Reformas menores de la Constitutición

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Ayer se conmemoró el 38º aniversario del Referéndum de ratificación de la Constitución. Un texto que a día de hoy, salvo dos excepciones técnicas, sigue incólume en su formulación. Se dice que no hay que estar tocando continuamente la Constitución, pero creo que precisamente nuestro vicio constitucional no ha sido el exceso, sino el defecto.

Los grandes temas pendientes de la Constitución son el territorial y la Corona. Son el centro del miedo a “abrir el melón”. Realmente la mayoría están de acuerdo con que la Constitución necesita reformas en muchos de sus artículos, pero no se emprenden los arreglos por miedo a que al final los territorios y la Corona se vean afectados.

Hay muchos asuntos que podrían ser recorridos y que este cierre de la Constitución impide. Solamente indicaré algunos, de variable importancia, pero que podrían ser atacados independientemente de las cuestiones medulares:

1) La Justicia tardofranquista era poco fiable a la hora de encomendarle la protección y efectividad de los derechos fundamentales y las libertades públicas (DDFF y LLPP) de la Constitución. Recuerdo leer alguna sentencia del Tribunal Supremo donde se decía literalmente que las normas constitucionales sobre DDFF solamente tenían valor declarativo y que si no había una ley que sostuviera al derecho, no cabía la aplicación directa de la Constitución.

En ese marco y siguiendo también a otros países europeos, se creó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hoy este recurso es el procedimiento que más atiende el Tribunal Constitucional, en detrimento de otros procedimientos que, por afectar a disposiciones de alcance general y con rango de Ley deberían ser resueltos con mayor celeridad.

Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ha transformado el ordenamiento jurídico español y que a través del recurso de amparo y la “autocuestión de constitucionalidad” se ha depurado el ordenamiento de verdaderas vergüenzas, pero es igualmente cierto que la tradición está asentada y la Judicatura actual no es la de 1978.

Cabría eliminar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que fueran los tribunales ordinarios, culminados en el Tribunal Supremo, los que velaran por la protección de los DDFF y LLBB, entrando el Tribunal Constitucional únicamente cuando fuera llamado mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

La segunda posibilidad podría ser crear un segundo órgano dentro de la “Justicia Constitucional” encargado exclusivamente de los recursos de amparos y que remitiese al TC solamente las cuestiones que afectaran a la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones generales con rango de ley.

2) Creo que se debería otorgar al Estado la potestad legislativa supletoria sobre todas las materias, como se venía interpretando hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. La existencia de esta potestad permitía al Estado renovar una normativa que las Comunidades Autónomas aplicaban en defecto de norma autonómica y que en muchas ocasiones era de enorme utilidad. Ahora que el Estado no puede actualizar esas normas que se aplican supletoriamente, tenemos que completar los ordenamientos autonómicos con normas absolutamente desfasadas.

3) Ya hemos hablado varias veces en este blog del bloqueo institucional que el actual sistema de investidura ha provocado y que puede provocar nuevamente. Hemos apostado por el sistema vasco-asturiano que ayudaría a formar gobierno más fácilmente, incentivando los acuerdos y no imponiendo gobiernos contra la mayoría. Los bloqueos institucionales, en un Estado de Derecho, tienen que tener salidas institucionales y jurídicas y no soluciones políticas en el sentido schmittiano.

4) En la derrotada reforma constitucional de Renzi se eliminaba el CNEL, que aquí se llama CES y es perfectamente prescindible. Podría ser otro arreglillo constitucional.

5) De camino se podría dejar la posibilidad a que determinados organismos del Estado tengan su sede fuera de la Villa de Madrid, cuando así lo autorizara una Ley por ejemplo. Esto podría aplicarse específicamente a agencias, organismos autónomos, etc que podrían situarse en otras ciudades españolas.

6) Sistema electoral y derechos sociales son asuntos mayores que dejamos para mejor ocasión.

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