Sobre blindaje de la sanidad pública andaluza

aquilino-alonso
La Presidenta de la Junta ha visto como las masivas protestas contra los recortes sanitarios han tomado las calles de Granada, Málaga y Huelva y no se descarta que se extiendan a otras ciudades. En la situación habitual de las cosas, el silencio informativo tras dar una sola vez la noticia hubiera protegido cualquier decisión, pero la tenacidad de los manifestantes y las ambiciones políticas de Susana Díaz hacen que las “mareas blancas” no se hayan quedado en anécdota y la estén lastrando sobremanera.

La Junta de Andalucía ha anunciado que quiere “blindar” la Sanidad Pública contra una posible privatización. Esta intención es pura propaganda, porque un Gobierno de otro signo político podría cambiar las normas que quisiera siempre que contase con los votos suficientes en el Parlamento de Andalucía para aprobar las leyes necesarias.

La única posibilidad de “blindar” el sistema ante el previsible cambio de Gobierno es una reforma estatutaria. Para realizar una reforma estatutaria, sin entrar en su constitucionalidad, necesita dos tercios del Parlamento autonómico y una mayoría absoluta en el Congreso que apruebe una Ley Orgánica. No tiene ese poder y por tanto no puede “blindar” nada.

Susana Díaz más que en anunciar “blindajes”, debería renunciar a los “recortes”.

La Justicia y Justicia. A propósito de un niño llamado Lobo

Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

Las diputaciones provinciales por área de gasto

La legislación en materia de Haciendas Locales divide el gasto de las corporaciones locales en seis áreas de gasto, que luego se subdividen en las “políticas de gasto” para luego comenzar las divisiones en programas. Vamos a repasar el gastos que cada diputación dedica a cada una de estas áreas, marcando la media del área en la suma del presupuestos de las treinta y ocho diputaciones de Derecho Común.

01 Deuda Pública
02 Servicios Públicos Básicos
03 Protección social

04 Bienes carácter preferente
05 Actuaciones económicas
06 Actuaciones generales

Conciencia provincial

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El diseño del mapa provincial tuvo sus dosis de convencionalismo. Las provincias eran unidades territoriales nuevas, inspiradas en el modelo francés, de modo que dividir los antiguos reinos en las nuevas divisiones iba a tener algún grado de arbitrariedad.

¿Permanece desde mitad del siglo XIX esa arbitrariedad? Las identidades creadas casi de la nada, como fueron las provincias españoles, han dejado de ser percibidas como artificiales o arbitrarias. Los residentes de una provincia llevan más de ciento cincuenta años poniendo el nombre de su provincia junto a su localidad, marchando a la capital provincia a los asuntos administrativos de cierto fuste, como hasta hace poco a cualquier cosa que no fuera lo más básico en lo público y en privado.

Las identidades son creadas, pero dejan el momento en el que empiezan a sentirse como “naturales”. A muchos les parece que actual división autonómica es “artificial” en muchos aspectos, pero los millones de los nacidos en las autonomías las viven como el espacio normal.

Ninguna división política o territorial es natural. Todas son arbitrarias, convencionales, pero la costumbre, el olvido y la identidad aprendida hace que nos olvidemos de su primigenia condición. La conciencia provincial es fuerte, incluso mucho más que las diputaciones.

Un mito derogado

El 2 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Estas dos leyes se ocupan de la materia regulada por la Ley 30/1992 y por tanto la derogan.

Aunque teóricamente todas leyes tienen el mismo rango, hay leyes más importantes que otras por la materia que regulan y una norma como la 30/92 ha sido la pieza maestra del Derecho Administrativo español durante un cuarto de siglo. Durante su periodo de vigencia ha sido modificada en veinte ocasiones y también ha sido la tortura de tantos estudiantes de Derecho Administrativo.

La 30/92 ha muerto ¡Viva la 39/15!

Sueldos y rendimiento

Cada cierto tiempo salen en los medios los tremendos sueldos y jubilaciones de la élite empresarial de las grandes corporaciones y sobre todo de la banca. Los que justifican estos sueldos inimaginables dicen que se paga un talento, unos conocimientos y unos resultados acordes con la cuantía.

El otro día en El País se publicaba un reportaje sobre la gestión de la “hucha de las pensiones” que desde que fue creada ha conseguido 26.000.000.000 € con las inversiones que han realizado y que ganaban más que los grandes fondos. El equipo de inversiones no llegaba a la decena de funcionarios pagados como funcionarios (un buen sueldo pero nada del otro mundo).

Si un fondo como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera estado gestionado por la banca, los costes de las retribuciones de los directivos, los incentivos y los mil conceptos retributivos, así como una jubilación sustanciosa (y no eso de MUFACE) se hubieran llevado un buen pellizco de lo que hubieran podido sacar, si lo hubieran logrado.

Vistos los beneficios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y vista la remuneración de sus gestores, cabe preguntarse si otras remuneraciones están justificadas o se autojustifican por parte de un grupo privilegiado que coopta a sus miembros y que hace su trabajo muchas veces sin tener que responder por sus resultados, ya que son contratados una y otra vez después de arruinar a sus empresas.

 

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado?

Una ciudadana de Gijón hizo una foto a un coche-patrulla de la Policía Local aparcado tranquilamente en una plaza reservada para discapacitados y la publicó en Facebook.

La reacción de la Policía Local de Gijón no ha sido localizar a los agentes y abrir el pertinente proceso por infracción de tráfico. Lo que han hecho ha sido tirar de la Ley de Seguridad Ciudadana y denunciar a esta ciudadana por infracción del artículo 36.23 de esta norma que reza como sigue:

36 23 LSC
Como podéis comprobar en el texto la norma no prohíbe que se tomen imágenes, sino el uso no autorizado de éstas solamente cuando se pueda poner peligro a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o sus familiares, instalaciones protegidas y el éxito de las operaciones.

El mero uso no autorizado de imágenes no entra en este ilícito administrativo. Son los denunciantes los que tienen que probar la puesta en peligro de la seguridad de autoridad, de los miembros de los cuerpos policiales, de sus familiares, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación de aparcar en plaza de minusválidos.

Es un uso torticero de la Ley que además la norma no ampara. Deberían depurarse responsabilidades por una infracción de tráfico que siendo grave para cualquier ciudadano es especialmente denigrante cuando la realizan quienes tienen que vigilar la guarda de las normas de tráfico.

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado? Hacerle una foto y presentar la denuncia ante la Policía competente en materia de tráfico en la vía de la que se trate, así como remitir la foto con una alegación a la autoridad que dirige la Policía de la patrulla si no coincidiera con la competente en tráfico en esa vía. Interesarse por la resolución de la denuncia, los fundamentos de la decisión y sobre todo procurar que no se caduque.

En el caso que la resolución no tuviera sentido o se hubiera dejado caducar, sería interesante presentar una denuncia o querella por prevaricación omisiva contra la autoridad competente.