La Justicia y Justicia. A propósito de un niño llamado Lobo

Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

Los papeles de un Lobby

Algo he leído de los documentos filtrados desde la Fundación de Soros, así como algunas entradas y artículos sobre su contenido. La verdad es que me parece la “revelación chorra” de la década.

Soros tiene una Fundación que tiene como misión pública defender determinados valores (democráticos y decentes) dentro de diferentes Estados y de la Unión Europea. Soros ve con malos ojos al Presidente Putin y su Fundación también explora los cauces institucionales para que las sociedades sean consciente de lo que él considera una amenaza.

Hasta ahora no he leído nada que no sea ni legal ni la actividad propia de un lobby. Tener informes sobre partidos, medios de comunicación y diputados haciendo valoraciones de la cercanía a sus posiciones, no es nada del otro mundo. Esta filtración, como las de los correos del Partido Demócrata en EEUU, siempre “daña” a los no poco enemigos del Presidente Putin

No es no y la liquidación de Podemos

La Gran Coalición ha sido una de los grandes temas de campaña de Podemos contra el PSOE tras las Elecciones Europeas de 2014. Han vendido a su electorado la certidumbre de que el PSOE terminaría apoyando al PP cuando fuese necesario. El hecho de haber ido a unas segundas Elecciones no les ha hecho cambiar de tema porque es una clave de estrategia política y no tiene nada que ver con la verdad.

Nunca ha tenido más fácil el PSOE apoyar al PP; nunca hay más gente y medios dispuestos a aplaudir el suicidio del PSOE, pero lo que está siendo claro es que el PSOE se está manteniendo firme en el compromiso adoptado y no habrá ninguna forma de Gran Coalición.

El tema de propaganda de Podemos es inmantenible. El PSOE puede decir a los muchos electores de un Podemos en liquidación que pueden votar a los soclialistas en la completa seguridad de que no van a terminar permitiendo que Rajoy sea reelegido. Y tienen hechos para probarlo.

Y luego vendrán con sesudos artículos

El Partido Popular y todo los medios que le apoyan, prácticamente todos, siguen con su campaña de presión sobre los socialistas para conseguir que consientan en la investidura de Mariano Rajoy. Lo último ha sido la petición de votar “con la nariz tapada” que ha hecho uno de los portavoces de Ciudadanos.

En una época que se denomina “democracia de audiencia” el voto es general y no tanto a cada punto programático, pero hay puntos claves que un partido no puede ignorar sin faltar a sus votantes.

El PSOE dijo una y otra vez que no permitiría la investidura de Mariano Rajoy con sus votos o con la abstención de sus diputados. Si el PSOE no cumple esta promesa capital, estará quebrantando la representación de sus electores le otorgaron y estos harán muy bien en retirarle su confianza en las próximas convocatorias.

Vendrán sesudos artículos de intelectuales reflexionando entonces sobre la crisis de la Socialdemocracia, sobre la crisis de la representatividad y del modelo electoral, se lamenterán cínicamente de lo sucedido y se harán preguntas irrelevantes para no hablar de la verdadera causa que ellos apadrinaron.

El PSOE se debe a sus electores y de sus electores tienen el mandato de no permitir, en la medida de sus posibilidades, que Mariano Rajoy sea Presidente.

Si solamente fueran los Juegos Olímpicos

Hace unos días en Eurosport se publicaba una demoledora crítica a la retransmisión que TVE está realizando de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde la falta de periodistas verdaderamente conocedores en cada una de las disciplinas hace que muchas veces todo suene a imitación de locutor argentina de fútbol con grandes dosis de cuñadismo.

Si es alucinante que TVE no encuentre a personas con conocimientos en cada disciplina deportiva que sean capaces de hacer una locución solvente, lo tremendo es encontrar medios que informando de la actualidad política, lo de todos los días, cometan una y otra vez errores.

Anunciaba eldiario.es que EH Bildu presenta ante la Junta Electoral sus listas con Arnaldo Otegi como candidato a Lehendakari.

