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Archive for the ‘Celtiberia’ Category

Albert Rivera ha anunciado su dimisión como Presidente de Ciudadanos y su abandono de la vida política. En España dimitir es como morirse, un momento de perdón donde el mal se olvida y todo son loas a pesar de los pesares.

¿Es responsable la decisión de Rivera? Como sucedió cuando Rosa Díez abandonó su partido, Ciudadanos es el partido de Rivera, es suyo, es su plataforma y no tiene nada que no sea Rivera. Inés Arrimadas es más de lo mismo. El partido se va a descomponer, seres anónimos que son diputados, senadores por designación autonómica, diputados regionales o concejales se van a acuchillar para controlar Ciudadanos. Ninguno de ellos es nadie ni representa a ningún grupo de la afiliación, solamente fueron en las listas cuando Ciudadanos estuvo en lo alto.

Muchos de ellos tienen cuotas importantes de poder, ya que Ciudadanos participa en varios gobiernos regionales y municipales en localidades importantes. Todos ellos tienen ante sí un futuro político negro, pues el partido no tiene ningún futuro y si quieren seguir en la vida política tienen que acercarse a los que quedan.

Rivera se ha ido, ha dejado al partido en descomposición. Los cargos públicos buscando un lugar al sol o simplemente esperando a que se le acabe el mandato para irse a otro lugar. Es cierto que el desastre de Rivera es mayúsculo, fruto de su egolatría, pero es igualmente cierto que debería haber liquidado el partido con más dignidad y no abandonarlo para que cada cual juegue con el trocito de poder que le ha tocado en suerte.

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Existe la corriente de opinión de que se podría establecer un régimen constitucional específico para Cataluña sin tocar el resto del sistema autonómico, copiando lo que en 1978 se hizo con la financiación del País Vasco y de Navarra: una disposición adicional que contenga el régimen. Desde el punto de vista técnico sería muy hábil ya que mantendría la integridad del texto constitucional, pero abriría una puerta a la asimetría, que es uno de los sueños del nacionalismo catalán. ¿Qué problema tiene?

El primer problema y más evidente es que no sería fácil de aprobar. Los dos partidos en las Cortes con más representación tendrían amplísimos sectores que estarían en contra y que pedirían, en el mejor de los casos, contraprestaciones. Incluso Podemos ha tenido un nuevo encontronazo con Compromís por la renovación del sistema vasco de financiación.

Una parte del PP, del PSOE y la práctica totalidad de Ciudadanos estaría en contra. Incluso consiguiendo la mayoría necesaria para aprobar la reforma en Cortes no habría que descartar que tuviera que ser ratificada por referéndum al así pedirlo la décima parte de los diputados o de los senadores.

Y en este punto es donde creo que moriría la disposición adicional, porque si algo ha creado el “procés” es mucho españolismo que no va a aceptar privilegios para recompensar la ruptura del orden constitucional. La propuesta sería derrotada en las urnas precisamente porque las bases electorales de los grandes partidos no son partidarias de estos regímenes como lo han sido las élites políticas españolas.

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La hoja de ruta del “procés” partía del presupuesto de que los españoles son unos catetos y unos salvajes, de forma que embestirán a cualquier provocación que le hagamos. Luego el desarrollo era el siguiente: referéndum, proclamación de la independencia, llegada de la Legión y civiles muertos en las calles, la opinión pública internacional se indigna, los gobiernos de la UE le dicen a España que así no y todos reconocen la República Catalana en simpatía con los catalanes (sólo son catalanes los separatistas) que son seres superiores y europeos y que han tenido durante milenios que soportar a los norteafricanos de los españoles.

La reacción violenta, que ellos daban por supuesta y que debían proporcionar un número “razonable” de muertos suficientes para ponerlos sobre la escena internacional. Y sin muertos nada tiene sentido, de forma que hay que hacer que haya. El Gobierno central ha respondido con el BOE y los tribunales con los procedimientos penales abiertos, de forma que no hay sangre que enseñar y el ciclo de noticias sobre Cataluña ha desaparecido de los medios internacionales.

Ahora llegan los separatistas a hacer que la realidad sea lo que ellos quieren que sea. Habla de Puigdemont de una represión tremenda que nadie ve, unos argumentos que además de ridículos se tornan en insultantes cuando la supuesta represión en Cataluña se compara con lo que pasó en países como Chile o Argentina y siguen pasando en muchas partes del mundo. La candidata de ERC, Rovira, da por hecho “los muertos en la calle” para probar el autoritarismo de los españoles, cuando no ha habido ni un solo muerto.

Se inventan la realidad y buscan el reconocimiento sobre la base de la realidad inventada. El problema es que el foco de atención ha estado en Cataluña y más allá de unas cuantas intervenciones del 1 de octubre, las fotos falsas y las cifras exageradas de heridos no tienen nada y, desde fuera, se sabe. Decir que pasan cosas o dar los sucedidos los deseos llevarán al independentismo al ridículo y al desengaño a una parte de sus seguidores.

