Teoría de la olla a presión

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La serie “El Príncipe” fue un éxito en Telecinco. Cuando se estrenó la primera temporada vivía en Ceuta y recuerdo la preocupación social e institucional en torno a la imagen que de la ciudad se iba a proyectar ante todo el país, aunque fuera una serie de ficción.

Todo el mundo se temía lo peor, lo real, y la serie de Telecinco era una versión amilbarada de la realidad, por más que fue de Ceuta se pensase de que era un retrato duro y realista. Un compañero de trabajo, tomando en sus mano el periódico local “El Faro de Ceuta” mostraba como las noticias de ese 4 de febrero de 2014 eran peores que lo mostrado en el primer episodio.

La serie partía de un supuesto irreal: la existencia de una Comisaría de la Policía Nacional en ese barrio. La verdad que allí no hay ningún establecimiento permanente ni de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía Local. Los servicios de bomberos y de ambulancias suben con temos y en muchas ocasiones son apedreados. El grado de control efectivo del Estado sobre ese territorio es escaso.

Este caso no es privativo, ni mucho menos, de Ceuta, aunque lo utilicemos de ejemplo dada su popularidad gracias a la televisión.

En muchas ciudades hay un barrio, o varios, en los que el Estado es un Estado fallido. Muchas personas lo justifican diciendo que no tiene importancia “que se maten entre ellos”. De esta forma hay un territorio vacío y otros poderes alternativos al poder del Estado se instalan y operan. Al principio hasta parecerá que abandonar territorio y replegarse ha sido una buena idea. Muchos estarán contentos por no jugarse el tipo dentro de esas zonas.

Pero los poderes que se instalan en esos espacios vacíos no son poderes conservadores, sino poderes expansivos. Emplean el espacio vacío como territorio para reclutar, organizarse, entrenarse, guarecerse, esconderse, descansar y almacenar sin ningún tipo de perturbación. Desde esa base segura podrán lanzar sus ataques a donde quieran.

La idea de que abandonando un espacio y permitir que ese espacio sea una incontrolada olla a presión se resuelve algo, ignora el sencillo hecho de que la olla a presión explotará y las consecuencias serán peores, porque ya no se podrá volver sencillamente a controlar un territorio, sino que habrá que reconquistarlo.

El pasado día 20 de noviembre en El Español publicaron una entrevista al alcalde Malinas (Bélgica), que por lo visto es la única ciudad importante del país que no visto salir a sus jóvenes para unirse al ISIS. Y lo primero que decía este alcalde sobre la estrategia que habían seguido era que el Estado de Derecho se aplicaba en todo el municipio, que ni la policía ni los demás servicios habían sido retirados de ninguna parte.

Un buen contraejemplo a lo que es una práctica demasiado habitual de muchas autoridades.

 

Una autoridad electoral independiente dentro de los partidos

le-republicainsUno de los elementos más destacados en las primarias de Los Republicanos en Francia ha sido que la organización y la vigilancia del proceso electoral ha sido confiado a una entidad independiente, externa a la organización del partido. Tras anteriores procesos en los que las sospechas y acusaciones de fraude electoral habían sido la característica propia, el partido ha decidido garantizar la neutralidad de la autoridad electoral.

No sabemos si los barones dejarán participar a los militantes en la elección del secretario general del PSOE, pero si lo hacen las normas electorales deberían cambiar, porque no cumple con ninguna garantía democrática que la organización, el control y la supervisión quede en manos de órganos internos comprometidos con la candidatura de Susana Díaz.

Los procesos internos en los partidos difícilmente cumplan las mínimas exigencias de limpieza, precisamente porque no existe una autoridad electoral independiente. Alguno puede objetar que se duda en la honorabilidad de la Gestora, pero como hacemos en el legislación electoral es mejor no lamentar la equivocación y no ponemos la decisión en manos del Gobierno, sino de Juntas Electorales independientes e imparciales.

La segunda cuestión que empaña los procesos electorales internos es el censo. A los ajenos al mundillo del PSOE le parecerá algo raro, pero el control de los censos es un elemento de poder fundamental por parte de los aparatos en todos los niveles territoriales.

Solamente pueden participar los militantes al corrientes del pago de las cuotas, de forma que saber quién cumple esa condición y quién es fundamental, porque hay personas que están convencidas que pueden votar y resulta que, por lo que sea, no consta su última cuota. Pero también hay militantes al corriente de los pagos que no conoce nadie, que solamente aparecen en una asamblea cuando hay una votación reñida y desaparecen, de modo que solamente los que saben de su existencia puede ponerse en contacto con ellos durante la campaña. Además el proceso de afiliación es proceloso, de forma que hay personas que se creen afiliadas y que no lo están porque alguien olvidó su ficha en un cajón o lo que sea.

Nuestro sistema político, tras la experiencia de la Guerra Civil y el Régimen posterior, en el que se emplearon los archivos y censos de los partidos para todo tipo de represión política, ha sido enormemente prudente a la hora de proteger los datos de las personas afiliadas a un partido político. Pero esta protección paga el grave precio de que solamente instancias no neutrales controlan esos datos, fundamentales a la hora de recabar avales, hacer una campaña interna o simplemente controlar que votan los que deben votar.

Los partidos podrían establecer, juntos o por separados, autoridades electorales y censales que no dependan de la estructura de los partidos y que haga que todos los contendientes electorales tenga igualdad de armas. Lo acertado sería contratar a expertos independientes y dotarles de un presupuesto y personal para desarrollar su labor. Pero quizá esto sea demasiado pedir a quienes aprovechan su ventaja administrativa para convertirla eficazmente en ventaja política.

