Cuando España ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 le correspondía designar dos comisarios. El entonces presidente, Felipe González, designó a Manuel Marín (PSOE) y a Abel Matutes, a propuesta de Alianza Popular. Hasta que las sucesivas ampliación no redujeron el número de comisarios a uno por Estado-miembros, los dos grandes partidos se repartieron los dos puestos.
El esquema con el que se perfiló la Constitución de 1978 preveía que iba a haber dos grandes partidos, que se apoyarían en fuerzas regionalistas o nacionalistas para alcanzar la mayoría en el Congreso, cuando por sí mismos no lograran una mayoría absoluta. El otro partido haría de oposición hasta llegar al gobierno. Lo que se llamó bipartidismo imperfecto.
Pero el bipartidismo imperfecto era para la gestión cotidiana y las leyes ordinarias y orgánicas. Cuando había de tocarse uno de los puntos fundamentales del diseño institucional, nuestra Constitución comienza a exigir unas mayorías parecidas o iguales a las necesarias para la reforma constitucional. La designación de los vocales de extracción parlamentaria del CGPJ o los magistrados del Tribunal Constitucional requieren el acuerdo entre las que se preveían ser las dos grandes fuerzas y que juntas siempre llegarían a reunir cualquier mayoría cualificada. Existía esa conciencia, con alguna cosa para los nacionalistas, de que había temas donde se repartían las posiciones con una pequeña prima para el que estuviera en el gobierno.
A mitad de los noventa, con una renovación del Tribunal Constitucional, el sistema implícito se rompió totalmente t, desde entonces, cada renovación de órganos constitucionales se vive un largo periodo de bloqueo. Es cierto que existe un mandato, pero también lo es que no tiene sanción su incumplimiento y que las previsiones constitucionales prevén el ejercicio del bloqueo.
El cambio de sistema de partidos, al menos en la actualidad, hace mucho más difícil el acuerdo y más cuando los dos grandes no llegan por sí mismos a las mayorías. Hay cientos de incentivos para no negociar, para no transigir, y todos los partidos tienen retaguardias que proteger, que antes no existían.
¿Qué soluciones se pueden encontrar? Dentro del actual esquema constitucional no hay ninguna, pues el sistema incorpora numerosos vetos en determinadas partes del sistema político. O se vuelve al acuerdo, algo difícil, o bien se plantea una reforma constitucional que desincentive los bloqueos, a cambio de una pérdida de poder.
En vez de exigir grandes mayorías se pueden pedir menores mayorías, pero con mandatos más cortos. Prohibir el voto en contra de una investidura, admitiendo la pluralidad de candidatos y que sea elegido el que más apoyos tenga. En definitiva la idea es que el que pueda romper el bloqueo del otro, tiene que perder algo por el camino.
Pero desgraciadamente en España hay una gran cantidad de cuestiones, algunas de menor calado, que están presas de un bloqueo mayor, el de la reforma constitucional, que hace que nuestra Constitución poco a poco responda menos a las necesidades presentes y aporta más soluciones que los problemas que crea.
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