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Archive for 31 octubre 2020

Los dirigentes nacionales de los populares situaron a las fiestas navideñas como el límite temporal del estado de alarma. Casado y los suyos querían hacer del PP el partido pro-navidades frente a la coalición de gobierno y los partidos que han apoyado la prórroga de la alarma que serían los anti-navidades. La innovación había llegado a crear una nueva dicotomía política en torno a las celebraciones de diciembre.

Parece que las propuestas en este sentido de los populares se han ido disolviendo desde la aprobación de la prórroga por el Congreso, mientras varios presidentes autonómicos del Partido Popular están tomando severas medidas para contener la pandemia en sus respectivos territorios.

Pero como a los populares les encantan estas luchas sobre nimiedades es conveniente recordar alguna cosa. Tras las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy fracasó en su primer intento de ser investido y los relojes para la convocatoria automática de las elecciones se pusieron en marcha el 31 de agosto de 2016. Dos meses tras esa primera votación y habrían nuevas elecciones.

Comenzó una profunda guerra sucia con la connivencia del Felipismo en el PSOE, guerra que fue su final, para que los socialistas facilitasen una investidura forzada de Rajoy para tener el gobierno más débil de la democracia, un gobierno que cayó en mayo de 2018 en manos de la misma mayoría absoluta que le hizo perder incluso la primera votación de la segunda investidura.

Mariano Rajoy y Ana Pastor, entonces presidenta del Congreso, fijaron el 31 de agosto de 2016 como fecha para la primera votación. Si Rajoy no lograba la investidura el plazo de dos meses vencería el 1 de noviembre y el día quincuagésimo cuarto (art. 42.1 LOREG) posterior a la convocatoria era el domingo, 25 de diciembre de 2016.

El Partido Popular preparó la celebración de elecciones generales el día de Navidad como uno de sus mecanismos de presión para conseguir los votos necesarios para la investidura. Aquí vemos el nacimiento del partido pro-navidades con el argumento de o me invistes o tendréis que votar con el mantecado en la boca.

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Es cierto que viendo los populares que el hecho de tener que votar el 25 de diciembre por la elección de fechas, se le podía volver en contra presentaron una proposición de Ley Orgánica, apoyada por todas las fuerzas, para que las elecciones fueran el 18 de diciembre, también domingo.

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Una de las acusaciones más comunes que se emplean actualmente es que un partido, otro o el de más allá ha votado con Bildu, lo que no es más que su voto ha sido el mismo que el de los diputados de Bildu. La última vez que escuchamos esa afirmación fue en boca a los portavoces voxeros para atacar el voto en contra de los populares en la moción de censura que anunciaron en julio y defendieron a final de octubre.

Se juega a propósito a confundir lo que es votar de acuerdo con Bildu con coincidir en el voto con Bildu. Votar de acuerdo con Bildu es lo que hacía Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria, porque el voto era fruto de una negociación previa. Votar de forma coincidente con Bildu es algo que sucede habitualmente a todos los partidos entre otras cosas porque en las cámaras legislativas o locales las opciones de voto son tres (a favor, en contra y abstención). Cualquier partido puede coincidir con Bildu, sin votar con Bildu.

La estupidez de este argumento es tan grande que si los otros partidos, incluso Vox, se lo tomaran en serio estarían condicionando su voto en todos los asuntos a la decisión previa de Bildu, de modo que para no votar con Bildu habría que votar otra cosa independientemente de lo que se considere mejor, por ejemplo, si Bildu vota en contra de un proyecto de Ley, habría que abstenerse o votar a favor simplemente para distinguirse. Bildu podría así decidir todo lo que se apruebe en cualquier institución donde esté presente.

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Desde hace unos años el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a prestar un servicio público esencial para garantizar la seguridad jurídica, que no es otro que ofrece a todos los ciudadanos el acceso a texto normativos consolidados, es decir, a la situación en la que queda una norma después de su modificación.

