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Archive for the ‘Derecho Internacional’ Category

Si alguien se subroga en la hipoteca que yo he celebrado con una entidad bancaria es porque la entidad existe. Si no hay gestación previa, solamente inseminación “in vitro”, no entiendo que se pueda nadie subrogar a ninguna gestación y me parece más un eufemismo para referirnos a los “vientres de alquiler” que a otra cosa.

Y no lo tengo claro por ahora y sigo pensando y leyendo argumentos a favor y en contra de los “vientres de alquiler”. A la única conclusión que sí he llegado es que la decisión que se tome debe ser tajante: o sí con todas las consecuencias (en la linea de la proposición de Ciudadanos) o no con todas las consecuencias (que no es la situación actual).

En el presente estamos en lo que entiendo que es uno de los peores escenarios. Por un lado no se permite en España, pero sí hay un procedimiento (con sus lagunas) para reconocer a los niños y niñas nacidos gracias a un “vientre de alquiler” en países extranjeros. Esto hace que solamente quienes pueden permitirse hacer lo que en España no es legal, entonces tienen un reconocimiento legal, de forma que la actual regulación (una orden ministerial) consagra una discriminación económica.

Si se opta por no permitir alquiler vientes en España, debe cerrarse la puerta a que si los españoles lo hacen en el extranjero tengan éxito a la hora de registrar a los niños y niñas, porque supone una regulación solamente viable para quien tiene dinero.

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El resultado de dos referendos, el del Brexit y el del acuerdo de paz en Colombia, han arrojado resultados inesperado y, precisamente por inesperados, se han tornado en resultados desastrosos. Muchos analistas coinciden, junto a una cantidad enorme de causas, en que los convocantes, seguros de la victoria de su opción, no se han empleado a fondo en el referéndum, de forma que su desidia ha dejado abierta la puerta a la victoria.

Ahora hay una curiosa polémica, en la que se requiere ridiculizar el “no” de los valones al CETA (Acuerdo comercial de la UE con  Canadá) sobre la base de su escaso peso demográfico, de su extensión o de que pueden ser los únicos. Parece que si las facultades de control de los tratados de Bélgica que su Constitución le da (y que la Unión preserva) no debieran ser nunca ejercidas, que deberían consentir en la ratificación simplemente porque se ha negociado y firmado.

Referendos o ratificación, elementos esenciales en él ejercicio de la soberanía de un Estado, es visto un mero trámite que debe pasarse y solamente con la decisión “correcta”. Si no se decide “lo correcto”, el procedimiento debe ser eliminado.

Los referendos para las decisiones importantes, en las que tiene sentido que la soberanía popular se exprese, y el procedimiento de ratificación de los tratados internacionales tiene sentido: que la voluntad de quien tiene poder no sea suplantada por los negociadores.

Si los ejecutivos, nacionales o comunitarios, quieren que se apruebe en referéndum su acuerdo o se ratifique su tratado, deben tratar a los ciudadanos o al agente ratificador como adultos, saber que ellos depende todo y no someterlos a campañas de chantaje del tipo o consentís o es el caos por vuestra culpa.

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El Español publicó una pésima crónica en la que mezclaban y confundías conceptos fundamentales sobre tratados tales como firma, negociación o ratificación, con ocasión de la oposición de la cámara legislativa de la belga de Valonia a la ratificación por parte de su país del acuerdo comercial con Canadá, de acuerdo con la Constitución Federal. Hay varios manuales muy buenos de Derecho Internacional Público que explican de un modo muy didáctico el proceso de negociación, firma y ratificación de un Tratado.

El Español quiere ridiculizar la posición de Valonia sobre la base de su poco peso poblacional en el conjunto de la Unión Europea, pero como no entiende el proceso dentro de la Unión ellos hacen el ridículo.

La ratificación de un tratado por cada uno de los Estados que componen la UE es siempre de acuerdo con sus normas constitucionales, de modo que cada uno de ellos tiene el mismo peso jurídico a la hora de la ratificación de estos tratados. Si el peso poblacional fue lo único determinante a la hora de ratificar tratados o aprobar normas en la UE, unos cuantos Estados decidirían por los demás.

