La Alcaldía para la lista más votada

La afirmación que da título a esta entrada es uno de los grandes lemas políticos y victimistas del Partido Popular.

La elección del alcalde o alcaldesa se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 196). Como sabéis una Ley Orgánica solamente requiere la posesión o el logro de la mayoría absoluta para poder ser aprobada, circunstancia con la que el PP ha contado en dos ocasiones.

¿Por qué no ha reformado el Partido Popular el sistema de elección de los alcaldes?

Sencillamente porque no le conviene. Los populares buscan que haya un acuerdo entre todos los partidos, pero no una obligación legal, dado que esto podría perjudicarle en un plazo relativamente breve.

La razón es sencilla. Hasta ahora la derecha ha conseguido numerosos éxitos electorales por concurrir unida a las elecciones. La posibilidad de que la Alcaldía se le asigne directamente a la fuerza más votada, puede llevar a la división y fragmentación de la candidatura del Partido Popular y en especial en aquellos municipios donde la sociología del votante del conviene, ya que una candidatura de derecha fuerte gana con un solo voto más.

Veamos lo mismo con el siguiente ejemplo:

Municipio 1
Un municipio entre 20.000 y 50.000 habitantes que elige veintiún concejales. Aunque el PP no ha conseguido la mayoría absoluta y una hipotética unión de los cuatro partidos restantes es muy improbable, es cierto que la disparidad entre ellos y las posturas asumidas por cada partido hacen que el alcalde sea el popular.

Pero imaginemos que en este municipio es elegido alcalde automáticamente el cabeza de lista de la candidatura más votada. Un grupo de descontentos con entidad suficiente dentro del PP puede organizar una lista alternativa a la oficial y hacerse con la Alcaldía consiguiendo poco más de la mitad de los votos populares. Y teniendo en cuenta las singulares características de las Elecciones Municipales y el personalismo de los alcaldes populares, esto no es descartable. Veamos esto reflejado en la siguiente tabla:

Municipio 2
Una modificación tan sustancial del modo de elegir alcalde (el que gana aunque sea por un voto se lleva la Alcaldía) también produciría un cambio radical en el sistema de partidos a nivel local, donde lo importante sería solamente es la minoría más votada, por pequeña que fuese, e intentar capear el temporal en los plenos con una oposición absolutamente mayoritaria en contra.

El Partido Popular no ha reformado la Ley, ni siquiera lo ha propuesto seriamente, porque destrozaría la cohesión municipal de su formación, y también del resto. Es puro conveniencia política, sin principios, porque si la circunstancia fuera diferente tendrían otro criterio que les beneficiase.

Si realmente les interesase que el alcalde fuera el más votado, hace tiempo hubieran apoyado la elección directa del primer edil a dos vueltas o con voto preferencial.

El que más votos tiene no se lo lleva todo

Nuestro sistema político, similar a los llamados “países de nuestro entorno”, se caracteriza por una democracia representativa y por hacer que la representación sea más o menos proporcional a los votos recibidos. Nuestra democracia otorga un papel muy relevante a las minorías a la hora de los nombramientos y de tomar decisiones.

Con la llamada a evitar unas terceras elecciones, que necesariamente no es algo malo, el Partido Popular no solamente pretende la investidura de su candidato a la Presidencia, sino la formación de un gobierno estable. Un gobierno estable lo es si consigue sacar adelante sus iniciativas en las Cortes, de modo que lo que los populares piden no es solamente que los representantes de dos tercios de los españoles invitan al candidato de un tercio, sino que además le dejen hacer y deshacer como si hubiera obtenido mayoría absoluta.

En noviembre veremos cómo el candidato presidencial norteamericano que gane un estado se va a llevar todos los votos presidenciales de ese estado (salvo dos excepciones), pero el sistema norteamericano es otro sistema diferente al nuestro que si quiere, puede adoptarse, pero lo que no es legítimo es “defender” un sistema parlamentario continental con sus ventajas para los populares cuando no gobiernan y simultáneamente “pretender” las consecuencias de un sistema de “el que gana se lo lleva todo” cuando gobierna.

¿Cuántas veces se paga por algo?

Algunos comentaristas han señalado con asombro que el Partido Popular se recupere en lugares donde la corrupción era generalizada e institucionalizada. No es un fenómeno nuevo.

Estos analistas dicen que los ciudadanos no castigan la corrupción y creo que se equivocan. Hay personas para las que el castigo es vitalicio, pero para otras el castigo se agota en unas elecciones o en dos a lo sumo. Como se dice normalmente cuando uno vota tiene que sintetizar muchos elementos en una sola expresión de la voluntad, de modo que no se vuelve a pasar la misma factura una y otra vez.

Rapidísimo resumen de la propuesta del Partido Popular

El candidato del PP a la Presidencia ha presenta una serie de propuestas a los líderes de los partidos políticos. La verdad es que como programa para conseguir un acuerdo es poca cosa, ya que es básicamente el programa del PP con alguna concesión mínima a los demás.

