negativa francesa.

Escocia es un territorio absolutamente insito en la vida y en la historia europea. Hablan el idioma más conocido de la Unión Europea, comparten creencias y descreencias con los restantes europeos, tiene un sistema político regional absolutamente equiparable al de los estados-miembros de la UE, como un sistema legal tan avanzado como el de cualquier. Escocia no tiene profundos y amplios agujeros negros en materia de derechos humanos, ni hay muchas posibilidades de que tenga un ejército siempre dispuesto a dar un oportuno golpe de Estado.

A España le costaría bastante explicar los motivos por los que canarios y norteafricanos sí podemos formar parte de la UE y no pueden serlo los paisanos de David Hume.

Escocia ya habría estado en la Unión Europea.

El territorio y la población susceptible de independizarse forma parte actualmente de la Unión Europea. No supondría una incorporación, sino un mantenimiento de quienes ya están y ello es una notable diferencia. Hay inversiones de los países y empresas comunitarias en Escocia y estos querrán conservar un marco jurídico que le da seguridad. No es lo mismo entrar que permanecer.

La muestra de ignorancia y la ocurrencia del ministro Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a demostrar que no tiene ni la más remota idea de las normas vigentes en la materia de su Ministerio.

Hoy ha propuesto, para quitar trabajo a los juzgados, dar la posibilidad a los notarios de celebrar bodas civiles y tramitar procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

Bodas notariales

Las Cortes aprobaron la Ley 20/2011, del Registro Civil que en sus artículos 58-60 encarga la tramitación de los expedientes matrimonios a los Ayuntamientos y la inscripción al Registro Civil, que esta ley configura como un organismo estatal totalmente ajeno al Poder Judicial. Pero lo más curioso de todo es que esta ley contó para su aprobación con los votos del Partido Popular.

Esta ley ha desjudicializado el Registro Civil, aunque bien es cierto que todavía no ha entrado en vigor ya que su disposición final otorga una ‘vacatio legis’ de tres años.

El ministro podía haberse comprometido a proponer el adelanto de la entrada en vigor de la Ley, a movilizar todos los recursos para hacer esto posible, pero no tenía que haber salido con una ocurrencia, que solamente merece el calificativo de peregrina, que nada tiene que ver con lo que el PP pactó y votó en el mes de junio.

Divorcios notariales

Lo que propone el ministro Ruiz-Gallardón es una pérdida de una garantía respecto a la actual situación. Esta garantía es la decisión del Juez para que el mutuo acuerdo sea exactamente eso, y que una parte no abuse de su posición sobre la otra. Además la intervención del Ministerio Fiscal es vital cuando en el divorcio de mutuo acuerdo hay hijos. ¿Cree que un notario, sin garantías de su imparcialidad, es el mejor para sustituir a un juez y eventualmente a un fiscal?