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Archive for 27 enero 2016

Son malos tiempos para los toros. Los toreros no son conocidos por su estilo de toreo o por las faenas, sino por cuestiones ajenas a la Tauromaquia. Los toros no forman parte de los intereses y diversiones de la mayoría de los españoles. Junto a ello hay un fuerte movimiento antitaurino que gana cada día muchas simpatías.

El mundo de los toros lleva mucho tiempo viviendo para dentro. Es un barroquismo pleno de conocimientos, jerga, recuerdos y requisitos que dificulta el acceso al gran público. En vez de acercar el toreo al que no está a favor ni en contra, aficionados y profesionales se han encerrado en sí mismos y se dirigen al público en general con expresiones y palabras que no tienen un significado compartido. Esto no es neutral, sino que el indiferente percibe al mundo del toreo como algo cerrado, vetado para él y por tanto se siente echado de lado.

La falta de unidad entre los actores taurinos ha provocado que su estrategia de comunicación sea pésima. Ante la evidencia de que la Tauromaquia se mantiene gracias al dinero público, ellos hablan de los puestos de trabajo generados, sin darse cuenta que cualquier actividad subvencionada también genera empleo sin que ello justifique “per se” la subvención. Cualquiera podría pedir subvención para promocionar la literatura vietnamita y, si le dan mucho dinero, creará empleos, pero ello no justifica la subvención.

El dinero a los toros y su propia pervivencia se justifica en que es patrimonio de todos, pero para ello tiene que ser patrimonio de todos y no un espectáculo que no es fácil televisar (como busca José Tomás), que es económicamente asequible y sobre todo que no comete la tremenda torpeza de identificarse con una ideología política determinada.

EncuestaToros
Los taurinos han interpretado que solamente tienen defensores en los sectores de derecha-derecha de la sociedad. La ideologización de su afición hace que deje de ser de todos para convertirse en algo propio de quienes comparten esa ideología. Es difícil no caer en los brazos de “los tuyo”, pero si quieres atraerte a la masa de no aficionado que ni quieren la prohibición ni la rechazan, hay que ser transversal (Cross-cutting cleavage).

Como no dejemos de asociar los toros a señores muy de derechas vestidos de verde, los toros desaparecerán por ministerio de la Ley e incapacidad de sus actuales gestores.

Fuente: Simple Lógica a través de Jorge Galindo

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Los medios de comunicación madrileños arreciaban contra Manuel Carmena nada más tomar posesión como alcaldesa de Madrid. En Geografía Subjetiva, que somos unos mal pensados, lanzamos la hipótesis de que no debía haber dinero en publicidad que repartir y por eso los medios estaban entregados al ataque.

Para comprobar que nuestra hipótesis era correcta nos plantamos en la web del Ayuntamiento de Madrid, fuimos a la sección de Hacienda y allí a la “ejecución hipotecaria“. Nos encontramos los datos de abril (era julio y era razonable) y nos los descargamos como hoja de cálculos. Después de una revisión del manual presupuestario del consistorio madrileño, pudimos extraer los conceptos y subconceptos que nos interesaban con toda tranquilidad y, dicho sea de paso, comprobar que efectivamente no quedaba casi nada en publicidad por gastar.

José Carlos Díez, en su blog, ha hecho una valoración de la transparencia presupuestaria de tres “ayuntamientos del cambio” (Madrid, Barcelona y Cádiz). Barcelona tiene lo que había, Cádiz no tiene nada y Madrid ha ido hacia atrás.

He confirmado que ell Ayuntamiento de Madrid no sólo no ha actualizado los datos que la ejecución presupuestaria que son los mismos que cuando publiqué la entrada, sino que ya no lo proporcionan en hoja de cálculo, sino en un bonito pdf que hay que transformar para poder trabajar con los datos: todo facilidad.

Me importan un pimiento la polémica con los reyes magos y todas estas tonterías, pero tener menos transparencia presupuestaria que Ana Botella es grave, muy grave e inexcusable. ¿Dar marcha atrás es el objetivo de la neopolítica?

RECTIFICACIÓN

Aunque en el apartado de ejecución presupuestaria la situación es la expuesta en la entrada, los datos accesibles a través del portal de datos abiertos, como el mismo Ayuntamiento de Madrid ha publicado en un comentario. Pido disculpas y reconozco mi error cuando fue ese portal el que utilicé en la entrada antes indicada.