He hecho un breve resumen. La expresión “a favor del bien” (tomada de @Egocrata) engloba a las generalidades, a cosas ya existentes o a obviedades con las que nadie puede estar en desacuerdo, pero sin concretar qué medidas.

Es una temeridad de programa en nuestra situación financiera. Naturalmente es un programa para no ser cumplido.


Energía
: estoy a favor del bien y no dice nada sobre la eliminación del impuesto de sol contra la autogeneración.

Transportes: estoy a favor del bien.

Cambio climático y Medio Ambiente: estoy a favor del bien.

Economía digital: banda ultrarrápida y subvenciones a emprendedores.

Agricultura, pesca y agroalimentaria: todo está bien.

Industria: poner ordenadores en las fábricas.

Turismo: instrumentos de financiación y conservación, pero sin especificar

Emprendedores: bonificaciones a la SS y al IRPF.

PYMES: revisión de los umbrales regulatorios y rebaja fiscal.

Segunda oportunidad empresarial: más dinero y más bonificaciones.

Autónomos: más flexibilidad en cotizaciones y flexibilidad a la hora del cálculo de la pensión.

Empleo de calidad pero el objetivo de empleo es únicamente numérico.

Desempleo: estoy a favor del bien, copio algo al PSOE y más beneficios a costa de la SS.

Estabilidad: beneficios fiscales y estudiar la mochila austriaca.

Fraude laboral: una oficina contra el Fraude, pero nada de más dotación ni efectivos. Nueva LISOS.

Conciliación: terminar a las 18 horas y 10 días de paternidad más a personas con discapacidad. A favor del bien.

Financiación autonómica: marcar cartera de servicios comunes y financiarla ¿garantías? Corresponsabilidad entre el  Estado y las CCAA.

Sistema tributario: rebaja fiscal generalizada, cheque bebé, gastos de adopción internacional, exención por extender la vida laboral, exención al primer año de empleo, “garantía de tributación eficiente en Sociedades”, reforma SICAVs.

Pensiones: comenzar a pagar con los PGE las ampliaciones de las prestaciones.

Sanidad: a favor del bien y de las centrales de compra a pesar que recurrieron las iniciativas andaluzas desde que aparecieron.

Servicios sociales: ley básica de servicios sociales.

Dependencia: a favor del bien y prevención de la dependencia (sic).

Consumidores: transparencia bancaria, pago electrónico en pagos menores y educación financiera, cumplir el Derecho Comunitario, un organismo de atención y resolución de reclamaciones (¿y el Banco de España?), incrementar el control de las cláusulas abusivas (¿Cómo ¿Dónde?).

Exclusión social: criterios comunes para las rentas de inserción, fondo de protección para los consumidores y a fasvor del bien.

Familia: cuarto hijo como especial, certificación para monoparentales y apoyar a familias con hijos con discapacidad y enfermedades raras pero sin concretar, bono joven en el AVE.

Igualdad: a favor del bien.

Violencia de Género: a favor del bien y una Ley contra la Trata y otra contra la Violencia infantil.

Discapacidad: a favor del bien y más beneficios fiscales.

Educación: necesidades educativas especiales, más becas pero nada sobre la cuantía, teléfono contra el acoso, MIR pero rebajado, acceso homogéneo cuando ya lo hay, FP Dual y a distancia.

Universidades: programa del PP, subirle las tasas a las CCAA donde se paga menos, cosas existentes y recuperar el 50% de las patentes.

Cultura: a favor del bien.

Unidad de España: pues eso.

Administración Pública: a favor del bien.

Justicia: NOJ y NOF sin evaluar lo existente y a favor del bien, y más desjudicialización.

Fraude fiscal: tres cositas que deberían estar haciéndose.

Transparencia: a favor del bien.

Corrupción: dimisión al abrirse juicio oral y es causa de ineligibilidad.

Controles en contratos publicos, lobbies y sibvenciones: no concreta nada. Debe ser poco importante.

Lo penal y la corrupción: especialización y recuperación del dinero. De aumentar las penas no dicen nada. No concesión de indultos.

Reforma electoral: que gobierne la lista más votada en los municipios, mejora del CERA y que forme gobierno la opción más votada.

Unión Europea: a favor del bien.

Zona Euro: unión bancaria y fiscal, apoyo presupuestario, rendición de cuentas ante los ciudadanos y el resto a favor del bien.

Asuntos Exteriores: reforma del servicio exterior, diplomacia digital, Instituto Cervantes, Marca España y a favor del bien.

Iberoamérica: a favor del bien.

Defensa: a favor del bien.

Seguridad ciudadana: a favor del bien.

Terrorismo: a favor del bien y por primera vez reconocen a las víctimas del terrorismo islámico en España.

Cuando los votos no suman en las encuestas

Estamos acostumbrados a dar como buenas encuestas donde el número de indecisos es un disparate o estudios post-electorales donde los agregados de recuerdo de voto no tiene nada que con lo que fue el resultado de las elecciones que se analizan. En una entrada anterior comentada cómo Nate Silver había creado un método para calificar la calidad de las encuestas, algo que en España es impensable por ahora.