Bélgica es un Estado de complejo diseño federal, donde se superponen dos niveles, las comunidades (culturales) y las regiones (económicas), con instituciones propias. Para evitar que la el Gobierno Federal pudieran imponer decisiones a las comunidades y a las regiones dentro de sus competencias mediante la adopción de Tratados Internacionales, los cuales tienen superioridad normativa.

En la actualidad, especialmente a través del Derecho Comunitario, a las Comunidades Autónomas se le imponen decisiones en cuya adopción no han podido tomar parte, ya que el Estado Español no permite la presencia de representantes regionales dentro de sus equipos de negociación, ni mucho menos hay un mecanismos para que las Comunidades puedan condicionar la postura del Gobierno en lo relacionado con  la Unión Europea y que afecte a sus competencias. Se consideran internamente simples relaciones internacionales.

Los Estados complejos, en los que el reparto de las competencias y la pluralidad de soluciones se manifiestan como su forma de ser, deben afrontar la forma en la que participan en la creación de normas internacionales, para que estas normas no desvirtúen la voluntad de sus ciudadanos que también expresan los entes infraestatales. El establecimiento de vetos, de participación en la negociación e incluso la concesión de “ius tractandi” limitado a estos entes infraestatales es una muestra de este camino.

 

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PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA

Hubo semanas en las que tuvimos la sensación de que ningún líder político intentaría la investidura y que por tanto los mecanismos constitucionales para disolver las Cortes no podrían activarse.

En el Partido Popular tenían el plan que les proporcionaba el Dictamen del Consejo de Estado 1985/2003. Tras las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003 se dio una situación parecida a la actual, ya que tras la traición de dos diputados socialistas era imposible la investidura de ninguno de los líderes. Solamente el arrojo de Rafael Simancas, al presentarse a una investidura imposible, puso en marcha el procedimiento estatutario de disolución de la Asamblea.

El hecho de que los preceptos del Estatuto de Madrid que regulan la disolución automática de la cámara sean idénticos a los de la Constitución hizo pensar entre los populares que se podría utilizar esta “doctrina legal” para disolver las Cortes sin necesidad de la requerida votación de investidura.

El Dictamen hace una interpretación teleológica de los preceptos constitucionales entendiendo que buscan dar solución a un bloqueo en la investidura devolviéndole la voz a los ciudadanos. Para ello los letrados del Consejo idearon un procedimiento “praeter Constitutionem” en el que la primera votación de la primera investidura era sustituida por una votación constatando la imposibilidad de la investidura.

Un procedimiento ingenioso pero más allá de los límites constitucionales. Un procedimiento que no fue empleado siquiera en una comunidad y que podía haberse encontrado con una gran oposición jurídica en el caso de las Cortes. Podríamos vernos con un procedimiento que provocase unas Elecciones y que legado un momento el Tribunal Constitucional lo declarase inconstitucional.

Nuevamente una investidura fallida salva la laguna constitucional en este caso, pero la laguna existe y puede “dar la cara” nuevamente. Está claro la situación no se habría mantenido perpetuamente ya que los diputados y los senadores tienen un mandato máximo de cuatro años.

Todos los partidos tienen en su agenda una cantidad variable de reformas constitucionales, quizá mereciera la pena la constitucionalización del procedimiento establecido en el Dictamen del Consejo de Estado en el caso de investidura imposible y en el que nadie tampoco quiera enfrentarse a una investidura fallida con absoluta seguridad.

Puestos a revisar cosas podríamos plantearnos si este método de investidura es mejorable.

En España hay dos comunidades autónomas, Asturias y Euskadi, que tienen otro procedimiento de elección que premia los apoyos frente a los bloqueos. Se pueden presentar múltiples candidatos y será elegido, en última instancia, el que tenga más votos si ninguno consigue la mayoría absoluta. Este procedimiento hubiera desatascado la situación ya que la mayoría absoluta del PP y Podemos partidaria de repetir las Elecciones no habría conseguido su objetivo con tanta facilidad. Se incentivas las actitudes a favor de formar gobierno que las que bloquean y especulan con un futuro rédito electoral.

