Narrativa del PP (I): Suelo y federalismo

MezcladoraLa Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 conmovió los cimientos de nuestro sistema institucional y, sobre todo, de las relaciones entre las normas estatales y autonómicas. Fueron recurridas la Ley 8/1990 y el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1992.

Las recurrentes fueron los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña y el legislativo de Navarra. Salvo el gobierno catalán todos los ejecutivos estaban controlados por el Partido Popular o apoyado por el Partido Popular. En el Parlamento de Navarra no había mayoría del partido en el gobierno y no sabemos de quién partió la iniciativa de recurrir y quienes la apoyaron.

Excepto la duda navarra y la derecha nacionalista catalana el resto de los recurrentes por violación del reparto competencial realizado en la Constitución y en los estatutos de autonomías eran comunidades regidas por el PP y claro, entonces el Presidente del Gobierno era Felipe González.

La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que resuelve los recursos acumulados y planteados tanto contra la Ley 8/1990 como contra el Real Decreto-Legislativo 1/1992 fue un auténtico seísmo jurídico.

Hasta entonces si una comunidad tenía una competencia determinada podía legislar sobre ella, con el límite de la legislación básica del Estado si había previsión de su existencia. En todo caso el Estado legislaba la totalidad de la materia siendo de aplicación en una comunidad lo establecido por ella y en lo no establecido la norma estatal que se consideraba generalmente subsidiaria.

Bajo la premisa de que quien no tiene la competencia no puede legislar ni subsidiariamente sobre ella se vino abajo, principalmente gracias a los recursos de las comunidades del Partido Popular, todo el sistema normativo urbanístico.

La doctrina administrativista nunca ha sido nada pacífica con esta sentencia y una parte de ella la consideran un gran error del Tribunal Constitucional, especialmente porque parece obviar el propio precepto constitucional establece la subsidiariedad de las disposiciones estatales y porque no tiene en cuenta de que en dos regiones de España, Ceuta y Melilla, en las que sus estatutos no prevén la asunción de la competencias urbanística y que al carecer de potestad legislativo tampoco pueden llenar el espacio dejado por el Constitucional.

Se considera que, al menos en el terreno urbanístico y de extender esta doctrina a otros derroteros también, España dejó de ser un Estado con cierta descentralización política a ser un Estado profundamente federal en el que hay terrenos vedados, aún subsidiariamente, al gobierno central.

La narrativa del PP insiste en atacar al sistema autonómico, vendiendo a sus fieles la idea de que las autonomías son de esa gente mala de la izquierda y que hay que garantizar un tope de competencias al Estado frente a las comunidades autónomas. Ése es su discurso, su realidad es la de reclamar competencias hasta un federalismo algo alucinante para nuestro texto constitucional y lo reiteran en el tiempo.

Nuevamente recurrieron nuevas leyes urbanísticas, este caso la Ley 8/2008 y el Real Decreto-Legislativo 2/2008 y fueron autonomías del PP, acompañadas en esta ocasión por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. En esta ocasión la STC 141/2014, salvo una cuestión menos, no ha cometido el despropósito que los populares buscaban.

Mientras mantenían un recurso antiautonomista, recurrían intentando dejar al Estado sin poderes urbanísticos; mientras reclamaban un Estado central fuerte, querían que el jugoso asunto urbanístico solamente dependiera de sus regiones y más cuando gobiernan los malvados socialistas.

Planeamiento urbanístico y participación ciudadana

Ada Colau, candidata a la Alcaldía de Barcelona, ha dicho que desde Guanyem “proponemos que los planes urbanísticos tengan que ser aprobados por los vecinos afectados”. Queda bonito, muy de estos tiempos de exasperación de la participación frente a la representación y de sucesivos gobiernos de la derecha, pero creo que es pertinente algún comentario a la propuesta.

En primer lugar los de Guanyem debería indicar si se refieren a algunos planes, a todos o a determinadas decisiones dentro del planeamiento urbanístico. Si se refieren a todos los planes, desde los generales hasta los parciales pasando por los de reforma interior, deberían ser sometidos a refrendo popular.