El 8 de julio la empresa Metroscopia publicó parcialmente su sondeo post-electoral, concretamente la parte referida al trasvase de votos entre las diferentes candidaturas. Gráficamente el resultado es el siguiente:

Quesitos Post Metroscopia

Me llamó la atención el “quesito” de Ciudadanos. Según los datos de la empresa encuestadora los de Albert Rivera habían mantenido el 56% de sus votos del 20D (1.968.136) y habían captado el 3% de los votos del PP (217.109), el 3% de los votos del PSOE (162.741), el 2% de los votos de Podemos (106.254) y el 3% de los votos de IU (27.803). Todo ello suma 2.482.043 votos, cuando su resultado en las urnas el 26J fue de 3.123.769 votos según el escrutinio provisional, esto es, faltan por justificar la procedencia de 641.726 votos, esto es, del 20,54% de los apoyos recibidos por Ciudadanos.

Con el PSOE realicé la misma operación. Según Metroscopia el 76% de sus votantes le fueron fieles (4.122.779) y recibieron sufragios del 5% de los votantes de Podemos (265.636), del 3% de los de Ciudadanos (105.436), del 3% de votantes populares (217.109) y del 19% de los de Izquierda Unidad (176.089). La suma de todos esos votos da 4.887.049 votos, lo que son 537.660 votos por debajo de los 5.424.709 votos conseguidos el 26J, es decir, hay un 9,91% de papeletas del PSOE que no dicen de dónde vienen.

Para Partido Popular dejan sin explicar el origen de 175.054 votos (2,42%) y para Unidos Podemos se quedan huérfanos 220.732 votos (4.37%).

¿Aporta luz esta comprobación al fallo generalizado de las encuestas el 26J?

Lo que deciden los ciudadanos

En las democracias liberales que además son parlamentarias interpretar un resultado electoral como fruto de una decisión de un ente denominado “los ciudadanos” o “la ciudadanía” es temerario. En unas elecciones hay millones de opciones individuales que distribuidas provinciales se convierten en diputados que consiguen las candidaturas en cada una de las cincuenta provincias y en las dos ciudades norteafricanas.

Al final del proceso cada candidatura tiene un número determinado de diputados y cada candidatura tiene un número más o menos proporcional al número de votos recibidos.

La Ciudadanía o los ciudadanos no se expresan en conjunto, se expresan individualmente y solamente la suma de esas expresiones tiene trascendencia política. La Ciudadanía no ha otorgado el gobierno al Partido Popular, sino que el 33,03% de los votantes han preferido al PP frente a otras opciones. La Ciudadanía no ha puesto al PSOE en la oposición, sino que el 22,66% de los votantes prefirieron a los socialistas. Y así sucesivamente.

La voluntad de los ciudadanos en su conjunto no es deducible de los votos (salvo quizá hubiera alguien alcanzado más de la mitad de los votos), la voluntad es una interpretación que supone un voluntad unitaria a un cuerpo electoral compuesto por millones de miembros.

Los ciudadanos no han puesto al PP en el gobierno y menos aún al PSOE en la oposición. Los ciudadanos han emitido sus votos y las posibilidad, estrategias y coyunturas políticas harán que cada uno esté en una sitio diferente. Es muy difícil decidir lo que quieren los españoles en su conjunto sobre el PP cuando el 66,97% no lo han votado y del PSOE cuando no lo ha hecho el 77,34%. El voto es para gobernar, no para nada más.

Rajoy debe ganarse la investidura

Parece que la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno es obligación de Ciudadanos, del PSOE, de Coalición Canaria o del mismísimo PNV. La investidura de Mariano Rajoy es responsabilidad de todo el mundo menos de Mariano Rajoy y del PP.

Nadie, nadie, salvo los diputados del Partido Popular, está obligado a votar a favor de Mariano Rajoy en la sesión de investidura.

La estrategia del Partido Popular es obvia y puede confundir a sus votantes y a sus bases sociales, pero estando a treinta y nueve escaños de la mayoría absoluta, clamar por el apoyo de los demás sin sentarse no es serio. En el PP piensan que lo peor, unas terceras elecciones, serían muy beneficiosas para ellos como lo han sido las segundas, pero el voto del miedo a Podemos ya no les funcionará a la hora de robarle voto a Ciudadanos.

Los demás partidos no deben hacerle el juego a Rajoy y deben obligarle a fajarse en las negociaciones, ofreciendo cosas serias y de verdad, y presentarse efectivamente a la investidura, aunque haya probabilidades de derrota. En todo caso los socialistas deben votar un “no” severo y rotundo a Rajoy, que quizá reencuentre en Podemos el aliado que tuvo en el primer semestre del año.

No es admisible que la presión sea sobre los que no se van a presentar, al menos en primera instancia, a la investidura.