El recurso de inconstitucionalidad imposible

Un conjunto de diversas asociaciones laicistas quieren conseguir que cincuenta diputados o cincuenta senadores firmen un recurso de inconstitucionalidad contra el primer párrafo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada por el Decreto de 8 de febrero de 1946, esto es, quieren que se someta a juicio de constitucionalidad la facultad de la Iglesia Católica de inmatricular bienes inmuebles de los que no tenga título de dominio escrito y no estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

Es irrelevante que consigan la firma de los diputados o de los senadores y por eso esta iniciativa parece más propaganda que una verdadera campaña jurídica contra esta absurda facultad jurídica de la Iglesia Católica.

¿Por qué digo lo anterior? Porque el recurso de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesto hasta tres meses de su publicación oficial o nueve meses en caso que se acuda previamente al procedimiento de comisión bilateral entre Gobierno y CCAA.

Teniendo en cuenta que esta norma fue publicada oficialmente el día 19 de marzo de 1946 no cabe recurso de inconstitucionalidad. Es más, y todos estaréis pensando eso, es una norma preconstitucional que obviamente nunca pudo ser sometida a un Tribunal Constitucional nacido tres décadas después de su promulgación.

El control de constitucionalidad de las normas preconstitucionales, como hemos indicado anteriormente, no se puede hacer por medio del recurso de constitucionalidad por lo que solamente cabe el examen judicial a partir de un caso concreto y el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia constitucionalidad ha sido oscilante a la hora de considerar si en las leyes preconstitucionales hay un control difuso por todos los órganos jurisdiccionales, control basado en la Disposición Derogatoria de la Constitución, o bien procedía la presentación de una cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de leyes preconstitucionales a efectos de control de constitucional por cuestión: las leyes asumidas por el legislador postconstitucional y las leyes no asumidas.

Una ley preconstitucional asumida por el legislador postconstitucional cuando la ley preconstitucional ha sido objeto de modificaciones parciales, permaneciendo vigentes las normas preconstitucionales no modificadas en lo que se entiende que puede ser visto como una “aprobación implícita”. Las normas preconstitucionales de estas leyes asumidas habrían de ser en términos generales objeto de cuestión de inconstitucionalidad si se duda sobre su adecuación a la Constitución. Éste sería el caso de la Ley Hipotecaria, incluso del artículo 206, que ha sido modificado con posterioridad a la Constitución, en 1996, y la norma cuestionada no ha sido ni modificada ni derogada. De hecho, desde 1978, La Ley Hipotecaria ha sido modificada en diecisiete ocasiones y el párrafo primero del artículo 206 sigue en vigor.

En el caso de las normas no asumidas se abren una doble posibilidad. La primera es que la disconformidad sea tan evidente que lo que realmente proceda sea la inaplicación por considerar que la Ley está derogada ex Constitutione; la segunda posibilidad es que el juez ordinario tenga dudas sobre su constitucionalidad y entonces sea deseable el planteamiento de la cuestión.

En conclusión: un recurso de inconstitucionalidad no es la vía jurídica adecuada para atacar el párrafo primero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, siéndolo la cuestión de constitucionalidad que habría de presentar un juez o tribunal ordinario dentro de un procedimiento donde ese artículo sea determinante para la decisión. Lo de “habría que ir, entonces, uno por uno, presentando recursos de inconstitucionalidad por cada bien inmatriculado” es para que le quiten a alguien la carrera de Derecho.

Lo que han hecho las asociaciones promotoras no es sino un acto de propaganda a favor de Izquierda Unida y de algunos diputados del Grupo Mixto y con una clara intención de atacar a los diputados y senadores que no firmen un recurso que va a ser rechazado nada más llegar al Tribunal Constitucional.

El movimiento laicista en España sigue haciendo movimientos efectistas, algunos con demasiadas connotaciones partidistas, más buscando el apoyo de los propios que unos resultados. Lo sensato es buscar apoyos en todos los partidos, incluso en el PP, para que esa norma sea derogada y se abra una investigación parlamentaria de esas inmatriculaciones.

Claro, que para eso hay que trabajar más.

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