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Archive for 11 julio 2014

Corrupción de bajo coste

De los muchos casos de corrupción que diariamente salen en los medios de comunicación hay una cosa que me llama la atención: el precio tan bajo de corrupciones millonarias. Sin duda hay corruptos que han ganado millones y posiblemente no haya manera de conseguir que los devuelvan, pero hay otro sector de corruptos que, por las informaciones que nos llegan, dan contratos tremendos porque alguien les regaló un bolso de 600€ o les regaló un viaje a Eurodisney a él y a la familia.

Si la corrupción me resulta muy molesta estéticamente e insufrible éticamente, que esta corrupción sea “low cost” eleva a grado superlativo el asco estético-moral que siento. No es que se consigan contratos y beneficios porque se “engrasa” la maquinaria, sino porque los “engrasados” no solamente son personales inmorales sino que también tiene deseos al nivel de los caprichos de los adolescentes que venderían su alma por un iPhone 5.

Con corruptos de este tipo y con unas sanciones penales de las que existen, definitivamente corromper es una forma de ganar dinero y tiempo con un coste mucho menor a cualquier otro, incluso al de corromper en otros lugares del mundo.

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Las relaciones familiares entre los trabajadores y miembros del Tribunal de Cuentas, así como con el presidente del comité de empresa más que sonar mal, apestan. Pero os propongo hacer un ejercicio como si lo que ha sucedido y sigue sucediendo (porque todos ellos siguen allí) en el Tribunal de Cuentas no necesariamente oliera tan mal.

Alguien pensó que determinados órganos, como el Tribunal de Cuentas y otros órganos constitucionales, debieran tener sus propios cuerpos funcionariales. Algo parecido, aunque con algunos matices, se ha dado además de en los órganos constitucionales y estatutarios en la administración institucional o instrumental que se decía antes. Junto a ello se ha desfuncionarizado parte del personal y se han creado numerosas plazas de personal laboral con formas de contratación más “flexibles”.

Las convocatorias son pequeñas y generalmente, en especial con las plazas laborales, hay que estar informados porque la difusión es escasa o prácticamente inexistente. Supongamos que uno detecta la convocatoria a tiempo y reúne los requisitos (especialmente el de tener el C1 de esloveno). Hacerse con la convocatoria no es fácil: viví la bonita circunstancia de que se me negó copia de una convocatoria que no estaba expuesta, ni colgada en Internet, ni publicada en boletín argumentando que con los recortes no había folios; cuando saqué el móvil para fotografiar las páginas vi a la señora que me negó la copia pensando que debía decirme que estaba prohibido pero no se atrevió a ello.

El siguiente escollo es el programa de la prueba de acceso: lo primero es conseguirlo, porque esos programas no es raro que se den a conocer en boletines oficiales casi internos, y una vez conseguido viene la parte en la que el posible candidato se da cuenta que la mitad del contenido de los temas no hay manera de conseguirlo salvo que ya estés trabajando en la entidad o alguien te pase el material porque versan sobre normas internas de funcionamiento, formas propias de funcionamiento y cuestiones específicas del organismo. En resumen, que saberte la 30/92, la LOFAGE, la Ley de Contratos, la LGP y el EBEP de poco sirven porque ese órgano tiene versiones de casi todo.

Supongamos que nuestro osado candidato a aspirante decide seguir. Viene un paso de los difíciles. Hay que conseguir un modelo de la solicitud de participación. Dice la web del órgano que puedes conseguirla y presentarla en su sede electrónica pero ni reuniendo al primo ingeniero informático consigues registrarte y del DNI electrónico mejor olvidarte. Se toma la decisión de presentar la solicitud como siempre y como Dios manda: en papel.

Si uno vive en la ciudad donde tiene la sede el organismo en cuestión, normalmente Madrid, lo tiene relativamente fácil. Si no, tendrá que gastarse una pasta en ir a Madrid o convencer a alguien a que pase la siguiente prueba por ti.

