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Archive for the ‘Derecho Administrativo’ Category

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

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Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

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Para saber cuánto va a gastar España en Educación fijarse en los Presupuestos Generales del Estado es una mala idea. ¿Por qué? Porque los gastos que están dentro de la política de gasto 32 (Educación) solamente son los que competen directamente al Gobierno de España (que solamente gestiona Ceuta, Melilla, servicio exterior y una parte de las becas).

La Educación es una de las políticas más descentralizadas que tenemos hay que observar qué gastan comunidades autónomas y corporaciones locales, especialmente las segundas. Las transferencias del Estado a comunidades y corporaciones locales no son finalistas, normalmente, de modo que será la decisión de éstas en sus respectivos presupuestos las que cierren el gasto educativo de España.

España no gasta algo más de dos mil millones de euros en Educación. Es una afirmación de ignorancia presupuestaria.

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aquilino-alonso
La Presidenta de la Junta ha visto como las masivas protestas contra los recortes sanitarios han tomado las calles de Granada, Málaga y Huelva y no se descarta que se extiendan a otras ciudades. En la situación habitual de las cosas, el silencio informativo tras dar una sola vez la noticia hubiera protegido cualquier decisión, pero la tenacidad de los manifestantes y las ambiciones políticas de Susana Díaz hacen que las “mareas blancas” no se hayan quedado en anécdota y la estén lastrando sobremanera.

La Junta de Andalucía ha anunciado que quiere “blindar” la Sanidad Pública contra una posible privatización. Esta intención es pura propaganda, porque un Gobierno de otro signo político podría cambiar las normas que quisiera siempre que contase con los votos suficientes en el Parlamento de Andalucía para aprobar las leyes necesarias.

La única posibilidad de “blindar” el sistema ante el previsible cambio de Gobierno es una reforma estatutaria. Para realizar una reforma estatutaria, sin entrar en su constitucionalidad, necesita dos tercios del Parlamento autonómico y una mayoría absoluta en el Congreso que apruebe una Ley Orgánica. No tiene ese poder y por tanto no puede “blindar” nada.

Susana Díaz más que en anunciar “blindajes”, debería renunciar a los “recortes”.

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Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

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La legislación en materia de Haciendas Locales divide el gasto de las corporaciones locales en seis áreas de gasto, que luego se subdividen en las “políticas de gasto” para luego comenzar las divisiones en programas. Vamos a repasar el gastos que cada diputación dedica a cada una de estas áreas, marcando la media del área en la suma del presupuestos de las treinta y ocho diputaciones de Derecho Común.

01 Deuda Pública
02 Servicios Públicos Básicos
03 Protección social

04 Bienes carácter preferente
05 Actuaciones económicas
06 Actuaciones generales

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Tweet Division Provincial
El diseño del mapa provincial tuvo sus dosis de convencionalismo. Las provincias eran unidades territoriales nuevas, inspiradas en el modelo francés, de modo que dividir los antiguos reinos en las nuevas divisiones iba a tener algún grado de arbitrariedad.

¿Permanece desde mitad del siglo XIX esa arbitrariedad? Las identidades creadas casi de la nada, como fueron las provincias españoles, han dejado de ser percibidas como artificiales o arbitrarias. Los residentes de una provincia llevan más de ciento cincuenta años poniendo el nombre de su provincia junto a su localidad, marchando a la capital provincia a los asuntos administrativos de cierto fuste, como hasta hace poco a cualquier cosa que no fuera lo más básico en lo público y en privado.

Las identidades son creadas, pero dejan el momento en el que empiezan a sentirse como “naturales”. A muchos les parece que actual división autonómica es “artificial” en muchos aspectos, pero los millones de los nacidos en las autonomías las viven como el espacio normal.

Ninguna división política o territorial es natural. Todas son arbitrarias, convencionales, pero la costumbre, el olvido y la identidad aprendida hace que nos olvidemos de su primigenia condición. La conciencia provincial es fuerte, incluso mucho más que las diputaciones.

