Estado de Derecho Laboral

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El Estado de Derecho esencialmente no es otra cosa que todos, poderes y ciudadanos, cumplan con el ordenamiento jurídico y que en caso de incumplimiento se haga que la realidad se acomode a lo dispuesto por las normas. Que el Derecho sea ignorado es causa de la descomposición de un Estado y de los valores que dicen albergar y promover.

El Estado de Derecho no se consigue con su propia formulación. Debe haber instituciones que elaboren normas, instituciones que vigilen su cumplimiento y que las hagan cumplir por la fuerza en caso de ser necesario e instituciones que castiguen el incumplimiento. Si todo esto no pasa habrá un Derecho en el papel, un Derecho nominal y abstracto sin relación con la realidad a la que se dirige.

El Estado de Derecho tiene muchas facetas y en algunas puede ser fuerte y en otras débil. En España el Estado de Derecho en su faceta de Derecho Laboral va camino a ser papel mojado. Las instituciones encargadas de hacer normas las hacen (las Cortes y los ministerios) y los tribunales resuelven (con más celeridad que otros órdenes jurisdiccionales) los casos que se les presentan.

¿Qué sucede entonces para que hayamos llegado a que en materia laboral España sea un “estado fallido”?

Las normas se pueden cumplir de una forma espontánea, porque se perciben como correctas y todos o la mayoría pensamos que es mejor seguirla (circular con el coche por el lado indicado). También se pueden cumplir por miedo a las consecuencias negativas que se tendrán, siempre que superen a las positivas que posee no cumplir las normas.

La Inspección de Trabajo va camino de convertirse en una leyenda urbana o más bien en una leyenda laboral. El número de inspectores y subinspectores es reducidísimo para un país con la más de veinte millones de trabajadores y tienen unas competencias tan amplias que nada más el papeleo colapsa el servicio.

Da igual las normas que se dicten, tengan la orientación económica que tengan, porque vivimos en un mercado laboral tan asimétrico que los trabajadores tienen que aceptar como bueno prácticamente lo que sea. Que haya una buena porción de los trabajadores cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se cotice por menos horas de las que realmente se trabaja, que la remuneración no tenga que ver con las funciones que realmente se desempeñan o que el horario sea virtual es consecuencia de la absoluta dejadez en el cumplimiento del Derecho Laboral que caracteriza al poder ejecutivo.

El hecho de que haya tanto parados hace que se deprecie el valor del trabajo, sus condiciones y con estos el conjunto del Derecho Laboral. En estas condiciones solamente el poder coactivo del Estado puede conseguir que los mandatos de las normas sean efectivos. El Estado tiene que justificar su propia existencia haciendo cumplir, con todos los medios legítimos a su alcance, sus propias leyes y reglamentos, incluso los laborales.

La pérdida de sentido constitucional por parte de las autoridades que han renunciado, por la vía de la omisión, a la imposición imperativa y a que en el mercado de trabajo se retroceda a un estado de naturaleza más hobbesiano que rouseauniano.

El Estado Social de Derecho existe para que las normas equilibren las asimetrías que el normal desarrollo de las fuerzas sociales y económicas producen, existe para garantizar que en circunstancias como las que vivimos no se den los sucesos y abusos que se padecen habitualmente. El Estado Social de Derecho está en la definición que la Constitución da en España en su primer artículo, debiendo ser uno de los anclajes de nuestro país.

Los escasos efectos de la subida del SMI

smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

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El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

El PSOE y tomarse en serio a sí mismo

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Muchos dijimos que lo aprobado en el Congreso, la moción instando al Gobierno a que presentase un proyecto de Ley para derogar la “Ley Mordaza”, no tenía ningún efecto normativo y que esa Ley seguía perfectamente en vigor. Pese a lo que algunos decían, llevamos por el entusiasmo partidario y no por la realidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la decisión de dejar de hacer el ridículo en el Congreso y presentar una verdadera modificación normativa.