Lo que se presentan antes las Juntas Electorales (se presenta ante la Junta de cada Territorio Histórico – art. 50 de la Ley Electoral del País Vasco- de aquí el plural) no son listas con un candidato a Lehendakari, sino listas con los candidatos a diputados en cada una de las tres provincias vascas. De hecho el candidato a Lehendakari es algo “moral”, dado que no se es candidato hasta que no se adquiere tal condición de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Gobierno del País Vasco.

Parecerá algo muy quisquilloso, pero es muestra de la falta de especialización a la que las empresas periodística someten a sus profesionales y a la consecuente menos calidad que ofrecen a sus telespectadores, oyentes y lectores.

Encerrona al PSOE

El Partido Popular y su armada mediática hablan de responsabilidad y sentido de Estado a lo que no es más que investir Presidente a alguien que presuntamente cobraba sobresueldos de la caja B del partido que presidía. Pero, además de una estrategia fijada en la Presidencia y no en los españoles, tiene una carga de futuro contra el PSOE.

Si el PSOE de alguna forma facilita la investidura de Mariano Rajoy se encontrará inhabilitado para hacer cualquier oposición, porque compartió e hizo posible el pecado original: la Presidencia del presunto cobrador de sobresueldos. Y además desde su izquierda podrán atacarle continuamente de que votar al PSOE no sirve para otra cosa que para que la derecha siga gobernando.

Una encerrona donde el PSOE pierde o pierde. La única estrategia vencedora para el PSOE y para los españoles es decir no a la investidura de Mariano Rajoy.

Mecanismos constitucionales y políticos para evitar un gobierno parlamentario

Están apareciendo numerosos artículos, especialmente en El País, donde se quiere convencer al PSOE y a los socialistas de las bondades de la oposición y de todo lo que se puede hacer fuera del Gobierno, de manera que lo mejor que se puede hacer es dejar que Mariano Rajoy sea investido Presidente del Gobierno.

Nuestro sistema constitucional está lleno de mecanismos que evitan el Gobierno del Parlamento. Se da la impresión de que una oposición con mayoría en el Congreso, si quiere, puede hacer bailar al Gobierno a su ritmo, cuestión política y jurídicamente difícil. Se quiere convencer a los socialistas de la posibilidad de liderar una gran reforma social desde la oposición y solamente se ponen ejemplo de reformas lideradas por gobiernos en minoría.

Mecanismos constitucionales

Sin dinero no hay decisión política posible, de forma que si alguna política no tiene respaldo presupuestario, es imposible que sea puesta en marcha.

Es el Gobierno y solamente el Gobierno el único que tiene legitimación constitucional para presentar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). A las Cortes les queda el papel de aprobar, no aprobar y enmendar. Las enmiendas a la LPGE están sumamente limitadas, ya que solamente se pueden incrementar un gasto cuando se proponen una disminución de la misma cuantía dentro de la misma sección presupuestaria (ministerios, organismos constitucionales, Deuda Pública, Seguridad Social, etc), de modo que no es posible, por ejemplo, disminuir el gasto del Ministerio de Agricultura para, con ese dinero, incrementar el de Industria.

El hecho de no aprobar la LPGE es relevante, pero no crea un abismo, ya que la Constitución prevé la prórroga de los presupuestos del año anterior, de modo que lo sustancial está cubierto. Comenzamos el año 2012 con unos presupuestos prorrogados y el Principado de Asturias ha estado unos añitos en la misma situación. No es la situación deseable y creo firmemente que Mariano Rajoy no piensa ni de lejos dimitir porque alguna vez le tiren la LPGE, antes bien culpará a los demás y de camino le sacará rédito electoral.

El Gobierno tiene un margen muy amplio para la modificación presupuestaria y solamente tres supuestos tienen que ser tramitados mediante proyecto de Ley y no siempre, ya que el Gobierno puede recurrir al Real Decreto-Ley y no convalidar un Real Decreto-Ley en materia de gastos que se califican de extraordinaria y urgente necesidad no es plato que nadie quiera.

Cualquier proposición de Ley de los diputados o cualquier enmienda a una Ley en trámite, si implica incremento de gasto, debe tener la conformidad del Gobierno. Mientras tanto ninguna iniciativa legislativa del Gobierno que implique incremento de gasto tiene especiales cortapisas. ¿Qué quiere decir esto? Algo tan sencillo que si PSOE, Podemos y Ciudadanos se ponen de acuerdo para aprobar una ley de, por decir algo, renta de inserción el Gobierno puede vetar su trámite al considerar que incrementa el gasto público. Y se acabó la iniciativa.

