La gran oferta de empleo público

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

La Educación en los Presupuestos Generales del Estado

Para saber cuánto va a gastar España en Educación fijarse en los Presupuestos Generales del Estado es una mala idea. ¿Por qué? Porque los gastos que están dentro de la política de gasto 32 (Educación) solamente son los que competen directamente al Gobierno de España (que solamente gestiona Ceuta, Melilla, servicio exterior y una parte de las becas).

La Educación es una de las políticas más descentralizadas que tenemos hay que observar qué gastan comunidades autónomas y corporaciones locales, especialmente las segundas. Las transferencias del Estado a comunidades y corporaciones locales no son finalistas, normalmente, de modo que será la decisión de éstas en sus respectivos presupuestos las que cierren el gasto educativo de España.

España no gasta algo más de dos mil millones de euros en Educación. Es una afirmación de ignorancia presupuestaria.

Implicar a la mayoría

Los mecanismos del Estado del Bienestar requieren una gran financiación. Este dinero se obtiene normalmente a través de los impuestos. Los servicios recibidos por los ciudadanos, que debieran ser mayores y mejores que si cada cual tuviera que pagárselos, justifican el pago de esos impuestos más allá de la obligatoriedad legal. Que el Estado del Bienestar sea una cosa de todos o al menos de la inmensa mayoría posibilidad la propia subsistencia del sistema, ya que esa inmensa mayoría deseará mantener un sistema contributivo del que se beneficia.

Existe una tendencia, dentro de la izquierda, que está convirtiendo los servicios públicos en servicios de beneficencia o de socorro social. La idea de que no está bien que alguien que gane x reciba el mismo servicio que alguien que gana x/4, lleva a echar de los servicios públicos a una gran cantidad de ciudadanos, de la mayoría de los trabajadores, y forzarle a financiar por sí mismos esos servicios públicos que antes recibían mediante el pago de sus impuestos.

Si alguien tiene que pagar impuestos y además le dicen que debe pagarse privadamente los servicios públicos, se preguntará por el sentido de los impuestos. Y si además antes sí recibía un servicio o parte de éste y ahora tiene que sufragárselo, lo mismo pide pagar menos impuestos porque al fin y al cabo no recibe nada de ellos. Es lógico que se plantee el voto a opciones políticas que defienden una tributación menor. Las apelaciones a la solidaridad tienen más eco cuando la mayoría, la gran mayoría, se siente beneficiada en algún grado de esa misma solidaridad.

Un ejemplo magnífico de esta pésima política social lo encontrado en el Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, que reduce significativamente el número de potenciales beneficiarios entre las clases trabajadoras y, además, le sube el precio a parte de los grupos más débiles económicamente.

Susana Díaz, como la derecha más derecha, reduce lo social a lo caritativo.

Sobre blindaje de la sanidad pública andaluza

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La Presidenta de la Junta ha visto como las masivas protestas contra los recortes sanitarios han tomado las calles de Granada, Málaga y Huelva y no se descarta que se extiendan a otras ciudades. En la situación habitual de las cosas, el silencio informativo tras dar una sola vez la noticia hubiera protegido cualquier decisión, pero la tenacidad de los manifestantes y las ambiciones políticas de Susana Díaz hacen que las “mareas blancas” no se hayan quedado en anécdota y la estén lastrando sobremanera.

La Junta de Andalucía ha anunciado que quiere “blindar” la Sanidad Pública contra una posible privatización. Esta intención es pura propaganda, porque un Gobierno de otro signo político podría cambiar las normas que quisiera siempre que contase con los votos suficientes en el Parlamento de Andalucía para aprobar las leyes necesarias.

La única posibilidad de “blindar” el sistema ante el previsible cambio de Gobierno es una reforma estatutaria. Para realizar una reforma estatutaria, sin entrar en su constitucionalidad, necesita dos tercios del Parlamento autonómico y una mayoría absoluta en el Congreso que apruebe una Ley Orgánica. No tiene ese poder y por tanto no puede “blindar” nada.