El hartazgo por esta política parlamentaria de votaciones jurídicamente irrelevantes y que solamente buscan el titular parece que, una vez expresado, ha causado mella en los dirigentes parlamentarios del PSOE. Es hora que dejen de buscarse los titulares y se hagan propuestas de verdad.

Reunir los votos para una moción que inste en abstracto a derogar una norma muy dudosa, es como aquello que dice R. Senserrich de estar a favor del bien y en contra del mal. Lo difícil es presentar una texto de regulación alternativa y poner de acuerdo a fuerzas tan dispares como Ciudadanos y Podemos, aunque al paso que vamos la Gran Coalición hará que PSOE y PP solamente tengan ojos los unos para los otros.

Las leyes se modifican con otras leyes y no con una sucesión delirante de textos no normativos. Daña al poco tiempo a los que se intentan beneficiar de esas “victorias”, pero también al Congreso porque se da a entender que se ha hecho algo, modificar una Ley, que no se ha hecho y se generan expectativas infundadas.

Unas elecciones poco competidas

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Todos sabemos que el pasado 8 de noviembre se celebraron las Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos de América. Ese mismo día se eligieron a los cuatrocientos treinta y cinco representantes de la Cámara de Representantes de los EEUU y a un tercio de los miembros del Senado Federal. En algunos estados se eligieron los gobernadores y otros cargos ejecutivos, judiciales, así como se renovó totalmente o en parte le legislatura estatal en buena parte de los estados. De camino también votaron un buen número de referendos.

El otro día tropecé casualmente con la página del Departamento de Estado de Georgia y allí, ya que estaba, pìnché sobre un tremendo banner que te llevaba a la página de los resultados del 8 de noviembre en las numerosas elecciones celebradas en ese estado. Y, pasadas las primeras elecciones, me sorprendió la cantidad tremenda de elecciones en las que solamente había un único candidato.

Hagamos un repaso.

1) Había tres candidatos presidenciales: Trump, Clinton y el libertario Johnson.

2) El escaño para el Senado que se renovaba tenía tres contendientes (republicano, demócrata y libertario). Ganó el candidato republicano, que era el senador en ejercicio.

3) Georgia elige catorce escaños en la Cámara de Representantes. Cinco de esos escaños se eligieron en distritos donde solamente había un candidato, cuatro republicanos y uno demócrata.

4) El Senado del estado de Georgia está compuesto por cincuenta y seis (56) senadores elegidos en distritos uninominales. De las cincuentas y seis elecciones por un escaño en el Senado estatal solamente fueron competidas en trece (13) distritos. De estas trece elecciones competidas en el Senado estatal nueve ganadas por los republicanos y cuatro por los demócratas. Solamente en dos de estas elecciones la diferencia entre vencedor y derrotado fue inferior al 10% de los votos.

Las elecciones al Senado estatal no fueron competidas en en cuarenta y tres (43) distritos donde solamente se presentó un solo canddiato. En las elecciones no competidas, veintinueve (29) eran en distritos únicamente con candidatos republicanos y catorce en distritos (14) con candidatos solamente demócratas.

5) Ciento ochenta (180) son los representantes de la Cámara de Representantes y se eligen en ciento ochenta (180) distritos uninominales. Noventa y ocho (98) republicanos y cincuenta (50) demócratas ganaron su escaños sin adversario el día de las elecciones.

Fueron competidos solamente treinta y dos (32) escaños. Los republicanos ganaron veintidós (22) y salvo cuatro todos con más de diez puntos de diferencia. Los demócratas ganaron diez de las elecciones comeptidas, siete de ellas con más de diez puntos de diferencia. De los ciento ochenta escaños, solamente siete fueron resueltos en unas elecciones “ajustadas”.

6) El estado de Georgia se divide en cuarenta y dos (42) circuitos judiciales, que se agrupan formando diez (10) distritos judiciales. En cada unos de los circuitos judiciales hay un fiscal del circuito elegido popularmente. Los republicanos ganaron veintinueve fiscales (29), los demócratas doce (12) y un independiente fue también elegido. Solamente en dos circuitos hubo elecciones con dos candidatos, ganando en una el candidato republicano por más de diez puntos y en otra el demócrata pero por menos de diez puntos.

