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Archive for the ‘Derecho Civil’ Category

El pasado martes nos desayunamos en el BOE un Real Decreto-Ley que me parece sorprendente: el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Me parece sorprendente porque lo regulado en ese Real Decreto-ley, aún siendo una materia muy importante, no parece que de lejos a la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige a este tipo de normas.

Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha rebajado bastante las exigencias del texto pero ni por esas se salvaría, ya que regula una institución por plazo indeterminado, lo cual no pasa el ‘estándar jurisprudencial’ que exige la temporalidad esencial de la norma conforme a algo que aconseja no seguir el procedimiento legislativo ordinario.

La excusa que encontramos en la exposición de motivos del transcurso del plazo de trasposición de la normativa comunitaria es un tanto irrisorio, cuando hay tanta normativa pasada de plazo sin transponer, y porque este tipo de normas puramente técnicas tienen un paso acelerado por las Cortes.

Un analista político del segundo mandato de Aznar decía que el gobierno de aquellos años había cogido la costumbre de tener permanentemente en las Cortes algunas leyes ‘de guardia’ para que el grupo popular les pudiera introducir enmiendas en respuesta inmediata a cualquier acontecimiento en el que quisieran dar la impresión de estar haciendo algo.

Y la pena es que como parece que no tienen demasiadas cosas en un estado avanzado de trámite parlamentario, han tenido que tomar el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (elaborado y remitido a las Cortes por el gobierno socialista), darles unos cuantos toques contundentes conservadores (de los que hablaremos) y colocarle el verdadero objeto de este Real Decreto-Ley: la disposición adicional tercera para dar más plazo a los ahora estudiantes de Derecho a la hora de colegiarse como abogados o procuradores cuando la Ley 34/2006 entre en vigor.

Lo importante que es elaborar una buena ley en esta medida, con el mayor acuerdo técnico y reflexión, con los dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos, es relegado para poder satisfacer al lobby jurídico, uno de los fuertes en los gobiernos conservadores españoles (esto y no otra cosa es Gallardón.

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Los socialistas han anunciado que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral de Rajoy, salvo que se introduzcan modificaciones sensibles. Por el propio tenor de las declaraciones de la portavoz del PSOE se desprende que los socialistas están esperando el trámite del Real Decreto-Ley como Ley para presentar el recurso a esta última norma.

El Real Decreto-Ley quiere establecer un sistema estable con un instrumento normativo que solamente admite, según la jurisprudencia constitucional, un sistema coyuntural, sin entrar a las cuestiones sustantivas.

No es la primera vez que esto ocurre y que el Real Decreto-Ley del caso fue declarado inconstitucional, perviviendo la norma a pesar de todo, porque, posteriormente a la convalidación, había sido tramitada como Ley ordinaria.

La reforma laboral definitiva será la que salga de la Ley que más que previsiblemente se tramite tras la convalidación y no deteniéndose en cuestiones formales sobre el alcance del Decreto-Ley que a efectos prácticos no sirven para casi nada más allá de la satisfacción de unos cuantos académicos.

Y a falta de leer el recurso que interpongan los diputados socialistas y, naturalmente pasados unos años, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dicte, tengo la convicción de que determinados puntos de la reforma son inconstitucionales tanto por el vaciamiento de la negociación colectiva, como por la descompensación de la relación contractual que convierte la contratación laboral en algo camino de ser más perjudicial para la parte más débil que la mera contratación civil.

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a demostrar que no tiene ni la más remota idea de las normas vigentes en la materia de su Ministerio.

Hoy ha propuesto, para quitar trabajo a los juzgados, dar la posibilidad a los notarios de celebrar bodas civiles y tramitar procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

Bodas notariales

Las Cortes aprobaron la Ley 20/2011, del Registro Civil que en sus artículos 58-60 encarga la tramitación de los expedientes matrimonios a los Ayuntamientos y la inscripción al Registro Civil, que esta ley configura como un organismo estatal totalmente ajeno al Poder Judicial. Pero lo más curioso de todo es que esta ley contó para su aprobación con los votos del Partido Popular.

Esta ley ha desjudicializado el Registro Civil, aunque bien es cierto que todavía no ha entrado en vigor ya que su disposición final otorga una ‘vacatio legis’ de tres años.