Es cierto que en Asturias, pese a este sistema, la imposibilidad de elegir un Presidente les llevó a la repetición de las Elecciones, pero la probabilidad de empate es menor en una cámara de 350 diputados como el Congreso que en una de 45 como es la Junta General del Principado.

GOBIERNO EN FUNCIONES

Con total seguridad vamos a superar el medio año con un gobierno en funciones y en estos meses se han planteado cuestiones nuevas que deberían ser atendidas cuando el legislador pueda desarrollar su principal función, además de cumplir con su primera obligación que no es otra que la de investir a un Presidente del Gobierno.

La literatura jurídica sobre el tema es escasa y la referencia más citada ha sido este artículo de Brage y Reviriego donde se analizan dos sentencias del Tribunal Supremo que abordan decisiones de un gobierno en funciones y plantean cuestiones interesantes, aunque no las desarrollan.

Los límites al Gobierno en funciones, que es una definición legal aunque tiene cierta tradición administrativa en los primeros años de la Constitución, están claros, pero el concepto jurídico indeterminado de “despacho ordinario de los asuntos públicos” se antoja casi críptico.

Está claro que la Ley del Gobierno maneja la variable de la urgencia a la hora de tomar decisiones y de hecho no le impide la adopción de un Real Decreto-Ley, de modo que podemos considerar la urgencia uno de los datos para tener en cuenta a la hora de medir las competencias de un Gobierno en funciones.

La segunda variable es el tiempo que dure el periodo de “en funciones” del Gobierno. No tiene la misma trascendencia aplazar asuntos cuando es cuestión de dos meses la entrada del nuevo Gobierno que cuando se va a demorar mucho más tiempo o ni siquiera hay la certeza de que no hayan a repetirse las Elecciones.

El despacho ordinario incluye las relaciones internacionales y nuestra pertenencia a la Unión Europea. En el plano internacional/comunitario es irrelevante que el gobierno esté internamente en funciones y la estructura internacional o comunitaria no van a detenerse porque en uno de sus miembros haya una situación de interinidad.

Es quizá aquí donde la situación es delicada, porque un gobierno saliente puede comprometer a un gobierno entrante. Pero la toma de decisiones en este campo competente constitucionalmente al Gobierno y en segundo lugar tiene que evitarse hipotecas no deseadas.

CONTROL PARLAMENTARIO y TRÁMITE LEGISLATIVO

El Gobierno en funciones decía tener decenas de informes jurídicos que indicaban que no debía someterse al control parlamentario que el Congreso quería ejercer. No sé si mostraron algunos de estos informes, pero si así fue yo lo desconozco. El Gobierno en funciones no ha querido solicitar dictamen al Consejo de Estado quizá porque los dictámenes de este órgano son públicos.

El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones no impide el ejercicio de sus funciones por parte de las Cortes y más cuando el Gobierno no ha sido elegido.

También se ha presentado proposiciones de Ley que, de no haber mediado la disolución automática, habría tenido que tramitarse, planteándose la cuestión de si el Gobierno en funciones está capacitado para prestar su conformidad o no a proyectos legislativos que aumenten gastos o disminuyan ingresos, como exige la Constitución.

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Algunos de estos puntos serán resueltos por el Tribunal Constitucional y otros han desaparecido tras la disolución de las Cortes. Las situaciones de bloqueo o de crisis institucional nos hacen apreciar las insuficiencias del sistema institucional y no estaría de más que se intentasen solucionar regulando y/o aclarando.

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Una ciudadana de Gijón hizo una foto a un coche-patrulla de la Policía Local aparcado tranquilamente en una plaza reservada para discapacitados y la publicó en Facebook.

La reacción de la Policía Local de Gijón no ha sido localizar a los agentes y abrir el pertinente proceso por infracción de tráfico. Lo que han hecho ha sido tirar de la Ley de Seguridad Ciudadana y denunciar a esta ciudadana por infracción del artículo 36.23 de esta norma que reza como sigue:

36 23 LSC
Como podéis comprobar en el texto la norma no prohíbe que se tomen imágenes, sino el uso no autorizado de éstas solamente cuando se pueda poner peligro a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o sus familiares, instalaciones protegidas y el éxito de las operaciones.