No es mala idea, dentro de los parámetros ultrarrepresentativos en los que los de Guanyem se mueven, pero dudo que más de tres de ellos hayan leído nunca un plan. Es algo horroroso, lleno de cuestiones técnicas propias de ingenieros y arquitectos, por no mencionar los obvios tecnicismos jurídicos. Pero bueno, suponemos que en la Barcelona de Guanyem todo el mundo dejará de ver la televisión, salir a cenar o de copas, ir a ver al Barça o al Espanyol para leerse con todo detenimiento el nuevo plan general.

Ahora parémosnos en que el Ayuntamiento quiere reformar una zona completamente. La ejecución del plan conlleva, como en muchas ocasiones ha ocurrido, la expropiación, indemnización y realojo de los vecinos que allí viven. Como los afectados, en este caso, los que van a ser los expropiados tienen que aprobar la norma que les afecta, ellos son los que les van a poner el precio que quieran a sus viviendas, locales, solares o plazas de aparcamiento.

La actual legalidad urbanística prevé información pública y alegaciones de los ciudadanos en el trámite de los proyectos de planes y en sus modificaciones. Debe ser desde Guanyem han detectado que son miles los ciudadanos que piden copias de los proyectos y que presentan alegaciones que el siguiente paso lógico es darles la decisión final. Esa misma legalidad nos considera que todos tenemos un interés legítimo en cuestiones urbanísticas y que por tanto podemos recurrir las decisiones: ¿hay que los ciudadanos no hacen otra cosa que recurrir planeamientos sospechosos?

¿Creen en serio desde Guanyem que la aprobación de los vecinos acabaría con la especulación inmobiliaria a través del planeamiento urbanístico, con el enriquecimiento de unos a costa de los demás?

Los vecinos afectados normalmente han estado a favor de las propelías urbanísticas porque las han identificado con el progreso económico, con más y mejores puestos de trabajo, con mayores oportunidades para sus hijos. Por el contrario los que se han opuestos a esos excesos han sido insultados o agredidos (especialmente los ecologistas) o han perdido las elecciones o han sido derrotado con mayor humillación aún. Los ciudadanos tienen oídos muy finos a soluciones fáciles y simples y las que aportan los que promueven oscuridades urbanísticas son de las mejores, porque muchas veces traen dinero rápido.

Picota a las bibliotecas

En España hay cientos de miles de viviendas, por no decir millones, construidas fuera de planificación, sin licencia, sin haber cumplido con la más mínima legalidad. Es prácticamente imposible derribarlas bien porque consiguen la legalización pagando una ridícula tasa, porque se benefician del principio de protección del tercero adquirente de buena fe, porque se llegan a todos tipos de acuerdos o se benefician de un conveniente cambio normativo o, finalmente, porque el tribunal sentenciador es indulgente a la hora de ejecutar.

Así en España construir viviendas ilegalmente, la inmensa mayoría de ellas no destinadas a vivienda habitual, ha sido ventajoso, muy ventajoso y las viviendas siguen allí y muchas de ellas han producidos sus buenos beneficios.

Y de repente llega el caso de una biblioteca construida ilegalmente. No digo que esté bien y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha llenado de gloria no cumpliendo su propia normativa urbanística, pero comienza a clamar al cielo que el Tribunal Supremo no encuentre ningún modo de evitar el derribo de una servicio público como normalmente los hay para que las casas no pasen por la picota.

Sin establecimientos comerciales

Junto al nuevo hospital de Ceuta se ha construido una gran promoción de vivienda pública, que ya ha sido entregado en su primera fase. Alguien se le ocurrió, hace tiempo, que estas promociones no debían tener locales comerciales porque lo construido con dinero público no debía servir para ‘especular’ o para algo parecido. En algunos sitios los locales construidos se dedican a organismos públicos o a entidades sin ánimo de lucro.

La primera consecuencia es que estas viviendas, más de un centenar, no tienen ningún establecimiento comercial, por pequeño que sea, para comprar pan, leche y el resto de los productos que se suelen adquirir en el comercio minorista. La segunda consecuencia es que estos vecinos se ven obligados a coger el coche para comprar servilletas si se han quedado sin provisión en casa, ya que el nuevo barrio está en medio de la nada.

