Lo de Cataluña (XI): Parlamento cerrado

Los separatistas catalanes quieren dibujar a España como un Estado opresor, donde la democracia es aparente, pero la realidad no tiene nada que ver con su propaganda, que por eso es propaganda. La existencia de una oposición organizada, elegida en elecciones democráticas y que tiene representantes en el legislativo es uno de los elementos que hace posible identificar como democrático un sistema político. El poder legislativo, además de sus funciones legislativas, tiene una función fundamental de control del poder ejecutivo.

Las Cortes Generales, sede del poder legislativo español, está funcionando con total normalidad con todos los diputados y senadores, incluidos los separatistas, en pleno ejercicio de sus funciones y disfrute de los derechos e inmunidades correspondientes a su condición. Los diputados y senadores separatistas preguntan al Gobierno, asisten al Pleno e intervienen en él, en las comisiones, es decir, desarrollan con toda normalidad sus funciones parlamentarias.

Por el contrario el Parlamento de Cataluña ha sido cerrado y no se convocan sesiones. Los diputados de la oposición no pueden realizar sus funciones y los ciudadanos que representan, la mayoría, han sido excluidos de la principal institución representativa del autogobierno catalán. Mientras los dirigentes y caudillos separatistas llevan a su región a un precipicio social, económico y político cierran el paso a la oposición, la silencian institucionalmente para que nadie puede pensar que ellos no representan a toda Cataluña y no solamente a una minoría. Lo primero que hacen los tiranos es cerrar el parlamento.

Lo de Cataluña (IX): Nacionalidades

Uno de los mayores artificios de los separatistas lo hacen con el asunto de la nacionalidad. El argumento es el siguiente: los catalanes continuarán siendo ciudadanos de la Unión Europea porque en todo tiempo podrán recuperar la ciudadanía española de origen en virtud del artículo 11.2 de la Constitución, cosa que sucede en muchos casos de pérdida por adquisición de otra nacionalidad.

Esto es así, pero nada ni nadie impediría a las Cortes Generales aprobar una reforma constitucional, en forma de Disposición Transitoria, que dijera que quienes optasen por la eventual nacionalidad catalana no podrían perderían la condición de españoles de origen a efectos de lo dispuesto en el artículo 11.2. Y ya está. ¿O es que creen que habría que asumir una fraude de nacionalidad de tales proporciones?

Es bastante triste, como en el caso de la garantía de los depósitos, querer dar confianza diciendo que no se romperán los vínculos de nacionalidad con el país del que te quieres independizar, porque todo el mundo percibe que tu nacionalidad no vale nada.

Lo de Cataluña (VIII): La Constitución británica

En un Estado de Derecho un gobierno y un parlamento pueden hacer lo que el ordenamiento constitucional les permite hacer. Si quieren hacer algo diferente deben cambiar antes el orden constitucional en el punto que deseen.

Dependiendo de la facilidad o de la dificultad para modificar una constitución se distingue entre constituciones flexibles (las que son fácilmente reformables) y constituciones rígidas (las que se reforman con dificultad). En ocasiones se ha hablado de constituciones hiperrígidas e incluso de constituciones bloqueadas o con disposiciones irreformables.

La dificultad para reforma una constitución depende de si esta la hace un órgano constituido como es el parlamento, un órgano elegido “ad hoc”, si es necesario o no un referéndum y las condiciones de validez de éste. Es también un elemento cuáles son las mayorías exigidas para aprobar la reforma constitucional.

La Constitución británica que tiene una parte consuetudinaria y otra contenida en disposiciones escritas pertenece a la categoría de las constituciones flexibles: realmente es su arquetipo. Si una ley contiene una disposición que se considera constitucional, para modificarla el Parlamento solamente tiene que aprobar una ley ordinaria y reformada la Constitución.

Esta es la ventaja constitucional que tuvo David Cameron, entonces Primer Ministro, pudo emplear a la hora de pedirle al Parlamento del Reino Unido que ratificase su acuerdo con el gobierno regional escocés. La soberanía parlamentaria y la flexibilidad constitucional lo permitían.

