Ley 49/1968, de 27 de julio, autorizando al Gobierno para completar el proceso constitucional de la Guinea Ecuatorial

Al ingresar España en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho en el año mil novecientos cincuenta y cinco, aceptó voluntariamente las obligaciones que imponía la Carta de la Organización, comprometiéndose, por consiguiente, a ir preparando los territorios coloniales dependientes del Estado español con el fin de que, a través de un período de promoción y desarrollo, pudieran alcanzar, en su día, la plena descolonización, que había sido acordada como uno de los objetivos de la Organización Internacional. En el año mil novecientos sesenta, España inició el envío de información sobre la situación y condición de sus territorios coloniales a las Naciones Unidas, aceptando considerar dichas dependencias como territorios no autónomos en vías de descolonización.

La Ley de Bases sobre el Régimen Autónomo, que fué aprobada por un referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, supuso un primer paso importante en el proceso antes señalado al otorgar a la población natural de Guinea Ecuatorial un sistema de autogobierno limitado, que venía a significar el reconocimiento de la incipiente personalidad de Guinea Ecuatorial. El Gobierno español anunció oficialmente en aquella ocasión que España aceptaría modificar en todo momento el «status» político que entonces se instauraba cuando la población del territorio pusiera de manifiesto su deseo en ese sentido. Como consecuencia de que, en efecto, la población expresó en diversas ocasiones, y por diversos conductos, su deseo de alterar la relación jurídica que unía a Guinea Ecuatorial con España, se convocó el día treinta de octubre de mil novecientos sesenta y siete una Conferencia Constitucional, a cuya primera fase asistió la más amplía representación del pueblo guineano, con el fin de que,
con todas las garantías fuera posible conocer con precisión sus aspiraciones.

Fruto de los trabajos de dicha reunión fué el Decreto-ley tres/mil novecientos sesenta y ocho, de diecisiete de febrero, por el que se suspendía la aplicación del Régimen de Autonomía como consecuencia de haber decidido el Gobierno tomar en consideración las declaraciones formuladas por la representación guineana en la primera fase de la Conferencia Constitucional. El mismo texto legal dispuso la reunión de una segunda fase de la Conferencia. En la sesión de apertura de esa segunda fase, el Ministro de Asuntos Exteriores leyó una declaración, en nombre del Gobierno español, en la que se reafirmaba el propósito de conceder en mil novecientos sesenta y ocho la independencia a Guinea Ecuatorial, encargando a la Conferencia la elaboración de los textos constitucionales que deberán organizar la estructura y vida política del nuevo Estado.

Avanzados ya los trabajos de esa segunda fase y próximo el momento en que podrá ser aprobado el texto de la futura Constitución y de una Ley Electoral, parece oportuno adoptar la presente Ley con el fin de que el Gobierno de la Nación pueda contar con la autorización necesaria para ir dictando las disposiciones convenientes que permitan completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial, culminando así la trayectoria descolonizadora de ese territorio.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo único.

Se autoriza al Gobierno para conceder la independencia a la Guinea Ecuatorial y para adoptar las medidas procedentes a fin de completar, mediante la adecuada organización constitucional, su proceso de descolonización y a realizar la transferencia de competencia exigida por dicho proceso.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

Fuente: BOE

¿Por qué Madina?

Eduardo Madina representa a la generación de socialistas que nació, como yo, en los primeros años de nuestra democracia. La Transición nos ha conformado a todos, incluso a los que éramos niños, pero nuestra experiencia política no está mediatizada por la Transición, sino que vemos la necesidad de dar nuevos pasos, de forma serena e inteligente, pero pasos decisivos. Eduardo Madina conecta con una generación, que es la mía (los que fuimos a la EGB), con la que nadie ha querido conectar nunca y que tenemos derecho a tener nuestro peso en España.

Las propuestas de Madina no son muchas pero son buenas, aciertan en el núcleo de muchos de los problemas del PSOE y de España, desde la estructura orgánica a la estructura productiva excesivamente atomizada. Eduardo Madina puede hablar de temas importantes diciendo cosas, proponiendo en serio, siendo realista y comprometido.

Madina no ha caído en una tentación muy peligrosa en cualquier campaña: tener un discurso hueco para intentar no molestar a nadie y satisfacer a todo el mundo. Puede gustar o no lo que dice, lo que ha hecho o lo que propone, pero no piensa que a los compañeros del PSOE hay que contentarlo con generalidades.