El madrileño, el “de provincias” o su amigo de Madrid se encuentran ya en la sede para que les proporcionen el modelo de solicitud. Entran y preguntan al primero que ven por el lugar donde conseguir el impreso y/o información. Con suerte el tercero o el cuarto te indicará algo de una utilidad relativa. Después de mucha paciencia, de que cinco o seis te digan que no hay plazas ofertadas a pesar de que llevas la convocatoria impresa (de lo cual se sorprenden) y con grandes dosis de suerte, logras alcanzar un lugar donde parece que tienen el modelo. Error: es la conserjería de la puerta principal, donde preguntaste quince veces antes, pero tu modelo está en la conserjería de la puerta trasera. Confiado en que ir a la parte de atrás de debe ser tan complicado, emprende el camino pero no hay manera de acceder, unas puertas cerradas, otras restringidas y pasillos que no llevan a ninguna parte.

Media hora dando vueltas y sin querer haces lo que será tu salvación: llamar la atención de la seguridad del edificio. Aparecen los “seguratas”. De buenas maneras, porque eso es un edificio de nivel, preguntan qué se desea y como ellos no son de la casa, sino de una empresa que los explota lo que puede, dan ingenuamente indicaciones valiosas tales como que la conserjería de la puerta trasera no es realmente de la puerta trasera, pues ya lo hay, ni es la conserjería, sino la “oficialía mayor” por la que has pasado que ocupa parte del espacio de esa conserjería desmontada.

Nuestro aspirante llega a la antigua conserjería de la antigua puerta trasera. Pide la solicitud y comienza el interrogatorio acerca de qué es lo que realmente quiere, hasta que vuelve a enseñar su copia de la convocatoria. Viene la fase de “¿dónde está el modelo?” hasta que alguien, pasadas algunas fracciones de hora, abre un armario donde hay tres bloques con quinientas copias del modelo. No hay más remedio que darlo y lo dan.

¿Parece difícil hasta ahora? Todos los procesos selectivos tienen una serie de pasos para los que hay que estar muy atentos, porque un fallo y el aspirante se queda fuera. Primero llega la lista provisional de admitidos y excluidos, que hay que controlar para ver si uno ha sido excluido, admitido o ni una cosa ni la otra, subsanar la causa de exclusión si es posible (o la causa de desaparición) y comprobar que todos los datos que consten en las listas sean los correctos; no raramente hay que presentar alegaciones. Luego viene la publicación definitiva de admitidos y excluidos donde hay que comprobar que lo alegado ha tenido buen fin.

Una vez que el aspirante se encuentra en la lista, tiene que estar atento a la publicación del inicio de las actuaciones y del lugar de las actuaciones. Estos dos cosas se pueden anunciar simultáneamente o no.

Las convocatorias normales utilizan las webs de las administraciones para este tipo de anuncios, y el ya consabido tablón de anuncio, pero las administraciones y organismos más pequeños tienen una predilección por el tablón de anuncios digno de mejor causa. Localizar el tablón de anuncios es una odisea como la de encontrar el modelo de la solicitud, con la peculiaridad de que el tablón puede cambiar de sitio, cambiarse el tablón de la convocatoria o que alguien haya pinchado cosas encima y sea casi imposible localizarlo.

Si el proceso selectivo tiene varias pruebas la cuestión de los anuncios sobre las actuaciones se repetirán en cada una de ellas, cabiendo la posibilidad de que haya suspensiones y aplazamientos de última hora. Cada uno de los ejercicios irán separados en el tiempo y se celebrarán en día lo más incómodos posibles, pero la separación no implicará que entre el anuncio de la hora y fecha y el ejercicio sólo se dé el mínimo previsto.

Y nuestro aspirante ha superado los exámenes, que eran muy fáciles para que el máximo número de los que ya están trabajando (la verdadera casta en España son los interinos y no los políticos) pueden acceder a la fase de concurso sin demasiado esfuerzo y incluso sin poco esfuerzo.

