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Archive for 30 septiembre 2020

Colorear a Fisac

La pintura externa, que se ha añadido, a un pabellón deportivo de Getafe diseñado por un equipo de arquitectos encabezados por Fisac ha causado polémica.

José Antonio Hernández ha publicado un artículo de opinión en eldiario.es cuestionando radicalmente la opción tomada por las autoridades municipales. Su crítica me parece poco discutible a partir de los presupuestos de los que parte y que comparto y por ello no entraré en su discusión.

Lo que creo que se queda fuera del debate es el efecto estético que para muchos barrios y ciudades tienen la sucesión de instalaciones que se corresponden con los diferentes colores del hormigón. Los valores estéticos de esta arquitectura, que es plural a pesar de la apariencia, en muchas ocasiones entra en conflicto con la percepción de buena parte de la ciudadanía que los percibe como ajenos y fríos.

El hecho de que tengan valores no quiere decir que no posean inconvenientes. Hemos sido educados estéticamente en la contemplación de una arquitectura no concebida como la vemos: los edificios griegos, romanos, románicos o góticos estaban pintados. No eran la masa de piedra que nosotros contemplados y nos deleitamos. La mera piedra y, sobre todo, el mero hormigón puede ser conmovedor para una contemplación estética puntual, pero no para una continua.

Puede que los colores chillones no sean la mejor opción, pero es innegable que da una presencia que el mero hormigón no ha conseguido. Y no, no entro a discutir lo dicho por José Antonio Hernández, pero sí me parece que hay que pensar posibilidades para que los conjuntos monocromáticos puedan transformarse de algún modo.

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No soy partidario de que en general, porque siempre cabe alguna excepción, se entregue vivienda pública en propiedad a determinadas personas fundamentalmente por ser jóvenes. Para no caer en lo que critico, que es que se hacen argumentos y categorías con anécdotas y/o casos singulares, quiero proponer una situación hipotética para ilustrar mi oposición.

Tenemos a dos personas (W y Z) que tienen veinticinco años y ganan 1000 denarios en sus trabajos. Reúnen las condiciones para participar en la adjudicación de las viviendas que la empresa municipal de vivienda del lugar donde residen ha determinado.

Tras el sorteo, le es adjudicada una vivienda a W, mientras que a Z no. W consigue independizarse y tiene que afrontar un pago mensual por la compra de su vivienda de 200 denarios. Z también se independiza y paga otros 200 denarios por compartir un alquier con otra persona.

Pasa el tiempo y la juventud desaparece. Tran quince años W y Z tiene cuarenta. Ambos han prosperado laboralmente y cada uno gana 2000 denarios. W mantiene los 200 denarios al mes para el pago de su casa (que ha bajado de ser el 20% a ser el 10%), mientras que Z ha comprado en renta libre una vivienda por la que paga 800 denarios al mes (el 40% de sus ingresos).

Los 600 denarios mensuales de diferencia entre lo que paga W y lo que paga Z se deben a una inversión pública en vivienda, es decir, al dinero de todos que se justifica en la dificultad de los jóvenes en acceder a la vivienda. ¿Qué justifica cuando ambos tienen cuarenta esa diferencia gracias al dinero público?

No quiere decir que esté en contra de las promociones públicas de vivienda para jóvenes, pero nunca en propiedad y siempre en alquiler, porque la juventud es una condición que se pasa y si la vivienda es en propiedad, el promotor público pierde la posibilidad de proporcionársela a los nuevos jóvenes, ya que adultos de mayores ingresos pueden que la estén disfrutando.

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Como tantos he aprovechado que Amazon Prime Video ha puesto en su oferta las siete temporadas de El Ala Oeste de la Casa Blanca para hacerle la décima o un décima revisita. Conforme pasa el tiempo uno disfruta lo mismo, pero es mucho más crítico con los planteamientos que aparecen en esa serie.

Buena parte de los capítulos se ve a un presidente y a un cuadro de consejeros dedicados en cuerpo y alma en caerle bien a gente que no les va a votar en la vida, mientras descuidan a sus votantes. Siempre estaban por detrás de las iniciativas de la oposición, que controlaba el legislativo, y además querían ganarles en sus temas.

Es cierto que en ocasiones se plantea la cuestión, pero sabiendo que la “Administración Bartlet” es parcialmente un trasunto de la “Administración Clinton”, se explica mucho mejor en qué contexto George Lakoff publicó No pienses en un elefante. Este libro no dice más que si te sitúa en el marco de tu oponente (valores, prioridades, imaginario o lenguaje entre otros) siempre perderás, de forma que solamente saliéndote del marco adverso y situándote en el tuyo puedes tener un terreno favorable.