7) El Distrito 2 (Este) tenía que elegir a su representante en la Public Service Comission: un candidato republicano y otro libertario. Ganó el republicano por más de diez puntos.

En resumen. En el estado Georgia se eligieron a doscientos noventa y cinco (295) puestos ejecutivos, judiciales y legislativos el 8 de noviembre. Solamente noventa y siete (97), esto es, el 32,88% fueron elecciones competitivas. De éstas únicamente once (11), el 3,73% terminaron con una diferencia inferior a los diez puntos entre el ganador y el derrotado, y entre ellas se contaba la elección del Presidente de los Estados Unidos.

Pensé si esto mismo ocurría en otros estados de otros contexto diferentes y mis dedos me dirigieron a la Secretaría de Estado de California. Las primarias en el estado de California se caracterizan porque el votante puede votar a cualquier candidato de cualquier partido, pasando a la Elección propiamente dicha los dos candidatos con más votos, aunque sean del mismo partido. Sucede así en todas las Elecciones salvo en la Presidenciales por un fallo del Tribunal Supremo.

1) En el estado de California hubo cinco candidatos a la Presidencia en la papeleta. La candidata demócrata consiguió no obstante hacerse con el 62,2 de los votos, más de treinta puntos y cuatro millones de votos por delante del candidato republicano.

2) Para el escaño del Senado que estaba en juego compitieron dos candidatas demócratas, ganando una con una diferencia del 23,8%.

3) California envía cincuenta y tres representantes del estado a la Cámara de Representantes. Los demócratas ganaron treinta y nueve (39) de los escaños frente a catorce (14) de los republicanos. Siete de las victorias demócratas fueron elecciones entre candidatos demócratas. Solamente seis escaños se resolvieron por una diferencia menor a los diez puntos porcentuales, llevándose tres de estos los republicanos y tres los demócratas, aunque uno de ellos era entre demócratas.

4) El Senado estatal renovaba la mitad de sus cuarenta escaños. Los demócratas ganaron en dieciséis ocasiones, cinco de ellas en luchas solamente entre candidatos demócratas. De las veinte elecciones al Senado estatal solamente cuatro tuvieron resultados con una diferencia menor al 10%: dos en elecciones entre demócratas, uno en el que ganó un demócrata a un republicano y otro un republicano a un demócrata.

5) La Asamblea del estado de California está compuesta por ochenta (80) representantes que han sido renovados en su totalidad. Los demócratas han ganado cincuenta y cinco (55) y los republicanos (25), de las cuales once han sido entre dos candidatos demócratas, cuatro entre dos candidatos republicanos y dos con un único candidato, el demócrata. De las setenta y cinco elecciones solamente doce han sido resueltas por una diferencia menos al 10%: siete entre un candidato republicano y otro demócrata (2-5 para los rojos), cuatro entre los dos candidatos demócratas y una entre dos candidatos republicanos.

6) De acuerdo con los datos de su página electoral de California se eligieron en el nivel estatal ciento noventa y tres cargos (55 cargos federales y 138 estatales). Treinta de esos cargos se resolvieron en elecciones con candidatos del mismo partido o con un solo candidato, lo que supone un 15,54%, que visto lo de Georgia no es demasiado. Pero si nos fijamos en cuántas elecciones arrojaron diferencias menos al 10%, límite de la “paliza”, sólo veintiuna tuvieron resultados ajustados (10,88%) y únicamente fueron trece las de resultado ajustado entre candidatos de diferentes partidos.

Y ahora seguimos nuestro muestro. Hemos visto un estado del Sur, otro de la Costa Oeste y nos vamos al Medio Oeste, al estado de Utah, de mayoría mormona.

1) El estado de Utah tuvo cinco candidato para la Preidencia en la papeleta. Ganó Trump quien, sin obtener más de la mitad de los votos, consiguió una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales sobre Clinton.

2) El senador republicano Lee renovó su mandato con más de cuarenta puntos porcentuales de diferencia sobre la candidatura demócrata. Utah manda cuatro representantes a esta Cámara del Congreso y los cuatro son republicanos elegidos por la diferencia superior al 10%.