Ahora hay que sumar los méritos profesionales a la nota del examen. Los pocos que lo sabían y los dos externos han aprobado con una nota muy baja, de manera que todo se decida a través del concurso de mérito. La mitad de los puntos del concurso, que a su vez es la mitad de los puntos de todo el proceso selectivo, es el tiempo trabajado anteriormente en puestos del organismo. La otra mitad del concurso está compuesto por una serie de cursos y acciones formativas para las que es requisito está trabajando en el organismo para entrar.

¿Y cómo entraron todos ellos y superaron este sistema endiablado que ahora les proteje? Alguien se puso enfermo y se abrió una bolsa de trabajo (procedimiento aún más opaco que el descrito anteriormente) con toda publicidad de un folio en un tablón dentro de la oficina de contabilidad que solamente se puede ver desde el exterior si la puerta está abierta y tienes la vista de Superman; se avisó a quien o a quienes debían ser avisados. Este enfermo volvió y se consideró hacía falta un refuerzo o dos o ampliar parte de la plantilla, y así el que entró a sustituir siguió cubriendo siete años las plazas de la ampliación que ahora les han sacado.

¿Tiene sentido que administraciones y órganos pequeños hagan procesos selectivos legales pero muy oscuros? ¿No tendría sentido que todos se agrupasen en una convocatoria nacional y/o regional?

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Todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo con los magníficos tomos de García de Enterría, actualizados permanentemente por sus discípulos, hemos tomado conciencia de lo peliguado que son las disposiciones reglamentarias con rango de Ley o como se les conoce entre los actos normativos del Estado: el Real Decreto-Ley.

La principal objeción es que el ejercicio de la potestad legislativa por parte del poder ejecutivo enturbia la separación de poderes y solamente sería admisible en casos de “urgente y extraordinaria necesidad”.

Nuestra Constitución, tras una transición política en la que el principal instrumento normativo era el Decreto-Ley, incorporó las salvedades doctrinales y de otras normas constitucionales para hacer de reglamento con rango de Ley algo puramente excepcional y que se justificase por circunstancias tan obvias que fuera incuestionable su uso y la pertinencia de este uso.

Pese a las previsiones constitucionales el gobierno entonces en ejercicio, presidido por Adolfo Suárez, le había cogido gusto al Decreto-Ley y se permitió hasta modificar el Código Penal por esta vía, algo prohibido por la Constitución.

Ninguno de los gobiernos ha renunciado a hacer uso del Decreto-Ley y siempre han encontrado su “extraordinaria y urgente necesidad” para justificarlo. Este uso ha sido consentido por el Tribunal Constitucional ya que ha considerado que la “extraordinaria y urgente necesidad” del artículo 86 CE es generalmente una apreciación del gobierno, de manera que solamente en dos ocasiones han sido declarados inconstitucionales estas normas por falta de título habilitante, que es como se llama a la justificación.

La jurisprudencia constitucional considera que no hay “urgente y extraordinaria necesidad” cuando se emplea el Decreto-Ley para definir un régimen jurídico indefinido, como es el caso a mi entender del régimen del Registro Civil.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, por lo que puede legislar a placer en un tiempo relativamente corto de tiempo y sin admitir enmiendas si a ellos no les parece. El Partido Popular ya ni se molesta en remitir proyectos de Ley, a que estos sean informados por los órganos consultivos del Estado y especialmente por el Consejo de Estado, ni a que haya un mínimo debate parlamentario y social. Ellos se conforman por meter las máximas modificaciones normativas posibles en un solo documento, porque el BOE digital aguanta todo, y convalidar el Real Decreto-Ley rápidamente, no sólo imponiendo hechos que se consumarían de todas formas con su mayoría absoluta, sino cerrando la posibilidad del debate de cada una de las cuestiones.