Eduardo tiene experiencia política y ni la ha escondido ni ha renegado de ella. La política, contra la tendencia dominante actual en parte de la izquierda, no es una cosa sencilla ni se aprende en una mañana. La política tiene que ser aprendida y un candidato que aúne juventud, inteligencia y experiencia es un activo al que los socialistas no debemos renunciar. Haber sido secretario de Juventudes en Euskadi, concejal, diputado y secretario general del grupo parlamentario no es ningún demérito, sino que son capacidades que deberían ser decisivas.

Eduardo Madina ha mostrado su claro perfil socialdemócrata. No hay ambivalencia, correcciones o palabras que cualquiera sabe lo que significan. Madina mantiene el papel del Estado en la regulación económica, la necesidad de tener servicios esenciales con alcance universal, que una sociedad sin igualdad de oprtunidades es una sociedad muerta y que necesitamos instituciones regionales y municipales fuertes y no sometidas al dictados de empresas concesionarias.

Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba anunció su intención de dimitir como Secretario General del PSOE, Eduardo reclamó, exigió y consiguió que la voz y el voto le fuera dado a los militantes y que no se fuera a un Congreso con un candidato pactado a puerta cerrada al que solamente cabía aplaudir.

Bien podría haber intentado Eduardo ser ese candidato pactado, pero no lo ha hecho y ha posibilitado un magnífico proceso de elección del Secretario General con otros dos magníficos candidatos donde serán los militantes los que le digan a él, a Pedro o a José Antonio que quieren que lideren el Partido y no será un grupo selecto los que sustituyen a los que le dan cuerpo e inteligencia al Partido Socialista Obrero Español.

El orden de los congresos

Hacer bien las cosas pasa necesariamente por hacerlas cuando toca. Esta obviedad, en muchas ocasiones, no se cumple y en las organizaciones complejas, como es el caso del Partido Socialista, se llegan a hacer cosas en unos momentos que hacen que éstas hayan dejado de tener sentido e incluso sean contraproducentes. Hacer las cosas cuando tocan no es una simplicidad sino una muestra de gran inteligencia, como es la propuesta de Eduardo Madina sobre el orden de celebración de los congresos y asambleas dentro del Partido Socialista Obrero Español.

Una de esas cosas que se hacen así dentro del PSOE es el orden de los congresos dentro de los diversos niveles territoriales del Partido. Hasta ahora las enmiendas a los documentos del nivel superior se han votado y los delegados a los congresos se han elegido en asambleas y congresillos extraordinarios que se celebraban en una tarde y desde allí salían tanto representantes como propuestas.

Todo iba subiendo de nivel hasta que se llegaba al Congreso Federal que definía la línea del partido y elegía a la dirección del Partido. Y a partir de entonces se celebraban ahora en serio los congresos regionales, provincial y las asambleas de las agrupaciones, una vez que las líneas maestras habían sido definidas por el máximo órgano del partido.

Esto supone que la reflexión de los partidos en los niveles locales, provinciales y regionales se encontraba mediatizada desde el principio. Existía la tentación de hacer de los documentos de una mera adaptación de lugar y no la expresión de lo que la Federación regional quería. Todo ello es poco recomendable cuando los documentos federales no son en muchas ocasiones expresiones de un acuerdo, sino de la voluntad de los interlocutores más fuertes dentro del Partido.

El hecho que el Congreso Federal sea el último y que sus decisiones sean fruto del acuerdo y no de la capacidad de poner algo en el borrador, que sea difícil de eliminar, es un cambio importante dentro del funcionamiento del Partido. El hecho de que los delegados tengan unas decisiones que representar, aún cuando su mandato no sea imperativo, da sentido a la estructura de Congresos.

Unos documentos y unas decisiones tomadas de abajo a arriba y no de arriba hacia abajo es una revolución dentro del PSOE. Puede parecer poca cosa, pero unos pocos cambios organizativos bien hechos, modifican la realidad más que cien cambios para que todo permanezca igual. Espero que Eduardo Madina salga elegido para que este cambio sencillo, trascendente e inteligente sea realidad.

Corrupción de bajo coste

De los muchos casos de corrupción que diariamente salen en los medios de comunicación hay una cosa que me llama la atención: el precio tan bajo de corrupciones millonarias. Sin duda hay corruptos que han ganado millones y posiblemente no haya manera de conseguir que los devuelvan, pero hay otro sector de corruptos que, por las informaciones que nos llegan, dan contratos tremendos porque alguien les regaló un bolso de 600€ o les regaló un viaje a Eurodisney a él y a la familia.

