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Archive for the ‘Derecho’ Category

La sentencia del Tribunal Constitucionaln que resolvió que las tasas judiciales (STC 140/2016) propuestas por el ministro Gallardón eran inconstitucionales, contenía un “obiter dictum” realmente llamativo y que podría ser en el futuro objeto de una explosiva sentencia.

El Tribunal Constitucional mantiene que ejercer o no un derecho al que se tiene derecho no tiene estar esencialmente limitado por una cuestión económica, como es una fuerte tasa judicial. En ese momento el Tribunal añade una reflexión, que no pertenece al caso, en la que se dice que el descuento del 50% de una sanción de tráfico por presentar alegaciones ni recurrir podría ser considerado una violación como la mencionada anteriormente.

Dice la sentencia:

Asimismo, la reducción del importe de la sanción en caso de pago voluntario, prevista tanto en materia tributaria (art. 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria), como de tráfico (arts. 93 y 94 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad), no representa en muchos casos una verdadera opción en el caso de pequeñas cuantías, más bien la única salida en términos económicos que tiene el afectado, incluso aunque esté convencido de la ilicitud del acto sancionador, puesto que reclamar judicialmente le supone sufragar una suma igual o superior a la de la propia multa. Todo esto facilita de facto una inmunidad de jurisdicción a la Administración pública autora de esas resoluciones.

No sé si alguien ha utilizado este “obiter dictum” como idea para algún recurso, pero merecería la pena, porque la situación que describe el Tribunal es lamentable, porque no se incentiva la correcta aplicación del Derecho, sino el pago, algo que no puede hacer la Administración Pública, haciendo que el derecho a alegar o a recurrir se eliminan de hecho.

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Una de las medidas más habituales cuando se refuerzan las restricciones a causa de un rebrote de Covid-19 es cerrar los parques y jardines. Una medida sorprendente porque si de algo hay pruebas, es que la transmisión en espacios abiertos es más complicada que en espacios cerrados.

Al observar esto en Twitter el ex ministro Miguel Sebastián alguien le dijo que se hacía para evitar el botellón, lo cual no deja de ser sorprendente y penoso.

Este país llevamos décadas sin doblegar el botellón y ni siquiera en una situación pandémica se plantean las administraciones una política contundente de multas y vigilancia, prefiriendo cerrar un servicio esencial como son los parques y los jardines.

Uno no sabe si es por incapacidad, dejadez o consentimiento tácito que el botellón sigue campando a sus anchas por nuestras ciudades. Se han afrontado y solucionado problemas mayores, pero somos una sociedad incapaz de impedir que unos jóvenes beban en espacio público con las consecuencias que sabemos que tiene este comportamiento.

En varias décadas podrían haberse puesto en marcha todo tipo de mecanismos, desde los de ocio alternativo, hasta los jurídicos destinados a la coerción. Nadie puede escudarse, porque ha habido tiempo de sobra. En medio de una pandemia, el botellón es intocable.

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Ángel Munárriz: Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España. Akal. Madrid, 2019

Ángel Munárriz es periodista de InfoLibre y cubre la información sobre la Iglesia Católica en este medio digital. Este libro puede ser visto como una recopilación, que en ocasiones llega a ser síntesis, de su trabajo periodístico.

Dividiría el libro en dos partes. La primera es la que trabaja sobre informaciones, hechos y datos que resulta interesante y a partir de ahí reflexiona sobre la cuestión del dinero dentro de la Iglesia Católica española.

La segunda es puramente panfletaria y se centra en introducciones históricas y presentaciones teológicas que tienen una profundidad muy escasa. Para calificar la teología de Ratzinger de alguna manera hay que haberla leído, al menos las obras más relevantes, y conocer el papel del ahora Papa emérito en el Vaticano II. Si las personas que saben un poco de política distinguen entre un conservador, un liberal o un ultraderechista, en la Iglesia hay distinciones que no son meramente nominales, porque tienen consecuencias prácticas importantes.