¿Y quién puede parar esto? El Tribunal Constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional hace cosas más propias de un juzgado de primera instancia e instrucción que del guardián del orden constitucional: va viendo los casos por orden de entrada y a veces ni eso, durmiendo normalmente el sueño de los justos. Un Tribunal de esta naturaleza no está sometido al orden de entrada sino a la importancia de los asuntos, de forma que los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones deberían tener preferencia sobre el recurso de amparo y resolverse en cuestión de meses, semanas y en el caso de un Decreto-Ley en días, especialmente la cuestión de si se da o no el título habilitante (y no todo puede justificarse con la crisis).

Una sentencia siete años después no tiene sentido y causa, en el caso de que se declare la inconstitucionalidad, más perjuicio que bien. Un sistema como el nuestro solamente funciona si los controles últimos funcionan.

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El Secretario General que los militantes del PSOE elijan tiene que enfrentarse como primera gran prueba a unas elecciones municipales y autonómicas complicadas, donde el PP suele mantener sus feudos y donde la fragmentación de los partidos de izquierda puede ayudarle mucho en la primera pretensión.

Los grandes municipios y muchas autonomías se han ido despegando del voto socialista. Otras han empezado a hacerlo. Analistas políticos hay muchos y, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto, le dejo a los asesores del que sea el nuevo Secretario General ilustrarle sobre qué pasa en los grandes municipios y cómo remediarlo, aunque cada ciudad es un caso.

Yo solamente le hago “entrega” de estos dos interesantes cuadros donde se refleja el partido ganador en las autonomías que celebran elecciones juntas y en los veinticinco municipios más poblados (a fecha de 2014). Merece una mirada atenta.

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El Rey Felipe VI ha acudido a la capilla ardiente de Alfredo Di Stefano. Es el primer acto de este tipo al que acude como Rey y de esta forma ha marcado cuál es su canon para acudir a una capilla ardiente.

Alfredo Di Stefano me merece todo el respeto tanto su persona como su gran trayectoria deportiva, pero el hecho de que el Rey apareciera, en un acto quizás en busca de la aprobación fácil, da la impresión de haber sido meditado suficientemente.

A partir de ahora si alguien medianamente célebre muere será más o menos que Di Stefano dependiendo que el Rey acuda o no a su capilla ardiente. Podremos repasar listas de personas que no habrán merecido el reconocimiento regio póstumo y producirnos alguna que otra perplejidad.

Sgueina

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Corría el año 1995. Se iban a celebrar elecciones municipales y siendo como era el fin de la era de Felipe González se preveía que se producirían numerosos cambios en las alcaldías más significativas del país. Ya por entonces en el PSOE sus militantes estaban obsesionados con el giro a la izquierda y en recuperar determinadas esencias y conexión con el tejido social, mientras que sus votantes estaban a otra cosa.

En Málaga, uno de los lugares donde se preveía relevo en la alcaldía todas las encuestas le daban muchas opciones a Izquierda Unida y a su candidato Antonio Romero. A Romero se le llenaba la boca hablando del “sorpasso” que le iban a hacer al PSOE y poder ellos gobernar esta importante ciudad. El resultado es que sí hubo “sorpasso” y por una vez en Málaga IU superó al PSOE, pero se le coló entre medias una sonriente e inteligente candidata popular, Celia Villalobos, que no solamente llegaría a ser alcaldesa de Málaga, sino también se convertiría en la primera autoridad sanitaria de España.

El “sorpasso” de Romero se quedó en una íntima satisfacción por haber superados a los socialistas y en la incapacidad para pactar, la cual le entregó a los populares la alcaldía hasta el día de hoy.

Romero no era más q ue un hombre de Anguita, un hombre que con la excusa de los acuerdos programáticos quería destruir al PSOE y que terminó dinamitando el crecimiento de la propia IU y valga de ejemplo lo sucedido a IU en la ciudad malacitana desde entonces.

