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Archive for 31 agosto 2020

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Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos comienzan a ponerse interesantes. La atención se concentrará en un puñado de estados y no tanto en quien saca más voto que está bastante claro. Dependiendo de quien se haga con esos estados continuará Trump en la Casa Blanca o, por el contrario, será Biden el nuevo Presidente.

Los estados indeterminados suelen ser los mismos, pero en cada elección hay alguno que entra o da la sorpresa. Así que en Geografía Subjetiva nos hemos lanzado a averiguar y poner en una tablita cuándo fue la última vez que en cada una de las cincuenta y una circunscripciones ganó un republicano o un demócrata.

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Versos sueltos


¿Cuántas veces has estado en una mesa electoral durante todo un día? Esa pregunta retórica es la que dentro de los partidos se lanza contra determinados personajes que aparecen para recoger y nunca para dar, salvo que se les conceda un puesto.

Son las personas que consideran que hacen un favor con su presencia y que ellos no tienen que sacrificar nada, que son los demás los que tienen que hacer el trabajo necesario para tener votos (mucho y poco visto).

Aprovechan la imagen de que los demás con unos borregos del partido, para presentarse ante el público como los únicos libres, los únicos con opinión propia y los únicos con el coraje suficiente como para actuar de acuerdo con sus convicciones. Del trabajo de los demás para llegar a la situación que se le ha dado para poder expresarse y tener repercusión nada han dicho.

Los versos sueltos parasitan a las organizaciones. ¿Por qué no dejan de definirse por oposición a la organización y se definen positivamente? ¿Por qué crean algo en lo que su pensamiento sea el centro? Normalmente no lo hacen porque es un trabajo que puede que no tenga recompensa (no se trata de eso) y porque a su vez tendrían que aguantar a sus propios versos sueltos y una cosa es serlo activamente y otra es padecerlo.

Al final, y tras muchas experiencias, los versos sueltos demuestran ser ególatras incapaces de escuchar a nadie, mientras quejan de que no han sido suficientemente oídos. No son valientes, son cobardes porque no emprenden empresas que merezcan la pena. Son autoritarios porque no se molestan en tener el apoyo de los demás, sino que piden ser reconocidos porque ellos lo merecen y se quejan de que los demás no aprecian su natural superioridad.

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Comencemos con este maravilloso tweet del vicepresidente madrileño:

Algunos comentarios:

1) El partido con que el Aguado gobierna, es decir el PP, y el partido que es sostén último de su gobierno, esto es Vox, votaron en contra de la prórroga del estado de alarma, que es el instrumento político perfecto que la Constitución establece para situaciones como la que vivimos de pan de Covid-19. Luego los problemas jurídicos no son ni estructurales, del diseño constitucional, ni responsabilidad del Gobierno de España, sino consecuencia y responsabilidad directa de las decisiones de dos importantes grupos parlamentarios. Curiosamente a ellos no les hace ningún reproche.

2) La existencia de lo que él denomina “17 legislaciones distintas” y yo preferiría denominar “normativas” es una consecuencia de lo anterior. La retórica del “1 contra 17” intenta esconder el debate sobre la cualidad dentro del debate sobre la cantidad. En lo que Kant llamada la “Filosofía ambiental” se considera que lo simple, lo unitario, es mejor que lo disgregado, lo múltiple o lo diferente, de forma que muchos se suben al carro de esta idea que proviene de Grecia y está en nuestro mentalidad, para afirmar que siempre 1 es mejor que 17.

3) El debate que debería tenerse es si las normativas son buenas o no lo son. Se presupone que la variedad implica maldad por sí y que la unicidad bondad. No se habla de cuáles de las normativas han probado ser más efectivas, qué practicas mejores y cuáles peores y así, evaluando la multiplicidad de enfoques mejorar. No, dogmáticamente se afirma que una sola normativa es mejor porque sí.

4) En cuestiones como la Educación no tiene ningún efecto la existencia de diecisiete normativas, porque no hay ningún profesor, ni ningún alumno que simultáneamente dependa de dos administraciones educativas. Lo importante es que la regulación de su región sea buena, efectiva y se aplique correctamente.

5) Si Aguado quiere dejar de tener “temas jurídicos” solamente tiene que pedirle al Gobierno de España que establezca el estado de alarma en la totalidad o en parte de la Comunidad de Madrid. Entonces el control será doble: el del Congreso en las eventuales prórrogas y el de los tribunales en la posibles impugnación de la normativa dictada en aplicación del estado de alarma. Si por “temas jurídicos” entiende Aguado la eliminación de controles, como pidió su colega castellano-leonés, entonces debe saber que propugna actuaciones muy alejadas del espíritu y la norma de nuestra Constitución.