El ministro podía haberse comprometido a proponer el adelanto de la entrada en vigor de la Ley, a movilizar todos los recursos para hacer esto posible, pero no tenía que haber salido con una ocurrencia, que solamente merece el calificativo de peregrina, que nada tiene que ver con lo que el PP pactó y votó en el mes de junio.

Divorcios notariales

Lo que propone el ministro Ruiz-Gallardón es una pérdida de una garantía respecto a la actual situación. Esta garantía es la decisión del Juez para que el mutuo acuerdo sea exactamente eso, y que una parte no abuse de su posición sobre la otra. Además la intervención del Ministerio Fiscal es vital cuando en el divorcio de mutuo acuerdo hay hijos. ¿Cree que un notario, sin garantías de su imparcialidad, es el mejor para sustituir a un juez y eventualmente a un fiscal?

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El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

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Cuando en España se habla de los trámites para crear una empresa se habla demasiado de los plazos (muy largos) y casi nada de los costes. Esto es así porque los costes de abrir una empresa van a parar a las arcas de dos de los grupos de presión más potentes de nuestro país: registradores y notarios.

Habrá cientos de excusas para justificar tanto su intervención como lo que cobran. Si se aprobasen una serie de modelos de constitución de sociedades y de estatutos, de legalidad garantizada normativamente (como ya hacen las editoriales para los abogados y otros actores jurídicos) podría solventarse la intervención de estos fedatarios haciéndola puramente mecánica, de hecho, el notario podría ser eliminado y el registrador daría asiento a unos documentos establecidos por posibles anexos a las leyes mercantiles reguladoras de cada sociedad.

Esto sería una gran ayuda a las empresas que empiezan. Es lógico que esos documentos no servirían a otras sociedades más complejas, para las cuales se podría continuar perfectamente con el actual sistema.

Esto es así para muchísimas corporaciones. Si alguien quiere constituir una asociación o partido político podrá encontrar estupendos modelos de estatutos perfectamente legales en la web del Ministerio del Interior. ¿Por qué no con las sociedades mercantiles?

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He leído con toda la atención posible el discurso de investidura del nuevo Presidente del Gobierno. Entre las muchas cosas que insinúa y las levísimas concreciones me ha llevado la atención las pretensiones programáticas de atacar la Justicia como mecanismo de igualdad y de legalidad.

La idea básica es: vamos a agilizar la Justicia favoreciendo, u obligando, a acudir al arbitraje o a la mediación para resolver los conflictos en vez de hacerlo en los tribunales de Justicia.

Esto era más que esperable en los temas laborales, que precisamente es el orden jurisdiccional que necesita menos agilización, pues la mayoría de las causas reciben sentencia entre el primer y el tercer desde la interposición de la demanda.

Si el orden social no necesita de agilización, al menos en la primera instancia que es donde terminan la mayoría de las causas, la intención de resolver los conflictos por instituciones extrajudiciales solamente puede obedecer a un intento de romper la relativa paridad de armas que el proceso social proporciona a la parte más débil, que es el trabajador.

En el momento que las leyes laborales lo permitan, veremos cómo antes de firmar un contrato de trabajo hay que dar la conformidad con el sometimiento a una institución de arbitraje, cercana a alguna organización empresarial. Los laudos arbitrajes estarán prácticamente blindados a cualquier recurso.

Aunque me horripile esta huida de la Justicia, auspiciada por el PP, la esperaba. La que no esperaba era la expuesta más adelante como solución a los problemas del orden jurisdiccional civil. Aunque sí apunta continuar el proyecto de la Nueva Oficina Judicial, recurre a la desjudicialización de asuntos como vía para tener una justicia más rápida.

Una Justicia independiente e imparcial, especialmente en los niveles más habituales de la sociedad, es la garantía para una resolución conforme a Derecho de los conflictos. Es cierto que la Justicia también tiene que ser rápida, pero una ‘justicia’ dependiente y parcial por muy rápida que sea no tiene valor.

En el momento de firmar cualquier contrato en los que no haya paridad entre los contratantes, la inmensa mayoría de los contratos, la parte fuerte podrá imponer, con el apoyo de la Ley, a la débil la resolución en una institución de arbitraje que sea comprensiva con sus intereses.

Rajoy que, en la parte ‘bonita’, habló de la independencia y de la imparcialidad judicial, cuando entra en materia y en intereses concretos ve a la Justicia y a los jueces como amigos de la igualdad ante la Ley y prefiere instituciones que suplanten a los jueces y que los consagren.