Tradicionalmente este servicio lo han desarrollado editoriales privadas que cada septiembre publicaban textos normativos con las modificaciones aprobadas desde septiembre del año anterior. De vez en cuando las Cortes otorgaban al ejecutivo de la pertinente delegación legislativa para poder aprobar un texto refundido por medio de un Decreto-Legislativo y se poseía de nuevo un texto oficial actualizado.

Aunque el BOE ha ido extendiendo la publicación de normas consolidadas e, incluso, la ha llevado a las normas autonómicas que han de publicarse en el BOE, no ha habido un comportamiento parejo en otras administraciones, algo especialmente lamentable en la situación de emergencia que vivimos, donde no solamente hay una gran producción normativa, sino que las normas se modifican a los pocos días de dictarse.

Un ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía, cuyo boletín oficial (BOJA), no ha acometido la puesta a disposición de la ciudadanía de la normativa autonómica consolidada.

El viernes 23 de octubre, el BOJA publicó su número extraordinario 68 del presente año. En la primera sección, disposiciones generales, publica la siguiente una orden del consejero de Salud y Familias con el siguiente título:

Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar [m]edidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas.

El texto es un continuo “se modifica” o “se añade” que no permite a nadie hacerse una idea de cómo queda el texto normativo modificado. ¿Estaría de más, en vez de modificar de esta forma, aprobar dos órdenes que incoporen las modificaciones o hacer que el boletín haga los textos consolidados? De este modo se satisface formalmente la publicidad, pero no materialmente y mucho menos se salvaguarda la seguridad jurídica.

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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sido uno de los órganos judiciales que en más ocasiones ha rechazado ratificar o ha ratificado decisiones de no ratificación de las medidas que les eran presentadas por las autoridades sanitarias aragonesas.

A lo largo de este mes de octubre el Gobierno de Aragón ha aprobado dos normas con rango de Ley con normas y medidas para el control de la pandemia de Covid-19. El primero de ellos´, el Decreto-Ley 7/2020 de 19 de octubre, establece el régimen jurídico de actuación para las autoridades aragonesas, un régimen que aunque temporal, puede no estar conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la imposibilidad de establecer regímenes indefinidos por medio de Decreto-Ley.

Pero lo más preocupante de este Decreto-Ley es su artículo 34 que habilita a confinar por medio de norma reglamentario o con rango de Ley. ¿Cuál es el problema? Pues que un confinamiento por medio de una norma con rango de Ley no es revisable por parte de los tribunales, sino solamente es competencia del Tribunal Constitucional.

De conformidad con el artículo 34 se dictó el confinamiento de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza por medio del Decreto-Ley 8/2020, de 21 de octubre.

Las exposiciones de motivos de ambos Decretos-Leyes se esfuerzan en fundamentar sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la modulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, prescindiendo eso sí de mencionar el artículo 86.1 de la Constitución que reza:

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

O el artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía para Aragón:

En caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Y se puede jugar con las palabras lo que se quiera, pero un confinamiento perimetral no es una modulación.

La imposibilidad, hasta hace unos días, de tener en vigor el instrumento jurídico adecuado, que es el estado de alarma, ha hecho aparecer monstruos normativos como los señalados en la presente entrada. No son los únicos, pero recurrir al Decreto-Ley para aprobar medidas especiales para algunos municipios está entre lo más desviado que se ha visto.

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Las palabras molestan, mientras que las realidades denotadas o creadas por esas palabras no molestan.

Un sector político y social ha hecho de “estado de alarma” algo abominable, sinónimo de opresión y de tiranía sin límites. Cuando quieren establecer medidas para frenar la pandemia del Covid-19 se refieren a las mismas medidas que estarían bajo un estado de alarma, pero sin ese nombre. Lo mismo sucede con “toque de queda”. En el Derecho las palabras son importante, porque crean realidades, no las describen.