En los países que hemos optado por constituciones rígidas, para protegernos del imperio de la mera mayoría y proteger a las minorías, las cosas no son aparentemente tan fáciles, pero la cuestión es que hay que hacer buena política para concitar mayorías, aunque parezca imposible.

Comparar la decisión británica con la española es de mala fe, porque los presupuestos constitucionales no son los mismos. Y puestos a comparar, hagamos la comparación que proponía Foreign Policy ¿qué haría cualquier gobernador de un estado de los Estados Unidos decidiera celebrar unilateralmente un referéndum de secesión?

Lo de Cataluña (I): Federalismo

Oiremos hablar mucho de Federalismo estos próximos días. Será una de las recetas para solventar el problema catalán. No hay un concepto unívoco de Federalismo porque hay tantos federalismos como estados que adoptan algunas de sus características.

Quizá uno de los elementos comunes al Federalismo es la existencia de entes federados, es decir, los miembros de la Federación. Cualquiera que proponga una solución federalista tiene que responder previamente, a mi entender, dos preguntas:

1) ¿Quiénes serán los entes federados? ¿Las actuales comunidades y ciudades autónomas? ¿Los reinos medievales? ¿Euskadi, Navarra, Cataluña y resto de España?

2) ¿Las competencias y la financiación serán simétricas o asimétricas?

Vientres de alquiler. La indefinición discriminatoria

Si alguien se subroga en la hipoteca que yo he celebrado con una entidad bancaria es porque la entidad existe. Si no hay gestación previa, solamente inseminación “in vitro”, no entiendo que se pueda nadie subrogar a ninguna gestación y me parece más un eufemismo para referirnos a los “vientres de alquiler” que a otra cosa.

Y no lo tengo claro por ahora y sigo pensando y leyendo argumentos a favor y en contra de los “vientres de alquiler”. A la única conclusión que sí he llegado es que la decisión que se tome debe ser tajante: o sí con todas las consecuencias (en la linea de la proposición de Ciudadanos) o no con todas las consecuencias (que no es la situación actual).

En el presente estamos en lo que entiendo que es uno de los peores escenarios. Por un lado no se permite en España, pero sí hay un procedimiento (con sus lagunas) para reconocer a los niños y niñas nacidos gracias a un “vientre de alquiler” en países extranjeros. Esto hace que solamente quienes pueden permitirse hacer lo que en España no es legal, entonces tienen un reconocimiento legal, de forma que la actual regulación (una orden ministerial) consagra una discriminación económica.

Si se opta por no permitir alquiler vientes en España, debe cerrarse la puerta a que si los españoles lo hacen en el extranjero tengan éxito a la hora de registrar a los niños y niñas, porque supone una regulación solamente viable para quien tiene dinero.

Disolviendo la STC sobre la amnistía fiscal

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto-Ley 12/2012 que etableció los requisitos y el procedimiento de la “amnistía fiscal”. La sentencia tiene dos tipos de argumentos para declarar la inconstitucionalidad: los formales sobre la habilitación para emplear el Decreto-Ley para este tipo de menesteres y los materiales sobre la adecuación de esta decisión a nuestro ordenamiento constitucional.

El otro día leí un artículo en el que se afirmaba que el fundamento jurídico que declarada la inconstitucionalidad material realmente no lo era, sino que eran consideraciones complementarias sin valor jurídico, lo que en el argot se denomina “obiter dicta”.

Un “obiter dicta” es un comentario incidental, un paralelismo, un ejemplo que el tribunal emplea para ilustrar su razonamiento, pero no se puede considerar un “obiter dicta” a la contestación que en este caso hace el Tribunal Constitucional a las alegaciones jurídicas planteadas por la Abogacía del Estado en defensa de la constitucionalidad de la norma recurrida.

El Tribunal Constitucional discute una a una las alegaciones del abogado del Estado y, aunque la respuesta es sintética, la conclusión no puede ser otra que la materialidad de la norma, esta “amnistía fiscal”, hubiera sido también inconstitucional aunque no se hubiera empleado el Real Decreto-Ley como instrumento normativo.

Hay un interés claro en decir que la “amnistía fiscal” es inconstitucional solamente por la forma y no por su materia, cuando del texto de la sentencia no se puede inferir esa conclusión.

La gran oferta de empleo público

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.