El Presidente del Gobierno siempre retiene la posibilidad convocar Elecciones a las Cortes Generales si la situación electoral es propicia y si está muy harto de la oposición. Las coaliciones de oposición no son de gusto de los electores, como sucedió en la pinza entre el PP e IU en Andalucía de 1994 a 1996.

Constitucionalmente al Gobierno le corresponde la potestad reglamentaria, esto es, dictar las normas suficiente para aplicar una Ley. La idea de que una Ley ha de ser general ha sido abandonada desde hace décadas y muchas de las normas con rango legal tienen una extensión y entran en detalles propios de los reglamentos.

Es cierto que en España solamente hay determinadas materias reservadas a la Ley (reserva de Ley), pero no hay materias reservadas al reglamento (como en Francia) y así ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional (SSTC 5/1981, 60/1986 73/2000, y 104/2000 y 332/2005) pese a reconocer que hay detalles impropios de las leyes en una plano técnico (SSTC 76/1983, 77/1985 y 104/2000). Pero la eliminación de la posibilidad de desarrollo reglamentario, además de técnicamente muy compleja, sí podría tener problemas de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución.

Mecanismos políticos

La oposición no es una. Está formada por partidos de extrema izquierda, izquierda, socialdemócratas, liberales y partidos nacionalistas tanto a la izquierda como a la derecha. Una acción de la oposición que llegue a la mayoría absoluta requeriría el acuerdo entre socialistas, podemitas y ciudadanitas, un acuerdo que no fue posible para investir a un Presidente y que podría darse aunque ocasionalmente.

Lo normal es que el PP y Ciudadanos pacten las leyes centrales y luego los de Rivera intenten cierto margen de acción para demostrar que fiscalizan con gran contundencia al Gobierno y que, de vez en cuando, le imponen algo. Pero lo esencial estará asegurado y capitalizado para el PP. Rajoy no tendría que temer nunca una moción de censura, porque la XI Legislatura mostró lo complicado que era que estos tres partidos se pusieran de acuerdo en torno a un candidato común .

La oposición no tiene medios para fiscalizar correctamente al Gobierno. Los reglamentos del Congreso y del Senado facultan a los diputados y senadores a pedir información o hacer preguntas, pero allí queda todo, no hay plazos, ni satisfacción, ni sanciones por no cumplir.

Quien quiera conocer las cuitas de un diputado del Grupo Mixto tiene que leerse las memorias de Labordeta y los mil problemas que tenían para acceder a la documentación. Cuenta lo que les costó acceder a las memorias técnicas del Plan Hidrológico Nacional y en las terribles restricciones de tiempo en las que lo hicieron.

Incluso en el caso de que el Gobierno sea generoso en la documentación solicitada y la entregue en poco tiempo, queda procesarla. Los Grupos Parlamentarios tienen poca dotación de personal de apoyo a los diputados y senadores (la mayoría son eventuales de los grupos C y D con esas remuneraciones y que no siempre se han utilizado bien), ni tampoco hay en las Cortes unidades de apoyo técnico a los legisladores para hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria o para evaluar los proyectos entre otras mil cosas.

No es fácil controlar a un alcalde, imaginaos con un Presidente del Gobierno. El Parlamento carece de medios para hacerlo efectivamente, de modo que decir que el control será más estrecho es una fantasía sobre todo cuando la medida más drástica, la moción de censura, es impracticable.

El Gobierno gobierna; el legislativo legisla; los jueces juzgan

La teoría de la división de poderes que ha inspirado a las democracias liberales como la nuestra tiene claro que a cada poder le corresponde una función específica. Es cierto que cada día el Gobierno legisla y juzga más, pero ello no hace bueno la pretensión de gobernar desde el poder legislativo. Si Albert Rivera quiere gobernar, que entre en el Gobierno de Mariano Rajoy, como aceptó el Gobierno que pudo ser de Pedro Sánchez.