Ese sector quiere crear un tercer género, entre lo normal y lo excepcional, que tengan las virtualidades de lo extraordinario pero con denominación de ordinario, es decir, quiere aprobar leyes ordinarias y orgánicas que establezcan medidas propias del Derecho de excepción, sin el instrumento constitucional del Derecho de excepción, que en este caso es el estado de alarma.

El problema que tiene esta postura, que podríamos calificar como “estado de alarma sin estado de alarma”, es que es inconstitucional. Nuestro ordenamiento constitucional no da lugar a estados intermedios entre lo normal y lo excepcional, entre lo ordinario y lo extraordinario. Crear situaciones excepcionales con normativa ordinaria vaciaría de sentido y contenido a los estados especiales.

En este sentido se han venido pronunciando algunos tribunales superiores de Justicia (País Vasco, Aragón y Madrid a escondidas) al decir que las leyes ordinarias u orgánicas tienen límites en lo referente a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que solamente pueden ser transgredidos por medio de un estado especial. Una tendencia  judicial que comenzaba a desbordarse.

No es que no haya ley habilitante, es que no puede haberla.

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Todas las semanas hay artículos y comentarios en los medios de comunicación sobre las dificultades parlamentarias del gobierno, el cual al no poseer mayoría absoluta se ve precisado de pactar todas sus iniciativas con grupos ajenos al ejecutivo. Naturalmente hay un no pequeño grupo de opinadores que mantienen que este gobierno es el más débil de la democracia, uniéndose al eslogan tipo “este gobierno es el más/menos [elíjase lo que se quiera] de [elíjase el periodo temporal que se desee]”.

Es gobierno tiene una innegable debilidad parlamentaria, pero ¿es el más débil? Sin lugar a dudas no lo es. E gobierno más débil de la democracia fue el presidido por Mariano Rajoy desde 2016 a 2018.

Fue un presidente que obtuvo la investidura en unas circunstancias que, como poco, deben ser calificadas de especiales. Parecía que iba a poder prosperar con el tiempo, manejando una aritmética variable, aunque comenzó no cumpliendo el acuerdo de investidura con Rivera (a él no le importó nada).

Consiguió aprobar los Presupuestos, un hito, pero el problema surgió cuando tuvo que renovar la confianza de la cámara, aquella que le había llegado de modo sospechoso. Con unas nuevas circunstancias

sencillamente no pudo hacerlo.

La mayor debilidad es perder el poder en una votación y eso únicamente ha sucedido una vez.

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Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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El otro día hablaba del ruido, que es ese contante goteo de noticias sin recorrido y casi sin importancia para crear una sensanción diario de descontrol. Una noticia que ejemplariza esa estrategia de ruido es una que El Independiente que da cuenta de que el precio de almacenamiento de una gran cantidad de gel hidroalcohólico supera el precio de compra.

La mentalidad que expresa este titular es que tener una reserva de artículos como el gel, las mascarillas y los EPIs es un despilfarro, porque se paga más almacenarlos que lo que cuenta comprarlos. Cuando un producto se obtiene normalmente a bajo precio, es cierto lo anterior, pero ello no quiere decir que no se deba hacer.

En condiciones normales los proveedores sanitarios mantienen un suministro regular y no hace falta una gran reserva, pero en marzo nos dimos cuenta de que cuando es imposible mantener el suministro regular haber tenido una reserva no hubiera sido tan mala idea.

La reserva parecen improductivas y costosas, porque lo son, pero mucho más costoso es no tenerlas y necesitarlas y mandar a miles de sanitarios a atender a decenas de miles de pacientes Covid encueltos en bolsas de basura.

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Santiago Abascal y su nueva acólita, Cayetana Álvarez de Toledo, se lamentan de los ataques personales que Pablo Casado dirigió al líder de Vox en la segunda jornada del debate de la moción de censura presentada por la formación extremista.

Los ataques personales son lamentables, pero primero hay que ver si se trataron de ataques personales y de legítima crítica política.