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El debate de la ‘dación en pago’ lleva en la mesa de la opinión pública muchos meses. Soy partidario de la ‘dación en pago’, aunque creo que un cambio siempre tiene consecuencias.

Es cierto que si, como norma legal, se impone la ‘dación el pago’, las entidades bancarias pueden ser más restrictivas en sus operaciones hipotecarias y que, en el futuro, sea más difícil la concesión de una hipoteca para la adquisición de una vivienda. Pero también es cierto que los bancos saben que cuando una hipoteca no se cobra, por mucha responsabilidad universal que haya en el Código Civil, no se va a cobrar casi nunca y que el inmueble que servía de garantía es todo con lo que la entidad bancaria va a contar.

Esto nos lleva a segunda consecuencia de la ‘dación en pago’. Los bancos no cobran porque esos ejecutados se ocuparán de ocultar todos los bienes y trabajar en negro en todo lo que vaya más allá de los márgenes de inembargabilidad del salario garantizados legalmente.

La responsabilidad universal pone al ejecutado hipotecario en una situación en la que se hace un sujeto ideal para el mercado laboral negro ya que, de lo contrario, lo que gane para volver a empezar irá directamente a los ejecutantes bancarios.

Los bancos saben que, diga lo que diga la Ley, la realidad es que solamente cuentan con la vivienda como garantía. ¿Por qué no evitarnos absurdos y dejarnos de incentivar la economía sumergida?

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Casi dos centenares de páginas ocupan la sentencia del Tribunal Supremo y los votos particulares que resuelve la impugnación de las candidaturas presentadas por la coalición ‘Bildu’ para las próximas elecciones municipales en Euskadi, Navarra y Condado de Treviño (Burgos).

Ando bastante cogido de tiempo por lo que he leído la STS y los votos particulares cuando he podido, por lo que me voy a conformar con exponer lo que considero más destacado, siendo consciente de que los medios ya han expuesto algunos elementos de la resolución y, por tanto, son conocidos por la mayoría de lectores de este blog.

Hasta ahora en las sentencias del TS tenía una gran importancia la justificación de los vínculos con Batasuna y/o ETA de los integrantes de las candidaturas impugnadas. El hecho de que los candidatos actuales ya no tengan máculas, lo cual es lógico tras unas cuantas sentencias, y unos errores de identificación que han debido ser tremendos (como insinúa la propia sentencia), han llevado a la Sala Especial a sentenciar únicamente sobre lo que han llamado ‘elemento objetivo’, a saber, una serie de pruebas que a juicio de la Sala justifican que admitir la impugnación de todas las candidaturas de ‘Bildu’ por pertenecer a una estrategia creada por ETA para que su brazo político, Batasuna, tenga acceso a las instituciones.

Las alegaciones de la coalición habían cuestionado el procedimiento para la obtención de determinadas pruebas, especialmente su constitucionalidad. La Sala hace una defensa genérica de estas pruebas, pero no entra en especiales condiciones ya que para su pronunciamiento no tiene en cuenta estos ‘elementos subjetivos’.

El fraude de Ley, motivo de impugnación por parte del Ministerio Fiscal, ha recibido especial atención, ya que no necesita siquiera una prueba de vínculos con ETA o de acuerdos con Batasuna, pues el Ministerio Fiscal mantiene que la presencia masiva de ‘independientes’ en una coalición desnaturalizaría la figura de la coalición entre partidos. Da la impresión de que este motivo de impugnación se convierte en el comodín de la sentencia por si las demás causas no prosperan, ya que como he dicho es abstracto y no requiere de mayor prueba (siempre que las identificaciones hubieran estado hechas con menos errores).

La Sala decide aceptar la impugnación de todas las candidaturas de ‘Bildu’ sobre la prueba documental (elementos objetivos) que le ofrecen documentos que son aportados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por medio de la transcripción de llamadas telefónicas y de mensajes SMS. Lo contenido en esta documentación le permite a la Sala concluir que la coalición ‘Bildu’ forma parte de la estrategia de ETA para que Batasuna esté presente en las próximas elecciones municipales.

Hay un voto particular (Sieira Míguez) parcialmente concurrente y, por tanto, parcialmente discrepante que, después de una consideración sobre el tipo de prueba que debería ser tenido en cuestión, afirma que deberían haberse admitido las candidaturas que estuvieran compuestas mayoritariamente o en exclusiva por militantes de EA o de Alternatiba.

