Mecanismos constitucionales y políticos para evitar un gobierno parlamentario

Están apareciendo numerosos artículos, especialmente en El País, donde se quiere convencer al PSOE y a los socialistas de las bondades de la oposición y de todo lo que se puede hacer fuera del Gobierno, de manera que lo mejor que se puede hacer es dejar que Mariano Rajoy sea investido Presidente del Gobierno.

Nuestro sistema constitucional está lleno de mecanismos que evitan el Gobierno del Parlamento. Se da la impresión de que una oposición con mayoría en el Congreso, si quiere, puede hacer bailar al Gobierno a su ritmo, cuestión política y jurídicamente difícil. Se quiere convencer a los socialistas de la posibilidad de liderar una gran reforma social desde la oposición y solamente se ponen ejemplo de reformas lideradas por gobiernos en minoría.

Mecanismos constitucionales

Sin dinero no hay decisión política posible, de forma que si alguna política no tiene respaldo presupuestario, es imposible que sea puesta en marcha.

Es el Gobierno y solamente el Gobierno el único que tiene legitimación constitucional para presentar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). A las Cortes les queda el papel de aprobar, no aprobar y enmendar. Las enmiendas a la LPGE están sumamente limitadas, ya que solamente se pueden incrementar un gasto cuando se proponen una disminución de la misma cuantía dentro de la misma sección presupuestaria (ministerios, organismos constitucionales, Deuda Pública, Seguridad Social, etc), de modo que no es posible, por ejemplo, disminuir el gasto del Ministerio de Agricultura para, con ese dinero, incrementar el de Industria.

El hecho de no aprobar la LPGE es relevante, pero no crea un abismo, ya que la Constitución prevé la prórroga de los presupuestos del año anterior, de modo que lo sustancial está cubierto. Comenzamos el año 2012 con unos presupuestos prorrogados y el Principado de Asturias ha estado unos añitos en la misma situación. No es la situación deseable y creo firmemente que Mariano Rajoy no piensa ni de lejos dimitir porque alguna vez le tiren la LPGE, antes bien culpará a los demás y de camino le sacará rédito electoral.

El Gobierno tiene un margen muy amplio para la modificación presupuestaria y solamente tres supuestos tienen que ser tramitados mediante proyecto de Ley y no siempre, ya que el Gobierno puede recurrir al Real Decreto-Ley y no convalidar un Real Decreto-Ley en materia de gastos que se califican de extraordinaria y urgente necesidad no es plato que nadie quiera.

Cualquier proposición de Ley de los diputados o cualquier enmienda a una Ley en trámite, si implica incremento de gasto, debe tener la conformidad del Gobierno. Mientras tanto ninguna iniciativa legislativa del Gobierno que implique incremento de gasto tiene especiales cortapisas. ¿Qué quiere decir esto? Algo tan sencillo que si PSOE, Podemos y Ciudadanos se ponen de acuerdo para aprobar una ley de, por decir algo, renta de inserción el Gobierno puede vetar su trámite al considerar que incrementa el gasto público. Y se acabó la iniciativa.

El Presidente del Gobierno siempre retiene la posibilidad convocar Elecciones a las Cortes Generales si la situación electoral es propicia y si está muy harto de la oposición. Las coaliciones de oposición no son de gusto de los electores, como sucedió en la pinza entre el PP e IU en Andalucía de 1994 a 1996.

Constitucionalmente al Gobierno le corresponde la potestad reglamentaria, esto es, dictar las normas suficiente para aplicar una Ley. La idea de que una Ley ha de ser general ha sido abandonada desde hace décadas y muchas de las normas con rango legal tienen una extensión y entran en detalles propios de los reglamentos.

Es cierto que en España solamente hay determinadas materias reservadas a la Ley (reserva de Ley), pero no hay materias reservadas al reglamento (como en Francia) y así ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional (SSTC 5/1981, 60/1986 73/2000, y 104/2000 y 332/2005) pese a reconocer que hay detalles impropios de las leyes en una plano técnico (SSTC 76/1983, 77/1985 y 104/2000). Pero la eliminación de la posibilidad de desarrollo reglamentario, además de técnicamente muy compleja, sí podría tener problemas de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución.

Mecanismos políticos

La oposición no es una. Está formada por partidos de extrema izquierda, izquierda, socialdemócratas, liberales y partidos nacionalistas tanto a la izquierda como a la derecha. Una acción de la oposición que llegue a la mayoría absoluta requeriría el acuerdo entre socialistas, podemitas y ciudadanitas, un acuerdo que no fue posible para investir a un Presidente y que podría darse aunque ocasionalmente.

Lo normal es que el PP y Ciudadanos pacten las leyes centrales y luego los de Rivera intenten cierto margen de acción para demostrar que fiscalizan con gran contundencia al Gobierno y que, de vez en cuando, le imponen algo. Pero lo esencial estará asegurado y capitalizado para el PP. Rajoy no tendría que temer nunca una moción de censura, porque la XI Legislatura mostró lo complicado que era que estos tres partidos se pusieran de acuerdo en torno a un candidato común .

La oposición no tiene medios para fiscalizar correctamente al Gobierno. Los reglamentos del Congreso y del Senado facultan a los diputados y senadores a pedir información o hacer preguntas, pero allí queda todo, no hay plazos, ni satisfacción, ni sanciones por no cumplir.

Quien quiera conocer las cuitas de un diputado del Grupo Mixto tiene que leerse las memorias de Labordeta y los mil problemas que tenían para acceder a la documentación. Cuenta lo que les costó acceder a las memorias técnicas del Plan Hidrológico Nacional y en las terribles restricciones de tiempo en las que lo hicieron.

Incluso en el caso de que el Gobierno sea generoso en la documentación solicitada y la entregue en poco tiempo, queda procesarla. Los Grupos Parlamentarios tienen poca dotación de personal de apoyo a los diputados y senadores (la mayoría son eventuales de los grupos C y D con esas remuneraciones y que no siempre se han utilizado bien), ni tampoco hay en las Cortes unidades de apoyo técnico a los legisladores para hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria o para evaluar los proyectos entre otras mil cosas.

No es fácil controlar a un alcalde, imaginaos con un Presidente del Gobierno. El Parlamento carece de medios para hacerlo efectivamente, de modo que decir que el control será más estrecho es una fantasía sobre todo cuando la medida más drástica, la moción de censura, es impracticable.

El Gobierno gobierna; el legislativo legisla; los jueces juzgan

La teoría de la división de poderes que ha inspirado a las democracias liberales como la nuestra tiene claro que a cada poder le corresponde una función específica. Es cierto que cada día el Gobierno legisla y juzga más, pero ello no hace bueno la pretensión de gobernar desde el poder legislativo. Si Albert Rivera quiere gobernar, que entre en el Gobierno de Mariano Rajoy, como aceptó el Gobierno que pudo ser de Pedro Sánchez.

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