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Archive for the ‘Bolivia’ Category

Una de las obligaciones fundamentales de una representación diplomática es informar a su gobierno sobre el estado de opinión que sobre su país se tiene en donde se está trabajando. Evidentemente una buena representación diplomática no solamente recaba su información en el entorno del gobierno en ejercicio sino también en el entorno de la oposición que potencialmente puede convertirse en gobierno.

Cuando la oposición llega a ser gobierno, es posible que los gobiernos de los países que tienen representación diplomática (algo que España acostumbra poco y acostumbrará menos) tengan una idea bastante certera de lo que esos políticos han dicho sobre sus países, especialmente si las relaciones son intensas, como nosotros con los estados sudamericanos.

El Partido Popular ha estado casi ocho años haciendo mofa de la política sudamericana del ex Presidente Rodríguez Zapatero. Evidentemente no sólo el PP, sino también todo su entorno mediático y social. El insulto a los dirigentes sudamericanos, especialmente en los medios más radicales que apoyan al PP, ha estado a la orden del día y, claro, esto es algo que al receptor le gusta mucho y más cuando no depende de ti.

La desaparición de una política exterior sensata y pragmática para Sudamérica, el desmantelamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, el sentido desprecio de la derecha española hacia muchos de los dirigentes de estos países y una serie de argumentos sobre inversiones no realizadas e insuficiencia energética en países con yacimientos petrolíferos y gasísticos hace que se comience a ver como al Gobierno de Rajoy le chuflean con expropiaciones ante las que está impotente.

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El PSOE ha iniciado el camino hacia las elecciones municipales y autonómicas con una campaña para animar a los ciudadanos extranjeros, que en virtud de tratados o del principio de reciprocidad, tienen reconocido el derecho al voto en los próximos comicios locales.

Con un lema de sabor estadounidense, ‘Inscríbete para votar’, intenta informa a los nuevos votantes para que realicen los trámites pertinentes para poder ser incluidos y en el censo electoral y poder ejercer efectivamente el voto.

El voto inmigrante plantea determinadas incógnitas para las próximas elecciones municipales:

1) En España hay más de cinco millones de extranjeros residentes. No todos podrán votar ya que solamente es aplicable a los ciudadanos de Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Nueva Zelanda y Noruega y siempre que se encuentren en España en situación regular y cumplan con las condiciones añadidas. A priori el número de los que efectivamente realicen los trámites y estén en el censo electoral.

2) Una vez que se compruebe el número de electores inscrito hay que ver los que realmente vayan a votar, aunque siendo una inscripción voluntaria lo normal es que la práctica totalidad de los que realicen los trámites acudan en mayo al colegio electoral.

3) La pregunta del millón es a quién va a votar y, sobre todo, si el comportamiento de los inmigrantes va a ser o bien como ‘cleavage’, o bien como ciudadanos españoles abstractos (que no existen) que eligen sobre criterios estrictamente racionales (que no existen), o bien utilizando la criteriología de su misma zona. Las encuestas post-electorales tendrán en éste uno de sus puntos más interesantes.

4) El hecho de que esta iniciativa sea de factura socialista, no quiere decir que los otros partidos no hayan desarrolla ya estrategias para captar el voto inmigrante, tales como la integración de inmigrantes en sus órganos ejecutivos, grupos de debates o tener interlocutores en estos colectivos que, a la vez, sean la puerta de entrada del partido en sus grupos sociales.

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La crisis boliviana ha dado ocasión para que los países sudamericanos muestren, por primera vez desde la alianza de las dictaduras, una estructuración política común con cierta autoridad política para ser útil.

La cumbre de presidentes sudamericanos en Chile ha consagrado la capacidad de reacción del naciente sistema y sobre todo ha elevado a política la autoridad moral que el Presidente de Brasil, Lula da Silva. Todo el mundo esperaba que Lula asistiese y él lo ha hecho haciendo previamente los deberes de asegurar la tranquilidad entre las partes de la crisis boliviana.

Que este sistema de relaciones diplomáticas comience a ser efectivo (aunque no tenga una gran estructura formal) y haya alguien que lo lidere y que ese liderazgo no sea impuesto sino reconocido.

La duda que me planteo es si el liderazgo brasileño es más de carácter carismático y personal de su Presidente, que del país. Lula está al final de su segundo mandato y por ahora la reelección no es posible. Es lógico que la primera economía de la región se ponga al frente e intente que reine un clima de seguridad y estabilidad. Para ello lo mejor sería que Brasil, más allá del día del final del mandato de Lula, prosiguiese la vía de pragmatismo y lucidez, que actual Jefe de Estado brasileño ha dado a la diplomacia de su país.

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La Asamblea Constituyente de Bolivia presentó hace algo más de una semana el primer desarrollo de la norma para cuya elaboración se ha reunido. El texto es un “mamotreto” de cien páginas y más de cuatrocientos artículos. Quiero leer el texto completo pero algunas lecturas más urgentes y menos tediosas han demandado hasta ahora mi atención y ocupado mi tiempo.