Santiago Abascal era el candidato a la Presidencia del Gobierno propuesto por los diputados firmantes de la moción de censura. Por tanto su figura política podía y debía ser evaluada ya que una censura constructiva es tanto examen del gobierno presente como del candidato propuesto, en concreto de sus cualidades políticas.

Dentro de las cualidades políticas de un candidato es lógico que se valoren los puestos y cargos desempeñados previamente y los éxitos logrados en ellos, si los hubiere. Esto fue lo que hizo Casado, revisar la trayectoria política de Santiago Abascal cuando era un cuadro del Partido Popular y lamentarse del poco rendimiento de Abascal y de la poca exigencia de su partido.

Las críticas políticas pueden tocar a la persona, sin convertirse en críticas personales. Y es ridículo que una persona, como Abascal, que ha estado todo el mes de octubre dando avisos y diciendo que se acaban no sabemos qué impunidades, se ponga a llorar cuando desde la tribuna del Congreso sus antiguos compañeros muestran su pasada ineficiencia a la desempeñar responsabilidades.

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Parece que solamente los socialistas saben sacar provecho a las mociones de censura. Según cuentan hace cuarenta sirvió para presentar a Felipe González como un reformista sensato y no como un peligroso revolucionario, pese a ser rechaza la censura. En 2018 el también socialista Pedro Sánchez presenta la primera moción de censura que prospera y consigue la investidura del Congreso y el cese, por censura, del presidente Mariano Rajoy.

Los días 21 y 22 de octubre de 2020 hemos vivido la quinta moción de censura de la democracia. Ésta puede ser una valoración en varios puntos:

Vox ha hecho el ridículo y no sólo porque la moción no tuviera posibilidad de aprobarse, sino que no ha hecho nada para ello, ni ha hablado con ningún grupo parlamentario.

Vox ha hecho el ridículo porque han ido con un candidato sin prestigio, después de ser rechazados no se sabe las veces por sus “candidatos de prestigio”.

Vox ha hecho el ridículo porque no preparó las intervenciones ni un programa de gobierno. Las sesiones parlamentarias suelen ser aburridas, pero los diputados y senadores suelen preparar sus intervenciones y con especial esmero cuando es un debate relevante. Las dos intervenciones, la del diputado Gamarra y las del candidato Abascal, han sido malas y toda preparación da la impresión que ha sido una recopilación de material de ínfima de calidad de foros y webs extremistas. El derecho a hablar sin límite tiene sentido cuando hay algo que decir, pero cuando no hay nada que decir deja de ser un derecho y se convierte en un abuso.

Vox ha hecho el ridículo porque Pablo Casado, que no es ningún portento, les ha destrozado en una sola intervención. Era una moción contra el Partido Popular, una moción para comerles el espacio de la derecha, y ha terminado siendo la moción que deja al PP tranquilo porque no debe temer ningún avance a su diestra. Es más los argumentos de Vox servirán cuando lleguen las elecciones para pedir el voto útil (¿es más importante la pureza o echar al gobierno socialcomunista bolivariano?).

Vox ha hecho el ridículo, porque ayer en el Parlamento de Andalucía y hoy en el Congreso han mostrado a las claras que no tienen ningún margen de maniobra para dejar de apoyar al PP en Andalucía, Madrid y/o Murcia. A pesar del rechazo frontal de los populares no puedes dejarles de sostenerles, porque entregarían esos territorios a la izquierda, algo imperdonable para su electorado y que les haría llegar a la práctica desaparición.

Vox ha hecho el ridículo porque, con su moción, ha conseguido activar un cordón sanitario que desde 2018 estaba diferido y, de camino, ha abierto la vía del entendimiento entre socialistas y populares en determinados puntos. Vox ha subrayado su anormalidad y ha hecho que los demás se perciban iguales en la relativa normalidad.

Vox ha hecho el ridículo porque le ha facilitado al gobierno los primeros contactos para los Presupuestos Generales del Estado, que es su gran objetivo político. De camino les ha proporcionado a todos una sensación gratuita de victoria que engrasa mejor los acuerdos.

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