Fraude de argumentación

Se define el fraude de Ley como la utilización de una norma jurídica con fines diferentes a los que la norma prevé. Esta práctica alcanza su más refinada realización en el ámbito del Derecho Fiscal.

Pero en la argumentación también podemos detectar fraudes, parecidos a los legales, que consistirían en utilizar determinados argumentos para defender algo que realmente no se está defendiendo.

Desde que apareció la Ley Sinde en una Disposición Adicional a la LES se le ha atacado de muchas formas. Las más serias hablaban de la posible ausencia de control judicial de las decisiones de la Comisión Administrativa, problema que la enmienda aprobada en el Senado soluciona. Pero evidentemente y tras la rectificación inicial del propio Gobierno en lo relativo al control judicial, comenzaron a aparecer numerosos discursos que incurrían, a mi modo de ver, en fraude de argumentación.

Lo que realmente se ha intentado defender es la continuidad de la actual situación en la que una persona se descarga algo protegido por derechos de autor sin pagar nada por ello. Esto que dicho en público queda feo, se ha vestido, muchas veces con una clara intención fraudulenta y otras con cierta buena voluntad, de otra forma.

1) La ‘Ley Sinde’ impone un determinado modelo cultural monolítico. Dado que ahora vivimos en la época dorada de las descargas libres, podemos comprobar qué modelo cultural promueven las descargas y dado que la inmensa mayoría de éstas son de películas, música y series marcadamente comerciales. Las descargas no son, en su inmensa mayoría, de manifestaciones audiovisuales alternativas y minoritarias a las que los medios de comunicación no dan cabida, sino de lo que se ha llamado, en desgraciada expresión, ‘la cultura de masas’.

2) Ha habido quienes han considera que la nueva normativa vulnera la libertad de expresión y es una puerta abierta a la censura de los contenidos. Por más que leo el texto no encuentro la censura por ningún lado y me cuesta pensar que una serie de enlaces para descargar archivos con contenidos protegidos por derechos de autor esté dentro de los límites de libertad de expresión. Es más Ignacio Escolar, uno de los redactores del #manifiesto fue atacado sin piedad por investigar cuánto dinero ganaban algunas de las páginas más famosas de descargas: poco importaba entonces la libertad de expresión y el derecho a la información.

3) El modelo de negocio de la industria cultural y del ocio es obsoleto. Es un argumento con el que sí estoy de acuerdo, siempre que no se utilice en fraude. El modelo de negocio puede estar obsoleto y cualquiera puede dedicarse a hacer algo totalmente desfasado de la sociedad actual, pero ello no es excusa para permitir que violen mis derechos económicos de vender mi producto.

4) Lo que se está defendiendo con la nueva normativa es el ‘imperialismo cultural norteamericano’. Es una variación del primer fraude argumentativo, pero ya con un componente ‘antiyankee’ tan popular en nuestro país. Lo gracioso es que sin Ley Sinde lo que le gusta a los ‘descargadores’ son los productos del imperialismo cultural norteamericano. Los que atacan a la Ley Sinde no lo hacen por estar en contra del ‘imperio cultural norteamericano’, sino precisamente por todo lo contrario.

5) La Ley Sinde es fruto de las presiones de la Embajada de los Estados Unidos. Algunos ha necesitado que Wikileaks les diga lo que otros, sin filtraciones ni nada parecido, sabíamos hace mucho tiempo: que las embajadas están para defender los intereses políticos y económicos de los estados a los que representa. A nadie nos espanta cuando la representación diplomática española defiende las subvenciones de la Política Agraria Común ni cuando se emplean ‘buenos oficios’ para hacer regresar a nuestro país presos españoles. Es el trabajo de los diplomáticos. ¿Si la Embajada estadounidense no hubiera hecho nada o si las descarga no son de productos norteamericanos entonces merecen ser protegidos?

6) Libre intercambio de conocimiento. Como ya indicado anteriormente el mundo de las descargas no ha permitido el libre intercambio de conocimiento, sino bajarse películas y otros productos sin pagar su precio. A nadie se le impide crear bajo CC o intercambiar lo que quiera.

7) Submileurismo y enriquecimiento. Hay personas que les fastidia que otros ganen mucho dinero, a pesar de que gusten de los productos que realizan. Para ellos todo el mundo debería ser mileurista o submileurista y cualquiera que gane dinero con productos culturales o de entretenimiento debe dejar de ganarlo; y si gana mucho dinero es un diablo. Los productos de la descarga no productos de primera necesidad e incluso en los productos de primera necesidad admitimos el lucro y el gran lucro.

8) Los productos son caros. Estoy de acuerdo en que los productos, en muchas ocasiones son caros, pero también hay que indicar que éste no es el problema. Frente al ‘gratis total’ todo es caro, incluso las prestaciones no dinerarias, como el caso que los que sacaron un parche para quitar la publicidad de la versión gratuita de Spotify. Y volvamos a decir que no estamos ante productos de primera necesidad.

