Sobre blindaje de la sanidad pública andaluza

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La Presidenta de la Junta ha visto como las masivas protestas contra los recortes sanitarios han tomado las calles de Granada, Málaga y Huelva y no se descarta que se extiendan a otras ciudades. En la situación habitual de las cosas, el silencio informativo tras dar una sola vez la noticia hubiera protegido cualquier decisión, pero la tenacidad de los manifestantes y las ambiciones políticas de Susana Díaz hacen que las “mareas blancas” no se hayan quedado en anécdota y la estén lastrando sobremanera.

La Junta de Andalucía ha anunciado que quiere “blindar” la Sanidad Pública contra una posible privatización. Esta intención es pura propaganda, porque un Gobierno de otro signo político podría cambiar las normas que quisiera siempre que contase con los votos suficientes en el Parlamento de Andalucía para aprobar las leyes necesarias.

La única posibilidad de “blindar” el sistema ante el previsible cambio de Gobierno es una reforma estatutaria. Para realizar una reforma estatutaria, sin entrar en su constitucionalidad, necesita dos tercios del Parlamento autonómico y una mayoría absoluta en el Congreso que apruebe una Ley Orgánica. No tiene ese poder y por tanto no puede “blindar” nada.

Susana Díaz más que en anunciar “blindajes”, debería renunciar a los “recortes”.

Reformas menores de la Constitutición

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Ayer se conmemoró el 38º aniversario del Referéndum de ratificación de la Constitución. Un texto que a día de hoy, salvo dos excepciones técnicas, sigue incólume en su formulación. Se dice que no hay que estar tocando continuamente la Constitución, pero creo que precisamente nuestro vicio constitucional no ha sido el exceso, sino el defecto.

Los grandes temas pendientes de la Constitución son el territorial y la Corona. Son el centro del miedo a “abrir el melón”. Realmente la mayoría están de acuerdo con que la Constitución necesita reformas en muchos de sus artículos, pero no se emprenden los arreglos por miedo a que al final los territorios y la Corona se vean afectados.

Hay muchos asuntos que podrían ser recorridos y que este cierre de la Constitución impide. Solamente indicaré algunos, de variable importancia, pero que podrían ser atacados independientemente de las cuestiones medulares:

1) La Justicia tardofranquista era poco fiable a la hora de encomendarle la protección y efectividad de los derechos fundamentales y las libertades públicas (DDFF y LLPP) de la Constitución. Recuerdo leer alguna sentencia del Tribunal Supremo donde se decía literalmente que las normas constitucionales sobre DDFF solamente tenían valor declarativo y que si no había una ley que sostuviera al derecho, no cabía la aplicación directa de la Constitución.

En ese marco y siguiendo también a otros países europeos, se creó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hoy este recurso es el procedimiento que más atiende el Tribunal Constitucional, en detrimento de otros procedimientos que, por afectar a disposiciones de alcance general y con rango de Ley deberían ser resueltos con mayor celeridad.

Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ha transformado el ordenamiento jurídico español y que a través del recurso de amparo y la “autocuestión de constitucionalidad” se ha depurado el ordenamiento de verdaderas vergüenzas, pero es igualmente cierto que la tradición está asentada y la Judicatura actual no es la de 1978.

Cabría eliminar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que fueran los tribunales ordinarios, culminados en el Tribunal Supremo, los que velaran por la protección de los DDFF y LLBB, entrando el Tribunal Constitucional únicamente cuando fuera llamado mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

La segunda posibilidad podría ser crear un segundo órgano dentro de la “Justicia Constitucional” encargado exclusivamente de los recursos de amparos y que remitiese al TC solamente las cuestiones que afectaran a la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones generales con rango de ley.

2) Creo que se debería otorgar al Estado la potestad legislativa supletoria sobre todas las materias, como se venía interpretando hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. La existencia de esta potestad permitía al Estado renovar una normativa que las Comunidades Autónomas aplicaban en defecto de norma autonómica y que en muchas ocasiones era de enorme utilidad. Ahora que el Estado no puede actualizar esas normas que se aplican supletoriamente, tenemos que completar los ordenamientos autonómicos con normas absolutamente desfasadas.

3) Ya hemos hablado varias veces en este blog del bloqueo institucional que el actual sistema de investidura ha provocado y que puede provocar nuevamente. Hemos apostado por el sistema vasco-asturiano que ayudaría a formar gobierno más fácilmente, incentivando los acuerdos y no imponiendo gobiernos contra la mayoría. Los bloqueos institucionales, en un Estado de Derecho, tienen que tener salidas institucionales y jurídicas y no soluciones políticas en el sentido schmittiano.

