Una autoridad electoral independiente dentro de los partidos

le-republicainsUno de los elementos más destacados en las primarias de Los Republicanos en Francia ha sido que la organización y la vigilancia del proceso electoral ha sido confiado a una entidad independiente, externa a la organización del partido. Tras anteriores procesos en los que las sospechas y acusaciones de fraude electoral habían sido la característica propia, el partido ha decidido garantizar la neutralidad de la autoridad electoral.

No sabemos si los barones dejarán participar a los militantes en la elección del secretario general del PSOE, pero si lo hacen las normas electorales deberían cambiar, porque no cumple con ninguna garantía democrática que la organización, el control y la supervisión quede en manos de órganos internos comprometidos con la candidatura de Susana Díaz.

Los procesos internos en los partidos difícilmente cumplan las mínimas exigencias de limpieza, precisamente porque no existe una autoridad electoral independiente. Alguno puede objetar que se duda en la honorabilidad de la Gestora, pero como hacemos en el legislación electoral es mejor no lamentar la equivocación y no ponemos la decisión en manos del Gobierno, sino de Juntas Electorales independientes e imparciales.

La segunda cuestión que empaña los procesos electorales internos es el censo. A los ajenos al mundillo del PSOE le parecerá algo raro, pero el control de los censos es un elemento de poder fundamental por parte de los aparatos en todos los niveles territoriales.

Solamente pueden participar los militantes al corrientes del pago de las cuotas, de forma que saber quién cumple esa condición y quién es fundamental, porque hay personas que están convencidas que pueden votar y resulta que, por lo que sea, no consta su última cuota. Pero también hay militantes al corriente de los pagos que no conoce nadie, que solamente aparecen en una asamblea cuando hay una votación reñida y desaparecen, de modo que solamente los que saben de su existencia puede ponerse en contacto con ellos durante la campaña. Además el proceso de afiliación es proceloso, de forma que hay personas que se creen afiliadas y que no lo están porque alguien olvidó su ficha en un cajón o lo que sea.

Nuestro sistema político, tras la experiencia de la Guerra Civil y el Régimen posterior, en el que se emplearon los archivos y censos de los partidos para todo tipo de represión política, ha sido enormemente prudente a la hora de proteger los datos de las personas afiliadas a un partido político. Pero esta protección paga el grave precio de que solamente instancias no neutrales controlan esos datos, fundamentales a la hora de recabar avales, hacer una campaña interna o simplemente controlar que votan los que deben votar.

Los partidos podrían establecer, juntos o por separados, autoridades electorales y censales que no dependan de la estructura de los partidos y que haga que todos los contendientes electorales tenga igualdad de armas. Lo acertado sería contratar a expertos independientes y dotarles de un presupuesto y personal para desarrollar su labor. Pero quizá esto sea demasiado pedir a quienes aprovechan su ventaja administrativa para convertirla eficazmente en ventaja política.

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