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Archive for the ‘Derecho Civil’ Category

El PP ha rectificado dos de sus decisiones más polémicas en solamente veinticuatro horas. La primera ha sido votar a favor de la consideración del ILP sobre la LH que, aunque no se esté de acuerdo, y tras casi un millón y medio de firmas, merecían al menos debatirse.

La segunda rectificación ha sido la del ministro de Justicia en lo referente a las tasas judiciales, después de que la evidente injusticia de la norma se le manifestase solamente a través de la Defensora del Pueblo y no antes, atendiendo las observaciones de órganos tan ajenos a la Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales o el Consejo General de la Abogacía que decían que las tasas eran injustas materialmente e inconstitucionales formalmente.

Muy mal lo ha tenido que estar viendo el Partido Popular cuando antes del escándalo Bárcenas perdía 40 escaños según la proyección de GS a partir de la estimación del CIS. Los datos y las estimaciones actuales tienen que ser entre tremendas y dantescas para los populares, porque han renunciado a dos señas de entidad: restringir la Justicia a quien pueda pagarla y despreciar a los firmantes de la ILP.

Es evidente que estas dos ‘rectificaciones’ tienen su aquel. Pueden votar en contra o descafeinar completamente la ILP y parece que la Defensora del Pueblo no se ha acordado de tasas importantes como la de la segunda instancia social. Pantallazos y gestos hacia la galería, pero muy mal tienen que ver su futuro político- electoral para tener que ceder cuando han tomado una decisión tan bien vendida a sus bases o a lo que eran sus bases.

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Hoy el Congreso rechazará la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la reforma de la Ley Hipotecaria. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y quisiera compartir el estado actual de mi reflexión.

No considero que haya que prohibir las ejecuciones hipotecarias ni impedir que la fuerza pública la lleve a cabo. Si la prohibición fuera general (como lo fue en Italia con los alquileres), se perjudicaría el derecho de propiedad y sería virtualmente imposible conseguir un préstamo hipotecario sin garantías muy superiores a las actuales (que no son pocas), así como el coste en intereses por el riesgo que implicaría.

Por el contrario sí creo que la dación en pago es un medida en el buen camino, pero no tiene nada que ver con los desahucios, como muchos piensan. Nuestro Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas, cuya consecuencia práctica en lo que ahora nos ocupa consiste en que sí después de la ejecución no se cubre la deuda, ésta sigue existiendo y te persigue toda tu vida.

Otros muchos países consideran que la hipoteca limita la responsabilidad al valor del bien, de modo que realizada la ejecución, desaparece la deuda. Es evidente que encarecería las hipotecas, pero no las imposibilitaría, como la prohibición anterior, pues hay préstamos hipotecarios en los países en los que se limita la responsabilidad al bien gravado y el mercado inmobiliario está más vivo que el nuestro. Eso sí, la retroactividad es una barbaridad

Muchas propuestas, incluida la ILP, pretenden paliar la tragedia de los desahucios, el paro y la miseria por vía legislativa, reformando el mercado inmobiliario. Creo que la solución no es prohibir ejecuciones, sino que se hacen necesarios unos servicios sociales, de los que carecemos, que ayuden a las familias que viven esta desgracia a no verse en la calle. Falta vivienda social (y la que hay tiene unos detentadores al parecer vitalicios); faltan ayudas a la compra de alimentos y ropa (dejado a la más pura beneficencia); faltan becas de comedor, de libros y de transporte. Faltan muchas medidas para evitar dejar a nuestros conciudadanos tirados. Medidas que no requieren trastocar el mercado inmobiliario e hipotecario con consecuencias difícilmente previsibles.

¿Quiere decir esto que esté de acuerdo con la negativa el PP de no tomar en consideración la ILP de la Ley Hipotecaria? No, porque tengo la convicción de que este trámite parlamentario no debiera existir en el caso de las ILP que ya superan muchos obstáculos para reunir las firmas.

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Quiero leerme el Proyecto de Ley que modifica el sistema de alquiler en España. Llevo viviendo casi toda mi vida emancipada en viviendas que no son de mi propiedad con las ventajas que ello tiene y también con los inconvenientes. Inquilinos los hay de todo tipo y caseros también.

Por lo que leo en El País el Partido Popular hace una modificación del sistema de alquiler muy de derechas, esto es, colocando en ventaja al propietario frente al inquilino, con la idea de incentivar la salida de las viviendas al mercado del alquiler (algo que ya está pasando sin esta norma: el mercado lo llaman) en la convicción de que no salen por el temor de los propietarios a los inconvenientes del alquilar (que los tiene) y no solamente porque estén pensando que la burbuja se reeditará dentro de un tiempo (que hay muchos que lo piensan y lo desean).

El problema es que el Gobierno ha incentivado a unos, desincentivando a otros y ha preferido hacer una legislación de los propietarios (aunque habrá que leer el texto de la propuesta) en vez de trabajar en un marco estable y razonable, con procedimiento de arbitraje que garanticen la neutralidad e imparcialidad de los árbitros, que sería una fantástica misión que los notarios podrían hacer suya.