4) En la derrotada reforma constitucional de Renzi se eliminaba el CNEL, que aquí se llama CES y es perfectamente prescindible. Podría ser otro arreglillo constitucional.

5) De camino se podría dejar la posibilidad a que determinados organismos del Estado tengan su sede fuera de la Villa de Madrid, cuando así lo autorizara una Ley por ejemplo. Esto podría aplicarse específicamente a agencias, organismos autónomos, etc que podrían situarse en otras ciudades españolas.

6) Sistema electoral y derechos sociales son asuntos mayores que dejamos para mejor ocasión.

Perfilando el veto del 134.6 CE

El Gobierno ha vetado buena parte de las iniciativas parlamentarias sobre la base del artículo 134.6 CE que requiere la previa conformidad del Gobierno para tramitar iniciativas y enmiendas que impliquen una aumento del gasto o una disminución de los ingresos.

La Mesa del Congreso ha entendido que algunos de estos “vetos” no se encontraban fundamentados en las previsiones constitucionales, de forma que ha acordado seguir el trámite legislativo haciendo caso omiso de la falta de conformidad del Gobierno. Desconocemos si hubo dictamen de los letrados de las Cortes Generales y si lo hubo cuál fue su contenido.

El Gobierno ha decidido plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional le dé prioridad a este conflicto y que no se esté tramitando asuntos que no debieran tramitarse o, por el contrario, se queden proposición o enmiendas sin tratar porque no debería haber inconveniente.

La Constitución protege la potestad presupuestaria del Gobierno y entiende que el Ejecutivo es más responsable con la llevanza de las cuentas que un legislativo controlado por la oposición. No se quiere desvirtuar el contenido de los Presupuestos Generales por medio de la legislación ordinaria.

Esto está claro, pero también hay que entender que las consecuencias tributarias o presupuestarias neutras de una norma es casi imposible y por ello creo que el Tribunal Constitucional debería elaborar unos criterios para valorar cuando se transgrede el ámbito de la prohibición.

El Tribunal Constitucional debe establecer cuánto es tolerable que se afecte al gasto o al ingreso, por la puesta en marcha mínima de una norma, porque de lo contrario se anularía el derecho de iniciativa que la Constitución le da a las Cortes.

El control parlamentario del gobierno según Kant

Estas últimas semanas se ha estado hablando mucho de la posibilidad de un gobierno parlamentario y las verdaderas capacidades del parlamento a la hora de controlar la acción del gobierno. Recordé que Immanuel Kant, en La Metafísica de las Costumbres, había escrito sobre este asunto y cómo había injuiciado el gobierno inglés de una forma sumamente escéptica.

Traemos a colación el texto de Kant, no como argumento de autoridad, sino como testimonio de las dificultades que desde siempre han acompañado al Parlamentarismo.

Tampoco puede haber en la constitución misma ningún articulo que permita a un poder estatal oponer resistencia al jefe supremo, por tanto, limitarle, en el caso de que viole las leyes constitucionales. Porque quien debiera restringir el poder estatal ha de tener ciertamente más poder, o al menos el mismo, que aquel cuyo poder resulta restringido; y coma señor legitimo que ordena a sus súbditos resistir, ha de poder también defenderlos y juzgarlos legalmente en cada caso y, por tanto, ha de poder ordenar públicamente la resistencia. Pero entonces el jefe supremo no es aquél, sino este; lo cual es contradictorio. El soberano actúa entonces a través de su ministro a la vez como gobernante, por tanto, despóticamente, y el engaño de permitir que el pueblo represente mediante sus diputados el poder restrictivo (ya que propiamente sólo tiene el legislativo) no puede ocultar el despotismo de tal modo que no se descubra en los medios de los que se sirve el ministro. El pueblo, representado por sus diputados (en el parlamento), tiene en estos garantes de su libertad y de sus derechos a gente vivamente interesada por si misma, por sus familias y por su colocación en el ejército, la marina o los cargos civiles, colocación que depende del ministro; esta gente está siempre mucho mas dispuesta a hacer el juego al gobierno (que a presentar resistencia ante las pretensiones del gobierno, resistencia cuyo anuncio público requiere una unanimidad ya preparada en el pueblo, que no puede tolerarse en tiempos de paz).– De ahí que la llamada «constitución estatal moderada», como constitución del derecho interno del Estado, sea un absurdo y que, en vez de formar parte del derecho, sea un principio de prudencia, no para impedir en lo posible que el poderoso transgresor de los derechos del pueblo influya arbitrariamente sobre el gobierno, sino para encubrir esta influencia bajo la apariencia de una oposición permitida al pueblo