Habemus legem Sinde

Mientras que nuestro sistema financiero está acercándose a las decisiones más críticas de este inicio de siglo (la privatización y/o nacionalización de las cajas de ahorro) y cuyas consecuencias seguirán, Internet sigue a lo suyo: la Ley Sinde.

Después de que el PSOE se cargarse con toda la impopularidad de la medida, PP y CiU, convencidos de que ya no hay suficiente ira para ellos y que los internautas sólo quieren mantener el ‘status quo’, han maquillado un poco el texto de la Disposición Adicional 1ª de la LES, se han dejado de chorradas y han llegado a un acuerdo con el partido del gobierno. Ahora a prestarle atención a lo importante: las cajas de ahorro.

Inmobiliaria Saffi

Todo lo que viene ocurriendo con la Ley Sinde y la evidente incapacidad del actual ordenamiento español en materia de propiedad intelectual para proteger este derecho que dice proteger, me ha hecho recordar un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en otro aspecto de la propiedad, fue el primer caso de cientos que declaró violación del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El caso se llama Inmobiliaria Saffi contra Italia y la sentencia se dictó el 28 de julio de 1999. Inmobiliaria Saffi era una empresa que, entre otras actividades en el sector, alquilaba vivienda. De acuerdo con la legislación italiana obtuvo un mandamiento judicial, tras un procedimiento, de desahucio. Hasta ahí todo iba bien, pero la legislación italiana tenía la peculiaridad de prohibir expresamente la utilización de fuerzas del orden para hacer efectivo el desahucio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que había una violación del derecho a la propiedad (artículo 2 del Protocolo 1 a la CEDH). Era cierto que Italia le reconocía el derecho de propiedad, le concedía un recurso que terminó en una sentencia tras un procedimiento con las debidas garantías, pero todo ello era puramente imaginario ya que, al estar prohibida la intervención de las fuerzas del orden, los inquilinos podían impedir, con su mera negativa a abandonar la vivienda, la efectividad del derecho de propiedad.

La legislación española en materia de protección de la propiedad intelectual reconoce derechos, da medios jurisdiccionales, pero no garantiza en el sentido del artículo 1 de la CEDH la efectividad de este derecho. Si aplicamos la doctrina de este caso, que se reiteró hasta la saciedad ya que era un problema estructural en Italia, al caso de las descargas de archivos de series, películas y música, resulta bastante claro que España no está proporcionando a los titulares del derecho humano a la propiedad medios adecuados y eficaces para proteger un derecho que se encuentra en nuestra Constitución (si bien sin posibilidad de amparo) y en el principal instrumento internacional de derechos humanos en el que España es parte.

Florecimiento cultural

Muchos de los defensores del fracaso de la Ley Sinde han dicho que esto haría posible una mayor y mejor cultura en nuestro país, una cultura generalizada, en manos de todos y absolutamente gratis.

Supongo que dentro de un mes cerraremos los estadios de fútbol de todo el país para reconvertirlo en teatros de la ópera y que se pedirán recalificaciones de terrenos para abrir nuevas salas de conciertos y galerías de arte donde antes se pensaba instalar el habitual centro comercial. Las bibliotecas se llenarán de personas deseosas de leer. Los botellones desaparecerán porque todo el mundo estará en talleres de artes plásticas. Los jubilados rechazarán mesas para jugar al dominó y pedirán caballetes e instrumentos musicales. Telecinco programará un programa de poesía contemporánea después de comer y mandará a Jorge Javier Váz quez y a Belén Esteban al paro porque nadie los querrá ver.

Doy un mes para que España, por obra y gracia del rechazo de la Ley Sinde, se convierta en una Ciudad K de verdad, en una utopía cultural hecha realidad. Si esto no sucede es que los argumentos de la libertad de expresión y de la cultura para todos no eran otra cosa sino que racionalizaciones para seguir descargándose series y películas gratis.

[Nota: mucha libertad de expresión y se dedican a tirar webs de partidos e instituciones. Ejemplar]

Tomates y links

Estando ya cerca de la cuarentena uno puede recordar cosas, que estaban en la vida cotidiana hace unos años, y de las que no nos acordamos ya, casi como si nunca hubiera sucedido.

Hubo una época en la que era normal que los informativos de todos los tipos abriesen o llevasen en su portada los ataques que los camiones españoles que transportaban tomates y otras verduras a Francia y al resto de la actual Unión Europea sufrían nada más traspasar la frontera gala. Algunos camiones eran volcados, aunque lo más común era que la carga fuera tirada a la calzada o al campo.

Los agricultores franceses protestaban por la libre entrada de productos agrícolas españoles a un precio mucho menos del que ellos podían ofrecer. Era un tópico indicar que la Germandería francesa no hacía demasiado por evitar estos ataques y esta pérdida de mercancía que sufrían los transportistas y los exportadores.

Como era natural en España hubo una fuerte indignación porque se perjudicaba a los transportistas y a nuestros agricultores, porque se quería coartar las exportaciones españolas para que no fueran competitivas con las francesas. La consecuencia de todo ello, si no se remediaba, era que se iban a perder los mercados, perdiéndose las inversiones (especialmente en los entonces nacientes invernaderos) y los puestos de trabajo que se estaban generando en zonas que hasta entonces eran las más castigadas económicamente del país.

