La importancia de mandar las papeletas a los domicilios

He recibido una petición de change.org en la que solicita que se elimine el “mailing” de los partidos políticos y así poder ahorrar 48 millones de euros. Una buena intención que, como otras, pavimenta el camino al infierno.

El secreto del voto es una de las garantía fundamentales para la libertad del votante y que las elecciones puedan merecer el calificativo de “democráticas”. Hay lugares donde el uso de las cabinas de votación es obligatorio y se gastan su buen dinero en tener el número suficiente y celebrar las votaciones en locales amplios para que todo el mundo utilice las cabinas antes de acercarse a la urna.

En España tenemos cabinas: uno, dos o tres por colegio electoral. Y la verdad es que muy pocos ciudadanos las usan. Buena parte de los votantes garantizan el secreto de su voto sin necesidad de cabinas (que meterte en ellas es una forma de “significarse”) porque llevan el voto preparado desde su casa, de modo que en casa toman la decisión y de allí a la urna.

O se ponen cabinas de uso obligatorio en todos los colegios electorales, para lo que habrá que emplear mejores instalaciones, o seguimos enviando papeletas a casa. Otro cuestión es que podrían ser enviadas todas en el mismo envío, incluso las de las formaciones minoritarias. Pero no mandar las papeletas a las casas es una mala idea junto a una buena intención.

Voto presencial según el tamaño de la población

El Ministerio Federal del Interior de Austria ya ha facilitado los datos por municipio, distrito y estado en hoja de cálculo (aquí aún esperamos los del 20-D). Esto nos ha permitido confirmar como el voto a las Elecciones tiene un fuerte escoramiento dependiendo del tamaño del municipio, aunque los resultados no son monolíticos sí podemos decir que en los municipios más pequeños ha ganado el candidato populista y en los más grandes el ecologista.

Resultados por tamaño de municipios

Algunas lecciones constitucionales que podíamos haber aprendido

PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA

Hubo semanas en las que tuvimos la sensación de que ningún líder político intentaría la investidura y que por tanto los mecanismos constitucionales para disolver las Cortes no podrían activarse.

En el Partido Popular tenían el plan que les proporcionaba el Dictamen del Consejo de Estado 1985/2003. Tras las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003 se dio una situación parecida a la actual, ya que tras la traición de dos diputados socialistas era imposible la investidura de ninguno de los líderes. Solamente el arrojo de Rafael Simancas, al presentarse a una investidura imposible, puso en marcha el procedimiento estatutario de disolución de la Asamblea.

El hecho de que los preceptos del Estatuto de Madrid que regulan la disolución automática de la cámara sean idénticos a los de la Constitución hizo pensar entre los populares que se podría utilizar esta “doctrina legal” para disolver las Cortes sin necesidad de la requerida votación de investidura.

El Dictamen hace una interpretación teleológica de los preceptos constitucionales entendiendo que buscan dar solución a un bloqueo en la investidura devolviéndole la voz a los ciudadanos. Para ello los letrados del Consejo idearon un procedimiento “praeter Constitutionem” en el que la primera votación de la primera investidura era sustituida por una votación constatando la imposibilidad de la investidura.

Un procedimiento ingenioso pero más allá de los límites constitucionales. Un procedimiento que no fue empleado siquiera en una comunidad y que podía haberse encontrado con una gran oposición jurídica en el caso de las Cortes. Podríamos vernos con un procedimiento que provocase unas Elecciones y que legado un momento el Tribunal Constitucional lo declarase inconstitucional.

Nuevamente una investidura fallida salva la laguna constitucional en este caso, pero la laguna existe y puede “dar la cara” nuevamente. Está claro la situación no se habría mantenido perpetuamente ya que los diputados y los senadores tienen un mandato máximo de cuatro años.

Todos los partidos tienen en su agenda una cantidad variable de reformas constitucionales, quizá mereciera la pena la constitucionalización del procedimiento establecido en el Dictamen del Consejo de Estado en el caso de investidura imposible y en el que nadie tampoco quiera enfrentarse a una investidura fallida con absoluta seguridad.