3) El 8 de noviembre eligieron al Gobernador, al Fiscal General, al Auditor y al Tesorero del estado. Todos republicanos elegidos por más de diez puntos de diferencia con sus oponentes.

4) El senado estatal de Utah tiene veintinueve (29) escaños. Esta años se renovaron quince (15). Los republicanos ganaron catorce (14), tres de ellos sin contestación alguna y los que sí tuvieron candidatura contraria obtuvieron mayorías superiores al 10%. La única circunscripción senatorial ajustada, por debajo del 10%, fue el primer distrito ganado por el candidato demócrata.

5) La Asamblea del estado tiene setenta y cinco (75) escaños. El 8 de noviembre sesenta y cuatro (64) terminaron en manos de los republicanos, ganando once (11) como única candidatura y solamente cinco con márgenes de victoria inferiores al 10%. De los once (11) escaños de los demócratas, cinco (5) fueron incontestados y tres de estas victorias fueron por menos del 10% de ventaja.

6) Utah eligió a noventa (90) cargos ejecutivos y miembros de los legislativos. Solamente nueve (9), el 10% del total fueron elecciones “ajustadas” y diecinueve (19), que son el 21,11% del total, fueron elecciones con un solo candidato.

Y para terminar nuestra pequeña muestra nos vamos al estado de Nueva York.

1) Los demócratas ganaron con amplia diferencia en Nueva York tanto en la elección del Presidente como la del Senador en Washington. De los veintisiete (27) representantes del estado en el Congreso dieciocho fueron para los demócratas y nueve para los republicanos. Solamente cuatro (49 elecciones se resolvieron con diferencias menores al 10%, siendo dos favorables a los demócratas y dos favorables a los republicanos.

2) El Senado del estado está compuesto por sesenta y tres (63) miembros. Quince (15)  elecciones se resolvieron con un solo candidato (siete para republicanos y ocho para demócratas) y solamente cinco distritos dieron resultados con diferencias menores al 10% (dos ganados por demócratas y tres por republicanos).

3) La Asamblea del estado de Nueva York está compuesta por ciento cincuenta (150) miembros. cuarenta y cinco (45) escaños fueron a parar a los republicanos, que consiguieron diecisiete (17) de estos con candidatura en contra. Ciento cinco (105) los ganaron los demócratas que se hicieron con treinta y ocho (38) sin contestación. De todas estas elecciones, únicamente en siete distritos (cuatro para demócratas y tres para republicanos) las diferencias fueron menores al 10%. En doce distritos se presentaron candidatos del Partido Conservador en vez de candidatos republicanos.

4) Finalmente se celebraron elecciones para el Tribunal Supremo de Nueva York. Había treinta y ocho puestos pendientes de elección en diez distritos judiciales. Los candidatos normalmente están nominados por varios partidos, incluso por los dos más importantes. Más que entrar en detalles quiero indicar que solamente seis (6) de estos jueces fueron elegidos en elecciones con un resultado menos al 10% de diferencia. Incluso once (11) fueron elegidos en única candidatura, número que se puede elevar a diecisiete (17) si se tiene en cuenta que el candidato conservador del distrito judicial 2º era puramente nominal.

5) Los neoyorkinos elegieron ciento ochenta (180) cargos judiciales, ejecutivos y legislativos. Veinte (20) puestos fueron elegidos con menos del 10% de diferencia sobre el primer derrotado, lo que es un 21,55%.

DESPUÉS de este paseo uno se queda con mal sabor de boca.  Se elige mucho y con el sistema mayoritario uninominal, que se supone que vincula al elegido más a los electores, y hay una cantidad obscena de únicos candidatos y que victoria arrolladoras. Espanta de las urnas a los que saben que no van a ganar. Muy pocas elecciones son realmente competidas.

Se ve la manos del diseño de la circunscripciones, de la división “urbanística” de la población y se huele que siguen siendo los partidos los que controlan la posibilidad de acceder a ser candidato especialmente en las legislaturas estatales. El cambio de posición política, especialmente en los estados es muy difícil si no directamente imposible.