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Ya quisiera saber yo lo que va a hacer Puigdemont, pero estoy seguro de una cosa que no debiera hacer: considerarse el Presidente legítimo tras las elecciones del 21D y la investidura del nuevo Presidente. Resulta que el independentismo considera ilegítimas las elecciones, pero todos ellos van a participar y, tras los resultados, sin dudas intentarán formar gobierno.

Si se inviste un Presidente diferente a él y él se sigue considerando el único legítimo, podemos comenzar a ver una reedición de la soledad de Benedicto XIII no en Peñíscola, sino en Bruselas en el mejor de los casos, si no en una prisión, donde Puigdemont podrá nombrar consellers a su antojo y tomar las decisiones que quiera sobre la base de la legitimidad que pretende encarnar, sin asidero ninguno en la realidad.

Podemos asistir a la existencia de un Presidente de la Generalitat en Bélgica o cualquier lugar del mundo y de otro instalado en el Palau de la Generalitat. Esta posibilidad será remota si el próximo Presidente es nacionalista y se acercará si el Presidente no es nacionalista. Sería verdaderamente ridículo.

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El 21 de mayo se celebró la elección del secretario general del PSOE. Pedro Sánchez ganó con más de la mitad de los votos ese día, pero el larguísimo proceso congresual del PSOE no terminaba después del infausto 1 de octubre de 2016, sino que acababa de arrancar.

A día de hoy está comenzando el proceso de elección de los secretarios y de las ejecutivas locales, tras la celebración del Congreso Federal, del Regional, del Provincial, eventualmente del Comarcal. Un proceso que lleva seis meses, demasiado tiempo en el que las diversas unidades territoriales del partido se encuentran”a otras cosas” y en el que la participación desciende.

Es cierto que el nuevo modelo aprobado en el último Congreso Federal prevé cosas sensatas como la elección directa de los delegados a los congresos, pero habría que trabajar para que los procesos no se eternizaran, se buscase deliberadamente el cansancio de la militancia y la vuelta a la falta de proporcionalidad.

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Decía Umberto Eco que cuando quería tener una guía recta en una materia para comenzar a pensar sobre ella leía lo que Tomás de Aquino había escrito sobre el asunto en cuestión. A mí en materias conexas al Derecho me gusta consultar a Hans Kelsen y por eso a la hora de establecer qué es una “declaración de independencia” desde el punto de vista jurídica recurrí al pensador austriaco.

Repasando esa obra maestra titulada Teoría Pura del Derecho indica Kelsen que la “norma fundamental” es la norma fundante del Derecho, del que emana todo y que en sí misma no es jurídica. Esta hipótesis kelseniana se parece, salvando las distancia, al motor inmóvil de Aristóteles que produce cambio sin cambiar, ya que produce Derecho sin ser Derecho.

Aunque Kelsen le da un status de hipótesis a la “norma fundamental” no por ello hemos de negarle la posible existencia histórica. Una “declaración de independencia” bien podría ser una “norma fundamental” y por tanto no tener que ser una norma jurídica.

En un interesante hilo en Twitter, Oriol Güell indicaba que lo que se había aprobado no era más que la parte resolutiva, esto es, una serie de medidas en las que se instaba al Govern a tomar medidas de la Ley de Transitoriedad. En definitiva, aprobaron algo parecido a una PNL (proposición no de Ley) que por muchos fue tomada como una declaración de independencia.

Si seguimos a Kelsen una declaración de independencia, como norma fundamental, tiene que provocar efectos en el mundo jurídico y tener cierta efectividad. Y es aquí donde la declaración de independencia deja de ser norma fundamental, porque en los instantes y días subsiguientes hubo fotos, una pequeña barrilada en Sant Jaume, un paseo y tapas por Girona y una espantada en dirección a Bélgica. Ni un solo acto normativo introduce a la “República Catalana” en lo normativo.

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Podemos y un sector de la izquierda se ha agarrado a la ilusión de que un referéndum de independencia, pactado y legal, sería la solución a todos los males que el independentismo catalán ha producido.

Esta idea parte de una incomprensión de lo que es el independentismo como si se tratase de un movimiento político que considerase que hay términos medios y no solamente un objetivo. A un independentista solamente se le sacia con la independencia y si el referéndum pactado no le proporciona la independencia no le bastará y le dará igual el resultado. Quizá durante unos meses esté discretamente callado, pero rápidamente encontrará una circunstancia que invalidará el resultado del referéndum y vuelta a lo de siempre.

En Quebec llevan  dos referendos pactados, en Escocia se reclama el segundo. ¿Cuándo terminarán de pedir referendos pactados? Cuando gane la independencia.

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