6) Y en las medidas contra la pandemia el problema no es cuántas medidas tomamos y quién es el emisor de esas medidas, sino la calidad de las mismas. Para nada sirve un protocolo nacional para Educación, cuando lo que se necesitan son treinta mil buenos protocolos, uno por cada centro y es lo que lamentablemente los dirigentes autonómicos no han sabido hacer.

7) Y llegamos al otro punto cardinal. A Aguado y al gobierno que vicepreside todo esto le da igual, porque sabotean siempre toda iniciativa del Gobierno de España. Ellos solamente quieren que el Gobierno de España retome el mal llamado “mando único” para poder responsabilizarlo de su incapacidad y desidia. Es por eso retórica y no llega a ser ni una idea política.

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La líder opositora Bielorrusia Tijanóvskaya ha declarado que no quiere ser reconocida por nadie como presidenta de Bielorrusia, sino unas elecciones limpias. Es una opción sensata, porque decir que eres la presidenta de un país donde no puedes ordenar que se cambie una señal de tráfico es ridículo.

La estrategia que suponía que un reconocimiento internacional de Guaidó como presidente de Venezuela iba a implicar la caída de Maduro se ha mostrado errónea e inconveniente.

Errónea porque Maduro continúa ejerciendo el poder e inconveniente porque los Estados que han reconocido a Guaidó tienen que seguir relacionándose con el gobierno que tiene el poder real y efectivo en Venezuela y caen en la contradicción de reconocer por los hechos un gobierno que no lo hacen formalmente.

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Nuestro ordenamiento suele diferenciar entre “funcionarios o empleados públicos” y “autoridades”. En un proceso de toma de decisiones el funcionariado técnico emite informe fundado en sus conocimientos sobre la materia (de ahí lo de “técnico”), para que la autoridad competente tome la decisión. Pero la decisión no es el informe.

Ayer la ex presidenta Susana Díaz se quejaba que la Junta de Andalucía no hubiera pedido la intervención de la UME en el incendio de Almonaster la Real (Huelva) hasta que el incendio no ha sido colosal. Varios representantes del gobierno de coalición andaluz le respondieron que eran los técnicos lo que lo decidían si intervenía la UME o no.

El problema es que la respuesta es falsa. Los técnicos no pueden solicitar la intervención de la UME, sino las autoridades competentes. El Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia, aprobado por el Real Decreto 1097/2011, dice en su punto 4:

En las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave, relacionadas en el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

Nadie sabe los informes que tenían las autoridades de la Junta. Una autoridad puede decir que los informes técnicos no lo recomiendan, pero no puede decir que los técnicos son los que lo deciden porque en primer lugar está mintiendo y en segundo lugar denuncia su propia existencia superflua, dado que si los que deciden en última instancia son los técnicos ¿para qué sirve la autoridad de turno?

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En la entrada anterior nos referíamos a uno de los mitos de la política española: si no eres diputado, no puedes liderar un partido. Ahora vamos a referirnos a otro: la moción de censura promocional.

Como es de general conocimiento hay dos tipos de formas de censurar a un gobierno.

La primera es aprobar una moción de censura o de no confianza y como consecuencia de ésta el gobierno o su jefe debe presentar la dimisión; fruto de que la aprobación de la moción, se comienza el proceso para nombrar un nuevo jefe de gobierno de acuerdo con los cauces constitucionales.

La segunda, que es la que los españoles copiamos de la Ley Fundamental alemana, elimina en caso de prosperar la necesidad de nombrar un nuevo jefe del gobierno, porque en la propuesta de moción de censura se incorpora un candidato que resulta investido en el caso de aprobarse la moción.

Esto hace que el trámite parlamentario de la moción de censura tenga en la figura del candidato la figura central, mucho más que la del Presidente sometido a la moción. Durante el periodo anterior a la moción la atención pública no se centra en la moción, sino en el posible programa de gobierno o en la persona del candidato.

Esta estructura permitió a Felipe González poder presentar un programa de gobierno y proyectar una imagen presidencial en la moción de censura presentada contra Adolfo Suárez en 1980. El PSOE no consiguió que la moción prosperase, pero todos los comentarios dicen que sacó un importante rédito en imagen. Los intérpretes han querido ver los primeros cimientos de la hipermayoría absoluta de 1982 en esa moción.

Pese a que el relato de la Transición es otro, hay que precisar que la posición de Adolfo Suárez era enormemente precaria, atosigado por un partido que se lo quería quitar de encima, por un Rey que también quería verlo fuera, por una implacable oposición, por unas Fuerzas Armadas y el alto funcionariado del Tardofranquismo que lo consideraba el más vil de los traidores y por un crisis económica tremenda. Tan inestable era la posición de Suárez que se temió que una parte de sus diputados no mantuvieran la disciplina de voto en la moción o que apoyasen una segunda moción de censura.