Tengo la impresión de que se ha caído nuevamente en esto. Trump deja caer continuamente que él cuestionará un resultado que no sea su reelección y comienzan los analistas, los columnistas y los propios líderes del Partido Demócrata a estudiar cuál sería el margen de victoria incuestionable (otra cosa es el margen del voto popular que permita ganar en el Colegio Electoral).

Pensar un margen de victoria incuestionable es entrar en el debate de Trump, como si él tuviera derecho a cuestionar porque sí un resultado, por muy estrecho que fuera. El margen aceptable de victoria para Biden es tener 178 votos electorales, que es lo que exige la XII Enmienda, y no satisfacer un criterio como el de Trump, que renuncia en todo caso a ser el más votado.

Aceptar que Biden tiene que vencer con un margen superior al establecido constitucionalmente es aceptar el argumento de Trump de que todo lo que esté por debajo es fraude y victoria electoral. Es cimentar el derecho de alguien que puede perder tanto el voto popular, como el Colegio Electoral.

Puede ganar Trump o ganar Biden. El resultado no está claro en mi opinión, pero lo que no se puede permitir es que la victoria sea más exigente para un candidato que para otro y, mucho menos, que alguien pueda considerarse vencedor porque el adversario no le ha ganado con un margen que los suyos estúpidamente han propuesto.

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Parece que un ex director de El Mundo nos va a “alegrar” periódicamente con sus aportaciones a la edición en español de The New York Times. David Jiménez se ha despachado esta semana con el clásico ataque a la clase política (poco preparada y obediente al líder) con una falsa equidistancia, que encubre una obsesiva fijación hacia una parte de la clase política.

El artículo en sí mismo no deja de ser una relación sin orden, ni lógica, de los tópicos de la regeneración política riverista de la pasada década. Sencillamente tengo la impresión de haber leído y escuchado mil veces lo mismo.

Lo realmente estupendo del artículo es la solución que Jiménez plantea a los males de la clase política. En la línea de todo lo que le antecede en el artículo es simplón y recurrente: las listas abiertas. De las listas abiertas he escrito un montón de veces, pero me parece oportuno sintetizar algunos de los costes que tienen sus pretendidas ventajas.

1) En España ya tenemos listas abiertas. ¿Sí? Sí, esa papeleta sepia, inmensa en muchas provincias, que se emplea para elegir a los senadores. Aparecen los nombres de todos los candidatos y uno tiene que señalar tres de ellos (el número de las cruces varías en las islas y en las ciudades norteafricanas). Casi todos los electores pone las tres cruces a los candidatos del mismo partido que votó en el Congreso, con cierto margen al “jugueteo”. Casi nadie se molesta en conocer el nombre, ideas y curriculum de todos los candidatos al Senado para decidirse en su voto en lista abierta.

2) Las listas abiertas en las circunscripciones grandes se convierten en una locura y normalmente los ciudadanos votan a todos los candidatos propuestos por un partido. Tiene un coste cognoscitivo enorme. En las pasadas elecciones en Madrid se presentaron 12 candidaturas para cubrir sus 37 diputados, lo que supondría 444 candidatos en la papeleta; en Barcelona subiría a 512 candidatos; en Valencia 225; o en Sevilla 156. Los ciudadanos tendrían que coger días de vacaciones para estudiar a los candidatos y así tuviera sentido la propuesta que Jiménez hace suya.

3) Si para corregir este problema reducimos el tamaño de las circunscripciones, entonces la elección perderá la cierta proporcionalidad que tienen, para convertirse en mayoritario. Una elección en listas abiertas tiene un claro efecto favorable al partido que más votos consiga, eliminando las minorías, como sucede en las elecciones senatoriales en las que el resultado 3-1 suele ser el habitual.

4) Precisamente por todo lo anterior, ayuda a los partidos concentrados territorialmente.

5) Es un sistema ideal para poder votar al partido que se cree mejor y a la vez a ese personaje de la “Isla de las tentaciones” que se presenta, a ese futbolísta con el que mi equipo ganó la Copa del Rey o a un “colgao” que sacan en determinados programas de televisión. Ya veo a determinados programas de entretenimiento, en televisión y en radio, lanzando a sus candidatos raritos como si de Eurovisión tratara.

6) El sistema de listas abiertas prima a los candidatos que son más conocidos sobre los menos populares. Las candidaturas pueden transformarse en una pasarela de celebridades políticas y/o sociales de las localidades o las provincias. Será imposible convencer a alguien a que deja una determinada posición profesional para competir contra todos los alcaldes de la provincia y todos los locutores de radio y tertulianos de la zona.

Me dejo muchas cosas pero creo que las principales quedan apuntadas: coste cognitivo (que diría Pablo Simón), imposibilidad de conseguir los fines propuestos, tendencia mayoritaria, eliminación de las minorías o concurso de popularidad.