Hay un problema de definición del concepto (sociológico) de Iglesia. ¿Qué es la Iglesia a efectos del libro? Da la impresión de que el autor se encuentra sobrepasado en ocasiones, y es para estarlo, porque la multiplicidad de formas jurídicas o sociales que adoptan la Iglesia en cada momento es realmente abrumadora.

Pero metodológicamente es una cuestión trascendental definir el objeto de estudio. Tiene claro que son las diócesis y la Conferencia Episcopal (como periodista le da una desmedida importancia a la Conferencia), sabe que hay un universo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades que llegan a casi cualquier esquina. Atisba, y ello es una de las mayores elipsis, el sector de las congregaciones y órdenes religiosas, pero no termina por ubicarlas bien, ni siquiera cuando trata la cuestión educativa en la que la Iglesia son las órdenes y congregaciones y no las diócesis o la Conferencia Episcopal.

Cuando se refiere a la pertenencia al Opus Dei, el autor ve muy bien la existencia de pertenencias líquidas (“puede ser del Opus, sin ser del Opus”), pero no la convierte en una guía para el conjunto del libro. La pertenencias líquidas y el aire de familia wittgensteiniano son fundamentales a la hora de definir a la Iglesia española.

Parte de un presupuesto erróneo a la hora de estudiar la Iglesia española, que es la idea de que siendo la Iglesia una institución jerarquizada, todo acontece de arriba hacia abajo y hay órganos centrales de mando. Efectivamente la Iglesia se define como jerárquica, pero es una jerarquía que se usa cuando es necesaria, en momento clave, no es una continua dirección en cada aspecto.

En la materia económica la descentralización económica no es una excusa, es real, y si bien viene heredada de otras formas de organización política y social, ahora es un modo de reducir el riesgo. Si alguien tuviera el control sobre el dinero de todas las instituciones religiosas en España, un error podría ser una ruina absoluta. Ahora los errores se pagan por diócesis y no se propagan.

La idea de que la Conferencia Episcopal controla a toda la Iglesia española es errónea y se conecta con el poco manejo de las congregaciones y órdenes religiosas por parte del autor, ya que éstas tienen una jerarquía propia y una autonomía, cuando no independencia, especialmente en lo económico, bastante lejos del control de los obispos.

La idea de identificar a la Iglesia española como una filial de un Estado teocrático, el Vaticano, es una burda caricatura, justificable para estar en la portada, pero poco más. De hecho el autor habla de la oposición de determinados obispos al Papa Francisco, algo que sería imposible si el Vaticano tuviese esa capacidad de control absoluta que insinúa en otros puntos.

El hecho de que no haya centralización no quiere decir que en la Iglesia española no haya concertación en determinadas acciones y de hecho la Conferencia Episcopal es el instrumento para esa concertación, como otras conferencias y organizaciones menos llamativas pero igualmente efectivas.

Antes de entrar en lo que considero acierto, me llama la atención que el autor ponga a Alemania como modelo de separación de Iglesia y Estado en materia económica. En Alemania continúan vigentes los artículos de la Constitución de Weimar que establece a las iglesias como corporaciones de Derecho Público y le confiere, entre otros muchos, el derecho a contratar funcionarios o a la existencia de escuelas públicas confesionales. Es cierto que pueden cobrar un recargo a la renta y no financiarse de la recaudación del IRPF, pero ello es solamente una parte de un sistema mucho de relaciones mucho más estrechas que el español.

El autor está muy acertado cuando dice que la Iglesia no busca ganar dinero, que no es una sociedad anónima (¿entonces qué sentido tiene el título?) y que su interés por el dinero es para mantenerse y que mantenerse es tremendamente caro, de forma que necesitan mucho dinero y patrimonio. Frente a todos los demás individuos e instituciones sociales, la Iglesia juega con ventaja, dado que la tradición política española le ha reportado una serie de privilegios normativos y económicos que no tiene ningún otro actor social.