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El 2 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Estas dos leyes se ocupan de la materia regulada por la Ley 30/1992 y por tanto la derogan.

Aunque teóricamente todas leyes tienen el mismo rango, hay leyes más importantes que otras por la materia que regulan y una norma como la 30/92 ha sido la pieza maestra del Derecho Administrativo español durante un cuarto de siglo. Durante su periodo de vigencia ha sido modificada en veinte ocasiones y también ha sido la tortura de tantos estudiantes de Derecho Administrativo.

La 30/92 ha muerto ¡Viva la 39/15!

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Cada cierto tiempo salen en los medios los tremendos sueldos y jubilaciones de la élite empresarial de las grandes corporaciones y sobre todo de la banca. Los que justifican estos sueldos inimaginables dicen que se paga un talento, unos conocimientos y unos resultados acordes con la cuantía.

El otro día en El País se publicaba un reportaje sobre la gestión de la “hucha de las pensiones” que desde que fue creada ha conseguido 26.000.000.000 € con las inversiones que han realizado y que ganaban más que los grandes fondos. El equipo de inversiones no llegaba a la decena de funcionarios pagados como funcionarios (un buen sueldo pero nada del otro mundo).

Si un fondo como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera estado gestionado por la banca, los costes de las retribuciones de los directivos, los incentivos y los mil conceptos retributivos, así como una jubilación sustanciosa (y no eso de MUFACE) se hubieran llevado un buen pellizco de lo que hubieran podido sacar, si lo hubieran logrado.

Vistos los beneficios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y vista la remuneración de sus gestores, cabe preguntarse si otras remuneraciones están justificadas o se autojustifican por parte de un grupo privilegiado que coopta a sus miembros y que hace su trabajo muchas veces sin tener que responder por sus resultados, ya que son contratados una y otra vez después de arruinar a sus empresas.

 

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Una ciudadana de Gijón hizo una foto a un coche-patrulla de la Policía Local aparcado tranquilamente en una plaza reservada para discapacitados y la publicó en Facebook.

La reacción de la Policía Local de Gijón no ha sido localizar a los agentes y abrir el pertinente proceso por infracción de tráfico. Lo que han hecho ha sido tirar de la Ley de Seguridad Ciudadana y denunciar a esta ciudadana por infracción del artículo 36.23 de esta norma que reza como sigue:

36 23 LSC
Como podéis comprobar en el texto la norma no prohíbe que se tomen imágenes, sino el uso no autorizado de éstas solamente cuando se pueda poner peligro a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o sus familiares, instalaciones protegidas y el éxito de las operaciones.

El mero uso no autorizado de imágenes no entra en este ilícito administrativo. Son los denunciantes los que tienen que probar la puesta en peligro de la seguridad de autoridad, de los miembros de los cuerpos policiales, de sus familiares, de las instalaciones protegidas o del éxito de la operación de aparcar en plaza de minusválidos.

Es un uso torticero de la Ley que además la norma no ampara. Deberían depurarse responsabilidades por una infracción de tráfico que siendo grave para cualquier ciudadano es especialmente denigrante cuando la realizan quienes tienen que vigilar la guarda de las normas de tráfico.

¿Qué hacer cuando veas un coche-patrulla mal aparcado? Hacerle una foto y presentar la denuncia ante la Policía competente en materia de tráfico en la vía de la que se trate, así como remitir la foto con una alegación a la autoridad que dirige la Policía de la patrulla si no coincidiera con la competente en tráfico en esa vía. Interesarse por la resolución de la denuncia, los fundamentos de la decisión y sobre todo procurar que no se caduque.

En el caso que la resolución no tuviera sentido o se hubiera dejado caducar, sería interesante presentar una denuncia o querella por prevaricación omisiva contra la autoridad competente.

 

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