Vientres de alquiler. La indefinición discriminatoria

Si alguien se subroga en la hipoteca que yo he celebrado con una entidad bancaria es porque la entidad existe. Si no hay gestación previa, solamente inseminación “in vitro”, no entiendo que se pueda nadie subrogar a ninguna gestación y me parece más un eufemismo para referirnos a los “vientres de alquiler” que a otra cosa.

Y no lo tengo claro por ahora y sigo pensando y leyendo argumentos a favor y en contra de los “vientres de alquiler”. A la única conclusión que sí he llegado es que la decisión que se tome debe ser tajante: o sí con todas las consecuencias (en la linea de la proposición de Ciudadanos) o no con todas las consecuencias (que no es la situación actual).

En el presente estamos en lo que entiendo que es uno de los peores escenarios. Por un lado no se permite en España, pero sí hay un procedimiento (con sus lagunas) para reconocer a los niños y niñas nacidos gracias a un “vientre de alquiler” en países extranjeros. Esto hace que solamente quienes pueden permitirse hacer lo que en España no es legal, entonces tienen un reconocimiento legal, de forma que la actual regulación (una orden ministerial) consagra una discriminación económica.

Si se opta por no permitir alquiler vientes en España, debe cerrarse la puerta a que si los españoles lo hacen en el extranjero tengan éxito a la hora de registrar a los niños y niñas, porque supone una regulación solamente viable para quien tiene dinero.

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado?

Una ciudadana de Gijón hizo una foto a un coche-patrulla de la Policía Local aparcado tranquilamente en una plaza reservada para discapacitados y la publicó en Facebook.

La reacción de la Policía Local de Gijón no ha sido localizar a los agentes y abrir el pertinente proceso por infracción de tráfico. Lo que han hecho ha sido tirar de la Ley de Seguridad Ciudadana y denunciar a esta ciudadana por infracción del artículo 36.23 de esta norma que reza como sigue:

36 23 LSC
Como podéis comprobar en el texto la norma no prohíbe que se tomen imágenes, sino el uso no autorizado de éstas solamente cuando se pueda poner peligro a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o sus familiares, instalaciones protegidas y el éxito de las operaciones.

El mero uso no autorizado de imágenes no entra en este ilícito administrativo. Son los denunciantes los que tienen que probar la puesta en peligro de la seguridad de autoridad, de los miembros de los cuerpos policiales, de sus familiares, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación de aparcar en plaza de minusválidos.

Es un uso torticero de la Ley que además la norma no ampara. Deberían depurarse responsabilidades por una infracción de tráfico que siendo grave para cualquier ciudadano es especialmente denigrante cuando la realizan quienes tienen que vigilar la guarda de las normas de tráfico.

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado? Hacerle una foto y presentar la denuncia ante la Policía competente en materia de tráfico en la vía de la que se trate, así como remitir la foto con una alegación a la autoridad que dirige la Policía de la patrulla si no coincidiera con la competente en tráfico en esa vía. Interesarse por la resolución de la denuncia, los fundamentos de la decisión y sobre todo procurar que no se caduque.

En el caso que la resolución no tuviera sentido o se hubiera dejado caducar, sería interesante presentar una denuncia o querella por prevaricación omisiva contra la autoridad competente.

 

Los retos del Laicismo

El movimiento en defensa de los derechos de homosexuales, transexuales y bisexuales nació en un ambiente social absolutamente contrario, en un ambiente que los estigmatizaba, los patologizaba e incluso los criminalizaba.

En su lucha, heroica sin duda, buscó los pocos apoyos que consiguió reunir, pero en el momento adecuado este movimiento se supo abrir a todos los sectores sociales y políticos para dejar de ser una reivindicación privativa para convertirse en un patrimonio común, esto es, se ha convierto en un valor transversal (aunque la palabrita comienza a estar manida).

El punto de partida del laicismo en la democracia española ha sido notoriamente más ventajoso. Se partió de la convicción de que determinado grado de desconfesionalización del Estado era un mínimo necesario para poder evidenciar un cambio respecto del régimen anterior y para que la nueva estructura política superara cualquier “test” de democraticidad dentro del mundo occidental.