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Immanuel KANT: La Metafísica de las costumbres. Traducción de A. Cortina y J. Conill. Madrid. 2008. Págs. 150-151

Lo que no cuenta Eduardo Madina sobre la elección de Fernández Díaz

Los socialistas han decidido no oponerse de ninguna forma a la elección del ex ministerio del Interior, Fernández Díaz, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

Ante el escándalo que se ha montado ante la nueva rendición de los socialistas ante los populares, el diputado Eduardo Madina ha publicado este tweet que es medio verdad, medio mentira.

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El Reglamento del Congreso de los Diputados establece en su artículo 41 establece que la mesa de las comisiones será elegida del mismo modo, adaptando el número de miembros, que se emplea para la elección de la mesa del Congreso, que se encuentra regulada en los artículos 36 a 38 del Reglamento.

El Presidente de la Comisión se elige por tanto como el Presidente del Congreso, de la forma prevenida en el artículo 37.1: se vota entre los miembros y si alguien no consigue la mayoría absoluta en la primera vuelta, los dos diputados con más votos pasan a una segunda vuelta en la que es elegido el que tenga más votos.

¿Dónde dice el Reglamento que hay que votar al candidato propuesto por el PP o abstenerse? En ningún sitio.

¿Por qué insinúa Madina que no hay otra opción? Al comenzar la legislatura los grupos más importantes se reparten las presidencias de las comisiones parlamentarias y parece que la de Exteriores le ha correspondido al PP como la de Justicia al PSOE.

Es por ello, de acuerdo con un pacto entre partidos y no en virtud del Reglamento, por lo que los socialistas aceptan a Fernández Díaz, se abstienen y no buscan con otras fuerzas un candidato alternativo. Si hubiera otro candidato podrían votarlo.

Equilibrios territoriales en un sistema federal

En los momentos constituyentes de los Estados Unidos uno de los debates fundamentales consistió como conseguir darle garantías y pesos a los estados más pequeños frente a los estados mayores, más poblados, con mayor representación en virtud de ésta.

La solución que se alcanzó fue el denominado “Compromiso de Connecticut”, de acuerdo con el cual el Congreso tendría dos cámaras legislativas, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes sería elegida de acuerdo con el peso poblacional de cada estado, mientras que cada estado tendría dos senadores, independientemente de su población.

El Senado, con un poder muy amplio, era no solamente la garantía de la presencia de los estados en el gobierno federal (hasta la décimo séptima enmienda los senadores eran normalmente designados por las legislaturas estatales), sino que permitían el equilibrio entre los estados más pequeños y los estados más grandes.

Estados Unidos tiene cincuenta estados con un población muy desigual, desde los más de veinticinco millones de habitantes de California, el más poblado, hasta el poco menos de medio millón de Wyoming. Esto ha generado una barrera protectora de los pequeños hacia los grandes, de modo que el mero peso poblacional no elimine la voluntad de cada uno de los estados, aunque hay quien opina que ha generado el pecado contrario.

Los cinco estados más poblados de los EUA (California, Texas, Nueva York, Florida y Illinois) representan al 36,25% de la población (Censo de 2010) y el 10% del Senado. Los diez más poblados (los anteriores junto a Pensilvania, Ohio, Michigan, Georgia y Carolina del Norte) son el 53.31% de los habitantes de los Estados Unidos y tiene el 20% de los senadores.

Por el contrario los cinco estados menos poblados (Wyoming, Vermont, Dakota del Norte, Alaska y Dakota del Sur suman el 1,08% de los habitantes y tienen el 10% de los senadores. Los diez menos poblados (los anteriores junto a Delaware, Montana, Rhode Island, New Hampshire y Maine) representan al 2,87% de los residentes y tienen el 20% de los votos en el Senado.

La mitad de los estados más poblados contienen al 82,4% de los habitantes, mientras que los veinticinco menos poblados al 14,7% (no suman 10% porque el Censo incluye a los teritorios que no son estados como el Distrito de Columbia, Puerto Rico o Guam).