Si la corrupción me resulta muy molesta estéticamente e insufrible éticamente, que esta corrupción sea “low cost” eleva a grado superlativo el asco estético-moral que siento. No es que se consigan contratos y beneficios porque se “engrasa” la maquinaria, sino porque los “engrasados” no solamente son personales inmorales sino que también tiene deseos al nivel de los caprichos de los adolescentes que venderían su alma por un iPhone 5.

Con corruptos de este tipo y con unas sanciones penales de las que existen, definitivamente corromper es una forma de ganar dinero y tiempo con un coste mucho menor a cualquier otro, incluso al de corromper en otros lugares del mundo.

Oposiciones en administraciones minúsculas

Las relaciones familiares entre los trabajadores y miembros del Tribunal de Cuentas, así como con el presidente del comité de empresa más que sonar mal, apestan. Pero os propongo hacer un ejercicio como si lo que ha sucedido y sigue sucediendo (porque todos ellos siguen allí) en el Tribunal de Cuentas no necesariamente oliera tan mal.

Alguien pensó que determinados órganos, como el Tribunal de Cuentas y otros órganos constitucionales, debieran tener sus propios cuerpos funcionariales. Algo parecido, aunque con algunos matices, se ha dado además de en los órganos constitucionales y estatutarios en la administración institucional o instrumental que se decía antes. Junto a ello se ha desfuncionarizado parte del personal y se han creado numerosas plazas de personal laboral con formas de contratación más “flexibles”.

Las convocatorias son pequeñas y generalmente, en especial con las plazas laborales, hay que estar informados porque la difusión es escasa o prácticamente inexistente. Supongamos que uno detecta la convocatoria a tiempo y reúne los requisitos (especialmente el de tener el C1 de esloveno). Hacerse con la convocatoria no es fácil: viví la bonita circunstancia de que se me negó copia de una convocatoria que no estaba expuesta, ni colgada en Internet, ni publicada en boletín argumentando que con los recortes no había folios; cuando saqué el móvil para fotografiar las páginas vi a la señora que me negó la copia pensando que debía decirme que estaba prohibido pero no se atrevió a ello.

El siguiente escollo es el programa de la prueba de acceso: lo primero es conseguirlo, porque esos programas no es raro que se den a conocer en boletines oficiales casi internos, y una vez conseguido viene la parte en la que el posible candidato se da cuenta que la mitad del contenido de los temas no hay manera de conseguirlo salvo que ya estés trabajando en la entidad o alguien te pase el material porque versan sobre normas internas de funcionamiento, formas propias de funcionamiento y cuestiones específicas del organismo. En resumen, que saberte la 30/92, la LOFAGE, la Ley de Contratos, la LGP y el EBEP de poco sirven porque ese órgano tiene versiones de casi todo.

Supongamos que nuestro osado candidato a aspirante decide seguir. Viene un paso de los difíciles. Hay que conseguir un modelo de la solicitud de participación. Dice la web del órgano que puedes conseguirla y presentarla en su sede electrónica pero ni reuniendo al primo ingeniero informático consigues registrarte y del DNI electrónico mejor olvidarte. Se toma la decisión de presentar la solicitud como siempre y como Dios manda: en papel.

Si uno vive en la ciudad donde tiene la sede el organismo en cuestión, normalmente Madrid, lo tiene relativamente fácil. Si no, tendrá que gastarse una pasta en ir a Madrid o convencer a alguien a que pase la siguiente prueba por ti.

El madrileño, el “de provincias” o su amigo de Madrid se encuentran ya en la sede para que les proporcionen el modelo de solicitud. Entran y preguntan al primero que ven por el lugar donde conseguir el impreso y/o información. Con suerte el tercero o el cuarto te indicará algo de una utilidad relativa. Después de mucha paciencia, de que cinco o seis te digan que no hay plazas ofertadas a pesar de que llevas la convocatoria impresa (de lo cual se sorprenden) y con grandes dosis de suerte, logras alcanzar un lugar donde parece que tienen el modelo. Error: es la conserjería de la puerta principal, donde preguntaste quince veces antes, pero tu modelo está en la conserjería de la puerta trasera. Confiado en que ir a la parte de atrás de debe ser tan complicado, emprende el camino pero no hay manera de acceder, unas puertas cerradas, otras restringidas y pasillos que no llevan a ninguna parte.