Nuestro movimiento laicista peca, y lo digo como laicista, de idealista. Tiende a confundir el ámbito normativo con la realidad y el ámbito normativo vigente con el deseado o el deseable. La no oficialidad de una religión, la separación entre Iglesia y Estado o el propio Laicismo admiten grados, matices y márgenes.

El Catolicismo no es solamente una religión en España, sino que es un elemento más de nuestras acciones sociales y de nuestra concepción del mundo. Naturalmente no me refiero al Catolicismo en cuanto elaboración sistemática de creencias religiosas, sino a un Catolicismo socializado que proporciona a la sociedad española buena parte, si no todos, sus ritos asociados al ciclo vital, así como una serie de costumbres populares que están íntimamente emparentadas con fiestas católicas.

La dificultad es encontrarnos con millones de católicos nominales, esto es, de personas para las que el Catolicismo solamente es un conjunto de convenciones sociales sin repercusión dentro sus decisiones diarias y vitales y para quienes su filiación católica no supone ningún esfuerzo y/lo sacrificio. Esta secularización de lo religioso es el mayor obstáculo porque los que la profesan no valoran como problemático el Catolicismo “zero” que consumen.

Se confunden porque no existe la religión puramente ritual. Los contenidos se cuelan y porque hay una serie de agentes profesionalizados que aprovechan los ritos y las preparaciones para los ritos precisamente para dar contenido lo que muchos piensan que es “zero”.

Muchas veces vivimos la profunda ironía de que son los más laicistas los que más en serio se toman lo religioso y sus formas. Frente al aparente nihilismo de los católicos “zero” que le abren las puertas subrepticiamente a los que no son “zero” y a sus organizaciones.

En España los grandes oponentes del laicismo no son los creyentes católicos, sino los que profesan el Catolicismo socializado.

El laicismo español debe hacer una labor pedagógica señalando que la socialización de la religión no hace que deje de ser religión y, por tanto, pueda afectar a un derecho fundamental. Es fundamental enseñar y sensibilizar en un derecho fundamental, el de la libertad religiosa, tan poco practicado en España.

Hay que enseñar también que el ejercicio de la libertad religiosa no es un capricho, un juego, una forma de tocar las narices a los que quieren imponer su disfrute de la religión socializada. Y esto no va a ser fácil porque supone tomarse en serio algo que solamente se toman en serio en su rito.

Y finalmente el laicismo español debería tener un gran nivel de preparación en sus actuaciones. Numeritos como los del recurso de inconstitucionalidad imposible desacreditan al movimiento y es mejor dar fuerte jurídicamente en dos puntos que disparar a los más llamativos. Igualmente lo relativo a la propia religión y a su sociología es esencial en la dinámica del movimiento, porque de la comprensión todo lo relacionado con la religión, la creencia, la experiencia religiosa y la propia increencia es el objeto de la libertad que el laicismo lucha por proteger y promocionar.

La religión no es inocua

Un juez obliga a un niño a acudir a las catequesis de primera comunión. Además de una serie de consideraciones chorras sobre si los padres se casaron por la Iglesia, el juez viene a decir que ir a las catequesis no le va a hacer ningún mal al niño.

Este juez expresa un prejuicio muy extendido socialmente según el cual la forma más externa y socializada de la religión mayoritaria no tiene relevancia religiosa, de forma que participar o no participar en esta forma externa y socializada de la religión mayoritaria no tiene nada que ver con la religión y mucho menos con el derecho a la libertad religiosa.

Dicho en palabras llanas: para que tu hijo haga la primera comunión no hace falta que ni sus padres ni él quieran, sino que el niño tenga ganas de hacerla.

La religión no es inocua. Es una forma de entender el mundo y la vida que tiene consecuencias. La religión debe ser una opción libre y bajo la apariencia de vaciamiento de contenido por extensión social, la religión mayoritaria se hace presente en la vida de las personas, se les da ocasión de dar su mensaje y de mostrar aceptación por él, aunque esta aceptación sea normalmente únicamente ritual.