Tener dinero y propiedades. Sobre las relaciones entre PSC y PSOE

Teresa Rodríguez, tras vencer en el proceso interno de elección de los órganos y cargos de Podemos en Andalucía, anunció que iba a iniciar los pasos necesarios para que la organización podemita andaluza fuera autónoma de la nacional teniendo entidad jurídica propia, su CIF, sus cuentas y propiedades.

Sabe Teresa Rodríguez que el único motivo para que Susana Díaz no haya liquidado el PSC es que las propiedades de los socialistas catalanes son de ellos y que el dinero de sus cuotas e ingresos están en cuentas del PSC y no del PSOE. Toda autonomía es real cuando hay un respaldo económico.

Si la Gestora del PSOE se hubiera aprestado a cumplir con el deseo de los más extremos del PSOE-A y hubieran roto con los catalanes, el PSOE se hubiera quedado al día siguiente sin representación institucional en la segunda comunidad más poblada del país. Hubieran tenido que tejer, desde el inicio, una organización que ahora no existe y habrían tenido que desembolsar una cantidad de dinero para dotarles mínimamente de recursos y medios que el PSOE no tiene en abundancia.

Fundar una Federación Catalana del PSOE saldría carísimo y posiblemente sería una inversión con muy poco rendimiento político.

Peronismo Pantojil

La ideología de Susana Díaz ha sido descrita magistralmente por Luis Miguel Fuente en The Objetive:

Lo de Susana ni es socialismo ni deja de serlo. Es un peronismo pantojil. Habla de “mis colegios, mis hospitales, mis dependientes” como una mamá pata. Pero no hace nada, sólo discurso performativo, intriga sin gobernanza, antipolítica del puro poder.

Perfilando el veto del 134.6 CE

El Gobierno ha vetado buena parte de las iniciativas parlamentarias sobre la base del artículo 134.6 CE que requiere la previa conformidad del Gobierno para tramitar iniciativas y enmiendas que impliquen una aumento del gasto o una disminución de los ingresos.

La Mesa del Congreso ha entendido que algunos de estos “vetos” no se encontraban fundamentados en las previsiones constitucionales, de forma que ha acordado seguir el trámite legislativo haciendo caso omiso de la falta de conformidad del Gobierno. Desconocemos si hubo dictamen de los letrados de las Cortes Generales y si lo hubo cuál fue su contenido.

El Gobierno ha decidido plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional le dé prioridad a este conflicto y que no se esté tramitando asuntos que no debieran tramitarse o, por el contrario, se queden proposición o enmiendas sin tratar porque no debería haber inconveniente.

La Constitución protege la potestad presupuestaria del Gobierno y entiende que el Ejecutivo es más responsable con la llevanza de las cuentas que un legislativo controlado por la oposición. No se quiere desvirtuar el contenido de los Presupuestos Generales por medio de la legislación ordinaria.

Esto está claro, pero también hay que entender que las consecuencias tributarias o presupuestarias neutras de una norma es casi imposible y por ello creo que el Tribunal Constitucional debería elaborar unos criterios para valorar cuando se transgrede el ámbito de la prohibición.

El Tribunal Constitucional debe establecer cuánto es tolerable que se afecte al gasto o al ingreso, por la puesta en marcha mínima de una norma, porque de lo contrario se anularía el derecho de iniciativa que la Constitución le da a las Cortes.

Y la solución para el PSOE es … la candidatura única

Ramón Jáuregui propuso que se acuerde una candidatura única al Congreso Federal y así se ponga fin a esta situación que está perjudicando gravemente al PSOE.

Suponiendo que las palabras de Jáuregui son bienintencionadas y que no esconden la estrategia de cualquiera de las posibles candidaturas, representan el error habitual que en el que el PSOE sigue incurriendo: reírse de sus propias normas.

Los barones han insistido una y otra vez sobre la importancia de la representatividad, pero realmente a ellos la representatividad les importa poco porque el ideal no es ése, sino congresos con una sola lista que no puede ser objetada. Publicamos hace varias semanas que, salvo en cinco agrupaciones provinciales o insulares, los delegados para el último Congreso Federal habían sido elegidos entre más de una lista. Para que haya representatividad, tiene que haber pluralidad, si no lo que hay es pura apariencia.

Tampoco es necesario que la representatividad en el Congreso Federal sea de segundo grado. Me explico, los militantes eligen delegados locales para los congresos provinciales (primer grados de representación) y estos delegados de las agrupaciones locales eligen a los delegados para el Congreso Federal (segundo grado). ¿Por qué los militantes no eligen directamente a los representantes de cada provincia o isla al Congreso Federal? ¿No se seguiría manteniendo la representación y se reforzaría al ser de primer orden?

En un sistema democrático las diferencias se resuelven votando limpiamente entre las posibilidades existentes. Cuanto de mayor importancia es la decisión, el grado de participación habrá de ser también mayor. Deben darse condiciones de limpieza en el proceso, de forma que la organización no quede en manos de un aparato escorado hacia alguna de las candidaturas. Y el sistema de mayoría simple es una malísima idea. Solamente así el PSOE podrá tener una oportunidad y salvarse de una escisión que cada día se ve más clara.

 

Proyección de la encuesta de Simple Lógica del 18 de noviembre

Aquí tenemos una nueva entrega de la encuesta de la empresa Simple Lógica y la proyección en escaños que hacemos en Geografía Subjetiva de sus resultados.

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