Puestos a revisar cosas podríamos plantearnos si este método de investidura es mejorable.

En España hay dos comunidades autónomas, Asturias y Euskadi, que tienen otro procedimiento de elección que premia los apoyos frente a los bloqueos. Se pueden presentar múltiples candidatos y será elegido, en última instancia, el que tenga más votos si ninguno consigue la mayoría absoluta. Este procedimiento hubiera desatascado la situación ya que la mayoría absoluta del PP y Podemos partidaria de repetir las Elecciones no habría conseguido su objetivo con tanta facilidad. Se incentivas las actitudes a favor de formar gobierno que las que bloquean y especulan con un futuro rédito electoral.

Es cierto que en Asturias, pese a este sistema, la imposibilidad de elegir un Presidente les llevó a la repetición de las Elecciones, pero la probabilidad de empate es menor en una cámara de 350 diputados como el Congreso que en una de 45 como es la Junta General del Principado.

GOBIERNO EN FUNCIONES

Con total seguridad vamos a superar el medio año con un gobierno en funciones y en estos meses se han planteado cuestiones nuevas que deberían ser atendidas cuando el legislador pueda desarrollar su principal función, además de cumplir con su primera obligación que no es otra que la de investir a un Presidente del Gobierno.

La literatura jurídica sobre el tema es escasa y la referencia más citada ha sido este artículo de Brage y Reviriego donde se analizan dos sentencias del Tribunal Supremo que abordan decisiones de un gobierno en funciones y plantean cuestiones interesantes, aunque no las desarrollan.

Los límites al Gobierno en funciones, que es una definición legal aunque tiene cierta tradición administrativa en los primeros años de la Constitución, están claros, pero el concepto jurídico indeterminado de “despacho ordinario de los asuntos públicos” se antoja casi críptico.

Está claro que la Ley del Gobierno maneja la variable de la urgencia a la hora de tomar decisiones y de hecho no le impide la adopción de un Real Decreto-Ley, de modo que podemos considerar la urgencia uno de los datos para tener en cuenta a la hora de medir las competencias de un Gobierno en funciones.

La segunda variable es el tiempo que dure el periodo de “en funciones” del Gobierno. No tiene la misma trascendencia aplazar asuntos cuando es cuestión de dos meses la entrada del nuevo Gobierno que cuando se va a demorar mucho más tiempo o ni siquiera hay la certeza de que no hayan a repetirse las Elecciones.

El despacho ordinario incluye las relaciones internacionales y nuestra pertenencia a la Unión Europea. En el plano internacional/comunitario es irrelevante que el gobierno esté internamente en funciones y la estructura internacional o comunitaria no van a detenerse porque en uno de sus miembros haya una situación de interinidad.

Es quizá aquí donde la situación es delicada, porque un gobierno saliente puede comprometer a un gobierno entrante. Pero la toma de decisiones en este campo competente constitucionalmente al Gobierno y en segundo lugar tiene que evitarse hipotecas no deseadas.

CONTROL PARLAMENTARIO y TRÁMITE LEGISLATIVO

El Gobierno en funciones decía tener decenas de informes jurídicos que indicaban que no debía someterse al control parlamentario que el Congreso quería ejercer. No sé si mostraron algunos de estos informes, pero si así fue yo lo desconozco. El Gobierno en funciones no ha querido solicitar dictamen al Consejo de Estado quizá porque los dictámenes de este órgano son públicos.

El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones no impide el ejercicio de sus funciones por parte de las Cortes y más cuando el Gobierno no ha sido elegido.

También se ha presentado proposiciones de Ley que, de no haber mediado la disolución automática, habría tenido que tramitarse, planteándose la cuestión de si el Gobierno en funciones está capacitado para prestar su conformidad o no a proyectos legislativos que aumenten gastos o disminuyan ingresos, como exige la Constitución.

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Algunos de estos puntos serán resueltos por el Tribunal Constitucional y otros han desaparecido tras la disolución de las Cortes. Las situaciones de bloqueo o de crisis institucional nos hacen apreciar las insuficiencias del sistema institucional y no estaría de más que se intentasen solucionar regulando y/o aclarando.