Seis magistrados (Alarcón Caracuel, Xiol Ríos, Moliner Tamborero, Calvo Cabello, Jorge Barreiro y Gimeno-Bayon Cobos) firman un voto discrepante sobre la totalidad de la sentencia. Afirman que se trata de derechos fundamentales y que, por tanto, el rasero debe ser más alto que en el mero enjuiciamiento civil. Sí le dan importancia a los elementos subjetivos y a los errores cometidos que desvirtúan, a su modo de entender, las pretensiones de los impugnadores e interpretan la prueba documental de una forma diferente al no considerar probado que ni EA ni Alternatiba firmaran el documento sobre estrategia electoral. La minoría sí hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ‘Iniciativa Internacionalista’ (omitida en la relación de resoluciones del TS y del TC en la sentencia de la Sala) y a los criterios fijados en esa resolución. Consideran que se han satisfecho las exigencias legales y que no cabe hacer presuposiciones sobre comportamiento futuro para los cuales, además, el ordenamiento acaba de instaurar remedios específicos.

El recurso de amparo ya está siendo estudiado por el Tribunal Constitucional. Leída la sentencia y los votos particulares no descartaría una segunda sentencia derogatoria de la de la Sala Especial del Tribunal Supremo.

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Una de las grandes noticias de esta semana, junto al acuerdo sobre las pensiones, ha sido el auto de la Audiencia Provincial de Navarra en el que no permitía ejecutar el restante no conseguido por un banco en la subasta de una vivienda (finalmente adjudicada al propio banco) de forma que se cancelaba la hipoteca a pesar de que lo adjudicado estaba por debajo del préstamo hipotecario. La prensa y la red se inflamó con el asunto y con las consideraciones que el tribunal hace en el auto.

Anoche me leí el auto y la verdad es que una cosa es el largísimo ‘considerando’ en el que hace apreciaciones económicas, sociales y políticas sobre la crisis financiera y sobre la crisis económica y otra es la fundamentación jurídica sobre la cuestión. No supone la obligación de la dación en pago, sino que aplica la doctrina de que nadie puede ir contra los propios actos.

El auto mantiene que el valor de la vivienda es el que consta en la tasación que se hizo antes de constituir la hipoteca. Es cierto que el Banco presentó una nueva tasación pero esa nueva tasación fue rechazada por unos motivos que se dan por ‘reproducidos’, esto es, la mala costumbre de nuestros órganos jurisdiccionales de hacer suyo algo pero no referirlo.

Al no conocer, al menos yo, a argumentación jurídica del auto por el que no se admitía la nueva tasación del bien al valor estimado del momento de la ejecución hipotecaria, es muy difícil conocer si lo fue sobre un fundamento de derecho material o sobre uno de fundamento de derecho adjetivo.

Esta resolución no es tan novedosa y se une a unas cuantas que terminan, por caminos diferentes, resolviendo lo mismo, pero tienen enfrente a toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es la que tiene la última palabra ‘rebus sic stantibus’.

Finalmente creo que las consideraciones del tribunal están fuera de lugar porque no es ése su trabajo ni la función del Poder Judicial. Como ciudadanos los jueces pueden expresarse como quieran pero no cuando actúan al amparo del poder que la sociedad les ha conferido. Juzgar y hacer cumplir lo juzgado es su misión, todo lo demás está de sobra o debe hacerse en los foros adecuados.

¿Debería cambiarse la Ley Hipotecaria? ¿Qué alternativas? ¿Qué consecuencias tendrá el cambio a un modelo de dación en pago o garantía patrimonial limitada? ¿Debería hacerse de la dación por pago una norma general e indisponible?

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Mientras que nuestro sistema financiero está acercándose a las decisiones más críticas de este inicio de siglo (la privatización y/o nacionalización de las cajas de ahorro) y cuyas consecuencias seguirán, Internet sigue a lo suyo: la Ley Sinde.

Después de que el PSOE se cargarse con toda la impopularidad de la medida, PP y CiU, convencidos de que ya no hay suficiente ira para ellos y que los internautas sólo quieren mantener el ‘status quo’, han maquillado un poco el texto de la Disposición Adicional 1ª de la LES, se han dejado de chorradas y han llegado a un acuerdo con el partido del gobierno. Ahora a prestarle atención a lo importante: las cajas de ahorro.

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