 

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Poco después del 20-D, entre las cientos de cosas, ideas y propuestas que se hacen cada día y que parecen a los tres minutos, los de Podemos propusieron un gobierno de izquierda liderado por un “Presidente independiente”. Algo parecido se había estado oyendo en los espacios que se muestran claramente partidarios de la GroKo.

Cristina Cifuentes se confundió al decir que no esto no era posible, ya que ni la Constitución, ni el Reglamento del Congreso exigen que el Presidente del Gobierno sea diputado o senador. De hecho, no serlo no le impide hablar en las Cortes porque el turno de palabra al Presidente le corresponde en su calidad de Jefe del Gobierno y no de miembro del legislativo.

Esto que está así dispuesto y no por descuido (y que alimentó las aspiraciones del general Armada de ser elegido por el Congreso) para el Presidente del Gobierno de España, no se replica como tantas cosas en el ámbito autonómico. Todos los Estatutos de Autonomía de las comunidades exigen que el Presidente autonómico sea elegido entre los miembros del legislativo, lo cual cierra la posibilidad de que haya un Presidente autonómico independiente (que no pertenezca a ningún partido).

En las ciudades con Estatuto, siguiendo más la legislación municipal, la exigencia es la de ser miembro de la Asamblea y en el caso de Melilla se exige que el Presidente haya encabezado alguna de las candidaturas que concurriera a las Elecciones.

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Al comienzo del verano de 2014 se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos I. En un proceso ágil, el Príncipe de Asturias se convirtió en Felipe VI. El anterior monarca, en los primeros años de su reinado, reinó con un sistema político en construcción, pero a partir de 1982 ese sistema se había consolidado y la existencia regia era sumamente regular, inalterada y plácida. Solamente cuando los escándalos cercaron a la Corona, Juan Carlos I abdicó, coincidiendo no casualmente con la transformación del sistema político.

Desde luego no estamos en una situación equivalente a la Transición, por más que muchos enarbolen permanentemente la bandera de la “Segunda Transición”. En la Transición la posición de la Monarquía era más fuerte porque se aprovechaba de la inercia heredada del Franquismo, había predicamento en las Fuerzas Armadas y éstas lo tenían en la sociedad, aunque el orden constitucional estuviera bulbuceando, la Transición llegó a buen puerto porque la hizo quien tenía poder para hacerla.

De esos éxitos, el Juan Carlos I vivió plácidamente postergando la prueba de fuego de cualquier monarquía hereditaria: la sucesión. En 2008, el Príncipe de Asturias cumplió cuarenta años, superando por tres años la edad con la que su padre comenzó a reinar y entrando en una década en la que nadie puede llamarse joven. Pero no se produjo la abdicación.

Solamente cuando la Corona estaba sitiada judicialmente y los medios sacaban un día sí y otro también diversos escándalos del Rey, se decidió dar el paso. Poco meses antes se habían celebrado Elecciones al Parlamento Europeo y lo que era indiscutible era que una sucesión rápida y fácil ni iba a ser posible con otro escenario en las Cortes.

El proceso de abdicación fue rápido y el último esplendor del anterior Rey. Felipe VI, iba a ser Rey de otra España. El sistema político con dos actores dominantes, con apoyos periféricos, y con zonas bien delimitadas de poder ha saltado y ahora, en cada convocatoria electoral, el terreno está muy abierto. Felipe VI pudo haber comenzado a reinar en un entorno más llevadero, en vez de las actuales circunstancias, si Juan Carlos I no se hubiera atado al trono del que solamente le sacó un juez balear y un elefante africano.

El Rey saldrá reforzado o debilitado tras su primer proceso de toma de posesión donde constitucionalmente tiene un margen de actuación autónoma mucho mayor que en el resto de funciones. Todos nos jugamos mucho en estas semanas y entre estos muchos está el propio Jefe de Estado.

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Dentro del esperpento que fue la oferta de pacto escenificada por Podemos después de la entrevista con el Rey, se planteaba la realización de referendos consultivos sobre procesos de reformas constitucionales. La idea es la siguiente: dado que no tenemos mayorías suficientes para reformar la Constitución, por medio de consultas populares se consigue la legitimidad reformadora que las urnas no dieron el 20 de diciembre.