 

Teoría de la olla a presión

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La serie “El Príncipe” fue un éxito en Telecinco. Cuando se estrenó la primera temporada vivía en Ceuta y recuerdo la preocupación social e institucional en torno a la imagen que de la ciudad se iba a proyectar ante todo el país, aunque fuera una serie de ficción.

Todo el mundo se temía lo peor, lo real, y la serie de Telecinco era una versión amilbarada de la realidad, por más que fue de Ceuta se pensase de que era un retrato duro y realista. Un compañero de trabajo, tomando en sus mano el periódico local “El Faro de Ceuta” mostraba como las noticias de ese 4 de febrero de 2014 eran peores que lo mostrado en el primer episodio.

La serie partía de un supuesto irreal: la existencia de una Comisaría de la Policía Nacional en ese barrio. La verdad que allí no hay ningún establecimiento permanente ni de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía Local. Los servicios de bomberos y de ambulancias suben con temos y en muchas ocasiones son apedreados. El grado de control efectivo del Estado sobre ese territorio es escaso.

Este caso no es privativo, ni mucho menos, de Ceuta, aunque lo utilicemos de ejemplo dada su popularidad gracias a la televisión.

En muchas ciudades hay un barrio, o varios, en los que el Estado es un Estado fallido. Muchas personas lo justifican diciendo que no tiene importancia “que se maten entre ellos”. De esta forma hay un territorio vacío y otros poderes alternativos al poder del Estado se instalan y operan. Al principio hasta parecerá que abandonar territorio y replegarse ha sido una buena idea. Muchos estarán contentos por no jugarse el tipo dentro de esas zonas.

Pero los poderes que se instalan en esos espacios vacíos no son poderes conservadores, sino poderes expansivos. Emplean el espacio vacío como territorio para reclutar, organizarse, entrenarse, guarecerse, esconderse, descansar y almacenar sin ningún tipo de perturbación. Desde esa base segura podrán lanzar sus ataques a donde quieran.

La idea de que abandonando un espacio y permitir que ese espacio sea una incontrolada olla a presión se resuelve algo, ignora el sencillo hecho de que la olla a presión explotará y las consecuencias serán peores, porque ya no se podrá volver sencillamente a controlar un territorio, sino que habrá que reconquistarlo.

El pasado día 20 de noviembre en El Español publicaron una entrevista al alcalde Malinas (Bélgica), que por lo visto es la única ciudad importante del país que no visto salir a sus jóvenes para unirse al ISIS. Y lo primero que decía este alcalde sobre la estrategia que habían seguido era que el Estado de Derecho se aplicaba en todo el municipio, que ni la policía ni los demás servicios habían sido retirados de ninguna parte.

Un buen contraejemplo a lo que es una práctica demasiado habitual de muchas autoridades.

 

Interpretando a Trump

Los miles de concienzudos análisis sobre qué ha cambiado para que un país que eligió a Obama hace ocho años, elija a Trump ahora, parten de un error fundamental: la mayoría de los votantes han elegido a Clinton y la ventaja de la candidata demócrata va por los dos millones de votos. Nunca hay que olvidar que en voto popular los demócratas han ganado todas las Elecciones Presidenciales desde 1992, con la excepción 2004.

Esto es electoralmente irrelevante, por sabemos que al Presidente lo elige el Colegio Electoral, pero a la hora de hacer análisis sociales no hay que perderlo de vista. Más que hablar de un país, hay que hablar sobre qué ha cambiado en los estados que votaron a Obama y ahora lo hicieron por Trump.

Donald Trump no es tonto y sabe que si bien la legitimidad constitucional de su elección no va a ser contestada, la legitimidad social sí lo será y se le recordará que él es solamente el Presidente de una minoría de los votantes. Y esto parece que no lo termina de encajar bien.

