La gran oferta de empleo público

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

El puenteo competencial

El Español publicó una pésima crónica en la que mezclaban y confundías conceptos fundamentales sobre tratados tales como firma, negociación o ratificación, con ocasión de la oposición de la cámara legislativa de la belga de Valonia a la ratificación por parte de su país del acuerdo comercial con Canadá, de acuerdo con la Constitución Federal. Hay varios manuales muy buenos de Derecho Internacional Público que explican de un modo muy didáctico el proceso de negociación, firma y ratificación de un Tratado.

El Español quiere ridiculizar la posición de Valonia sobre la base de su poco peso poblacional en el conjunto de la Unión Europea, pero como no entiende el proceso dentro de la Unión ellos hacen el ridículo.

La ratificación de un tratado por cada uno de los Estados que componen la UE es siempre de acuerdo con sus normas constitucionales, de modo que cada uno de ellos tiene el mismo peso jurídico a la hora de la ratificación de estos tratados. Si el peso poblacional fue lo único determinante a la hora de ratificar tratados o aprobar normas en la UE, unos cuantos Estados decidirían por los demás.

Bélgica es un Estado de complejo diseño federal, donde se superponen dos niveles, las comunidades (culturales) y las regiones (económicas), con instituciones propias. Para evitar que la el Gobierno Federal pudieran imponer decisiones a las comunidades y a las regiones dentro de sus competencias mediante la adopción de Tratados Internacionales, los cuales tienen superioridad normativa.

En la actualidad, especialmente a través del Derecho Comunitario, a las Comunidades Autónomas se le imponen decisiones en cuya adopción no han podido tomar parte, ya que el Estado Español no permite la presencia de representantes regionales dentro de sus equipos de negociación, ni mucho menos hay un mecanismos para que las Comunidades puedan condicionar la postura del Gobierno en lo relacionado con  la Unión Europea y que afecte a sus competencias. Se consideran internamente simples relaciones internacionales.

Los Estados complejos, en los que el reparto de las competencias y la pluralidad de soluciones se manifiestan como su forma de ser, deben afrontar la forma en la que participan en la creación de normas internacionales, para que estas normas no desvirtúen la voluntad de sus ciudadanos que también expresan los entes infraestatales. El establecimiento de vetos, de participación en la negociación e incluso la concesión de “ius tractandi” limitado a estos entes infraestatales es una muestra de este camino.

 

Algunas lecciones constitucionales que podíamos haber aprendido

PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA

Hubo semanas en las que tuvimos la sensación de que ningún líder político intentaría la investidura y que por tanto los mecanismos constitucionales para disolver las Cortes no podrían activarse.

En el Partido Popular tenían el plan que les proporcionaba el Dictamen del Consejo de Estado 1985/2003. Tras las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003 se dio una situación parecida a la actual, ya que tras la traición de dos diputados socialistas era imposible la investidura de ninguno de los líderes. Solamente el arrojo de Rafael Simancas, al presentarse a una investidura imposible, puso en marcha el procedimiento estatutario de disolución de la Asamblea.

El hecho de que los preceptos del Estatuto de Madrid que regulan la disolución automática de la cámara sean idénticos a los de la Constitución hizo pensar entre los populares que se podría utilizar esta “doctrina legal” para disolver las Cortes sin necesidad de la requerida votación de investidura.

El Dictamen hace una interpretación teleológica de los preceptos constitucionales entendiendo que buscan dar solución a un bloqueo en la investidura devolviéndole la voz a los ciudadanos. Para ello los letrados del Consejo idearon un procedimiento “praeter Constitutionem” en el que la primera votación de la primera investidura era sustituida por una votación constatando la imposibilidad de la investidura.

Un procedimiento ingenioso pero más allá de los límites constitucionales. Un procedimiento que no fue empleado siquiera en una comunidad y que podía haberse encontrado con una gran oposición jurídica en el caso de las Cortes. Podríamos vernos con un procedimiento que provocase unas Elecciones y que legado un momento el Tribunal Constitucional lo declarase inconstitucional.

Nuevamente una investidura fallida salva la laguna constitucional en este caso, pero la laguna existe y puede “dar la cara” nuevamente. Está claro la situación no se habría mantenido perpetuamente ya que los diputados y los senadores tienen un mandato máximo de cuatro años.

Todos los partidos tienen en su agenda una cantidad variable de reformas constitucionales, quizá mereciera la pena la constitucionalización del procedimiento establecido en el Dictamen del Consejo de Estado en el caso de investidura imposible y en el que nadie tampoco quiera enfrentarse a una investidura fallida con absoluta seguridad.

Puestos a revisar cosas podríamos plantearnos si este método de investidura es mejorable.

En España hay dos comunidades autónomas, Asturias y Euskadi, que tienen otro procedimiento de elección que premia los apoyos frente a los bloqueos. Se pueden presentar múltiples candidatos y será elegido, en última instancia, el que tenga más votos si ninguno consigue la mayoría absoluta. Este procedimiento hubiera desatascado la situación ya que la mayoría absoluta del PP y Podemos partidaria de repetir las Elecciones no habría conseguido su objetivo con tanta facilidad. Se incentivas las actitudes a favor de formar gobierno que las que bloquean y especulan con un futuro rédito electoral.