Ahora llega Cayo Lara, un gran especialista en victorias electorales con el pequeño defecto de no haber sido capaz de conseguir un solo escaño para IU en las Cortes de Castilla-La Mancha, para decirle al PSOE lo que tiene que hacer para tener el enorme privilegio de pactar con IU: dejar de ser el PSOE y entregar su historia y siglas a IU.

La postura de Cayo Lara es la de un dogmático. La representación política de su formación es la siguiente: once diputados de trescientos cincuenta (metiendo a los coaligados), dos senadores de doscientos sesenta y seis, seis eurodiputados de cincuenta y seis posibles, sesenta y siete diputados autonómicos (contando hasta los de ICV) de mil doscientos sesenta y ocho y dos mil doscientos cuarenta y ocho concejales de más sesenta y seis mil que se eligen.

Es un dogmático porque él quiere imponer condiciones al PSOE para llegar a un pacto solamente le serviría a IU a mejorar su representación a costa del PSOE y de la pérdida de sus votos de centro-izquierda. Él dice a donde tienen que ir los socialistas para llegar a un acuerdo que nadie le ha pedido y que él y los suyos andan lampeando hace demasiado tiempo.

Izquierda Unida le dice a todos qué los que los españoles desean, cuál es la verdadera posición de la izquierda, cuáles son las posiciones y las opiniones de la ciudadanía, pero no son capaces de convertir todo ese inmenso caudal de sabiduría en apoyo electoral. Lo mismo, como Warren Sánchez, lo hacen por humildad.

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Uno de los tópicos del imaginario victimista del PP y de la derecha española es que los pactos entre formaciones de izquierdas les quitan el poder en muchas ocasiones en un ejercicio antidemocrático, contra la decisión de la mayoría de los ciudadanos.

Este argumento confunde ser el más votado con representar a la mayoría, pero como estamos hablando del PP esto importa poco, porque no hay nada mejor que hablar de algo muy grave, aunque sea falso epistemológica y políticamente, para justificar alguna medida draconiana.

El tema de la elección directa de alcaldes es relativamente nuevo. Ello siempre han mantenido que “debe gobernar el que más votos haya sacado”, pero nunca se han andado con remilgos para pactar con quien fuera necesario para conseguir una alcaldía o lo que fuera menester.

Mal tienen que haber presentado los asesores electorales del PP la situación para las próximas elecciones municipales, para que Rajoy rescate ese asunto. Lo ha rescatado no directamente (que gobierne el más votado), sino a través del procedimiento de elección directa de los alcaldes que alguna vez los socialistas también se habían planteado. Rajoy quiere que sea alcalde el que más voto consiga aunque no sea la mayoría, pero el problema le viene en que no hace falta rechazar de plano su propuesta para darle la vuelta proponiendo una segunda vuelta.

En GS nos hemos entretenido viendo las poblaciones con más de 100.000 habitantes y comprobando quien ganó las elecciones y quien se hizo con la Alcaldía en las últimas municipales como en las de 2003, en la que se registró un descenso fuerte del PP que vaticinaba la derrota en las Generales de 2004.

Alcaldes2011

Entre los sesenta y tres municipios de la muestra en cincuenta y ocho ha gobernado la lista más votada y solamente ha habido cambios en cinco: tres en favor del PSOE (Zaragoza, Vigo y Ourense), uno para Coalición Canaria (Santa Cruz de Tenerife), Oviedo para FAC con el apoyo de los populares y otro para el PP (Telde). No deja de ser curioso que un partido que considera que esto es un elemento fundamental de regeneración democrática realice un comportamiento que considera tan nocivo hasta el punto de tener que derogar la LOREG.