Decir que la religión es inocua es falso. Falso tanto para los que no profesan ningún credo y se cuidan de no ser incluidos en ninguno, como para aquellos que realmente lo profesan más allá de tres convenciones sociales porque se les está diciendo que su fe es nada.

¿Cuánto realmente han recaudado las tasas judiciales de Gallardón?

El Ministerio de Justicia ha querido reivindicar las tasas judiciales a través de los tremendos ingresos que según este departamento han proporcionado a las arcas públicas. Desde el Ministerio han falicitado a los medios de comunicación la nada despreciable cantidad de 512 millones de euros desde la aprobación de la Ley 10/2012, que comenzó a recaudar en el último mes de ese mismo año.

Os cuento un secreto. Gallardón no estableció las tasas judiciales, sino que éstas ya eran exigibles desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Concretamente el artículo 35 de esa norma estableció la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Quedaba fuera el orden penal (como ahora) y el orden social.

Lo que sucedía era que el apartado 3 de este artículo previó un amplio supuesto de exenciones a la tasa tanto respecto a determinados procedimientos como a determinados sujetos. Los procedimientos civiles y contencioso-administrativos exentos eran:

a) La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de ulteriores recursos en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación de disposiciones de carácter general.

Los sujetos exentos eran:

a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.

c) Las personas físicas.

d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, las tasas habían quedado confinadas por medio de las exenciones a las empresas sujetas totalmente al Impuesto de Sociedades en cuestiones mercantiles y contencioso-administrativas. Y desde el 1 de enero de 2003 así era y de hecho el Estado ingresaba sus milloncejos por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo que hace la nueva Ley, la de Gallardón, es eliminar la exenciones y poner al día las tasas.

Dado q ue la tasa era recaudada desde primeros del año 2003 es recaudación debe ser descontada de lo que se ha recaudado con la Ley de Gallardón. Para que nos hubiéramos hecho una idea de lo que realmente ha incrementado la recaudación el Ministerio nos debería haber indicado el aumento, no el total sumada la tasa anterior y la nueva.

Dice el Ministerio de Justicia que en el primer mes de la tasa, el de diciembre de 2012, se recaudó 8,7 millones, lo cual estaría por debajo de la media mensual de ese año. Esa bajada en la recaudación se explica que a la entrada en vigor de la Ley no estaban preparados los impuestos autoliquidables de la AEAT y había multitud de dudas por parte de los actores jurídicos sobre a aplicación de la tasa en cientos de casos específicos.

La recaudación de esta tasa en 2013, según el Informe de Recaudación de la AEAT, fue de 317 millones. Si tomamos como referencia de la antigua tasa el ejercicio el ejercicio de 2012 (con un mal mes de diciembre achacable al Gobierno) vemos que ese año la recaudación fue de 172 millones, de modo que el incremento real de la recaudación fue 142 millones.

Afirma Justicia que este año, supongo que hasta octubre, se ha recaudado 187 millones. De mantenerse el mismo ritmo de recaudación se llegaría a los 224 millones y una incremento sobre 2012 de 52 millones.

En el mejor de los casos las tasas judiciales de Gallardón han aportado a la Hacienda del Estado 194 millones de euros y no los 512 que afirma el Ministerio de Justicia.

Pero este maquillaje de datos no es lo único, porque habrá alguno que piense que buenos son esos euros y que es mejor que nada, por más que el Ministerio jugando a la ambigüedad haya imputado a una ley de 2012 parte de lo que es efecto de una ley de 2003.

Diez comunidades autónomas comparten con el Ministerio de Justicia la gestión de este servicio público. Es curioso que el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se hace en la Hacienda estatal, por más que en las regiones con la competencia transferida se gaste igualmente (pero ése es otro debate).