En uno de los cientos de reportajes que hemos podido leer estos días sobre la “América de Trump”, un reportero que le siguió en la campaña (no recuerda cuál ni de qué medio) reproducía las palabras de una seguidora que decía cómo los votantes y los entusiastas republicanos reinterpretaban las barbaridades de Trump, esto es, como el “muro con México” se transformaba en sus mentes en una política anti-inmigratoria muy dura, por ejemplo.

¿Qué quiere decir Trump cuando indica que hubiera ganado en voto popular si no hubiera sido por los millones de votos ilegales?

Quizá él quiere decir lo que dijo, pero lo captado por sus seguidores y votantes puede que sea mucho peor. Un fraude de millones de votos es indisimulable, de forma que hay algo más.

Lo que se recibe de las palabras de Trump es que Clinton gana el voto popular porque recibe el apoyo de votantes que no deberían poder votar, a los que se les ha regalado la nacionalidad y que votan no como estadounidense sino como mexicanos, salvadoreños o lo que sea con derecho a votos en los Estados Unidos. Lo más terrible de las palabras de Trump es que permiten inferir que hay votos mejores y peores, de más calidad y de menos calidad, y que si solamente se tuvieran en cuenta los “votos que deben ser tenidos en cuenta” Trump, y los que son como él, siempre ganarían.

 

Una autoridad electoral independiente dentro de los partidos

le-republicainsUno de los elementos más destacados en las primarias de Los Republicanos en Francia ha sido que la organización y la vigilancia del proceso electoral ha sido confiado a una entidad independiente, externa a la organización del partido. Tras anteriores procesos en los que las sospechas y acusaciones de fraude electoral habían sido la característica propia, el partido ha decidido garantizar la neutralidad de la autoridad electoral.

No sabemos si los barones dejarán participar a los militantes en la elección del secretario general del PSOE, pero si lo hacen las normas electorales deberían cambiar, porque no cumple con ninguna garantía democrática que la organización, el control y la supervisión quede en manos de órganos internos comprometidos con la candidatura de Susana Díaz.

Los procesos internos en los partidos difícilmente cumplan las mínimas exigencias de limpieza, precisamente porque no existe una autoridad electoral independiente. Alguno puede objetar que se duda en la honorabilidad de la Gestora, pero como hacemos en el legislación electoral es mejor no lamentar la equivocación y no ponemos la decisión en manos del Gobierno, sino de Juntas Electorales independientes e imparciales.

La segunda cuestión que empaña los procesos electorales internos es el censo. A los ajenos al mundillo del PSOE le parecerá algo raro, pero el control de los censos es un elemento de poder fundamental por parte de los aparatos en todos los niveles territoriales.

Solamente pueden participar los militantes al corrientes del pago de las cuotas, de forma que saber quién cumple esa condición y quién es fundamental, porque hay personas que están convencidas que pueden votar y resulta que, por lo que sea, no consta su última cuota. Pero también hay militantes al corriente de los pagos que no conoce nadie, que solamente aparecen en una asamblea cuando hay una votación reñida y desaparecen, de modo que solamente los que saben de su existencia puede ponerse en contacto con ellos durante la campaña. Además el proceso de afiliación es proceloso, de forma que hay personas que se creen afiliadas y que no lo están porque alguien olvidó su ficha en un cajón o lo que sea.

Nuestro sistema político, tras la experiencia de la Guerra Civil y el Régimen posterior, en el que se emplearon los archivos y censos de los partidos para todo tipo de represión política, ha sido enormemente prudente a la hora de proteger los datos de las personas afiliadas a un partido político. Pero esta protección paga el grave precio de que solamente instancias no neutrales controlan esos datos, fundamentales a la hora de recabar avales, hacer una campaña interna o simplemente controlar que votan los que deben votar.

Los partidos podrían establecer, juntos o por separados, autoridades electorales y censales que no dependan de la estructura de los partidos y que haga que todos los contendientes electorales tenga igualdad de armas. Lo acertado sería contratar a expertos independientes y dotarles de un presupuesto y personal para desarrollar su labor. Pero quizá esto sea demasiado pedir a quienes aprovechan su ventaja administrativa para convertirla eficazmente en ventaja política.