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El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla ha entrado en un ciclo de noticias de gran repercusión. La reforma de una calle céntrica les ha llevado en una búsqueda digna de Indiana Jones a encontrar, en un lejano solar municipal, los adoquines que formaban la calzada de tal calle. La prensa local se hizo eco de tamaño descubrimiento que con algo hay que rellenar las largas páginas de información local.

Satisfechos con su gesta, los concejales naranjas han vuelto a la carga y han pedido que se modifiquen las normas de protección del patrimonio para que un alcalde no puede quitar el mítico adoquín de Gerena sin tramitar quince expedientes y requerir tres acuerdos del pleno del Ayuntamiento.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, debe estar haciendo una gran labor si ésta es una de las principales ocupaciones y preocupaciones del cuarto grupo municipal. No cabe duda de que los casi cuarenta mil sevillanos que dieron su voto a Ciudadanos lo hicieron para que llenasen semanas de trabajo municipal en la protección del adoquín de Gerena.

Al final la regeneración municipal era reinvindicar el adoquín y la desastrosa gestión municipal de Espartinas.

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Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia
(Teodoro García, secretario general del PP)

Si tuviera que recomendarle a alguien una selección de lecturas, una de las que estarían en esa lista, sería las páginas que Max Weber dedica a los tres tipos puros de dominación o legitimación. Proporcionan una capacidad de análisis increíble sobre el poder y sus justificaciones.

Decía este autor alemán, cuando trata de la rutinización del carisma, que desaparecido el líder carismático se crean formas de transmitir el carisma a los nuevos dirigentes y pone como ejemplo la ordenación sacerdotal. Las insignes palabra de Teodoro García, secretario general del PP, confunde lo que es nombrar a unos jueces con lo que es ordenar a unos sacerdotes. El Rey no les transfiere a los nuevos jueces ningún poder sobrenatural o natural de impartir Justicia, porque su selección y sus funciones están señaladas en el ordenamiento jurídico. En ninguna norma se señala que la presencia del Rey en un acto protocolario sea necesaria.

Podríamos conjeturar que Teodoro García piensa que eso de “en nombre del Rey” hace que toda la administración de la Justicia sea un acto vicario del monarca, y no es mál que un resto también protocolario de otra forma de dominación, la tradicional, en la que ningún funcionario lo era del Estado, sino del monarca.

No creo que Teodoro García tenga concepción alguna de lo que es la Monarquía Parlamentaria, ni siquiera sobre el Estado o la Democracia. Lo suyo es mantener alta la crispación, aunque haga el ridículo como ahora. Pese a ello debería saber el número dos del segundo partido de España que el ideal de los Estados contemporáneos no es lo carismático, ni lo tradicional, sino lo que Weber llamaba “legal con administración burocrática”, esto es, normas abstractas aplicadas por funcionarios profesionales. Y en el Poder Judicial esos funcionarios son los jueces.

¿Es lo anterior una pedantería de un bloguero? Es probable, pero ello no quita para que alguien que escala a un puesto relevante en la política de nuestro país conozca lo básico y no confunda al Rey de la Constitución de 1978 con un brujo que transmite su poder de hacer justicia a sus discípulo o con un monarca que gobierna el Reino como si fuera de su propiedad y hace que sus criados resuelvan los conflictos que surjan. Ése no es el Rey de la Constitución de 1978.

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El derecho de los periodista a no desvelar sus fuentes es una garantía para el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática. Como se ha escrito reiteradamente este derecho no constituye un privilegio para los periodistas, aunque sea un derecho profesional, sino una garantía para todos nosotros.

En consecuencia, los medios ocasionalmente tienen que publicar noticias sin dar datos sobre sus fuentes y procurando que no sean identificables. Nada se puede objetar a ello.

Las fuentes deben desvelar, eso sí, a los encargados del medio que pueden y deben exigir comprobaciones extraordinarias que no se harían en otro caso. Es bueno separar lo que ha dicho una fuente anónima, de lo dicho por otra y no unirlo todo en una mezcla informe y sin matices. Las responsabilidad de los periodiastas y de los medios es grande porque ellos constituyen el único control respecto a la veracidad de sus fuentes.

Aunque en ocasiones, al leer determinadas piezas, se tiene la sensación de que nada de esto sucede y que se busca a determinadas fuentes para que digan las cosas que se espera que digan, y se amalgama todo con la única intención de crear información. Además no se busca la confirmación en fuentes no anónimas que sean citadas en el texto. Uno puede conjeturar que algún periodista o algún medio está confundiendo el derecho a no desvelar la fuente, con un supuesto derecho a inventársela.

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To Play the King

La primera serie de televisión en llevar el título de “House of Cards” fue una trilogía, o serie de tres temporada que decimos hoy, producida por la BBC. En la primera temporada vemos al diputados conservador Urquhart, encargado de mantener la disciplina en su grupo parlamentario, mover todos los hilos tras verse rechazado para convertirse en Primer Ministro.