Después vinieron otras dos mociones de censura fracasadas. En 1987 Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular, actual PP) la presentó contra Felipe González y lo que debió ser su presentación ante la sociedad española, fue también su despedida. Sucede que todo era bonito hasta que se llega a la votación, cuyo resultado se sabía con antelación puesto que los socialistas sólo tenían una mayoría absoluta de 189 diputados. Los parabienes se transformaron en reproches cuando Felipe González se volvió sonriente a La Moncloa y los populares derrotados. Se habló de que para perder no se presenta, de ridículo, de fracaso y mil cosas más. Dos años después el PSOE renovó la mayoría absoluta y el efecto “publicitario” de la moción de censura no existió.

En 2017, Unidos Podemos presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. También es cierto que en esta moción era la primera vez que los dos oponentes principales no luchaban por unos electores cambiantes, sino que la distancia ideológica entre unos y otros permitió que cada cual hablase a su público.

Puede decirse que más que ser una moción con el PP, lo fue contra el PSOE que estaba recomponiéndose de sus primarias, intentando Iglesias mostrarse como líder de la oposición y principal alternativa de izquierda a Mariano Rajoy. Si hemos de atenernos a los resultados en las dos elecciones generales de 2019, parece que la moción de censura no tuvo efectos beneficiosos en el resultado de Unidos Podemos y la diferencia con el PSOE se hizo mayor.

En 2018 la única moción triunfante hasta el momento. Nada como ganar para tener acceso al poder y la victoria electoral.

En 2020 tendremos otra moción de censura que intenta hacer la misma operación en la derecha que la que intentó en 2017 en la izquierda: el partido menor intenta presentarse como mejor opción que el partido mayor. Es posible que Vox intente hacerse digerible a un público de derecha menos extremista y con eso ahogar al PP. Ambos coincidirán en ataques incendiarios al gobierno. Llegará la votación y Abascal saldrá derrotado y posiblemente tocado tras el debate, porque de entrada nadie de prestigio ha querido ser el candidato, que es un reconocimiento explícito del desprestigio del candidato.

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La política española tiene algunas leyes generales que no son más que generalizaciones a partir de pocos casos o, incluso, de casos únicos.

Una de las esas leyes decía que nadie podía tener futuro político y posibilidad de acceder a la Presidencia del Gobierno no siendo diputado en el Congreso. Como respaldo “empírico” se cita el paso de Hernández-Mancha por el liderazgo de Alianza Popular no siendo diputado, sino senador designado por el Parlamento de Andalucía.

El 26 de octubre de 2016, tras la primera votación de la segunda investidura de Rajoy en ese año y sabiendo que el Comité Federal del PSOE había aprobado la abstención, Pedro Sánchez dimitió para no verse en la tesitura de o romper la disciplina de voto o investir a Rajoy.

Los comentaristas apuntalaron el ataúd de Pedro Sánchez aplicando el principio de que, pasara lo que pasara en el futuro, no siendo diputado no podría llegar a ser Presidente del Gobierno. Cuando ganó las primarias repasaron la tapa con el mismo argumento.

¿Qué supone que proporciona la condición de diputado a un líder político? Ser diputado proporciona visibilidad y más si eres líder de uno de los principales partidos. En los grandes debates todo el mundo escuchará tu intervención y podrás presentarte ante el público y mandar dos o tres mensajes, si tienes mucha suerte y eres muy bueno.

Si ya eres conocido por el público, si ya has hecho esos debates: ¿qué aporta ser diputado? No aporta nada e incluso puede ser negativo. Los debates en el Congreso son cada vez más rituales y la mayoría de los ciudadanos no los siguen en directo, sino que se informan a través de los cortes más relevantes de los medios. Tienes el peligro de tener una mala mañana o una pésima tarde. Si no eres diputado, puedes ver el debate al que has mandado a un portavoz, y luego hacer una meditada y sumamente preparada declaración donde cuelas los mensajes que te interesan.

Todo el mundo conocía a Pedro Sánchez cuando llegó a la Presidencia sin ser diputado. Su dimisión anterior no le había quitado nada y le había evitado tener que votar las vergonzosas PNLs que la Gestora negociaba con Rajoy y presentaba como logros legislativos, sabiendo que no tenían ningún valor normativo. También le dio todo el tiempo del mundo para la campaña de las primarias y no estar atado a un escaño, mientras el aparato le hacía todo a su principal rival.

Hernández Mancha no fracasó por ser senador y no diputado, eso solamente fue uno de los elementos de un liderazgo truncado y probablemente no fuera el que tuvo más peso. Fracasó porque era un desconocido, algo que no se resuelve en dos debates en el Congreso, no tenía rasgos que resultaran atrayentes y mantuvo un discurso de un conservadurismo que quería parecer moderno, en el sentido de los ochenta, resultando ridículo.