Es cierto que en Asturias, pese a este sistema, la imposibilidad de elegir un Presidente les llevó a la repetición de las Elecciones, pero la probabilidad de empate es menor en una cámara de 350 diputados como el Congreso que en una de 45 como es la Junta General del Principado.

GOBIERNO EN FUNCIONES

Con total seguridad vamos a superar el medio año con un gobierno en funciones y en estos meses se han planteado cuestiones nuevas que deberían ser atendidas cuando el legislador pueda desarrollar su principal función, además de cumplir con su primera obligación que no es otra que la de investir a un Presidente del Gobierno.

La literatura jurídica sobre el tema es escasa y la referencia más citada ha sido este artículo de Brage y Reviriego donde se analizan dos sentencias del Tribunal Supremo que abordan decisiones de un gobierno en funciones y plantean cuestiones interesantes, aunque no las desarrollan.

Los límites al Gobierno en funciones, que es una definición legal aunque tiene cierta tradición administrativa en los primeros años de la Constitución, están claros, pero el concepto jurídico indeterminado de “despacho ordinario de los asuntos públicos” se antoja casi críptico.

Está claro que la Ley del Gobierno maneja la variable de la urgencia a la hora de tomar decisiones y de hecho no le impide la adopción de un Real Decreto-Ley, de modo que podemos considerar la urgencia uno de los datos para tener en cuenta a la hora de medir las competencias de un Gobierno en funciones.

La segunda variable es el tiempo que dure el periodo de “en funciones” del Gobierno. No tiene la misma trascendencia aplazar asuntos cuando es cuestión de dos meses la entrada del nuevo Gobierno que cuando se va a demorar mucho más tiempo o ni siquiera hay la certeza de que no hayan a repetirse las Elecciones.

El despacho ordinario incluye las relaciones internacionales y nuestra pertenencia a la Unión Europea. En el plano internacional/comunitario es irrelevante que el gobierno esté internamente en funciones y la estructura internacional o comunitaria no van a detenerse porque en uno de sus miembros haya una situación de interinidad.

Es quizá aquí donde la situación es delicada, porque un gobierno saliente puede comprometer a un gobierno entrante. Pero la toma de decisiones en este campo competente constitucionalmente al Gobierno y en segundo lugar tiene que evitarse hipotecas no deseadas.

CONTROL PARLAMENTARIO y TRÁMITE LEGISLATIVO

El Gobierno en funciones decía tener decenas de informes jurídicos que indicaban que no debía someterse al control parlamentario que el Congreso quería ejercer. No sé si mostraron algunos de estos informes, pero si así fue yo lo desconozco. El Gobierno en funciones no ha querido solicitar dictamen al Consejo de Estado quizá porque los dictámenes de este órgano son públicos.

El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones no impide el ejercicio de sus funciones por parte de las Cortes y más cuando el Gobierno no ha sido elegido.

También se ha presentado proposiciones de Ley que, de no haber mediado la disolución automática, habría tenido que tramitarse, planteándose la cuestión de si el Gobierno en funciones está capacitado para prestar su conformidad o no a proyectos legislativos que aumenten gastos o disminuyan ingresos, como exige la Constitución.

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Algunos de estos puntos serán resueltos por el Tribunal Constitucional y otros han desaparecido tras la disolución de las Cortes. Las situaciones de bloqueo o de crisis institucional nos hacen apreciar las insuficiencias del sistema institucional y no estaría de más que se intentasen solucionar regulando y/o aclarando.

Investidura 2016 (XVI): 196.c LOREG

Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo (artículo 196.c LOREG)

Ésta es la cláusula que permite que no haya repetición de Elecciones para la formación de ayuntamientos por imposibilidad de elegir al alcalde o alcaldesa de un municipio.

Gracias a este preceptos numerosos alcaldes lo son sin necesidad de acordar nada, en la tranquilidad de que el acuerdo entre los otros grupos municipales es prácticamente imposible. De los últimos casos, en municipios grandes, el más destacado fue el acceso a la alcaldía de Ada Colau, que habiendo sido la suya la candidatura con más votos (25,21%) y concejales (11 de 41) en el Ayuntamiento de Barcelona, estaba muy lejos de nada parecido a la mayoría absoluta. Sin necesidad de tener mayoría simple, sino solamente esperando que nadie consiguiese mayoría absoluta, Colau sería alcaldesa de Barcelona, como así resultó ser.

Este precepto solamente tiene reflejo a nivel autonómico en la Castilla-La Mancha que permite la investidura del candidato del grupo con más escaños si en dos meses no se alcanza la investidura. Los reglamentos parlamentarios de Euskadi y Asturias tienen un sistema de investidura con múltiples candidatos, resultando elegido el que más votos tiene, que facilita la elección aunque no pudo evitar la repetición de las elecciones asturianas de 2011.

