Narrativa del PP (I): Suelo y federalismo

MezcladoraLa Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 conmovió los cimientos de nuestro sistema institucional y, sobre todo, de las relaciones entre las normas estatales y autonómicas. Fueron recurridas la Ley 8/1990 y el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1992.

Las recurrentes fueron los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña y el legislativo de Navarra. Salvo el gobierno catalán todos los ejecutivos estaban controlados por el Partido Popular o apoyado por el Partido Popular. En el Parlamento de Navarra no había mayoría del partido en el gobierno y no sabemos de quién partió la iniciativa de recurrir y quienes la apoyaron.

Excepto la duda navarra y la derecha nacionalista catalana el resto de los recurrentes por violación del reparto competencial realizado en la Constitución y en los estatutos de autonomías eran comunidades regidas por el PP y claro, entonces el Presidente del Gobierno era Felipe González.

La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que resuelve los recursos acumulados y planteados tanto contra la Ley 8/1990 como contra el Real Decreto-Legislativo 1/1992 fue un auténtico seísmo jurídico.

Hasta entonces si una comunidad tenía una competencia determinada podía legislar sobre ella, con el límite de la legislación básica del Estado si había previsión de su existencia. En todo caso el Estado legislaba la totalidad de la materia siendo de aplicación en una comunidad lo establecido por ella y en lo no establecido la norma estatal que se consideraba generalmente subsidiaria.

Bajo la premisa de que quien no tiene la competencia no puede legislar ni subsidiariamente sobre ella se vino abajo, principalmente gracias a los recursos de las comunidades del Partido Popular, todo el sistema normativo urbanístico.

La doctrina administrativista nunca ha sido nada pacífica con esta sentencia y una parte de ella la consideran un gran error del Tribunal Constitucional, especialmente porque parece obviar el propio precepto constitucional establece la subsidiariedad de las disposiciones estatales y porque no tiene en cuenta de que en dos regiones de España, Ceuta y Melilla, en las que sus estatutos no prevén la asunción de la competencias urbanística y que al carecer de potestad legislativo tampoco pueden llenar el espacio dejado por el Constitucional.

Se considera que, al menos en el terreno urbanístico y de extender esta doctrina a otros derroteros también, España dejó de ser un Estado con cierta descentralización política a ser un Estado profundamente federal en el que hay terrenos vedados, aún subsidiariamente, al gobierno central.

La narrativa del PP insiste en atacar al sistema autonómico, vendiendo a sus fieles la idea de que las autonomías son de esa gente mala de la izquierda y que hay que garantizar un tope de competencias al Estado frente a las comunidades autónomas. Ése es su discurso, su realidad es la de reclamar competencias hasta un federalismo algo alucinante para nuestro texto constitucional y lo reiteran en el tiempo.

Nuevamente recurrieron nuevas leyes urbanísticas, este caso la Ley 8/2008 y el Real Decreto-Legislativo 2/2008 y fueron autonomías del PP, acompañadas en esta ocasión por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. En esta ocasión la STC 141/2014, salvo una cuestión menos, no ha cometido el despropósito que los populares buscaban.

Mientras mantenían un recurso antiautonomista, recurrían intentando dejar al Estado sin poderes urbanísticos; mientras reclamaban un Estado central fuerte, querían que el jugoso asunto urbanístico solamente dependiera de sus regiones y más cuando gobiernan los malvados socialistas.

4 comentarios en “Narrativa del PP (I): Suelo y federalismo

  1. De ahí se deduce que si hay una reforma federal se debe dejar claro, cuáles son las competencias exclusivas del Estado federal, y las que son de legislación básica y compartida. Y cuando se determinen estas últimas establecer claramente qué es legislación básica, qué es de desarrollo y que sobre la legislación de desarrollo el Estado federal no puede desarrollar reglamentariamente la legislación básica, que el desarrollo es de los entes federados (legislación y reglamento).
    También que las competencias exclusivas no son transferibles, pero que sí puede ser delegada la ejecución bajo mecanismos de tutela de oportunidad que fijará la cámara de representación territorial (un Senado Federal).

    Es decir, que este estado autonómico, este totum revolutum que tiene poco de federal y sí mucho de desmadre en función de las mayorías en el centro y en la periferia, como bien dices, y al que el TC parchea y remeda como puede, tiene que terminar ya. Hay modelos de estados federales para dar y tomar, desde los más centralizados como el austriaco, medio pensionistas como el alemán o más abiertos como el suizo.

    Creer que por que el País Vasco o Navarra tienen muchas competencias o la Comunidad de MAdrid ( soy madrileño) legisla sobre caza hace por ello un estado federal es un despropósito. Por cierto, uno de los mayores engendros y desastres de nuestro estado autonómico es la creación de Madrid como comunidad Autónoma: se ha convertido en una prolongación del estado central constituyendose como una ciudad estado que opaca y a sus vecinas, y además ha construído un inland, como un agujero negro. Se hace más que nunca necesario que Madrid, la ciudad, sea un Distrito Federal al modo de Washington o Brasilia, su provincia sea integrada en una de las Castillas o en una Castilla unificada y se regule un estatuto de su área metropolitana en relación al diálog Madrid Df y el ente federado de Castilla que alberga el área metropolitana de Madrid….Harina de otro costal.

    Pero lo que trasluce la sentencia comentada, es el firme despropósito de un constitución formalmente rígida, cuya rigidez se blande como la tizona contra los enemigos de una cierta oligarquía y que luego se malea facilmente ad libitum de la mayoría reinante.

    Como siempre, tu artículo es brillante y oportuno.

    1. Normalmente los estados complejos tienen siempre tensiones en el reparto competencial, porque la realidad es cambiante y no puede ser definida “a priori”.

      Lo de Madrid en alguna Castilla no se hizo porque desequilibraría la Comunidad en cuestión y lo del distrito federal para Madrid nunca he entendido el motivo, pero me lo anoto para discutirlo en otra entrada.

      1. Tener una autonomía como Madrid que es una ciudad bestial (aunque barrios como Getafe, Leganés etc. tengan Ayuntamiento, cosa también absurda) rodeada por un montón de sierra salpicada de pueblecillos de los que no se acuerda su padre, es absurdo.

        Sería mucho más útil hacer una Ciudad Autónoma que no perteneciera a ninguna CA con Madrid y su Área Metropolitana (quitándole de una vez los Aytos. al cinturón industrial, porque geográficamente es la misma ciudad) y con un Consistorio-Asamblea al estilo de Buenos Aires, y la sierra y sus pueblecillos que se la queden Guadalajara, Segovia, Toledo y Ávila que iban a estar mucho mejor allí.

        1. Creo que esos pueblecillos pertenecen desde la provincialización a Madrid, de manera que mandarlos a otro sitio porque sí no tiene demasiado sentido, además de tocas alguna cosa más como que Castilla y León pase la sierra de Guadarrama.

          La ciudad de Madrid tiene un estatuto especial dentro de la Comunidad de Madrid y que solamente disfrutan Madrid y Barcelona. La Ley 22/2006 establece el régimen especial y las particularidades de ser capital del Reino.

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