Susana Díaz más que en anunciar “blindajes”, debería renunciar a los “recortes”.

Reformas menores de la Constitutición

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Ayer se conmemoró el 38º aniversario del Referéndum de ratificación de la Constitución. Un texto que a día de hoy, salvo dos excepciones técnicas, sigue incólume en su formulación. Se dice que no hay que estar tocando continuamente la Constitución, pero creo que precisamente nuestro vicio constitucional no ha sido el exceso, sino el defecto.

Los grandes temas pendientes de la Constitución son el territorial y la Corona. Son el centro del miedo a “abrir el melón”. Realmente la mayoría están de acuerdo con que la Constitución necesita reformas en muchos de sus artículos, pero no se emprenden los arreglos por miedo a que al final los territorios y la Corona se vean afectados.

Hay muchos asuntos que podrían ser recorridos y que este cierre de la Constitución impide. Solamente indicaré algunos, de variable importancia, pero que podrían ser atacados independientemente de las cuestiones medulares:

1) La Justicia tardofranquista era poco fiable a la hora de encomendarle la protección y efectividad de los derechos fundamentales y las libertades públicas (DDFF y LLPP) de la Constitución. Recuerdo leer alguna sentencia del Tribunal Supremo donde se decía literalmente que las normas constitucionales sobre DDFF solamente tenían valor declarativo y que si no había una ley que sostuviera al derecho, no cabía la aplicación directa de la Constitución.

En ese marco y siguiendo también a otros países europeos, se creó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hoy este recurso es el procedimiento que más atiende el Tribunal Constitucional, en detrimento de otros procedimientos que, por afectar a disposiciones de alcance general y con rango de Ley deberían ser resueltos con mayor celeridad.

Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ha transformado el ordenamiento jurídico español y que a través del recurso de amparo y la “autocuestión de constitucionalidad” se ha depurado el ordenamiento de verdaderas vergüenzas, pero es igualmente cierto que la tradición está asentada y la Judicatura actual no es la de 1978.

Cabría eliminar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que fueran los tribunales ordinarios, culminados en el Tribunal Supremo, los que velaran por la protección de los DDFF y LLBB, entrando el Tribunal Constitucional únicamente cuando fuera llamado mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

La segunda posibilidad podría ser crear un segundo órgano dentro de la “Justicia Constitucional” encargado exclusivamente de los recursos de amparos y que remitiese al TC solamente las cuestiones que afectaran a la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones generales con rango de ley.

2) Creo que se debería otorgar al Estado la potestad legislativa supletoria sobre todas las materias, como se venía interpretando hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. La existencia de esta potestad permitía al Estado renovar una normativa que las Comunidades Autónomas aplicaban en defecto de norma autonómica y que en muchas ocasiones era de enorme utilidad. Ahora que el Estado no puede actualizar esas normas que se aplican supletoriamente, tenemos que completar los ordenamientos autonómicos con normas absolutamente desfasadas.

3) Ya hemos hablado varias veces en este blog del bloqueo institucional que el actual sistema de investidura ha provocado y que puede provocar nuevamente. Hemos apostado por el sistema vasco-asturiano que ayudaría a formar gobierno más fácilmente, incentivando los acuerdos y no imponiendo gobiernos contra la mayoría. Los bloqueos institucionales, en un Estado de Derecho, tienen que tener salidas institucionales y jurídicas y no soluciones políticas en el sentido schmittiano.

4) En la derrotada reforma constitucional de Renzi se eliminaba el CNEL, que aquí se llama CES y es perfectamente prescindible. Podría ser otro arreglillo constitucional.

5) De camino se podría dejar la posibilidad a que determinados organismos del Estado tengan su sede fuera de la Villa de Madrid, cuando así lo autorizara una Ley por ejemplo. Esto podría aplicarse específicamente a agencias, organismos autónomos, etc que podrían situarse en otras ciudades españolas.

6) Sistema electoral y derechos sociales son asuntos mayores que dejamos para mejor ocasión.

Los escasos efectos de la subida del SMI

smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

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El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.