Partido instrumental

Ganemos Madrid y Podemos llevan semanas hablando de que la mejor forma de hacer una convergencia o, como ahora se dice, una candidatura de Unidad Popular es la creación de un partido instrumental.

¿Qué es un partido instrumental?

Los representantes de Ganemos Madrid y de Podemos, por ahora, fundarían un partido político que tiene el único objetivo de presentarse a las elecciones con las ventajas que el sistema electoral le da a los partidos políticos.

Este partido tendría un grupo restringido de militantes, acordado previamente por las fuerzas fundadoras, y unos órganos constitutivos del órganos también acordados previamente por esas mismas fuerzas. El partido no tiene otra misión que la de servir de plataforma electoral a las formaciones que van a converger en su fundación. El partido no va a tener vida propia, como su nombre indica es un mero instrumento.

¿Qué problemas jurídicos plantea un partido instrumental?

Cayo Lara ha mostrado sus reticencias en torno a la legalidad de esta fórmula. Y la verdad es que yo también tengo mis dudas. De hecho el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos preceptúa que los promotores de un partido político han de ser personas físicas, cosa que no se da en el caso del “partido instrumental” que es una decisión de partidos preexistentes.

Además la figura del partido instrumental intenta eludir la federación, confederación o la unión de partidos del artículo 1.3 de la misma Ley o las figuras de la agrupación de electores o de la coalición electoral de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que tienen unas mayores exigencias o de firmas para concurrir o de plazos.

Para que distintas fuerzas políticas puedan presentarse juntas a las elecciones hay previstos cauces en nuestra legislación electoral y ninguno de ellos prevé un partido instrumental. Una confederación de partidos sería una solución plenamente legal y cercana a sus intenciones.

De lo contrario bien alguien podría acordarse de aquello que dice el artículo 6.4 del Código Civil:

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

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