Los gastos, de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a 2014, eran los siguientes:

El incremento de la recaudación a través de las tasas judiciales solamente han supuesto un 1.46% y algo más del 3% en el año anterior. A cambio de ese ingreso absolutamente despreciable dentro del gasto de Justicia e irrelevante dentro de los Presupuestos Generales del Estado muchas personas se han visto impedidas de acceder a los tribunales en apelaciones sociales o en el control de la acción de la Administración a través de los recursos contencioso-administrativos.

Las tasas judiciales eran contra los ciudadanos y estos datos muestran a las claras que lo único que buscaba era impedir el uso de su derecho a acceder a los tribunales. La estrategia del Partido Popular es siempre la misma: para mejorar un servicio hay que echar a los ciudadanos que no corresponden con el estándard del PP a la calle, sea en Justicia o Educación.

Pangolpismo (I)

Hubo una época que el mal absoluto, pleno y paradigmático era el terrorismo. Si pretendíamos que algo fuese malo para la sociedad tenía que parecerse al terrorismo y así tener acceso a la cobertura de los medios de comunicación.

La violencia contra las mujeres comenzó a llamársele ‘terrorismo machista’, los delitos medioambientales empezaron a ser denominados como ‘terrorismo medioambiental’ y a los comportamientos delictivos en el tráfico también se le dio el nombre de ‘terrorismo’. Alguien, con inteligencia y sentido común, señaló que si todo era terrorismo al final nada era terrorismo, incluso el terrorismo en sentido propio. Aunque era un uso incorrecto, era bienintencionado: e pretendía adoptar la importancia y la relevancia social de un hecho, compartiendo su nombre.

Desde que el PP ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2013 y en previsión de una legislatura llena de protestas una vez que pusieran en marcha su programa oculto, no el programa con el que se presentaron a las elecciones, sacaron una primera versión de la descalificación de los manifestantes. Mantenían que manifestarse era un ataque a la soberanía parlamentaria emanada en las urnas, pues una vez que las urnas han hablado no hay otra opción que callarse y ver Intereconomía o 13TV.

Lo primero fue decir que las protestas iban en contra de la ‘soberanía parlamentaria’. Era un argumento con ciertas dosis de refinamiento intelectual que expandieron por medios de comunicación y páginas en Internet. El problema es que este argumento fue desmontado rápidamente y muchos de los que lo mantenían realmente no sabían nada de la ‘soberanía parlamentaria’ ni de nuestro sistema constitucional.

Los creadores de consignas del PP se pusieron manos a la obra para dar una nueva formulación a la misma idea: la democracia es solamente democracia formal y cuando el PP (que no otros partidos) ganan las elecciones, se pierde cualquier derecho político hasta las siguientes elecciones. En medio, con una vía paralela, está la cuestión ridícula de la ‘Marca España’, pero esto merece comentarios propios en una entrada sobre el particular.

Ahora la consigna es que las manifestaciones son intentos de golpe de estado, como también lo son la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’. Todo lo que no sea del agrado del PP o que toque la línea de flotación del gobierno de Rajoy es calificado del golpismo.

El golpismo, en un rápido intento de definición, es el ese conjunto de acciones coordinadas que buscan un cambio inmediato en el gobierno o en la forma de gobierno de un Estado, sin atender a los procedimientos legales para conseguirlo y utilizando normalmente métodos coercitivos.

Querer la dimisión del gobierno, exigirla a gritos e incluso reclamar un proceso constituyente no entra dentro de esta definición, pues todo ello está amparado dentro de un marco jurídico que las ampara, protege y promociona.

El problema de llamar golpismo a todo es el mismo de llamar terrorismo a todo: al final nada es golpismo. La democracia, y más en nuestros días, tiene que ser defendida porque sus enemigos tradicionales están tan presentes como siempre por más que se disfracen de demócratas formales. Toda disidencia es golpismo

Quizá estos, los que dicen que democracia no tiene nada que ver con el derecho de la minoría o el del disidente a serlo, o el derecho a expresarlo, sean los que quieren dar un golpe a nuestra democracia en sus derechos fundamentales, en la parte que no es disponible para su mayoría absoluta.