El autor muestra implícitamente un presupuesto obvio al tratar las diferencias entre la Iglesia con otros actores: en la Iglesia nunca se dividen los bienes, por ello un pequeño incremento patrimonial en un año se convierte en inmenso al cabo de cincuenta.

Lo más recomendables del libro, lamentablemente disperso, es el análisis de la argumentación eclesiástica que el autor llama “comodines”. El primer es el “comodín de Cáritas” o de las obras sociales, que justifica todo comportamiento económico y financiero de la Iglesia y sirve para confundir a la ciudadanía sobre el destino del principal modo de financiación directa que es la casilla del IRPF.

Señala el autor que la Iglesia presume y se ampara en unas obras sociales que están financiadas por el Estado y no por la Iglesia. En Geografía Subjetiva hace años publicamos los datos de lo que organizaciones católicas habían recibido de la casilla de “otros fines sociales”.

El segundo podemos llamarlo el “comodín de la oveja negra” de forma que todo comportamiento reprobable siempre es individual y nunca sistémico. El tercero lo llama el autor el “comodín de la tradición” que se emplea para rebajar la importancia de los privilegios o para justificarlos como algo que pertenece a nuestra forma de ser y por tanto no tiene sentido cuestionarlos. El autor se refiere al “comodín de la descentralización” pero de ese asunto ya hemos hablado.

Acierta Munárriz al ver que la estrategia negociadora de la Iglesia se funda en siempre pedir más, nunca estar contenta y jugar continuamente el papel de víctima. Señala como numerosos medios de comunicación propios y afines apoyan sus posturas negociadoras y se utilizan todos los medios de la comunicación postmoderna para fortalecer su posición negociadora.

El autor explica muy bien la evolución del conjunto de acuerdos y leyes que han permitido a la Iglesia tener una serie de privilegios que le garantizan una situación económico-financiera sin igual. La explicación de casos, aunque puntuales y ya publicados en los medios de comunicación, ilustran desde su fragmentariedad la situación general.

Se trata en detalle la cuestión de las inmatriculaciones: antecedentes, procedimiento y uso. Se echa de menos que se explique el procedimiento ordinario de inmatriculación de bienes y las garantías de este procedimiento para mostrar precisamente lo grande que es el privilegio y lo nocivo que es. Y esto es una constante: supone una comunidad de presupuestos y criterios con sus lectores que le impide llegar a los fundamentos.

Munárriz, como buen andaluz, conoce bien la importancia de la Semana Santa y hace una descripción muy buena, lo cual contrasta mucho con la idea de que la Iglesia pueda controlar a las hermandades para transmitir un mensaje ortodoxo o reaccionario. La Iglesia utiliza a las hermandades para que los siete días de Semana Santa tenga un significado religioso, aunque ligero y algo folklórico, en vez de convertirse en una mera excusa para irse una semana a la playa si hace bueno.

Más intenso es todo en los colegios. La Iglesia quiere evangelizar y otros vemos que es una forma de adoctrinar. La cuestión no es lo quiera hacer la Iglesia, sino quién lo paga y qué coste social tiene. En ello Munárriz está muy acertado.

Hay centros educativos religiosos donde el adoctrinamiento es más intenso, pero hace mucho tiempo que la Iglesia renuncia a hacer una “evangelización profunda” en sus centros religiosos. Se conforman con una pátina para que el Catolicismo sociológico, muchas veces más intransigente que el militante, continúe.

En conclusión: Munárriz hace un buen trabajo al que le sobran muchas consideraciones, bien por conocidas, bien por el tono. En este caso lo nuclear hubiera convertido a este libro en esencial, porque tiene madera para ello. Nunca hay que olvidar que no es una obra académica.

Queda por escribir, y esto trasciende las pretensiones de este libro, una buena comprensión del confesionalismo religioso, es decir, la relación de la Iglesia con el Estado en la que no importa que los individuos sean creyentes, sino que lo sean las instituciones y que la sociedad esté mediatizada.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.

