Iura novit curia? (II)

En la anterior entrada con este título nos preguntábamos por qué pruebas periciales eran admitidas con sus valoraciones jurídicos-penales por parte de determinados jueces, como si la pericia no debiera limitarse únicamente a ayudar al juez a fijar los hechos en conocimientos que el enjuiciar no debe tener.

Estamos asistiendo al nacimiento de la pericia jurídica en el proceso penal español. Algunos jueces llaman a peritos que le digan que algo es delito o no. Pero al menos estos jueces que los que hablábamos antes suelen llamar a inspectores de finanzas del Estado, inspectores de la Agencia Tributaria y otros altos funcionarios con una alta cualificación técnica y jurídica.

Se me escapaba decir que hay jueces que entregan su jurisdicción a una pericia de estos funcionarios, sino que confían ciegamente en la interpretación normativa contenida en un atestado redactado por un policía o un guardia civil del que no se conoce el grado de conocimiento jurídico que tiene.

Actualmente un juzgado de Sevilla [no el que era de Alaya y ella dejó porque prefirió irse para no irse] ve un caso en el que el “quid iuris” versa sobre la potestad reglamentaria “praeter legem” de la Comunidad Autónoma en el caso de desarrollar la legislación básica del Estado, que es competencia estatutaria, en el caso que el legislador estatal no haya realizado esa legislación básica.

Sobre este asunto hay bastante pronunciamientos de especialistas en Derecho Constitucional, todos fundamentados pero muchos de ellos discordantes en todo o en parte. Y resulta que un atestado de un agente policial decide que realizar una adjudicación según ese reglamento “praeter legem” que desarrolla la legislación básica del Estado, que es competencia estatutaria, en el caso que el legislador estatal no haya realizado esa legislación básica es un delito de prevaricación.

La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía ha hecho un comunicado, tras la “presunta detención ilegal” de una de las letradas a pesar de no estar imputada, que recomendamos, en especial el punto 3:

3.- […] la asociación manifiesta su más absoluto rechazo a aquellas conductas, acutaciones y opiniones que, para sostener discrepancias surgidas de la interpretación del ordenamiento jurídico, menoscaben gratuitamente la labor de los Letrados de la Junta de Andalucía, hasta el punto de criminalizarla; más aún cuando las discrepancias respecto del criterio de especialistas acreditados en el mundo del Derecho proceden de personas que carecen de la más elemental cualificación técnica.

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