Media hora dando vueltas y sin querer haces lo que será tu salvación: llamar la atención de la seguridad del edificio. Aparecen los “seguratas”. De buenas maneras, porque eso es un edificio de nivel, preguntan qué se desea y como ellos no son de la casa, sino de una empresa que los explota lo que puede, dan ingenuamente indicaciones valiosas tales como que la conserjería de la puerta trasera no es realmente de la puerta trasera, pues ya lo hay, ni es la conserjería, sino la “oficialía mayor” por la que has pasado que ocupa parte del espacio de esa conserjería desmontada.

Nuestro aspirante llega a la antigua conserjería de la antigua puerta trasera. Pide la solicitud y comienza el interrogatorio acerca de qué es lo que realmente quiere, hasta que vuelve a enseñar su copia de la convocatoria. Viene la fase de “¿dónde está el modelo?” hasta que alguien, pasadas algunas fracciones de hora, abre un armario donde hay tres bloques con quinientas copias del modelo. No hay más remedio que darlo y lo dan.

¿Parece difícil hasta ahora? Todos los procesos selectivos tienen una serie de pasos para los que hay que estar muy atentos, porque un fallo y el aspirante se queda fuera. Primero llega la lista provisional de admitidos y excluidos, que hay que controlar para ver si uno ha sido excluido, admitido o ni una cosa ni la otra, subsanar la causa de exclusión si es posible (o la causa de desaparición) y comprobar que todos los datos que consten en las listas sean los correctos; no raramente hay que presentar alegaciones. Luego viene la publicación definitiva de admitidos y excluidos donde hay que comprobar que lo alegado ha tenido buen fin.

Una vez que el aspirante se encuentra en la lista, tiene que estar atento a la publicación del inicio de las actuaciones y del lugar de las actuaciones. Estos dos cosas se pueden anunciar simultáneamente o no.

Las convocatorias normales utilizan las webs de las administraciones para este tipo de anuncios, y el ya consabido tablón de anuncio, pero las administraciones y organismos más pequeños tienen una predilección por el tablón de anuncios digno de mejor causa. Localizar el tablón de anuncios es una odisea como la de encontrar el modelo de la solicitud, con la peculiaridad de que el tablón puede cambiar de sitio, cambiarse el tablón de la convocatoria o que alguien haya pinchado cosas encima y sea casi imposible localizarlo.

Si el proceso selectivo tiene varias pruebas la cuestión de los anuncios sobre las actuaciones se repetirán en cada una de ellas, cabiendo la posibilidad de que haya suspensiones y aplazamientos de última hora. Cada uno de los ejercicios irán separados en el tiempo y se celebrarán en día lo más incómodos posibles, pero la separación no implicará que entre el anuncio de la hora y fecha y el ejercicio sólo se dé el mínimo previsto.

Y nuestro aspirante ha superado los exámenes, que eran muy fáciles para que el máximo número de los que ya están trabajando (la verdadera casta en España son los interinos y no los políticos) pueden acceder a la fase de concurso sin demasiado esfuerzo y incluso sin poco esfuerzo.

Ahora hay que sumar los méritos profesionales a la nota del examen. Los pocos que lo sabían y los dos externos han aprobado con una nota muy baja, de manera que todo se decida a través del concurso de mérito. La mitad de los puntos del concurso, que a su vez es la mitad de los puntos de todo el proceso selectivo, es el tiempo trabajado anteriormente en puestos del organismo. La otra mitad del concurso está compuesto por una serie de cursos y acciones formativas para las que es requisito está trabajando en el organismo para entrar.

¿Y cómo entraron todos ellos y superaron este sistema endiablado que ahora les proteje? Alguien se puso enfermo y se abrió una bolsa de trabajo (procedimiento aún más opaco que el descrito anteriormente) con toda publicidad de un folio en un tablón dentro de la oficina de contabilidad que solamente se puede ver desde el exterior si la puerta está abierta y tienes la vista de Superman; se avisó a quien o a quienes debían ser avisados. Este enfermo volvió y se consideró hacía falta un refuerzo o dos o ampliar parte de la plantilla, y así el que entró a sustituir siguió cubriendo siete años las plazas de la ampliación que ahora les han sacado.