Alcaldes2003
Visto el cuadro de 2003 vemos que los alcaldes que no fueron los más votados fueron aún menos, en un escenario de mayores dificultades para el PP, y se dieron únicamente tres casos. El PSOE pactó con otras fuerzas la alcaldía de León (que perdería al año siguiente por una moción de censura) y el PP consiguió las alcaldías de Jerez de la Frontera y de Telde a pesar de no haber sido la candidatura más votada.

Lo que esta pequeña muestra nos presenta claramente es que si Rajoy decide que sea alcalde el candidato de la lista más votada no es porque haya una gran cantidad de casos que contrarrestar, con razón y sin ella, e igualmente pone de manifiesto que mal tienen que ser los datos que manejan en el PP para que intenten atar por vía legislativa una serie de alcaldías, posiblemente muy importantes, que perderían o que podrían perder con el actual sistema.

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En España hay cientos de miles de viviendas, por no decir millones, construidas fuera de planificación, sin licencia, sin haber cumplido con la más mínima legalidad. Es prácticamente imposible derribarlas bien porque consiguen la legalización pagando una ridícula tasa, porque se benefician del principio de protección del tercero adquirente de buena fe, porque se llegan a todos tipos de acuerdos o se benefician de un conveniente cambio normativo o, finalmente, porque el tribunal sentenciador es indulgente a la hora de ejecutar.

Así en España construir viviendas ilegalmente, la inmensa mayoría de ellas no destinadas a vivienda habitual, ha sido ventajoso, muy ventajoso y las viviendas siguen allí y muchas de ellas han producidos sus buenos beneficios.

Y de repente llega el caso de una biblioteca construida ilegalmente. No digo que esté bien y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha llenado de gloria no cumpliendo su propia normativa urbanística, pero comienza a clamar al cielo que el Tribunal Supremo no encuentre ningún modo de evitar el derribo de una servicio público como normalmente los hay para que las casas no pasen por la picota.

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Tuve un profesor de Religión que sabía de su materia y la daba. No nos daba catequesis, para lo que íbamos por la tarde, sino que explicaba la materia propia, de forma que uno si quería podía aprender algunas cosas.

Cierto día comentando el contexto religioso de Jesús de Nazareth dijo que los fariseos tenían una concepción peculiar de la Ley mosaica. Ellos eran unos perfectos conocedores del ámbito realidad de los preceptos de la Torá y que además sabían que buena parte de los mandamientos y preceptos que los escribas fariseos habían recopilado no conformaban el núcleo de lo preceptuado por la Divinidad, pero que los mantenían, defendían y cumplían escrupulosamente porque preservaban el núcleo verdaderamente importante. Es algo así como si para evitar que los conductores circulen a más de 120 km/h prohibimos circular a más de 80%.

¿Por qué traigo todo esto a colación? Lo traigo por la afirmación de Sánchez Castejón de vincular los servicios públicos a la capacidad económica de cada ciudadano, en aquella afirmación que ya ha sido corregido pero que sobrevive en la red:

Mi compromiso consiste en ajustar la prestación de los servicios sociales básicos en función de la renta de cada ciudadano, siguiendo el modelo de algunos países avanzados.

Y todo ello iba antecedido del tópico de por qué el hijo de un señor que gana un millón de euros al año debe tener la Universidad gratis. De entrada el tópico es falso porque los hijos de quienes tienen altos ingresos no están esperando las sucesivas adjudicaciones tras preinscribirse para estudiar lo que sea en la Complutense, en la Autónoma de Barcelona o en la Universidad de Sevilla y viendo si la nota de selectividad es superior a la nota de corte. El dinero garantiza una plaza en la titulación que se quiera. Y lo dicho para la educación, vale también para la sanidad ¿o es que alguien cree que uno que se puede pagar cualquier clínica está haciendo cola para que los atiendan en Urgencias en el Doce de Octubre o en el Virgen del Rocío?.