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Ayer me enteré de que se ha abierto, en una plataforma destinada al crowdfunding, una aportación para financiar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Cayetana Álvarez contra la decisión del Congreso de no incluir en el Diario de Sesiones la bonitas palabras que la ex portavoz del PP dedicó al padre de Pablo Iglesias.

Ante esto me surgen varias ideas.

Cayetana Álvarez es del tipo de personas que quieren que los demás paguen sus asuntos. Mencionó el asunto de la financiación de este recurso en su rueda de prensa después de ser cesada como portavoz y ahora seguimos con lo mismo. Entiendo que el Partido Popular pague los gastos de los recursos que decidan llevar adelante, no los que cada diputado considere oportuno. Las decisiones individuales deben ser pagadas individualmente: no tiene sentido decidir una cosa para que la pague otro (asumir las consecuencias de ser libre es parte de la madurez).

¿Por qué Álvarez considera necesario ese recurso y esencial esas insultantes palabras queden para la historia en el Diario de Sesiones? La ex portavoz del PP se encuentraba protegida por la inviolabilidad parlamentaria al proferir esas palabras por la inviolabilidad parlamentaria, que es un garantía de la libertad de los diputados, lo cual da tranquilidad penal a Álvarez, salvo sorpresa mayúscula.

Ella quiere que el Diario de Sesiones diga lo que ella no se atreve a decir fuera de la sede parlamentaria, porque de esto trata todo el asunto: Álvarez no tiene el valor suficiente para repetir esa expresión fuera de su actividad como diputada, porque entonces sí podía tener algún que otro problema con la Justicia. Esta actitud prueba que no está segura de lo que dijo, porque si ello fuera verdadero siempre podría argüir la “exceptio veritatis”. Si tan importante es lo dicho, debería decirlo en todos los lugares y a todas horas.

Desea mantener vivo este insulto, porque es una de las parte más importantes y grandes de su capital político. Fuera de un papel destacado no tiene mayor capital político que un insulto. No digo que yo haga personas que la valoren por insultar y que incluso aporten dinero para que conste en el Diario de Sesiones, pero es muy triste tener que construir un perfil político sobre descalificar al padre de un oponente político.

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Durante días en FiveThirtyEight estimaba en un 1% las posibilidades del empate entre Trump y Biden (ahora no), de modo que me pareció interesante ver qué hubiera pasado en caso de no haber habido mayoría en el Colegio Electoral en las últimas cinco elecciones.

La XII Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nacida tras la tremenda crisis constitucional ocasionada por las Elecciones Presidenciales de 1800, establece que si ninguno de los candidatos votados por el Colegio Electoral pudiera conseguir la mayoría absoluta de los votos, 270 votos, la elección del Presidente de los Estados Unidos pasa a ser responsabilidad de la Cámara de Representantes y la del Vicepresidente del Senado.

Como es de general conocimiento, el mismo día en el que se elige a los miembros del Colegio Electoral, se hace lo propio con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, de modo que los representantes y senadores electos con los senadores que permanecen en su puesto forman un nuevo Congreso. El próximo 3 de noviembre será electo el 117º Congreso.

Dado que el Congreso ha de reunirse el día 3 de enero (sección 2 de la XX Enmienda) y que el escrutinio por parte del Congreso en sesión conjunta ha de realizar el día 6 de enero (3 US Code 15), está claro que es el Congreso renovado el encargado de realizar la elección del Presidente y del Vicepresidente, y no el saliente.

En estas elecciones se vota por estados, es decir, el voto de cada uno de los estados es el mismo, uno, y desaparece la capacidad electoral de Distrito de Columbia. De este modo el voto de cada estado dependerá de qué partido sean los representantes o senadores que forman su delegación congresual. Es de suponer que en una situación como ésta nos encontraríamos ante un “party-line vote”, es decir, cada cual vota al candidato de su partido.