Una cláusula para la Presidencia del Gobierno, como la vigente para los Ayuntamientos, hubiera permitido a Mariano Rajoy moverse aún menos que en estos días y esperar a que nadie pudiera reunir los 176 votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Un equivalente nacional como el 196.d LOREG daría el gobierno casi automáticamente al partido con más escaños. Es una opción, pero también tiene sus riesgos.

No estaban hablando de Economía

Libertad Digital es un medio de comunicación que aparece en los papeles de Bárcenas donde parecen constar salidas de dinero de la Caja B del Partido Popular para comprar acciones de ese medio en una ampliación de capital que, por lo visto, no despertó el mínimo interés entre los inversores serios.

No veo los programas de debate o tertulias de La Sexta y desde el día de las Elecciones Generales de 2011 no entro en Libertad Digital, cuando lo hice para comprobar que ese mismo día le habían cerrado el blog al tonto útil de Pío Moa. Pero casualmente vi una noticia de Libertad Digital en la que decía que “Monedero recibe un repaso antológico por su ignorancia en economía”.

Confieso que me picó la curiosidad y leí la noticia en la que daba cuenta de que un tertuliano le había dicho a Monedero que reformar las reglas del Banco Central Europeo no era algo tan sencillo como él pensaba y decía, ya que al estar aprobados sus estatutos por un tratado internacional (protocolo nº4 al TFUE) requiere la unanimidad de los Estados-Parte por la aplicación supletoria de la Convención de Viena de Derecho de Tratados entre Estados . Supongo que fue así, como el periodista Pablo Molina dice.

Para acusar a alguien de ignorancia hay que saber un poco de lo que se está hablando. Pablo Molina, el periodista, no se da cuenta de que no están hablando de Economía, sino de Derecho, concretamente de Derecho Comunitario y de Derecho Internacional, que si bien está en relación con la política monetaria y ésta es un instrumento económico, las reglas de modificación del Estatuto del BCE no es un tema económico ni de lejos.

Vamos, que el periodista cae en el mismo error del que acusa a Monedero: ninguno tienen ni idea de Derecho. Y los dos hablan: el político diciendo que van a realizar cambios que España no puede hacer sola y el periodista confundiendo Economía y Derecho. Éste es el nivelazo.

Estado de derecho comunitario

Por más que el Comunity Manager de Izquierda Unida quiera transmitir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia influido por las protestas sociales contra los desahucios y la política bancaria de España, la realidad es que el TJUE y su sentencia es fruto del estado de derecho, del margen de estado de derecho que en una organización internacional como la UE se está construyendo y la vigilancia del tribunal comunitario sobre el incumplimiento de España de las obligaciones contenidas en una directiva y la consulta realizada por un órgano jurisdiccional español.

Y es mejor que los tribunales tengan como referencia las normas jurídicas y no las influencias, presencia o no de un movimiento social o de un grupo de presión. Solamente de esta forma podemos aspirar a que un simple ciudadano pueda hacer prosperar sus pretensiones. De lo contrario, si las cosas debieran ser como IU desea que fueran, solamente prosperarían ante los tribunales las causas y las pretensiones con amplia movilización sin atender a otros criterios, desde la igualdad o la justicia material.

El verdadero objeto del Real Decreto-Ley 5/2012

El pasado martes nos desayunamos en el BOE un Real Decreto-Ley que me parece sorprendente: el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Me parece sorprendente porque lo regulado en ese Real Decreto-ley, aún siendo una materia muy importante, no parece que de lejos a la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige a este tipo de normas.

Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha rebajado bastante las exigencias del texto pero ni por esas se salvaría, ya que regula una institución por plazo indeterminado, lo cual no pasa el ‘estándar jurisprudencial’ que exige la temporalidad esencial de la norma conforme a algo que aconseja no seguir el procedimiento legislativo ordinario.

La excusa que encontramos en la exposición de motivos del transcurso del plazo de trasposición de la normativa comunitaria es un tanto irrisorio, cuando hay tanta normativa pasada de plazo sin transponer, y porque este tipo de normas puramente técnicas tienen un paso acelerado por las Cortes.

Un analista político del segundo mandato de Aznar decía que el gobierno de aquellos años había cogido la costumbre de tener permanentemente en las Cortes algunas leyes ‘de guardia’ para que el grupo popular les pudiera introducir enmiendas en respuesta inmediata a cualquier acontecimiento en el que quisieran dar la impresión de estar haciendo algo.

Y la pena es que como parece que no tienen demasiadas cosas en un estado avanzado de trámite parlamentario, han tenido que tomar el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (elaborado y remitido a las Cortes por el gobierno socialista), darles unos cuantos toques contundentes conservadores (de los que hablaremos) y colocarle el verdadero objeto de este Real Decreto-Ley: la disposición adicional tercera para dar más plazo a los ahora estudiantes de Derecho a la hora de colegiarse como abogados o procuradores cuando la Ley 34/2006 entre en vigor.

Lo importante que es elaborar una buena ley en esta medida, con el mayor acuerdo técnico y reflexión, con los dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos, es relegado para poder satisfacer al lobby jurídico, uno de los fuertes en los gobiernos conservadores españoles (esto y no otra cosa es Gallardón.