Si empezamos con la primera excepción a la gratuita o relativa gratuidad de determinados servicios, como la sanidad o la educación, vendrán nuevas excepciones hasta que éstas se conviertan en la regla de modo que estarán excluidos no solamente los hijos de los que ganan un millón, sino de que los ganan cien mil, cincuenta mil, cuarenta mil y terminará llegando a ese límite que el propio Sánchez Castejón pone en los treinta mil euros por unidad familiar como mínimo a partir del que no se habrá que pagar nada.

El siguiente paso será que la mayoría de la clase media, que es también la mayoría de los españoles, pagarán y no poco por servicios educativos y sanitarios y comenzarán a no querer compartirlos con los que no pagan y hasta ver como los que no pagan directamente nada y posiblemente poco a través de los impuestos pasan por delante en el médico o para conseguir plaza en el centro educativo deseado.

Ellos pedirán que lo que pagan se deduzca fiscalmente de alguna manera porque de lo contrario mejor lo pagan en instituciones privadas que al menos le garantizan que no les adelantará nadie que no pague. Todo ello unido al proceso de depauperación de los servicios públicos para pobres por las causas que tan bien ha explicado R. Senserrich.

Abrir brechas en los servicios públicos con repagos a los que de todas maneras ya están fuera del sistema público es una forma de debilitar la universalidad que deben tener estos servicios. Por eso, a veces, es bueno aplicar la teología farisea a los servicios públicos y dar universalidad porque sabemos cuál será la primera restricción pero no la última.

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Cada cual elige en Twitter, en Facebook y en cualquiera de las herramientas sociales de Internet las personas con las que nos relacionamos. A nadie escapa que esa relación se hace según las diversas afinidades que cada cual tiene y por tanto lo que aparezca en esas herramientas sociales es, en una alta probabilidad, fruto de la elección personal, aunque no sea del todo consciente.

El resultado es que, salvo que uno sea la encarnación 2.0 del español estadísticamente medio, su elección estará escorada a sus preferencias y si nos situamos en el mundillo de la Política 2.0, tendrás a mucho gente de tu cuerda aunque no piense exactamente como uno. En mi caso es una opción explícita.

Esto no es ni malo ni bueno: cada cual elige consciente o inconscientemente con quien se relaciona en el entorno 2.0. Lo que sí es un error es creer que mi Time Line se corresponde con la realidad del país y que los españoles o la ciudadanía hablan de los que se habla allí y tienen los mismos deseos y aspiraciones.

Si mi Time Line se correspondiera mínimamente con la sociedad, España sería una República, pero no una República parlamentaria como Alemania o Italia, sino asamblearia, participativa, igualitaria, con plebiscitos y referendos para casi todo y habríamos hechos una auditoría de deuda, habría dejado de pagar la que nos queríamos y, además y siempre según buena parte de mi TL, seguirían prestándonos dinero a bajo interés.

Un estúpido al que conocí y tuve que soportar muchos años, en plena época de las grandes y sucesivas victorias del PSOE de Felipe González, no se creía que efectivamente los socialistas ganaran como ganaban porque él no conocía a nadie que votase al PSOE de modo que, pensaba, todo era fruto de un magno fraude electoral.

Algo similar han podido pensar muchos de mis amigos 2.0 al salir a la calle y comprobar que la mayoría de los españoles no pensaban que la III República iba a llegar ya, que casi nadie consideraba imprescindible que le consulten sobre la volumetría de las construcción del distrito 4 y que solamente a unos cuantos frikis nos interese una mayor transparencia.

Pasear por la calle un día de gran agitación en la Política 2.0 es una gran dosis de verdad. Y digo verdad y no bondad ni bien, porque quizá la Política 2.0 sea una realidad construida y simulada, pero sí pretende una mejora que la simple realidad ni se plantea.

Cada cual elige lo que más le gusta pero si quiere realizar una acción política eficaz y que llegue a la ciudadanía más allá de las redes sociales, entonces hay que distinguir entre españoles y mis relaciones 2.0. ¿Una obviedad? Sí, pero que conviene recordar habitualmente.

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