La segunda temporada, ya como Primer Ministro, se extiende en las relaciones del Jefe del Gobierno con el Rey. Ambos mantienen perspectivas muy diferentes sobre todos los aspectos y terminan chocando. El Rey se decide por apoyar a la oposición para descanbar al Primer Ministro. Llegan las elecciones y Urquhart consigue una rotundísima victoria electoral.

Tras las elecciones va a Palacio y allí el Rey le da la enhorabuena. Urquhart le pide su renuncia al Rey. Éste no entiendo la causa. El Primer Ministro le explica que el Rey ha decidido meterse en política libremente, sin necesidad de hacerlo y traspasando su papel constitucional. Una vez dentro de la política debe someterse a las mismas reglas que los demás y él y a los apoyó han perdido las elecciones y cuando alguien que está en un cargo pierde las elecciones, debe dimitir.

Quien detenta una posición en el Estado por su nacimiento y no por elección democrática, no debe interferir en el proceso democrático.

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El pasado miércoles el Ayuntamiento de Barcelona decidió retirarle la medalla de oro de la ciudad al ex Presidente del Parlamento de Cataluña por sus múltiples declaraciones racistas, de las que nunca se retractó. La propuesta de Manuel Valls y los dos concejales que le apoyan fue apoyada por los comunes, los socialistas, Ciudadanos y el Partido Popular.

Sí, el Partido Popular que ha votado mil veces en contra de la Memoria Histórica, que se ha negado a cambiar nombres, a retirarle honores municipales a Franco y a los suyos, siguiendo el argumento de que nada se gana removiendo el pasado, vota a favor de quitarle una medalla, que no tiene efectos prácticos sobre la vida de los barceloneses, a alguien que ya está muerto.

Motivos para votar a favor hay tantos como las múltiples declaraciones que ha fundado la propuesta. Pero los mismos motivos que ha llevado al PP a votar a favor, podría aplicarlo en el caso del Franquismo. Esta votación sí ha sido remover el pasado, la cuestión no es ésa, sino si merece la pena que una ciudad honre a personas que no le merecen sean Barrera (el PP ha votado sí) o Franco (el PP se abstuvo vergonzosamente).

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Después de muchos pronunciamientos de los juzgados de lo Social y de salas del mismo orden jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia (con una minoría de resoluciones en otro sentido), el Tribunal Supremo ha dictado sentencia indicando que la relación del ‘rider’ del caso es la propia de un trabajador por cuenta ajena y no la de trabajador autónomo. Dado que todos los ‘riders’ tienen las mismas relaciones laborales, los fundamentos jurídicos de esta sentencia son extensibles a todos los demás. El hecho de que haya sido dictada por el pleno de la Sala IV refuerza la “auctoritas” del pronunciamiento.

Por la noche, en el coche, escuchaba en la radio a uno de los fundadores de Glovo. Si hubiera comenzado a escuchar la entrevista sin saber a quién entrevistaba, hubiera pensado que se trataba del responsable de Cáritas o de alguna otra organización filantrópica. Este individuo hablaba de la colaboración con las pequeñas empresas locales y siempre rehuía que se trata de un negocio, lo cual es estupendo, porque las empresas están para ganar dinero.

Ellos “colaboran” con las empresas a las que sus ‘riders’ sirven, no tienen contrato con ellas de los que su empresa ingresa dinero. La cuestión no es si Glovo gana dinero, sino si lo hace dentro de la Ley. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que la relación como trabajador autónomo no era la pertinente y que debe cambiarse para estar conforme a la Ley.

Otra de sus joyas ha sido decir que España es el único país donde opera donde se ha “juridificado” el asunto de los ‘riders’. Y lo decía como un reproche. En más de una ocasión ser los primeros en regular algo es bueno y en este caso especialmente. Si no hay ley, impera la ley de la selva donde la empresa siempre gana. Intentar conseguir por la vía de la infracción de las leyes un marco normativo “ad hoc”, debería ser una causa para que las autoridades ni recibieran a quiénes adoptan esta estrategia.

Como dice @Huyelobo ahora hay que ver si este modelo, en igual con otras empresas y sectores, es tan rentable como decían que era o su rentabilidad se fundaba exclusivamente en pagar un salario de mierda a los ‘riders’.

Y dos cuestiones para finalizar:

1) Los derechos fundamentales, como a tener condiciones laborales dignas, son irrenunciables, porque siempre habrá personas que piensan que perjudicando a todos ganan, cuando hacen perder a todos, empezando por ellos mismos.

2) El Estado tiene que arbitrar medidas para que una evidente situación de fraude de Ley no tarde años en dilucidarse. Defender el Estado de Derecho es también defender el Estado de Derecho Laboral.

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