Recordé que los estructuralistas jurídicos decían que el alma de una constitución, la constitución de la constitución, es lo relativo a su procedimiento de revisión o reforma, ya que en esas disposiciones se sintetizan los poderes y los equilibrios presenten en el texto constitucional. Y junto a ello la propia constitución otorga el ejercicio del mayor poder que se puede dar en un Estado, el ejercicio del poder constituyente, sea originario o derivado.

La consecuencia es que lo que ahora nos ofrezco es un somero análisis del artículo 408 del proyecto, en su estado actual, de la Constitución de Bolivia. Si los estructuralistas están en lo cierto, nos encontramos ante el núcleo duro del proyecto constitucional boliviano.

Distingue, como suele ser normal, entre dos tipos de reformas. La reforma parcial y la reforma total o de una parte significativa de la norma constitucional. Define la parte significativa como la que afecte a los dos primeros títulos de la primera parte y la quinta parte. Tiene el acierto de considerar que los propios artículos de la reforma constitucional tiene un importancia central en la constitución, no como sucede en España.

Como es también común en buena parte de los textos constitucionales, entre ellos la Constitución Española de 1978, prevé dos procedimientos de reforma constitucional, uno para las reformas parciales y otro para las reformas totales o de los títulos o partes más significativos.

En términos generales llama la atención que el procedimiento menos rígido, que es el parcial, esté condicionado por la necesidad de la ratificación en referéndum. Paradójicamente es curioso que el sistema presumiblemente más exigente, antepone el referéndum a la activación de un procedimiento del Poder Constituyente originario y que otorga al Presidente la capacidad personal de convocar el “referéndum de activación” de la Asamblea Constituyente. Algo similar sucede con la convocatoria por el Legislativo.

La estabilidad constitucional está en manos de dos órganos que pueden actuar independientemente y que no necesitan ni converger ni exigencias especiales para iniciar un procedimiento constituyente. La estabilidad constitucional, por las pocas exigencias, está en manos de las circunstancias políticas del momento, y una crisis o una mala situación puntual puede provocar la convocatoria del “referéndum de activación” más como forma de oposición política que como respuesta a una verdadera necesidad de reforma.

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Voy a contradecirme con lo que dije hace unos días, pero creo que realmente no es una contradicción y que así lo valoraréis si consigo explicarme bien. Estoy en contra del consenso político, pero a favor del consenso constitucional. ¿Qué quiero decir con ello?

Hay normas que son las normas constitucionales que tienen una vocación de duración en el tiempo y por lo tanto deben ser lo suficientemente apoyadas por las diferentes sensibilidades políticas de una sociedad como para convertirse en un instrumento válido pasados unos pocos años. Evidentemente una constitución perfectamente equilibrada con los planteamientos e intereses de todos los grupos sociales, será inevitablemente una constitución conservadora, porque tenderá a reflejar en su texto el “status quo” social y más cuando la experiencia nos dicta que los grupos a los que les atemoriza cualquier cambio social a través de la constitución son normalmente los más fuertes e influyentes.

Se debe encontrar el difícil desequilibrio de hacer una constitución que sea un instrumento jurídico de transformación social y que sea aceptable para los todos o casi todos los sectores de la sociedad a la que pretende dar forma y cambiar. A esto es lo que yo llamo “consenso constitucional”.

El escaso margen por el que la nueva constitución de Bolivia va a ser aprobada (136 votos de 245) y la celeridad con la que se está desarrollando este proceso, está haciendo imposible el “consenso constitucional” y más cuando la importante minoría opositora se ausenta de la Asamblea Constituyente.

Junto a ello existen tres fenómenos inquietantes desde el punto de vista jurídico-constitucional. El primer fenómeno inquietante es el recurso obsesivo de los presidentes más radicales a convocar al poder constituyente, para hacer una constitución según el modelo de sus planteamientos ideológicos.

El segundo de estos fenómenos es que las novísimas constituciones latinoamericanas quieren constitucionalizarlo todo, de forma que la legislación ordinaria pierde flexibilidad, adecuación a las circunstancias y capacidad de acción, por el deseo de dirigir el futuro desde el conocimiento del presente.

El tercero es consecuencia del segundo y es la constante necesidad de recurrir a las reformas constitucionales, porque en el fondo a estos presidentes radicales no les gusta ninguna limitación a su poder, por lo que el final de este intrépido constitucionalismo será el final del constitucionalismo.

El “consenso político” es la forma de consenso contra la que estoy en contra. Llamo “consenso político” al desarrollo de acuerdo sobre la legislación ordinaria entre las principales y antagónicas fuerzas políticas. La clave procedimental en la democracia es la regla de la mayoría, en la que unos ganan y otros pierden. Puede que en determinadas cuestiones sea necesario un acuerdo más amplio que la mayoría simple, pero ese número debe ser lo más pequeño posible, ya que el abuso del consenso da a la minoría un poder que los ciudadanos no le han otorgado.

En la vida cotidiana, una mayoría simple debe valer y vale. En la excepcionalidad que es el momento constituyente, no.

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