No sé yo muy bien la idea de ciudad que hay detrás de esta concepción pero creo que el comercio minorista forma parte de esos servicios que uno debe tener cerca, aunque sea prestado por particulares. Además este comercio proporciona vida a las calles y, sobre todo, evita la aparición de modos informales de comercio, que parece que no es la opción deseable.

Cosas de la accesibilidad

La normativa de accesibilidad ha tenido un cumplimiento irregular. A veces ha sido puramente formal y las rampas y los accesos ‘para todos’ son más peligrosos que los antiguos accesos.

El otro día pasé por esta hermosa rampa para discapacitados que hay en un edificio de mi ciudad, en cuyo interior se encuentra algún organismo público y una empresa pública, además de otros del sector privado. Yo prefiero la escalera.

Apuntes municipales (II) Consultorías varias

El contrato administrativo de consultoría, por el cual una Administración contrata a una empresa especializada en un aspecto concreto para que le asesore, entendiéndose que esa Administración no goza de los recursos humanos suficientes para realizar esa función.

Actualmente el contrato administrativo de asesoría está sirviendo, en demasiados casos, para dos finalidades que están fuera de su diseño. La primera es la de contratar personal sin necesidad de pasar por los procedimientos legales de contratación; realmente los contratados tienen un horario, un encaje administrativo con superiores y unas funciones concretas que pertenecen más al trabajo diario de la Administración que a una auténtica consultoría.

La segunda finalidad es saltarse la consulta a los técnicos municipales. Cada día hay menos funcionarios de carrera en los escalafones más altos de las Administraciones locales y ello es así no porque se amorticen las plazas, sino porque su trabajo es delicado y la inamovilidad es causa de que estos funcionarios puedan ejercer algo llamado “independencia” en sus informes y recomendaciones.

Para evitarse estos molestísimos funcionarios de carrera, además de disminuir su número en todo lo posible, se les deriva a tareas secundarias y, una vez que no hay funcionario que sepa de determinados temas, se contrata a empresas de consultoría en los temas más variados, empresas que, si es necesario, justifican la necesidad y la legalidad de poner un zoológico dentro de un colegio de educación infantil.

Págame tú la legalización de mi vivienda ilegal

Este fin de la semana he estado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para asistir a la boda de un amigo de los de toda la vida. Cuando íbamos para el enlace oímos unos pitos de una manifestación. Al día siguiente, mirando la portada de un periódico provincial vimos que la manifestación era de entidad y era contra las ordenanzas. Me sorprendió que hubiera tanta conciencia, pero ya en casa pude comprobar que el tema era mucho más concreto: la tasa de legalización de las viviendas ilegales.

En Chiclana, como en muchos otros municipios costeros, se han construido ilegalmente miles de viviendas, urbanizaciones completas. Los compradores y/o constructores se han ahorrado un buen dinero en urbanizar el terreno (hacer calles, ponerle alumbrado y esas cosas que se repercuten luego en el precio final que paga el comprador al promotor) y en conectarlo a los servicios (alcantarillado, agua, luz), así como han estado pagando un IBI de terreno no urbanizado.

Hay que decir que, mientras tanto, los ayuntamientos no hicieron nada o casi nada para detener esta orgía de construcciones ilegales, pero la suma de dos acciones malas no hace buena a ninguna de ellas, simplemente hay dos males.

Ahora, cuando el dios ladrillo ha muerto, todo el mundo quiere volver a la senda de la legalidad, lo quieren hacer a un coste reducido, quizá “porque ellos lo valen” y le piden a las administraciones que paguen (o les exoneren) de parte de la tasa de legalización, que lo que hace es cubrir los costes de todo lo que ellos no hicieron y pagaron en su momento.

Los manifestantes y su plataforma de defensa quieren que los que construyeron y compraron legalmente paguen dos veces por lo mismo: una por el precio de su vivienda y otra por los impuestos. Como dicen en mi tierra: “tienen más cara que espalda”.