¿Qué hubiera sucedido en las últimas cinco elecciones presidenciales en el supuesto de que no hubiera habido mayoría en el Colegio Electoral pero no hubiera habido variación en la elección del Congreso?

Como puede comprobase en las cinco elecciones los candidatos que fueron presidentes, tenían la mayoría necesaria (26 estados) a la hora de conseguir los votos suficientes para ser elegido presidente.

Pero la elección vicepresidencial se torna más compleja. En el Senado cada estado solamente tiene dos senadores, de forma que no es difícil que uno sea de un partido y el otro del partido contrario, produciendo un empate y la imposibilidad de determinar el voto del estado en la elección vicepresidencial. Muchos estados estarían indeterminados.

En ninguno de los congresos elegidos a la vez que los electores del Presidente, ningún candidato vicepresidencial hubiera logrado la mayoría necesaria, de modo que habría tenido que haber algún tipo de negociación o la cesión a favor de quien formaba ticket con el que iba a ser elegido en la Cámara de Representantes.

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En el caso de los independientes, no hemos guiado para atribuirles un voto por el partido con el que hacían “caucus” en el Congreso.

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Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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Es fácil para un político de derecha español ser moderado. Basta con decir una vez que algo que ha dicho Vox es inaceptable y antidemocrático y conseguirá haber dicho una verdad y ser considerado un “moderado”.

Una de esas moderadas de la derecha es Ana Pastor Julián. Además de haber sido ministra, Ana Pastor fue la primera persona que presidía el Congreso siendo a la vez miembro de un partido de la oposición, hecho que se dio con la aprobación de la moción de censura de 2018. Esta situación si se había dado en el Senado.

Pero no sólo Ana Pastor siguió siendo presidenta del Congreso, sino que en la mesa del Congreso el PP y C’s tenían mayoría absoluta. La mesa del Congreso es un órgano que tiene funciones directivas y organizativas, pero nunca legislativas, de modo que un ejercicio de sus funciones suplantando a la cámara o impidiendo a la cámara el ejercicio de su potestad legislativa ha de ser considerado ilegítimo.

La mesa del Congreso, presidida por Pastor, impidió que un número no pequeño de propuestas legislativas llegasen a ser votadas en el pleno del Congreso ampliando sin límite el plazo para presentar enmiendas. A través de este truco procedimental, propuestas legislativas que contaban en el pleno con la mayoría suficiente para ser aprobadas se quedaban paralizadas indefinidamente.

Impedir al pleno ejercer su potestad legislativa es un ejercicio ilegítimo de los poderes dados por el Reglamento y supuso una grave alteración del sistema establecido en la Constitución, al imponerse los representantes de una minoría a los representantes de una mayoría.

Por ello la caracterización de moderada de Ana Pastor me produce una profunda desorientación constitucional, porque ella encabezó un órgano que pervirtió la regla de la mayoría.

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Tras las prohibiciones castellanomanchegas y catalanas, fue la Junta de Extremadura la siguiente comunidad en anunciar que se disponía a cerrar los establecimientos dedicados a la prostitución. Dijeron que el Consejo de Gobierno del día 26 de agosto aprobó la decisión política de cerrar estos establecimientos. El día 3 se aprobó el instrumento jurídico que ha seguido, como era de esperar, la vía castellanomanchega, consistente no en definir qué se considera prostitución, ni definir el lugar (vía catalana), sino referirse al sentido normal de las palabras, sin detenerse en la licencia con la que operan. Cantabria también ha publicado la norma prohibitiva y lo ha hecho igualmente a través de la “vía castellanomanchega”.

Ayer un número extraordinario del Boletín Oficial de las Islas Baleares publicaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno que habilita a la persona titular de Sanidad a un amplio elenco de potestades, entre las que se encuentra el cierre de cualquier local abierto al público. Los baleares abrirían una nueva vía, que sería subsumir la actividad dentro de la una categoría mayor, la de establecimiento abierto al público. Habrá que ver si la decisión de la personal titular de Sanidad concreta más o no.

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