Se le demandó al gobierno del momento que actuase. El gobierno intentó la vía directa de hablar con el francés para conseguir que sus gendarmes se tomasen un poco en serio la protección de los camiones españoles, pero parece que no quedaba bien ante su opinión pública mandar a sus policías a apalear a sus agricultores a favor de productores extranjeros. Entonces se presionó por otra vía: las votaciones en las entonces Comunidades Europeas.

Francia es un país con más intereses y más variados que España. No hay tema comunitario que sea de su máximo interés, mientras que España tiene una agenda más limitada, que le permite votar una cosa o su contraria sin que sus intereses se vean afectados. De esta forma se le indicó al gobierno francés que o bien arreglaba el tema o bien tendría votos en contra de acuerdos favorables a Francia en las Comunidades, sin costo económico para España. Y el tema se arregló gracias a estas presiones del gobierno español a través de su representación diplomática en Bruselas.

Los Estados Unidos han hecho lo propio con el tema de los derechos de autor. La industria estadounidense del ocio emplea a millones de norteamericanos y el gobierno federal tiene el deber de protegerla de prácticas contrarias y que violan estos derechos. Como los españoles teníamos razón en el asunto de los tomates, los estadounidenses lo tienen en el asunto de los derechos de autor.

Parece que la aparición de unos cuantos cables en Wikileaks les ha hecho ver la luz y acceder a un conocimiento que este blog, sin ninguna fuente de información ni filtraciones, ya indicó hace bastante tiempo. Los diplomáticos estadounidenses protegen los intereses, en este caso legítimos, de su país.

Lo gracioso de todo el asunto es que se quiere bendecir algo, la violación de los derechos de autor, por el estúpido argumento de que la Embajada de los Estados Unidos en España ha presionado al gobierno a tomar medidas. Es la obligación de la representación diplomática hacer esto y es obligación del gobierno español cumplir su propia legislación y los acuerdos internacionales que nos vinculan. Defender lo contrario sería tanto como decir que el gobierno francés había perdido toda la razón porque el español había presionado y que, por tanto, estaba muy bien que se siguiera atacando y acosando a los camiones y tirando las mercancías a los arcenes.

Los criterios de los críticos

Acepto como principio que la actividad de crítica artística es una actividad subjetiva y que siendo subjetiva cada crítico emplea criterios a la hora de enjuiciar una obra o actividad artística que considera objetivos y válidos. Esto no es más que lo que Immanuel Kant llamada ‘universalidad sin reglas’.

Muchas veces cuando leo o escucho una crítica artística se emiten juicios sobre una serie de criterios que normalmente, más bien casi nunca, son explicitados. Dada la aceptación de la subjetividad inherente a una crítica artística, e incluso literaria, lo deseable sería la explicitación de los criterios para poder valorar la crítica desde la perspectiva de la coherencia interna y también, por qué no, de enjuiciar el conjunto de criterios que el crítico considera relevantes a la hora de emitir su opinión sobre una obra artística y literaria.

Habrá quien considere que esto es un canto a favor de una especie de neo-escolástica de los ‘ítems’ o que los criterios deben ser flexibles dependiendo de la obra, pero a mí me parece que no es otra cosa sino un ejercicio de transparencia dentro del ejercicio de una profesión con repercusiones variadas, entre ellas económicas, en sectores de importancia social como son las artes y la literatura.

En el fondo está la posibilidad de someter a crítica la crítica, cosa que no siempre gusta. En España, y en otras tradicionales culturales de corte continental, la tendencia al arcanismo no es más que una estrategia de inmunización (en palabras de Hans Albert).

Hacia el procedimiento de devolución del canon

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la compatibilidad de la normativa española al Derecho Comunitario en relación con el llamado ‘canon digital’.

El TJUE ha dictado, como ya han publicado los medios, que el canon es compatible con el Derecho Comunitario en tanto que está cubierto por los conceptos ‘reparación equitativa’ y justo equilibrio’ contenidos en la Directiva 2001/19.

El TJUE considera que se rompen las exigencias de estos dos conceptos cuando la aplicación del canon es indiscriminada y puede gravar materiales que no van a ser presumiblemente empleados para la copia privada, como es el caso de numerosos profesionales que adquieren equipos y soportes para sus propias actividades.

En mi opinión, buena parte del canon digital ha quedado amparada por el TJUE, que no es otra que la que se pretendía inicialmente gravar: la copia privada. El TJUE saca del amparo en el Derecho Comunitario a todo lo que no es copia privada.

El Gobierno tiene ahora la posibilidad de establecer un sistema parecido al de la devolución del IVA para hacer lo propio con el canon pagado por profesionales cuyas compras no vayan a ser copias privadas. La forma de hacerlo es bastante sencilla y a través de la matrícula del IAE se puede designar las actividades con derecho a devolución del canon.