El mero uso no autorizado de imágenes no entra en este ilícito administrativo. Son los denunciantes los que tienen que probar la puesta en peligro de la seguridad de autoridad, de los miembros de los cuerpos policiales, de sus familiares, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación de aparcar en plaza de minusválidos.

Es un uso torticero de la Ley que además la norma no ampara. Deberían depurarse responsabilidades por una infracción de tráfico que siendo grave para cualquier ciudadano es especialmente denigrante cuando la realizan quienes tienen que vigilar la guarda de las normas de tráfico.

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado? Hacerle una foto y presentar la denuncia ante la Policía competente en materia de tráfico en la vía de la que se trate, así como remitir la foto con una alegación a la autoridad que dirige la Policía de la patrulla si no coincidiera con la competente en tráfico en esa vía. Interesarse por la resolución de la denuncia, los fundamentos de la decisión y sobre todo procurar que no se caduque.

En el caso que la resolución no tuviera sentido o se hubiera dejado caducar, sería interesante presentar una denuncia o querella por prevaricación omisiva contra la autoridad competente.

 

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Viñeta Zerolo
via @delaCreu

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El movimiento en defensa de los derechos de homosexuales, transexuales y bisexuales nació en un ambiente social absolutamente contrario, en un ambiente que los estigmatizaba, los patologizaba e incluso los criminalizaba.

En su lucha, heroica sin duda, buscó los pocos apoyos que consiguió reunir, pero en el momento adecuado este movimiento se supo abrir a todos los sectores sociales y políticos para dejar de ser una reivindicación privativa para convertirse en un patrimonio común, esto es, se ha convierto en un valor transversal (aunque la palabrita comienza a estar manida).

El punto de partida del laicismo en la democracia española ha sido notoriamente más ventajoso. Se partió de la convicción de que determinado grado de desconfesionalización del Estado era un mínimo necesario para poder evidenciar un cambio respecto del régimen anterior y para que la nueva estructura política superara cualquier “test” de democraticidad dentro del mundo occidental.

Nuestro movimiento laicista peca, y lo digo como laicista, de idealista. Tiende a confundir el ámbito normativo con la realidad y el ámbito normativo vigente con el deseado o el deseable. La no oficialidad de una religión, la separación entre Iglesia y Estado o el propio Laicismo admiten grados, matices y márgenes.

El Catolicismo no es solamente una religión en España, sino que es un elemento más de nuestras acciones sociales y de nuestra concepción del mundo. Naturalmente no me refiero al Catolicismo en cuanto elaboración sistemática de creencias religiosas, sino a un Catolicismo socializado que proporciona a la sociedad española buena parte, si no todos, sus ritos asociados al ciclo vital, así como una serie de costumbres populares que están íntimamente emparentadas con fiestas católicas.

La dificultad es encontrarnos con millones de católicos nominales, esto es, de personas para las que el Catolicismo solamente es un conjunto de convenciones sociales sin repercusión dentro sus decisiones diarias y vitales y para quienes su filiación católica no supone ningún esfuerzo y/lo sacrificio. Esta secularización de lo religioso es el mayor obstáculo porque los que la profesan no valoran como problemático el Catolicismo “zero” que consumen.

Se confunden porque no existe la religión puramente ritual. Los contenidos se cuelan y porque hay una serie de agentes profesionalizados que aprovechan los ritos y las preparaciones para los ritos precisamente para dar contenido lo que muchos piensan que es “zero”.

Muchas veces vivimos la profunda ironía de que son los más laicistas los que más en serio se toman lo religioso y sus formas. Frente al aparente nihilismo de los católicos “zero” que le abren las puertas subrepticiamente a los que no son “zero” y a sus organizaciones.

En España los grandes oponentes del laicismo no son los creyentes católicos, sino los que profesan el Catolicismo socializado.