¿Por qué digo que desincentiva? Porque si te puede echar de la casa en la que vives, aunque sea con una excusa falsa como convertirla en vivienda habitual, violando el ‘pacta sunt servanda’, te pensarás mucho si te merece la pena alquilar si, lo mismo, en un mes tiene que desmontarlo todo, cambiar a los niños de colegios y trastornar la vida porque el propietario quiere irse a vender al piso que te alquiló antes de finalizar el contrato que firmaste con él.

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El pasado martes nos desayunamos en el BOE un Real Decreto-Ley que me parece sorprendente: el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Me parece sorprendente porque lo regulado en ese Real Decreto-ley, aún siendo una materia muy importante, no parece que de lejos a la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige a este tipo de normas.

Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha rebajado bastante las exigencias del texto pero ni por esas se salvaría, ya que regula una institución por plazo indeterminado, lo cual no pasa el ‘estándar jurisprudencial’ que exige la temporalidad esencial de la norma conforme a algo que aconseja no seguir el procedimiento legislativo ordinario.

La excusa que encontramos en la exposición de motivos del transcurso del plazo de trasposición de la normativa comunitaria es un tanto irrisorio, cuando hay tanta normativa pasada de plazo sin transponer, y porque este tipo de normas puramente técnicas tienen un paso acelerado por las Cortes.

Un analista político del segundo mandato de Aznar decía que el gobierno de aquellos años había cogido la costumbre de tener permanentemente en las Cortes algunas leyes ‘de guardia’ para que el grupo popular les pudiera introducir enmiendas en respuesta inmediata a cualquier acontecimiento en el que quisieran dar la impresión de estar haciendo algo.

Y la pena es que como parece que no tienen demasiadas cosas en un estado avanzado de trámite parlamentario, han tenido que tomar el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (elaborado y remitido a las Cortes por el gobierno socialista), darles unos cuantos toques contundentes conservadores (de los que hablaremos) y colocarle el verdadero objeto de este Real Decreto-Ley: la disposición adicional tercera para dar más plazo a los ahora estudiantes de Derecho a la hora de colegiarse como abogados o procuradores cuando la Ley 34/2006 entre en vigor.

Lo importante que es elaborar una buena ley en esta medida, con el mayor acuerdo técnico y reflexión, con los dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos, es relegado para poder satisfacer al lobby jurídico, uno de los fuertes en los gobiernos conservadores españoles (esto y no otra cosa es Gallardón.

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Los socialistas han anunciado que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral de Rajoy, salvo que se introduzcan modificaciones sensibles. Por el propio tenor de las declaraciones de la portavoz del PSOE se desprende que los socialistas están esperando el trámite del Real Decreto-Ley como Ley para presentar el recurso a esta última norma.

El Real Decreto-Ley quiere establecer un sistema estable con un instrumento normativo que solamente admite, según la jurisprudencia constitucional, un sistema coyuntural, sin entrar a las cuestiones sustantivas.

No es la primera vez que esto ocurre y que el Real Decreto-Ley del caso fue declarado inconstitucional, perviviendo la norma a pesar de todo, porque, posteriormente a la convalidación, había sido tramitada como Ley ordinaria.

La reforma laboral definitiva será la que salga de la Ley que más que previsiblemente se tramite tras la convalidación y no deteniéndose en cuestiones formales sobre el alcance del Decreto-Ley que a efectos prácticos no sirven para casi nada más allá de la satisfacción de unos cuantos académicos.

Y a falta de leer el recurso que interpongan los diputados socialistas y, naturalmente pasados unos años, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dicte, tengo la convicción de que determinados puntos de la reforma son inconstitucionales tanto por el vaciamiento de la negociación colectiva, como por la descompensación de la relación contractual que convierte la contratación laboral en algo camino de ser más perjudicial para la parte más débil que la mera contratación civil.

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a demostrar que no tiene ni la más remota idea de las normas vigentes en la materia de su Ministerio.

Hoy ha propuesto, para quitar trabajo a los juzgados, dar la posibilidad a los notarios de celebrar bodas civiles y tramitar procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

Bodas notariales

Las Cortes aprobaron la Ley 20/2011, del Registro Civil que en sus artículos 58-60 encarga la tramitación de los expedientes matrimonios a los Ayuntamientos y la inscripción al Registro Civil, que esta ley configura como un organismo estatal totalmente ajeno al Poder Judicial. Pero lo más curioso de todo es que esta ley contó para su aprobación con los votos del Partido Popular.

Esta ley ha desjudicializado el Registro Civil, aunque bien es cierto que todavía no ha entrado en vigor ya que su disposición final otorga una ‘vacatio legis’ de tres años.

El ministro podía haberse comprometido a proponer el adelanto de la entrada en vigor de la Ley, a movilizar todos los recursos para hacer esto posible, pero no tenía que haber salido con una ocurrencia, que solamente merece el calificativo de peregrina, que nada tiene que ver con lo que el PP pactó y votó en el mes de junio.

Divorcios notariales

Lo que propone el ministro Ruiz-Gallardón es una pérdida de una garantía respecto a la actual situación. Esta garantía es la decisión del Juez para que el mutuo acuerdo sea exactamente eso, y que una parte no abuse de su posición sobre la otra. Además la intervención del Ministerio Fiscal es vital cuando en el divorcio de mutuo acuerdo hay hijos. ¿Cree que un notario, sin garantías de su imparcialidad, es el mejor para sustituir a un juez y eventualmente a un fiscal?

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El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

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