Estado de Derecho Laboral

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El Estado de Derecho esencialmente no es otra cosa que todos, poderes y ciudadanos, cumplan con el ordenamiento jurídico y que en caso de incumplimiento se haga que la realidad se acomode a lo dispuesto por las normas. Que el Derecho sea ignorado es causa de la descomposición de un Estado y de los valores que dicen albergar y promover.

El Estado de Derecho no se consigue con su propia formulación. Debe haber instituciones que elaboren normas, instituciones que vigilen su cumplimiento y que las hagan cumplir por la fuerza en caso de ser necesario e instituciones que castiguen el incumplimiento. Si todo esto no pasa habrá un Derecho en el papel, un Derecho nominal y abstracto sin relación con la realidad a la que se dirige.

El Estado de Derecho tiene muchas facetas y en algunas puede ser fuerte y en otras débil. En España el Estado de Derecho en su faceta de Derecho Laboral va camino a ser papel mojado. Las instituciones encargadas de hacer normas las hacen (las Cortes y los ministerios) y los tribunales resuelven (con más celeridad que otros órdenes jurisdiccionales) los casos que se les presentan.

¿Qué sucede entonces para que hayamos llegado a que en materia laboral España sea un “estado fallido”?

Las normas se pueden cumplir de una forma espontánea, porque se perciben como correctas y todos o la mayoría pensamos que es mejor seguirla (circular con el coche por el lado indicado). También se pueden cumplir por miedo a las consecuencias negativas que se tendrán, siempre que superen a las positivas que posee no cumplir las normas.

La Inspección de Trabajo va camino de convertirse en una leyenda urbana o más bien en una leyenda laboral. El número de inspectores y subinspectores es reducidísimo para un país con la más de veinte millones de trabajadores y tienen unas competencias tan amplias que nada más el papeleo colapsa el servicio.

Da igual las normas que se dicten, tengan la orientación económica que tengan, porque vivimos en un mercado laboral tan asimétrico que los trabajadores tienen que aceptar como bueno prácticamente lo que sea. Que haya una buena porción de los trabajadores cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se cotice por menos horas de las que realmente se trabaja, que la remuneración no tenga que ver con las funciones que realmente se desempeñan o que el horario sea virtual es consecuencia de la absoluta dejadez en el cumplimiento del Derecho Laboral que caracteriza al poder ejecutivo.

El hecho de que haya tanto parados hace que se deprecie el valor del trabajo, sus condiciones y con estos el conjunto del Derecho Laboral. En estas condiciones solamente el poder coactivo del Estado puede conseguir que los mandatos de las normas sean efectivos. El Estado tiene que justificar su propia existencia haciendo cumplir, con todos los medios legítimos a su alcance, sus propias leyes y reglamentos, incluso los laborales.

La pérdida de sentido constitucional por parte de las autoridades que han renunciado, por la vía de la omisión, a la imposición imperativa y a que en el mercado de trabajo se retroceda a un estado de naturaleza más hobbesiano que rouseauniano.

El Estado Social de Derecho existe para que las normas equilibren las asimetrías que el normal desarrollo de las fuerzas sociales y económicas producen, existe para garantizar que en circunstancias como las que vivimos no se den los sucesos y abusos que se padecen habitualmente. El Estado Social de Derecho está en la definición que la Constitución da en España en su primer artículo, debiendo ser uno de los anclajes de nuestro país.

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