El laicismo español debe hacer una labor pedagógica señalando que la socialización de la religión no hace que deje de ser religión y, por tanto, pueda afectar a un derecho fundamental. Es fundamental enseñar y sensibilizar en un derecho fundamental, el de la libertad religiosa, tan poco practicado en España.

Hay que enseñar también que el ejercicio de la libertad religiosa no es un capricho, un juego, una forma de tocar las narices a los que quieren imponer su disfrute de la religión socializada. Y esto no va a ser fácil porque supone tomarse en serio algo que solamente se toman en serio en su rito.

Y finalmente el laicismo español debería tener un gran nivel de preparación en sus actuaciones. Numeritos como los del recurso de inconstitucionalidad imposible desacreditan al movimiento y es mejor dar fuerte jurídicamente en dos puntos que disparar a los más llamativos. Igualmente lo relativo a la propia religión y a su sociología es esencial en la dinámica del movimiento, porque de la comprensión todo lo relacionado con la religión, la creencia, la experiencia religiosa y la propia increencia es el objeto de la libertad que el laicismo lucha por proteger y promocionar.

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Un juez obliga a un niño a acudir a las catequesis de primera comunión. Además de una serie de consideraciones chorras sobre si los padres se casaron por la Iglesia, el juez viene a decir que ir a las catequesis no le va a hacer ningún mal al niño.

Este juez expresa un prejuicio muy extendido socialmente según el cual la forma más externa y socializada de la religión mayoritaria no tiene relevancia religiosa, de forma que participar o no participar en esta forma externa y socializada de la religión mayoritaria no tiene nada que ver con la religión y mucho menos con el derecho a la libertad religiosa.

Dicho en palabras llanas: para que tu hijo haga la primera comunión no hace falta que ni sus padres ni él quieran, sino que el niño tenga ganas de hacerla.

La religión no es inocua. Es una forma de entender el mundo y la vida que tiene consecuencias. La religión debe ser una opción libre y bajo la apariencia de vaciamiento de contenido por extensión social, la religión mayoritaria se hace presente en la vida de las personas, se les da ocasión de dar su mensaje y de mostrar aceptación por él, aunque esta aceptación sea normalmente únicamente ritual.

Decir que la religión es inocua es falso. Falso tanto para los que no profesan ningún credo y se cuidan de no ser incluidos en ninguno, como para aquellos que realmente lo profesan más allá de tres convenciones sociales porque se les está diciendo que su fe es nada.

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Para España Palestina es algo raro de tipificar, pues es una especie de autonomía que formalmente no depende de nadie, que tiene muchas facultades que normalmente le atribuimos a un Estado, pero a la que no se le reconoce la estatalidad.

La votación en el Parlamento del Reino Unido, la decisión del gobierno sueco y la próxima votación en la Asamblea Nacional de Francia han dado aires nuevos en nuestro país y dentro de la Unión Europea a este reconocimiento.

España reconoció al Estado de Israel en los términos dimanantes de los actos de las Naciones Unidas que crearon establecieron un plan de dos Estados. España, si reconoce a Palestina como Estado, no hará otra cosa que ser coherente con el reconocimiento que ya se hizo de Israel.

El gobierno israelí indica que este reconocimiento no tiene ninguna utilidad. La verdad es que me cuesta seguir el argumentario israelí, pero sí resulta más claras las consecuencias del reconocimiento, ya que, por ejemplo, las operaciones militares sobre Cisjordania y Gaza ya no será jurídicamente para España operaciones sobre un territorio ocupado militarmente durante un largo periodo de tiempo, sino que serán operaciones en un Estado extranjero y que eventualmente podrían calificarse como agresión; resultarían jurídicamente difícil de justificar los puestos militares en el interior o las barreras, así como el establecimiento e incluso el mantenimiento de las colonias.

Si no tuviera ninguna utilidad el reconocimiento, a Israel le daría igual que el resto de la comunidad internacional reconociera o no a Palestina y a su ANP como un Estado.