Hace pocos días señalábamos que en el entorno podemita se difundía la doctrina decisionista de que a una decisión política no hay Derecho que interponerle o dicho de otra forma: estaban enfrentado Democracia y Constitución. Insinuar que una mayoría en un referendum invalida los mecanismos constitucionales de reforma es anunciar, sin que casi nadie parezca darse cuenta, que no piensan someterse a las reglas básicas.

La Constitución exige mayorías agravadas (tres quintos o dos tercios) para que la Constitución no sea secuestrada por una mayoría puntual, perdiendo en la práctica su primacía al poderse reformar fácilmente y convirtiéndose en un instrumento al servicio del gobierno de turno. Las altas mayorías exigidas para la reforma constitucional es una garantía para la supervivencia de las minorías y para que éstas puedan seguir existiendo defendiéndose en una norma difícil de alterar.

En la ideología de los líderes podemitas, el “pueblo” solamente son las personas que les apoyan electoralmente, de modo que ellos son el “pueblo”. Una democracia será verdaderamente democrática cuando es popular, esto es, cuando está en consonancia con Podemos. Es por ello por lo que Errejón habla de “construir un pueblo”, como si los españoles no lo fuéramos ya. Y claro, en este “pueblo” podemita no hay minorías.

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Sabemos que tarde o temprano tendremos un gobierno o elecciones repetidas, pero existe la pregunta sobre el límite jurídico a la presente situación.

Tras la primera votación de investidura ya todos sabemos que son dos los meses que tienen que transcurrir para que se convoquen nuevas elecciones si no hay Presidente, pero también conocemos que la Constitución no marca plazo alguno para que se dé esta primera votación, ni mucho menos para que el Rey proponga un candidato a la Presidencia.

¿Cuánto podemos estar así? Es muy sencilla la respuesta: cuatro años. El artículo 68.4 CE prevé que el mandato de los diputados, si no hay convocatoria previa, dure cuatro años y termine a los cuatro años de su elección, lo cual quiere decir que dejarían de ser diputados el 21 de diciembre de 2019.

Las Cortes podrán aprobar leyes, aunque la conformidad financiera es dudoso que la pueda dar el gobierno en funciones. Éste no podrá presentar proyectos de Ley y los Presupuestos se tendrían que prorrogar. Entiendo que el gobierno en funciones no puede dictar reglamentos de desarrollo de las leyes y viviríamos una constante polémica acerca de la extralimitación del Consejo de Ministros de sus funciones y cómo el gobierno recurriría cada vez más a la cláusula de la urgencia que le ampararía y que se contiene en la Ley del Gobierno (art. 21.3).

Y mil cosas más.

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Era el Madrid del Tamayazo. Nadie iba a conseguir la mayoría simple para la investidura en la Asamblea, tanto Rafael Simancas o como Esperanza Aguirre iban a cosechar más votos en contra que a favor, porque los dos tránsfugas iban a votar negativamente a cualquier candidato. Nadie quería ir a una investidura a perder, como Rajoy ayer, de modo que surgió un problema.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía para Madrid es el que regula la investidura del Presidente de la Comunidad y establece que “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones”.

El problema era evidente: nadie se proponía como candidato y Concepción Dancausa, entonces Presidente de la Asamblea, no tiene candidato que poner para que se produzca esa primera votación de investidura y que comiencen los dos meses.

El artículo 18 del Estatuto madrileño reproduce, en esta materia, el artículo 99.5 de la Constitución. De modo que hasta que no haya primera votación de investidura, no comenzará el plazo de dos meses.

La crisis madrileña se solucionó gracias a que el socialista Rafael Simancas se inmoló para que se pudiese repetir las elecciones y escenificó una derrota de la que Esperanza Aguirre no quería ser protagonista.

Si ni Sánchez, ni Rajoy, ni otro candidato consiguen la investidura, no creo que haya nadie que quiera ofrecerse de tal modo, de modo que el punto muerto puede que tenga que ser resuelto por el Rey o bien se emplee un diputado anónimo como mecanismo para poner en marcha los relojes.

Aunque sinceramente todos sabemos que vamos a asistir al intento de todas o de casi todas las combinaciones posibles.

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