¿Tiene sentido que administraciones y órganos pequeños hagan procesos selectivos legales pero muy oscuros? ¿No tendría sentido que todos se agrupasen en una convocatoria nacional y/o regional?

Con rango de Ley

Todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo con los magníficos tomos de García de Enterría, actualizados permanentemente por sus discípulos, hemos tomado conciencia de lo peliguado que son las disposiciones reglamentarias con rango de Ley o como se les conoce entre los actos normativos del Estado: el Real Decreto-Ley.

La principal objeción es que el ejercicio de la potestad legislativa por parte del poder ejecutivo enturbia la separación de poderes y solamente sería admisible en casos de “urgente y extraordinaria necesidad”.

Nuestra Constitución, tras una transición política en la que el principal instrumento normativo era el Decreto-Ley, incorporó las salvedades doctrinales y de otras normas constitucionales para hacer de reglamento con rango de Ley algo puramente excepcional y que se justificase por circunstancias tan obvias que fuera incuestionable su uso y la pertinencia de este uso.

Pese a las previsiones constitucionales el gobierno entonces en ejercicio, presidido por Adolfo Suárez, le había cogido gusto al Decreto-Ley y se permitió hasta modificar el Código Penal por esta vía, algo prohibido por la Constitución.

Ninguno de los gobiernos ha renunciado a hacer uso del Decreto-Ley y siempre han encontrado su “extraordinaria y urgente necesidad” para justificarlo. Este uso ha sido consentido por el Tribunal Constitucional ya que ha considerado que la “extraordinaria y urgente necesidad” del artículo 86 CE es generalmente una apreciación del gobierno, de manera que solamente en dos ocasiones han sido declarados inconstitucionales estas normas por falta de título habilitante, que es como se llama a la justificación.

La jurisprudencia constitucional considera que no hay “urgente y extraordinaria necesidad” cuando se emplea el Decreto-Ley para definir un régimen jurídico indefinido, como es el caso a mi entender del régimen del Registro Civil.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, por lo que puede legislar a placer en un tiempo relativamente corto de tiempo y sin admitir enmiendas si a ellos no les parece. El Partido Popular ya ni se molesta en remitir proyectos de Ley, a que estos sean informados por los órganos consultivos del Estado y especialmente por el Consejo de Estado, ni a que haya un mínimo debate parlamentario y social. Ellos se conforman por meter las máximas modificaciones normativas posibles en un solo documento, porque el BOE digital aguanta todo, y convalidar el Real Decreto-Ley rápidamente, no sólo imponiendo hechos que se consumarían de todas formas con su mayoría absoluta, sino cerrando la posibilidad del debate de cada una de las cuestiones.

¿Y quién puede parar esto? El Tribunal Constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional hace cosas más propias de un juzgado de primera instancia e instrucción que del guardián del orden constitucional: va viendo los casos por orden de entrada y a veces ni eso, durmiendo normalmente el sueño de los justos. Un Tribunal de esta naturaleza no está sometido al orden de entrada sino a la importancia de los asuntos, de forma que los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones deberían tener preferencia sobre el recurso de amparo y resolverse en cuestión de meses, semanas y en el caso de un Decreto-Ley en días, especialmente la cuestión de si se da o no el título habilitante (y no todo puede justificarse con la crisis).

Una sentencia siete años después no tiene sentido y causa, en el caso de que se declare la inconstitucionalidad, más perjuicio que bien. Un sistema como el nuestro solamente funciona si los controles últimos funcionan.

Para el próximo Secretario General del Partido Socialista Obrero Español

El Secretario General que los militantes del PSOE elijan tiene que enfrentarse como primera gran prueba a unas elecciones municipales y autonómicas complicadas, donde el PP suele mantener sus feudos y donde la fragmentación de los partidos de izquierda puede ayudarle mucho en la primera pretensión.

Los grandes municipios y muchas autonomías se han ido despegando del voto socialista. Otras han empezado a hacerlo. Analistas políticos hay muchos y, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto, le dejo a los asesores del que sea el nuevo Secretario General ilustrarle sobre qué pasa en los grandes municipios y cómo remediarlo, aunque cada ciudad es un caso.

Yo solamente le hago “entrega” de estos dos interesantes cuadros donde se refleja el partido ganador en las autonomías que celebran elecciones juntas y en los veinticinco municipios más poblados (a fecha de 2014). Merece una mirada atenta.

25mUNI19792011
AutCon19832011