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El Ministerio de Justicia ha querido reivindicar las tasas judiciales a través de los tremendos ingresos que según este departamento han proporcionado a las arcas públicas. Desde el Ministerio han falicitado a los medios de comunicación la nada despreciable cantidad de 512 millones de euros desde la aprobación de la Ley 10/2012, que comenzó a recaudar en el último mes de ese mismo año.

Os cuento un secreto. Gallardón no estableció las tasas judiciales, sino que éstas ya eran exigibles desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Concretamente el artículo 35 de esa norma estableció la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Quedaba fuera el orden penal (como ahora) y el orden social.

Lo que sucedía era que el apartado 3 de este artículo previó un amplio supuesto de exenciones a la tasa tanto respecto a determinados procedimientos como a determinados sujetos. Los procedimientos civiles y contencioso-administrativos exentos eran:

a) La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de ulteriores recursos en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación de disposiciones de carácter general.

Los sujetos exentos eran:

a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.

c) Las personas físicas.

d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, las tasas habían quedado confinadas por medio de las exenciones a las empresas sujetas totalmente al Impuesto de Sociedades en cuestiones mercantiles y contencioso-administrativas. Y desde el 1 de enero de 2003 así era y de hecho el Estado ingresaba sus milloncejos por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo que hace la nueva Ley, la de Gallardón, es eliminar la exenciones y poner al día las tasas.

Dado q ue la tasa era recaudada desde primeros del año 2003 es recaudación debe ser descontada de lo que se ha recaudado con la Ley de Gallardón. Para que nos hubiéramos hecho una idea de lo que realmente ha incrementado la recaudación el Ministerio nos debería haber indicado el aumento, no el total sumada la tasa anterior y la nueva.

Dice el Ministerio de Justicia que en el primer mes de la tasa, el de diciembre de 2012, se recaudó 8,7 millones, lo cual estaría por debajo de la media mensual de ese año. Esa bajada en la recaudación se explica que a la entrada en vigor de la Ley no estaban preparados los impuestos autoliquidables de la AEAT y había multitud de dudas por parte de los actores jurídicos sobre a aplicación de la tasa en cientos de casos específicos.

La recaudación de esta tasa en 2013, según el Informe de Recaudación de la AEAT, fue de 317 millones. Si tomamos como referencia de la antigua tasa el ejercicio el ejercicio de 2012 (con un mal mes de diciembre achacable al Gobierno) vemos que ese año la recaudación fue de 172 millones, de modo que el incremento real de la recaudación fue 142 millones.

Afirma Justicia que este año, supongo que hasta octubre, se ha recaudado 187 millones. De mantenerse el mismo ritmo de recaudación se llegaría a los 224 millones y una incremento sobre 2012 de 52 millones.

En el mejor de los casos las tasas judiciales de Gallardón han aportado a la Hacienda del Estado 194 millones de euros y no los 512 que afirma el Ministerio de Justicia.

Pero este maquillaje de datos no es lo único, porque habrá alguno que piense que buenos son esos euros y que es mejor que nada, por más que el Ministerio jugando a la ambigüedad haya imputado a una ley de 2012 parte de lo que es efecto de una ley de 2003.

Diez comunidades autónomas comparten con el Ministerio de Justicia la gestión de este servicio público. Es curioso que el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se hace en la Hacienda estatal, por más que en las regiones con la competencia transferida se gaste igualmente (pero ése es otro debate).

Los gastos, de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a 2014, eran los siguientes:

El incremento de la recaudación a través de las tasas judiciales solamente han supuesto un 1.46% y algo más del 3% en el año anterior. A cambio de ese ingreso absolutamente despreciable dentro del gasto de Justicia e irrelevante dentro de los Presupuestos Generales del Estado muchas personas se han visto impedidas de acceder a los tribunales en apelaciones sociales o en el control de la acción de la Administración a través de los recursos contencioso-administrativos.

Las tasas judiciales eran contra los ciudadanos y estos datos muestran a las claras que lo único que buscaba era impedir el uso de su derecho a acceder a los tribunales. La estrategia del Partido Popular es siempre la misma: para mejorar un servicio hay que echar a los ciudadanos que no corresponden con el estándard del PP a la calle, sea en Justicia o Educación.

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