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Desde hace mucho tiempo se extiende por el mundo educativo que los centros docentes no son centros sociales, ni sustitutivos de otros servicios. La Educación tiene un valor intrínseco y no es un lugar donde aparcar niños, porque no sabemos dónde o no tenemos con quién dejarlos.

Siendo esto cierto, conviene no exagerarlo, porque podemos llegar a conclusiones indeseables. Las sociedades contemporáneas son enormemente complejas, donde las interrelaciones sociales son necesarias para la marcha del sistema en su conjunto y para que sus partes, los individuos, puedan vivir con dignidad.

La Educación no es un aparcadero de niños, pero no es un ente que haya de vivir fuera de la realidad circundante. Los centros de enseñanza, guste o no, son instrumentos para la conciliación y no los hace peores, sino que posibilita que muchas personas se pueden incorporar al mercado laboral (especialmente las mujeres) y que las familias puedan tener mejores ingresos (especialmente las desfavorecidas).

El discurso que dice que la educación es un proceso de conocimiento o de sabiduría que se sitúa más allá de los condicionantes sociales e institucionales.

Es una especie de neosocratismo, en el que la edución del conocimiento se da y nada más tiene que ver. Un neosocratismo que ignora precisamente el contexto de Sócrates, que si bien no cobraba por su enseñanza (como los pérfidos sofistas y los docentes desde entonces), solamente tenía alumnos de las clases altas, los únicos que podían permitirse pasar el día con su maestro dialogando. Los esclavos obviamente no importaban, los metecos no eran ni ciudadanos y los jornaleros no iban a perder un día de trabajo para escuchar a alguien (por eso ir a la asamblea del pueblo era algo remunerado).

Método mayéutico, diálogo, búsqueda del conocimiento en los conocimientos anteriores, conciencia de la propia ignorancia o sentido crítico, pero solamente para los que se lo pueden permitir. Así fue la enseñanza de Sócrates.

Quien quiera defender el ideal socrático de la educación como camino hacia la sabiduría y nada más, está en su perfecto derecho, pero si esa persona es docente ha de ser consciente que ese ideal excluye a la mayoría de sus alumnos, que no son nobles atenienses, sino hijos de padres que necesitan poder ir a trabajar.

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Desde que estudié en la carrera el mítico Curso de Derecho Administrativo del Eduardo García de Enterría el tema del Decreto-Ley me ha resultado singularmente interesante. No comparto las muchísimas prevenciones que el gran maestro de los administrativistas españoles expuso y la mentalidad que creó en torno a este instrumento jurídico, pero lo cierto es que mi interés nace en este punto.

Al nacer el Estado de las Autonomías, los ejecutivos regionales no fueron dotados de la potestad de dictar disposiciones legales con rango de Ley, el Decreto-Ley, siendo un tipo de norma específicamente estatal.

En Euskadi hubo una curiosa excepción durante el mandato de Carlos Garaicoechea como Lehendakari. El Parlamento Vasco aprobó una ley habilitante, la ley 17/1983 de 8 de septiembre, que facultaba al gobierno vasco a dictar decretos-leyes durante el plazo de cuatro meses para atender a las consecuencias de las inundaciones habidas en el País Vasco. La ley previó la convalidación y su tramitación como ley remitiéndose a las disposiciones constitucionales que lo regulan en el ámbito nacional. Fue un procedimiento cuanto menos lleno de lagunas.

Desde entonces silencio. Algunos estatutos previeron la posibilidad de que se pudieran dictar Decretos Legislativos para crear textos refundidos, pero tiene un alcance menor. La tercera ola de los estatutos, la que comenzó con el mítico Estatut, hizo que muchos de ellos introdujeran el Decreto-Ley dentro de las facultades del ejecutivo autonómico, copiando la regulación de la Constitución y con ella, en principio, incorporando la comprensiva jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del alcance de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Nadie puede cuestionar que nos encontramos ahora en una situación casi permanente de “extraordinaria y urgente necesidad” y muchas comunidades, que tienen reformado el estatuto de autonomía, han recurrido a ellos. Quedan comunidades que no tienen esta posibilidad y una de ellas, la Comunidad de Madrid, aprobó ayer en Consejo de Gobierno la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía, todo lo cual merece una consideración aparte.

No ha sido óbice para que con la excusa del Covid se colasen “cositas” como la incorporación de alguien a una comisión del CNI o la legalización del enchufismo en determinada región.

El gobierno catalán ha sido el ejecutivo que más Decretos-Leyes (24) ha dictado, siendo el único que ha superado al gobierno central (19). Extremadura (14), Comunitat Valenciana (13) y Canarias (10) forman el grupo que han superado la decena. Por debajo de la decena tenemos a Baleares (8), Navarra (8), Murcia (8) y Aragón (5). En total han sido ciento treinta y tres (133).

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