Si miramos otros modelo federal podemos contemplar el de Alemania y su Bundesrat. Los estados federados (Länder) no tienen la misma representación y ésta depende de la población, aunque las diferencias entre los más poblados y los menos poblados no son enormes. En el Bundesrat hay 69 votos posibles, y el estado con menos población, que es Bremen, tiene 3 votos y el que más, Renania del Norte-Westfalia tiene seis.

El artículo 51.2 de la Ley Fundamental establece que cada Land tiene, por lo menos, tres votos. Los Länder de más de dos millones de habitantes tienen cuatro; los de más de seis millones, cinco y los de más de siete millones, seis. De esta forma se mantiene equilibrio tal que para llegar a los 35 votos necesarios para tener mayoría absoluta sería necesario unir a los siete estados más poblados (con el 77.40% de la población), de los dieciséis de la Federación. Representando el 27.49% de los habitantes, los estados menos poblados pueden crear tanto una minoría de bloqueo, como una mayoría alternativa.

En dos entradas nos hemos preguntas si el federalismo organizativo del PSOE era verdadero o solamente nominal y si realmente en la actualidad, con el gobierno de los barones, realmente era una confederación.

La organización territorial del PSOE da preeminencia al número de militantes (aquí sí valen para algo aunque sea para ser números) sobre consideraciones territoriales. Las principales federaciones regionales suman solamente tienen que ponerse de acuerdo y pescar a algún disidente de otras federaciones para tener el control pleno de la organización. Se ha visto muy claramente como andaluces, castellano-manchegos y extremeños así lo han hecho durante la megacrisis del PSOE.

El PSOE no tiene mecanismos de protección de las minorías, ni de las federaciones con menos militantes, de hecho de existir, que no existe, es un federalismo tan asimétrico que parece más una sumisión a las regiones meridionales por parte de las septentrionales.

En el PSOE no hay federalismo, sino el dominio de las regiones más fuertes sobre las menos fuertes. No hay ningún mecanismo ni minoría de bloqueo de la “Fuerza del Sur”, ya que una mayoría simple confiere el poder absoluto. Es un ordeno y mando de una minoría grande que controla toda la organización como si realmente lo demás no fueran entidades diferentes, sino filiales. La inexistencia de garantías estatutarias han hecho realidad un peligro que hoy se concreta para Euskadi, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia o La Rioja.

Y sí, los equilibrios territoriales son democráticos, como las garantías de las minorías y las votaciones en las que se requieren mayoría cualificadas. Tan sometidos están a lo central, que es lo andaluz, que la propiedad de todos los inmuebles del PSOE es de la organización nacional, así como los depósitos bancarios (y las deudas). La única forma de mantener una unidad es garantizar la indemnidad del más pequeño, porque en caso contrario no encontrará motivos para permanecer.

Considerar los procedimientos como un mero trámite

El resultado de dos referendos, el del Brexit y el del acuerdo de paz en Colombia, han arrojado resultados inesperado y, precisamente por inesperados, se han tornado en resultados desastrosos. Muchos analistas coinciden, junto a una cantidad enorme de causas, en que los convocantes, seguros de la victoria de su opción, no se han empleado a fondo en el referéndum, de forma que su desidia ha dejado abierta la puerta a la victoria.

Ahora hay una curiosa polémica, en la que se requiere ridiculizar el “no” de los valones al CETA (Acuerdo comercial de la UE con  Canadá) sobre la base de su escaso peso demográfico, de su extensión o de que pueden ser los únicos. Parece que si las facultades de control de los tratados de Bélgica que su Constitución le da (y que la Unión preserva) no debieran ser nunca ejercidas, que deberían consentir en la ratificación simplemente porque se ha negociado y firmado.

Referendos o ratificación, elementos esenciales en él ejercicio de la soberanía de un Estado, es visto un mero trámite que debe pasarse y solamente con la decisión “correcta”. Si no se decide “lo correcto”, el procedimiento debe ser eliminado.

Los referendos para las decisiones importantes, en las que tiene sentido que la soberanía popular se exprese, y el procedimiento de ratificación de los tratados internacionales tiene sentido: que la voluntad de quien tiene poder no sea suplantada por los negociadores.

Si los ejecutivos, nacionales o comunitarios, quieren que se apruebe en referéndum su acuerdo o se ratifique su tratado, deben tratar a los ciudadanos o al agente ratificador como adultos, saber que ellos depende todo y no someterlos a campañas de chantaje del tipo o consentís o es el caos por vuestra culpa.